Javier Alvizo Martinez
Expediente 831/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Javier Alvizo Martinez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Javier Alvizo Martínez, por conducto de quien se ostenta su defensor, Oscar Candelas Reyes; personalidad que se reconoce con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo; contra actos de Juan Ignacio Ortega Morales, Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial y otras autoridades, con copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 831/2020-V. Ahora bien examinada la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por las razones que enseguida se expondrán, la suscrita considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y .". De la transcripción del artículo y fracción de la Ley de Amparo que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que esta se actualiza en los casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo sólo procederá contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia de un asunto. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la fracción indicada no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por el solo hecho que una autoridad decline el conocimiento de un asunto a otra, el juicio de amparo procede indefectiblemente, ya que no se deben soslayar los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, concluyó que de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. Pues bien, en la especie el acto reclamado consiste en la resolución de quince de octubre pasado, emitida por el Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, en la causa de origen 15/2020, mediante la cual declaró su incompetencia por declinatoria, por razón de territorio, y lo ordenó su remisión al Juez Mixto de Santa María del Río, San Luis Potosí. Sobre tales bases, se puede concluir con claridad que se está en presencia de un acto emitido dentro de un juicio, que por el momento no produce una afectación real, actual, personal y directa a la esfera de derechos del quejoso, puesto que de acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita (y obligatoria para todos los tribunales de este país), aún no puede considerarse definitiva, antes bien, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si la autoridad a quien se declaró competente rechazara la misma. De ahí que, si a través de la resolución que se reclama, el Juez responsable declaró incompetente, resulta incuestionable que para ser materia de amparo indirecto, dicha determinación está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declaró competente, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del juicio de amparo indirecto. Ante lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y notifíquese el presente acuerdo de forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, a fin de emitir una resolución conforme a derecho e integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable señalada como Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio respectivo; allegue las constancias debidamente certificadas de las que se advierta si el aquí quejoso fue puesto a disposición, así como del estado actual que guarda su procedimiento de extradición; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita; ya que dichas constancias resultan necesarias e indispensables para decidir el presente juicio de amparo. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Javier Aguilar Martinez688/2018
- Javier Aguilar Martinez12/2018
- Javier Aguirre Ortega401/2017
- Javier Alvarado Galicia991/2023
- Javier Alvarado Galicia1074/2023
- Javier Alviso Martinez45/2023
- Javier Antonio Castillo368/2022
- Javier Emmanuel Avalos Torres417/2019
- Javier Enrique Teran Ramirez971/2023
- Javier Eugenio Zapata Zapata1116/2022
- Javier Garcia Rodriguez1139/2021
- Javier Garcia Silva367/2018