Javier Alvarado Galicia

Expediente 991/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
991/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Javier Alvarado Galicia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Escrito del quejoso Téngase por recibido y agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por Juan Francisco Martínez Martínez abogado defensor de la parte quejosa, mediante el cual solicita se modifique la medida cautelar impuesta al quejoso en la causa penal de origen. No ha lugar Sin que haya lugar de acordar de conformidad con lo solicitado toda vez que mediante proveído de veintidós de agosto del presente año se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión, mismo que causó estado el diecinueve de septiembre de esta anualidad ordenándose el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Devolución de archivo Ahora bien, toda vez que no existe trámite pendiente por realizar en el presente asunto, devuélvase el expediente al archivo de donde fue extraído. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquel, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente Luego, toda vez que en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo se concedió la suspensión definitiva, se determina que el cuaderno de dicho incidente es susceptible de conservación, para su posterior transferencia una vez que transcurra el plazo de tres años a partir del presente auto, ello con apoyo en el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido acuerdo. Sin que en el caso obre en los referidos expedientes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Devolución de discos compactos En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, los discos compactos que exhibió tanto en el incidente de suspensión como en el expediente en que se actúa. Se informa Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral de la Tercera Región Judicial en el Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, con un disco compacto que acompaña. Anexo De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el disco compacto que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Estado de autos Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante escrito presentado vía electrónica en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado, el catorce de julio de dos mil veintitrés, el cual por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso Javier Alvarado Galicia por conducto de su abogado defensor Juan Francisco Martínez Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral y del Director del Centro de Reinserción y Readaptación Social, ambos con sede en Rioverde, San Luis Potosí; en consecuencia, por auto de diecisiete de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de que se trata y se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión solicitado. Acto reclamado Así, de la lectura íntegra de la demanda constitucional y de las constancias que obran en autos1, se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama lo siguiente: - La audiencia de catorce de julio de dos mil veintitrés a través de la cual se negó someter al directamente quejoso a una medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa impuesta dentro de la causa penal 108/2023 del índice del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con sede en Rioverde, San Luis Potosí y su ejecución. Ahora bien, del informe justificado con que se da cuenta se advierte que el juez responsable remitió en disco compacto las constancias relativas a la causa penal 108/2023, de su índice; documentales y registros de audio y video que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 1 De conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 32 del tomo XI, abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", y de la tesis P. VI/2004 del Alto Tribunal, publicada en la página 255 del tomo XIX, abril de 2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, al ser expedidas por funcionario en ejercicio de sus atribuciones; en las que consta la resolución reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro: 2004362, que dice. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesales la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Causas de improcedencia Ahora bien, visto el informe de ley, este juzgado de Distrito advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" De la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) por revocación; y, b) por sustitución. La causa de improcedencia citada se puede actualizar en dos supuestos, a saber: Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, Cuando se actualiza la sustitución de actos procesales, que consiste en la dependencia de una actuación de otra, por la relación que guardan entre sí, de manera que la resolución del segundo acto deja sin efectos el acto previo; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida (sustitución). El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Como quedó asentado, la parte quejosa reclama la determinación de catorce de julio de la presente anualidad, a través de la cual se negó someter al directamente quejoso a una medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa impuesta dentro de la causa penal 108/2023 del índice del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con sede en Rioverde, San Luis Potosí. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por el Juez responsable,consistente en un disco compacto, previamente valoradas, se advierte que el tres de agosto de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la suspensión provisional dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, en audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de la causa penal 108/2023, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral de la Tercera Región Judicial en el Estado dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso y, en su lugar, previo debate de las partes, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada de conformidad con los artículos 154, 155, fracción XIV, 156, 161, 162 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ello, en virtud de los argumentos expuestos por el Agente Fiscal. Por tanto, es claro que los actos reclamados en este asunto, fueron sustituidos procesalmente por la determinación tres de agosto de dos mil veintitrés. Por ende, no podría estudiarse la legalidad del acto reclamado, sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo en la resolución de tres de agosto de dos mil veintitrés, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado, como ya se evidenció, por ende, con respecto a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En relación con el mismo tópico conviene precisar que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado controvierte a través de la instancia constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional, y ese acto es sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y se emitió otro que lo modificó, revocó o confirmó, o bien, porque en virtud del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Al igual que la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/22, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Decisión Por consiguiente, al quedar sustituida procesalmente la determinación impugnada (catorce de julio de dos mil veintitrés) por la diversa de tres de agosto del año en curso, es indudable que se materializa la causa de improcedencia del juicio de amparo contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma legislación. De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción y Readaptación Social con Sede en la Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, pues al no haber sido combatidos por vicios propios, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éstos. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y datos de identificación son los siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA." En consecuencia, se dejan sin efecto las DOCE HORAS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral de la Tercera Región Judicial en el Estado, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, con un disco compacto que acompaña. Anexo De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el disco compacto que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Estado de autos Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante escrito presentado vía electrónica en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado, el catorce de julio de dos mil veintitrés, el cual por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso Javier Alvarado Galicia por conducto de su abogado defensor Juan Francisco Martínez Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral y del Director del Centro de Reinserción y Readaptación Social, ambos con sede en Rioverde, San Luis Potosí; en consecuencia, por auto de diecisiete de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de que se trata y se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión solicitado. Acto reclamado Así, de la lectura íntegra de la demanda constitucional y de las constancias que obran en autos1, se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama lo siguiente: - La audiencia de catorce de julio de dos mil veintitrés a través de la cual se negó someter al directamente quejoso a una medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa impuesta dentro de la causa penal 108/2023 del índice del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con sede en Rioverde, San Luis Potosí y su ejecución. Ahora bien, del informe justificado con que se da cuenta se advierte que el juez responsable remitió en disco compacto las constancias relativas a la causa penal 108/2023, de su índice; documentales y registros de audio y video que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 1 De conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 32 del tomo XI, abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", y de la tesis P. VI/2004 del Alto Tribunal, publicada en la página 255 del tomo XIX, abril de 2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, al ser expedidas por funcionario en ejercicio de sus atribuciones; en las que consta la resolución reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro: 2004362, que dice. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesales la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Causas de improcedencia Ahora bien, visto el informe de ley, este juzgado de Distrito advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" De la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) por revocación; y, b) por sustitución. La causa de improcedencia citada se puede actualizar en dos supuestos, a saber: Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, Cuando se actualiza la sustitución de actos procesales, que consiste en la dependencia de una actuación de otra, por la relación que guardan entre sí, de manera que la resolución del segundo acto deja sin efectos el acto previo; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida (sustitución). El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Como quedó asentado, la parte quejosa reclama la determinación de catorce de julio de la presente anualidad, a través de la cual se negó someter al directamente quejoso a una medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa impuesta dentro de la causa penal 108/2023 del índice del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con sede en Rioverde, San Luis Potosí. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por el Juez responsable,consistente en un disco compacto, previamente valoradas, se advierte que el tres de agosto de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la suspensión provisional dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, en audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de la causa penal 108/2023, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral de la Tercera Región Judicial en el Estado dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso y, en su lugar, previo debate de las partes, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada de conformidad con los artículos 154, 155, fracción XIV, 156, 161, 162 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ello, en virtud de los argumentos expuestos por el Agente Fiscal. Por tanto, es claro que los actos reclamados en este asunto, fueron sustituidos procesalmente por la determinación tres de agosto de dos mil veintitrés. Por ende, no podría estudiarse la legalidad del acto reclamado, sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo en la resolución de tres de agosto de dos mil veintitrés, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado, como ya se evidenció, por ende, con respecto a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En relación con el mismo tópico conviene precisar que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado controvierte a través de la instancia constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional, y ese acto es sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y se emitió otro que lo modificó, revocó o confirmó, o bien, porque en virtud del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Al igual que la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/22, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Decisión Por consiguiente, al quedar sustituida procesalmente la determinación impugnada (catorce de julio de dos mil veintitrés) por la diversa de tres de agosto del año en curso, es indudable que se materializa la causa de improcedencia del juicio de amparo contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma legislación. De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción y Readaptación Social con Sede en la Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, pues al no haber sido combatidos por vicios propios, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éstos. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y datos de identificación son los siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA." En consecuencia, se dejan sin efecto las DOCE HORAS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este expediente. Notifíquese personalmente.

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