Jasmin Guerra Franco

Expediente 948/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
948/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2017

Partes del expediente

  • Jasmin Guerra Franco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de dieciséis de octubre pasado, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ***********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de tres de los corrientes. Así, acorde con el escrito inicial de demanda y el de cuenta, se tiene a la impetrante reclamando del Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación de Tramitación Común 6 de esta localidad, la acción penal ejercitada en su contra, dentro de la carpeta de investigación 35196/2016. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, como se asentó, se advierte que la quejosa reclama la posible acción penal en su contra, dentro de la carpeta de investigación número ***, del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Tramitación Común 6 en esta ciudad. Precisado lo anterior, al desprenderse que el acto reclamado por la impetrante, se trata de actos efectuados en una carpeta de investigación, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, en vinculación con el diverso numeral 21 de la Constitución Federal, en razón de que la integración y trámite de la averiguación previa (carpeta de investigación) no constituyen actos de imposible reparación. Artículos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." De la interpretación armónica de dichos preceptos, se tiene que el juicio de amparo resulta procedente cuando alguna responsable emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces necesariamente que, para examinar a través de la instancia constitucional el proceder de la responsable, se requiere como presupuesto, que sea susceptible de atacar los derechos subjetivos del gobernado, esto es, que el acto u omisión de que se trata pueda violentarlos, pues de no suceder así, se acarreará la improcedencia del juicio de amparo. El acto reclamado encuentra constitucionalmente su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial..." Dicha norma constitucional consagra como derecho de seguridad jurídica el consistente en que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público (excepcionalmente a particulares) y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función. La investigación de los delitos se manifiesta en dos periodos: a) El denominado de averiguación o investigación previa; y b) El relativo a aquél en que el Ministerio Público figura como parte en el procedimiento judicial. En el caso, el que importa es el periodo relativo a la investigación inicial, en la cual única y exclusivamente corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todas las diligencias necesarias para la comprobación de los elementos que constituyen la materialidad del hecho señalada por la ley como delito y la probable participación del inculpado en su comisión, para en su caso, ejercer la acción penal correspondiente, ya sea que solicite la orden de aprehensión o convocatoria para formular imputacióna efecto de la apertura del procedimiento judicial, en que se resolverá la situación jurídica del inculpado, desde luego, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 constitucionales. En tales condiciones, podemos decir que el acto reclamado consistente en el ejercicio de la acción penal contra la quejosa, se encuentra dirigido a la investigación por parte del representante social de los hechos denunciados, probablemente delictuosos, lo cual es de interés público, ya que la sociedad está interesada en la investigación de los hechos que pueden constituir un delito y la persecución del delincuente. Bajo ese contexto, la actuación del Ministerio Público para la integración y tramitación de una averiguación previa, así como el ejercer la acción penal correspondiente, en sí misma, no causa un daño o perjuicio al gobernado, pues tal cuestión, en su momento, queda supeditada a la decisión del órgano jurisdiccional que, en su caso, conozca de la consignación respectiva, el cual puede o no librar la orden de aprehensión que se solicite o bien realizar la convocatoria correspondiente, salvo que en la fase indagatoria se ordenaran actos que invadan la esfera jurídica del particular, como sería, entre otros, que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no se advierte haya sucedido. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que el acto reclamado por la quejosa consiste en el ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación 35196/2016, no afectan sus derechos; en razón de que es una obligación del representante social la investigación de delitos, de conformidad con el artículo 21 constitucional, además de que esos actos quedarán supeditados a la decisión del órgano jurisdiccional que llegue a conocer de la consignación que en su caso se realice. De manera que, como se ha establecido, tales actos no le causan un daño o perjuicio, al ser la averiguación de los delitos y la citación de personas a declarar en relación con los hechos materia de la investigación, una cuestión de orden público, que en su caso, queda sometida a la calificación de procedencia del órgano jurisdiccional. Al respecto, resulta aplicable la tesis CXXXV/2004 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, visible en la página 351, de rubro y texto siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." De igual modo, la Tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, consultable en la página 664, bajo el texto y rubro siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS CONSIGNACIONES QUE REALICE." Por lo expuesto, se concluye, que contra ese acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 de la Constitución Federal; y lo que se impone es desechar la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. Poniendo en relieve que si bien algunas de las tesis jurisprudenciales invocadas en el presente fallo, se refieren a preceptos legales de la abrogada Ley de Amparo, las mismas continúan en vigor y son aplicables al no oponerse a la actual legislación.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ***********, contra actos del Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de tramitación Común 6 en esta ciudad y otras autoridades, fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 948/2017-A2. Previamente a efecto de acordar lo conducente, con fundamento en los 108, fracción IV; 110 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción V de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído:  Aclare qué acto en concreto le reclama al titular de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común V, en esta localidad, pues del análisis integro de su ocurso constitucional, no se advierte dato alguno vinculado con dicha autoridad, sino unidamente del diverso fiscal adscrito a la Agencia número 6; y,  Puntualice a qué se refiere con el acto que atribuye al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en esta localidad, y que denomina como ".la ejecución de dicha orden.", esto es, sí se refiere a un mandato de captura, o a los actos tendientes a ejecutar un ejercicio de la acción penal ante un tribunal jurisdiccional. Lo anterior es así, pues de la lectura integral del libelo constitucional, no se desprende situación alguna que diluciden las ambigüedades destacadas. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la promovente, no así por la profesionista que señala en su escrito de demanda, toda vez que la aclaración de la demanda entraña el ejercicio de una acción de amparo, para lo cual solo está facultado el propio quejoso, no así sus autorizados en términos amplios. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de junio de dos mil once, página sesenta y ocho, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA.". Debiendo exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y formar los cuadernos de suspensión respectivos, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el penúltimo numeral 114 de la ley en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". B) transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. C) Domicilio y autorizados. Por otra parte, toda vez que la impetrante no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, se ordena notificar el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, téngasele señalando como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, por así haberlo solicitado.

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