Javier Acevedo Bacar

Expediente 641/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
641/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Javier Acevedo Bacar

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el proveído de veinte de junio de dos mil veintidós, que puso fin al presente juicio de amparo, dentro del término previsto por los artículos 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena su archivo como asunto concluido

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda este expediente, se advierte que la autoridad judicial responsable Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Robos en el Estado, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, con denominación actual Concentradora del Sistema Tradicional o Mixta, Agencia del Ministerio Público de Ciudad del Carmen, Campeche, no ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en el presente juicio de amparo. En ese contexto, tomando en consideración que las autoridades responsables tienen la obligación de velar que el acceso a la impartición de justicia sea efectivo y expedito, esto es, tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso de origen, debiendo cuidar bajo su más estricta responsabilidad, que no queden inactivos los procedimientos que ante ellos se tramiten, para lo cual deben proveer lo que corresponda con apego a la ley de la materia, y cuidar de la continuidad procesal, con el fin de atender los principios de celeridad y acceso efectivo a la justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad ministerial responsable antes mencionada, para que dentro del término de TRES DÍAS computados legalmente, acredite haber dado cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, la cual se concedió para el efecto de que:************************ Asimismo, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del mismo ordenamiento legal, se REQUIERE al Fiscal General del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, como superior jerárquico del agente ministerial responsable, para que ordene a éste cumplir la ejecutoria dictada en este juicio de garantía, en el plazo concedido para tal fin. Se apercibe a las autoridades que de no dar cumplimiento dentro del término concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con lo establecido por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 258 de la ley de la materia. Sin que sea el caso de requerir nuevamente el cumplimiento, pues en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, lo que procederá en caso de que no cumplan con lo ordenado en el plazo concedido para ello, esto es, de materialmente cumplimiento a la sentencia, será remitir los autos de manera directa al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para el trámite del incidente de inejecución de sentencia, cuyo resultado eventualmente sería la separación de las responsables en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo, previsto en la nueva legislación de la materia, siempre y cuando este juzgado califique que las autoridades actuaron injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesoria de amparo. En la inteligencia, que si continúan con su conducta contumaz, sin más demora, se hará efectivo el apercibimiento contenido en autos, esto es, se les impondrá primeramente multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, y posteriormente se iniciara el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de la sentencias de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Hágase saber a las autoridades responsables, como precedente, que en sesión de doce de enero de dos mil quince, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 580/2014, derivado de la sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil trece, por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el juicio de amparo 939/2012, en el que se decretó separar de sus cargos de manera inmediata al entonces Subdelegado de Prestaciones y Delegado, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por haber cumplido extemporáneamente la sentencia constitucional, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó consignar a las personas mencionadas directamente ante el Juez de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Nuevo León, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad, según lo previene la fracción I del artículo 267 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    PSE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADO A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CUYA SINTESIS DICE:or tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio constitucional, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Haciéndose la precisión que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Ahora bien, como en este expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa, y como el presente se trata de un juicio que no tiene relevancia documental, se requiere a aquélla para que, dentro del plazo de noventa días, comparezca a recoger esos documentos, con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. Ello, con fundamento en el artículo 21, antepenúltimo párrafo, del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

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