Jaqueline Melena Romero

Expediente 801/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
801/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Jaqueline Melena Romero

Actuaciones

  1. Principal

    con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el comunicado recibido por correo electrónico, enviado por la autoridad responsable juez Quincuagésimo Noveno Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, por el que remite copia certificada de las constancias relativas al exhorto derivado de las providencias precautorias 2551/2019 de su estadística, en acatamiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este asunto. Ahora bien, del estado de autos se advierte que los efectos concesorios de la ejecutoria de amparo, estriban en llevar a cabo los actos necesarios tendentes a notificar a la aquí quejosa Ana María Delgado Arce, la medida precautoria de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida en el expediente judicial 2551/2019 de la estadística de la autoridad responsable, a fin de que en el lapso de tres días, legamente computado, manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con lo previsto por el artículo 1179 del Código de Comercio. De las constancias adjuntas a la misiva de cuenta, se advierte que la autoridad responsable remite las actuaciones relativas al exhorto E-1/22 del índice del Juzgado Cuarto Menor Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, radicado el seis de enero pasado, derivado de la encomienda que le hiciera en el expediente relativo a las providencias precautorias 2551/2019, con las que refiere dar cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, omite adjuntar copia certificada de la determinación jurisdiccional que tomó con relación a las aludidas constancias, a saber, si validó o descalificó tales actuaciones, a fin de tener o no por cumplida su encomienda; por ende, notificada o no la demandada Ana María Delgado Arce de la medida precautoria de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida en el expediente judicial 2551/2019 de su estadística, o bien se ordenó la notificación correspondiente por medio de listas o estrados, ante la imposibilidad de hacerlo en forma personal. Máxime que consta del sumario que, a través de su misiva con registro 2479 (foja 378), en fecha veinticuatro de febrero pasado, ordenó la responsable girar un nuevo exhorto a fin de notificar a la demandada de referencia las aludidas providencias precautorias, al haber hecho constar que personal del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad, había devuelto sin diligenciar el exhorto al no encontrarse ajustado a derecho; siendo que, como quedó resaltado en párrafos que anteceden, las constancias que remite la responsable con su oficio que hoy se acuerda, están datadas en fecha anterior a la señalada en el inicio de este acápite. En razón de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable juez Quincuagésimo Noveno Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, legalmente computado, informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá remitir copia certificada de las constancias fehacientes e idóneas relativas a la notificación que ese órgano jurisdiccional haya realizado a la parte agraviada Ana María Delgado Arce de la medida precautoria de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida en el expediente judicial 2551/2019 de su estadística, así como de la determinación que al respecto haya emitido con relación a tal actuación, indispensable para la prosecución de tal contradictorio. Ello, a efecto de acatar cabalmente la ejecutoria de amparo pronunciada en el sumario -disponer lo necesario para que se notifique a la agraviada la reclamada media cautelar despachada en su contra-; en el entendido que le subsiste la prevención legal contenida en el diverso proveído de dos de marzo del año actual, para el caso de no dar cumplimiento exacto y puntual a la sentencia de amparo concesoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 197, de la Ley de Amparo. Destaca que la misiva de cuenta fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 281 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL".

  3. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, que a la letra dice: Recepción de misiva. Por recibido el oficio que suscribe la secretaria del juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, al que anexa el cuaderno principal del juicio de amparo 792/2022 de su índice y ocho copias de la demanda de amparo promovida por Jaqueline Melena Romero. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 801/2022-7. Ahora, de la misiva que se atiende, se desprende que la homóloga considera que existe un conocimiento previo por parte de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por Jaqueline Melena Romero, al actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 49 de la Ley de Amparo, al relacionarse con el diverso juicio de amparo 718/2022 del índice de este órgano jurisdiccional. Al compartirse el criterio de la juzgadora de que se trata, este juzgado federal acepta conocer de la demanda de amparo remitida y se avoca a su conocimiento. Infórmese lo anterior a la jueza Quinta de Distrito en el estado de Guanajuato. Sentado lo anterior, se procede a determinar: Desechamiento de la demanda. Conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene esta operadora judicial de examinar en su integridad demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Además, acorde con el principio de impartición de justicia pronta y expedita no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. De lo anterior, se advierte que el juez de Distrito debe examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Así, con fundamento en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata, al ser los actos reclamados materia de diverso juicio de amparo pendiente de resolución (718/2022 del índice de este tribunal). El precepto legal invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si este se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Es decir, la disposición anterior señala que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: La existencia de un acto reclamado que sea materia de un juicio de amparo pendiente de resolución en definitiva (admitido); y, Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De los datos que constan en el libro de gobierno de registro de juicios de amparo y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende: Que ante este mismo órgano de control constitucional, el doce de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la quejosa Jaqueline Melena Romero (misma quejosa que en el cuaderno en que se actúa) la cual fue registrada con el número 718/2022-5. Que en dicho ocurso inicial se señaló como autoridad responsable a la jueza Sexta Menor Civil con sede en Celaya, Guanajuato (misma autoridad ordenadora que en este asunto), y como acto reclamado el auto de uno de junio de dos mil veintidós, de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, decretado en contra de la aquí agraviada en el subyacente juicio ejecutivo mercantil ***************/2022 (en tanto que en este asunto reclama la orden de embargo). Datos que, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen un hecho notorio; agréguese copia certificada de la demanda y auto de admisión de dicho controversial al presente cuaderno. En efecto, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia, ha menester citar las autoridades y actos reclamados en el diverso juicio de amparo 718/2022-5 del índice de este juzgado: En tanto que en la demanda que ahora nos ocupa (registrada con el número 801/2022), se señalaron como tales: Lo anterior hace patente que en ambas demandas se tildan de inconstitucionales los mismos actos (orden de embargo), a la misma juzgadora de instancia ordinaria. De ahí que, este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí reclamados, ya que tal cuestión podrá ser motivo de análisis en el diverso asunto 718/2022-5 a que se ha hecho alusión, lo que imposibilita abordar aquel tema, pues de hacerlo así, implicaría que la parte quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2º.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN." Lo que hace patente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia, en virtud de que la constitucionalidad de los actos que reclama Jaqueline Melena Romero, son materia de análisis en el diverso juicio constitucional 718/2022-5 del índice de este Juzgado (admitido a trámite el pasado doce de julio y actualmente con audiencia constitucional celebrada) y, por ende, en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Apoya lo anterior por analogía, la tesis VI.2º.121K, visible en la página 655, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Asimismo, por mayoría de razón, la tesis VII.P.83K, visible en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." No empece el anterior criterio, el que en la demanda que aquí se atienda se llamará como responsables también a las autoridades ejecutoras central de actuarios y actuario actuante, pues del análisis integral al ocurso constitucional se desprende que no les atribuye vicios propios; por tanto, no constituye óbice a la causal de improcedencia actualizada, al reclamarse en ambos controversiales la misma orden de embargo y no transgresiones en su ejecución. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle ******************, de esta ciudad. Así también, se tiene como autorizado de la quejosa en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona en su escrito de demanda, por no haber proporcionado dato alguno que justifique que cuenta con facultad legal para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho como lo exige el invocado ordinal 12 (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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