Jasmin Oralia Avila Gómez
Expediente 1197/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Jasmin Oralia Avila Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
San Francisco de Campeche, Campeche, diez de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los términos siguientes:De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, por ser innecesaria la permanencia de las constancias enviadas por la Presidente del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, se ordena su devolución. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diez de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que hicieran manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los términos siguientes:De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, por ser innecesaria la permanencia de las constancias enviadas por la Presidente del Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, se ordena su devolución. Notifíquese.
- Principal
SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, CUYA SÍNTESIS DICE: Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del aludido Consejo, a partir del veintiuno de diciembre de esta anualidad y hasta el once de enero de dos mil veintiuno; así como que este asunto fue iniciado de manera física, entonces, acorde con lo dispuesto en el numeral 1, fracción I y II, del invocado Acuerdo General, procede la continuación del procedimiento, en tanto no exista algún evento que impida su continuación en esa vía, se continuará en su trámite. Por otra parte, se agregan los informes justificados de la Juez Interina del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, Director de la Agencia Estatal de Investigaciones y Segundo Comandante de dicha Agencia, todos con sede en esta ciudad y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con su contenido, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en términos del numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la Juez Primero responsable, las documentales exhibidas con su informe de ley, relativa a la copia certificada de la causa penal ****/*****/*****. Ahora, del estado que guardan los autos se advierte que la demanda de amparo fue promovida por ***************, contra actos que atribuye al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Campeche y Segundo Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, que hace consistir en: La orden de aprehensión y/o detención dictada en contra de la quejosa y su posible ejecución. Por tanto, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". En la especie, se reclaman La orden de aprehensión y/o detención dictada en contra de la quejosa y su posible ejecución. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, se desprende que la responsable Juez Primero Interina de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, mediante oficio *****/****/***, de diecisiete de diciembre de la presente anualidad, informó a este órgano de control constitucional que se decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen ***/****/*****, instruida en contra de la aquí quejosa *****, toda vez que la parte denunciante ******, se desisitió de la denuncia interpuesta y otorgaron perdón legal a la nombrada quejosa. Lo que se corrobora con las pruebas documentales públicas que la propia autoridad judicial del fuero común anexó al señalado oficio, consistente en copia certificada de la resolución de diecisiete de diciembre, pronunciada en los autos de la causa penal ***/***/****. De lo anterior se colige, que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su oficio ***/***/***, a las que se confiere pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se advierte, que el diecisiete de diciembre del año en curso, emitió un determinación judicial en autos del expediente ****/***/***, en el que declaró extinguida la responsabilidad penal de la acusada aquí quejosa *****************, en razón del desistimiento y perdón legal otorgado por los denunciantes a su favor, y decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen a favor de la antes nombrada. Entonces, al haberse decretado el sobreseimiento de la causa penal de origen ***/***/****, con motivo del perdón legal otorgado a la aquí quejosa, es inconcuso que los actos reclamados en el presente juicio cesaron en sus efectos, actualizándose la causal de improcedencia referida, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos de los actos reclamados, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto que ya no surten efectos, ni lo harán tampoco en forma posterior, por las razones antes precisadas. Asimismo, resulta aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ORDEN DE APREHENSION, CARECE DE EFECTOS CUANDO EXISTE PERDON DEL OFENDIDO. Si el quejoso en el juicio de amparo reclamó la orden de aprehensión decretada en el procedimiento penal en el que consta que el ofendido ha otorgado el perdón a virtud del cual se declaró extinguida la acción penal ejercitada, es evidente que los efectos del acto reclamado han cesado y consecuentemente quedó sin materia el incidente de suspensión". En consecuencia, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Dicho lo anterior lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables, por actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 63 fracción V, en relación con el artículo 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito, decreta fuera de audiencia, el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cinco minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, se dispone a formar UN CUADERNO AUXILIAR con la copia certificada de la causa penal ****/****/****, remitido por la Juez Interina del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, mismo que se mantendrá por separado, pero formando parte del presente juicio, dado su volumen y para hacer de fácil manejo este expediente, sin embargo, se puntualiza que tales constancias estarán a la vista de las partes en la secretaría para su consulta y examen cuando lo estimen pertinente dentro del horario de labores y en el local que ocupa este Juzgado. Notifíquese personalmente
- Principal
Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del aludido Consejo, a partir del veintiuno de diciembre de esta anualidad y hasta el once de enero de dos mil veintiuno; así como que este asunto fue iniciado de manera física, entonces, acorde con lo dispuesto en el numeral 1, fracción I y II, del invocado Acuerdo General, procede la continuación del procedimiento, en tanto no exista algún evento que impida su continuación en esa vía, se continuará en su trámite. Por otra parte, se agregan los informes justificados de la Juez Interina del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, Director de la Agencia Estatal de Investigaciones y Segundo Comandante de dicha Agencia, todos con sede en esta ciudad y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con su contenido, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en términos del numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la Juez Primero responsable, las documentales exhibidas con su informe de ley, relativa a la copia certificada de la causa penal ****/*****/*****. Ahora, del estado que guardan los autos se advierte que la demanda de amparo fue promovida por ***************, contra actos que atribuye al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Campeche y Segundo Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, que hace consistir en: La orden de aprehensión y/o detención dictada en contra de la quejosa y su posible ejecución. Por tanto, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". En la especie, se reclaman La orden de aprehensión y/o detención dictada en contra de la quejosa y su posible ejecución. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, se desprende que la responsable Juez Primero Interina de Primera Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, mediante oficio *****/****/***, de diecisiete de diciembre de la presente anualidad, informó a este órgano de control constitucional que se decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen ***/****/*****, instruida en contra de la aquí quejosa *****, toda vez que la parte denunciante ******, se desisitió de la denuncia interpuesta y otorgaron perdón legal a la nombrada quejosa. Lo que se corrobora con las pruebas documentales públicas que la propia autoridad judicial del fuero común anexó al señalado oficio, consistente en copia certificada de la resolución de diecisiete de diciembre, pronunciada en los autos de la causa penal ***/***/****. De lo anterior se colige, que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su oficio ***/***/***, a las que se confiere pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se advierte, que el diecisiete de diciembre del año en curso, emitió un determinación judicial en autos del expediente ****/***/***, en el que declaró extinguida la responsabilidad penal de la acusada aquí quejosa *****************, en razón del desistimiento y perdón legal otorgado por los denunciantes a su favor, y decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen a favor de la antes nombrada. Entonces, al haberse decretado el sobreseimiento de la causa penal de origen ***/***/****, con motivo del perdón legal otorgado a la aquí quejosa, es inconcuso que los actos reclamados en el presente juicio cesaron en sus efectos, actualizándose la causal de improcedencia referida, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos de los actos reclamados, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto que ya no surten efectos, ni lo harán tampoco en forma posterior, por las razones antes precisadas. Asimismo, resulta aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ORDEN DE APREHENSION, CARECE DE EFECTOS CUANDO EXISTE PERDON DEL OFENDIDO. Si el quejoso en el juicio de amparo reclamó la orden de aprehensión decretada en el procedimiento penal en el que consta que el ofendido ha otorgado el perdón a virtud del cual se declaró extinguida la acción penal ejercitada, es evidente que los efectos del acto reclamado han cesado y consecuentemente quedó sin materia el incidente de suspensión". En consecuencia, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Dicho lo anterior lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables, por actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 63 fracción V, en relación con el artículo 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito, decreta fuera de audiencia, el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cinco minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. 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