Jashua James Martorell Lebaron
Expediente 527/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jashua James Martorell Lebaron
Actuaciones
- Principal
El Secretario
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de junio de dos mil veintitrés. Vistos el oficio y anexo con los que da cuenta la Secretaría, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponden, atento al contenido del mismo, téngase a la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, devolviendo diligenciado el exhorto 111/2023-I (orden 197/2023-I), del índice de este órgano jurisdiccional; sin que sea el caso acusar el recibo de estilo correspondiente, toda vez que el propio sistema lo genera. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por el quejoso JASHUA JAMES MARTORELL LEBARON, por su propio derecho, contra actos del ADMINISTRADOR DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DE CHIHUAHUA 2 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, con sede en esta ciudad y otras autoridades; regístrese en el libro de juicios de amparo que se tramitan en este Juzgado Federal con el número consecutivo 527/2023-I-A y fórmese expediente. Ahora bien, acorde a lo señalado por el numeral 112 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." Procédase al análisis de la demanda planteada y resuélvase lo que en derecho corresponda. En ese sentido, el artículo 113 de la ley en aplicación establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto legal transcrito se advierte, que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable por identidad de razón, sin oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia I.13o.A.J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cuatro, página 1631, bajo el texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." A manera de preámbulo debe señalarse, que nuestro más alto tribunal ha sustentado reiteradamente, el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o los actos reclamados. Apoya lo considerado, sin oponerse a lo dispuesto en la ley de la materia, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, que la parte quejosa reclama, en concreto, el oficio sin número, mediante el cual la autoridad responsable determinó que el quejoso se ubica en calidad o en situación de deudor respecto al pago por el incumplimiento en trámite de certificación de impacto ambiental SEMANART-04-002-A, del índice de la responsable ordenadora. Al respecto, el suscrito estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad en materia administrativa que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el aludido precepto legal, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del artículo en cita, deriva la premisa de que el amparo es un juicio extraordinario, por lo que su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, está el principio de definitividad que establece que dicho juicio es procedente únicamente en contra de actos definitivos. Es decir, actos respecto de los cuales no exista recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Luego, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir al mismo, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. A contrario sensu, cuando se reclamen actos respecto de los cuales no se haya agotado el principio de definitividad, el amparo será improcedente. Es así, porque la propia Constitución y su ley reglamentaria de la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. De manera que la regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola garantías individuales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de impugnación previstos en la ley ordinaria, en virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. No obstante, el principio de que se trata en su doble connotación, es una regla de aplicación general, por lo que la propia ley reglamentaria del juicio de amparo establece ciertas excepciones atendiendo particularmente a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado; de tal suerte que no será necesario agotar los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo: a) Cuando el acto sea reclamado por un tercero extraño al procedimiento; b) Cuando el acto importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o se trate de cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; c) Cuando para la suspensión del acto administrativo reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, o establezca un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional; d) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación absoluta; y, e) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, para una mejor comprensión del tema a dilucidar, conviene transcribir el contenido de los artículos conducentes de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, relativos al juicio contencioso, los cuales establece, lo siguiente: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CAPÍTULO I De la Naturaleza e Integración del Tribunal "ARTÍCULO 1.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta Ley establece. El proyecto de presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será aprobado por el Pleno de su Sala Superior con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos de los criterios generales de política económica y conforme a los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal. Una vez aprobado su presupuesto, el Tribunal lo ejercerá directamente sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, observando lo dispuesto en la ley citada, dentro del margen de autonomía previsto en su artículo 5, fracción II, incisos c) y d). Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes. CAPÍTULO II De la Competencia Material del Tribunal ARTÍCULO 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado; IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales; X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia. ARTÍCULO 15. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.." De los artículos transcritos se advierte que el legislador dispuso que las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas que causen un agravio en materia fiscal, pueden ser combatibles a través del juicio de nulidad que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del cual deberá conocer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o algunas de sus salas regionales respectivas; circunstancia que pone de manifiesto que la resolución administrativa que se reclama no es definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. En efecto, en la especie, como se precisó con antelación, el quejoso reclama el oficio sin número, mediante el cual la autoridad responsable determinó que el quejoso se ubica en calidad o en situación de deudor respecto al pago por el incumplimiento en trámite de certificación de impacto ambiental SEMANART-04-002-A, del índice de la responsable ordenadora. Sin embargo, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo dicha resolución se estima que no es definitiva, porque en su contra procede el juicio de nulidad previsto en el numeral 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se debió promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o algunas de sus salas regionales respectivas, en el caso la Sala Especializada en Materia Ambiental Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que dicha resolución administrativa fuera modificada o bien, declarada nula; de ahí, que se estime que en el caso el peticionario del amparo no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo biistancial. Es así, pues además, la resolución administrativa reclamada no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción relacionado con tal principio, bajo la cual pudiera considerarse procedente el juicio de amparo indirecto, porque: La parte quejosa no es extraña al procedimiento de origen, pues como se advierte de las constancias que obran en autos, se trata de un oficio dirigido al propio quejoso, mediante el cual la autoridad responsable determinó que se ubicaba en calidad o en situación de deudor. 2. El acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, ni se trata de cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. 3. El acto administrativo reclamado no carece de fundamentación absoluta, pues basta su lectura para apreciarse que se funda entre otros, en el Código Fiscal de la Federación, Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 4. Para la suspensión del acto impugnado no se exigen mayores requisitos de los que señala la Ley de Amparo, pues la ley que prevé el juicio contencioso, esto es, la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, en su artículo 28, no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, para suspenderlo; y, 5. La existencia del juicio de nulidad procede contra la resolución reclamada, se encuentra previsto el numeral 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se debió promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o de su Salas Regionales respectivas, que como quedó determinado son el ordenamiento legal aplicable para el caso concreto. Por tanto, la parte quejosa estaba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, antes de acudir en demanda de amparo, en la especie, debió promover el juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Materia Ambiental Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual la resolución controvertida podía ser modificada o bien, declarada nula. Sin embargo, como el quejoso no interpuso el aludido medio de defensa legal, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es evidente que en el caso, no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, en lo que interesa, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Asimismo, resulta aplicable también al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Además, es menester destacar que si bien, la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sobre el particular, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J.10/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 487 Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, y localizable con el registro electrónico 2005717, que a la letra dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." De ahí, que lo procedente es, con fundamento en el diverso numeral 113 de la legislación en comento, desechar de plano la presente demanda por su manifiesta e indudable improcedencia. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el despacho ubicado en calle Pekin número 1205, colonia Palomar en Chihuahua, Chihuahua; y en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enrique Lujan Sanchez, Herbert Alfred, Woodwars Mata y/o Anahí Lujan Sanchez. Y en términos restringidos a Samuel Eduardo Gutiérrez Martínez y/o Ibraim Antillon Castillo. En atención a su solicitud se autoriza acceso al expediente electrónico del presente juicio; por ende, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario que proporciona el promovente "AnahiLujanS", para la consulta del presente expediente vía electrónica y la práctica de las notificaciones correspondientes e incluso las de carácter personal, por esa vía; lo anterior, de conformidad con la fracción IV del artículo 26, fracción VI, de la Ley de Amparo y artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En otro orden de ideas, en atención a la aplicación de la Ley de Amparo vigente en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en su numeral 3°, párrafo octavo, cuyo contenido literal expresa: "Artículo 3o.-. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.-." Instrúyase al Oficial Administrativo de la mesa encargada de este asunto, para que efectúe la digitalización de las actuaciones correspondientes a este expediente y, al Secretario de Acuerdos responsable de la tramitación, a fin de que de fe de la creación del expediente electrónico como del impreso, certificándose de que en ellos sean incorporadas las constancias a que alude el numeral invocado, para que coincidan en su totalidad. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como por los artículos 6º y 7º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de aquélla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se informa a la parte promovente, que las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste, una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general, conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el reglamento mencionado. Igualmente se le hace de su conocimiento, el derecho que le asiste para manifestar su voluntad para que su nombre y datos personales se omitan en la publicación. Hágase del conocimiento de las partes de este Juicio, que el uso de la firma electrónica y el acceso al expediente electrónico, se encuentra regulado en términos del acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mi quince, y en vigor para este tipo de procedimientos a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis. Por consiguiente, conforme a lo señalado en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27 de la ley de la materia, notifíquese personalmente a la parte quejosa. Atento a lo anterior, y toda vez que la dirección del quejoso Jashua James Martorell Lebaron, se encuentra ubicada en el despacho ubicado en calle Pekin número 1205, colonia Palomar en Chihuahua, Chihuahua, es decir, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el objeto que en auxilio de las labores de este juzgado, instruya a personal a su cargo, a fin de que notifique personalmente el presente proveído al quejoso Jashua James Martorell Lebaron, asimismo, lo requiera notifique el presente proveído a la parte quejosa y se le aperciba para que señale domicilio en esta ciudad, dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, pues en caso de no hacerlo se le notificará por medio de lista. Hecho lo encomendado, deberán devolver todo lo actuado, por la misma vía, sin que haya lugar a solicitar el acuse ordinario, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, lo genera. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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