Janeth Adriana Hernández Yáñez

Expediente 443/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
443/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje
  • Janeth Adriana Hernández Yáñez
  • Janeth Adriana Hernández Yáñez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro parte, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio y anexo remitidos por la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan por medio de los cuales de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado, y remitiendo documentales de su parte. En las constancias certificadas que remite la autoridad responsable, se aprecia que el ocho de junio de dos mil veintidós, dictó el laudo en el expediente laboral 715/2019, promovido por Janeth Adriana Hernández Chávez, por conducto de sus apoderados legales Fernando Domínguez y/o Thelma Rocío Guzmán Franco, contra Profuturo Afore, S.A. de C.V. e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Cabe mencionar que el acto reclamado por la quejosa es la omisión de dictar la resolución (laudo), por medio de la cual se resuelva el juicio laboral radicado bajo el expediente 715/2019, en los términos prescritos por la Ley Federal del Trabajo, vulnerando lo previsto en los artículos 893, 895 y 896, de la legislación laboral mencionada. En la especie, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, la causal de improcedencia indicada, establece que el juicio de amparo resulta inviable, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, se estima que han cesado los efectos del acto controvertido por las razones siguientes: La parte quejosa considera vulnerados sus derechos fundamentales, ante la omisión por parte de la autoridad de dictar el laudo por medio del cual se resuelva el expediente 715/2019, en los términos prescritos por la Ley federal del Trabajo, vulnerado lo dispuesto en los artículos 893, 895 y 896, de la Legislación laboral mencionada. Al respecto, la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas de la determinación de ocho de junio de dos mil veintidós, en la cual se dictó el laudo en el juicio laboral 715/2019, acto reclamado por el hoy quejoso. En ese contexto se aprecia que, el acto omiso reclamado, ya se decretó por ende, es evidente que han cesado los efectos del mismo, actualizándose así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, ya no existe materia sobre la cual resolver en este juicio de amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es aplicable al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que desde luego no se opone a la Nueva ley de Amparo, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal razón, se determina que al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo el día cuatro de julio de dos mil veintidós, a las nueve horas con diez minutos. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado licenciado Abraham Smeke García, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    se tiene a las autoridades, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "2" y Jefe del Departamento de Procedimientos Legales, en representación de Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "1", con sede en Mazatlán, Sinaloa y Culiacán, Sinaloa, respectivamente; informando que no han recibido la notificación que se les solicitó mediante proveído de data diecisiete de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, remítase de nueva cuenta a las autoridades, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "2" y Jefe del Departamento de Procedimientos Legales, en representación de Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "1", con sede en Mazatlán, Sinaloa y Culiacán, Sinaloa, respectivamente; copia del escrito de expresión de agravios, mediante el cual, se interpuso recurso de revisión por parte Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "2", con sede en Mazatlán, Sinaloa, en contra de la sentencia dictada el once de diciembre de dos mil diecinueve, en el presente juicio de amparo. De igual forma, en virtud, de que, no obran los acuses de recibo de los oficios 10073/2020 y 10076/2020, dirigidos a las autoridades responsables SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con sede en Chihuahua, Chihuahua; y, al DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y ACTIVOS, con residencia en la Ciudad México. Aunado a lo anterior, se les requiere -de nueva cuenta- a las autoridades, a saber, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EL ESTADO DE CHIHUAHUA, con sede en Chihuahua, Chihuahua; ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACIÓN "1" EN EL ESTADO DE SINALOA, en Culiacán, Sinaloa; ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACIÓN "2" EN EL ESTADO DE SINALOA, en Mazatlán, Sinaloa; y, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y ACTIVOS, con residencia en la Ciudad México; para que, dentro del plazo de veinticuatro horas, informe vía telegráfica a este órgano jurisdiccional la fecha en que recibió la notificación de marras. Para efecto de lo anterior, se le comunica también que el número de fax de este juzgado es el 656 623-88-34, medio por el cual puede hacer llegar la contestación al requerimiento efectuado, o bien, al correo institucional siguiente 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Con el apercibimiento

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo presentada por Janeth Adriana Hernández Yáñez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno como juicio de amparo 443/2022-VII, para el control y registro de los datos estadísticos del índice de los asuntos que se tramitan en este Juzgado de Distrito, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibidas que de no rendir el informe se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley, según lo dispuesto en el numeral 117 de la ley de la materia; asimismo, se le apercibe que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como acorde a lo estipulado en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso arábigo 260, fracción II, de la ley federal que rige en la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18, de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la que podrá verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 25 y 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. Se tiene a la parte quejosa señalando domo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Oscar Flores número 2250-7, colonia Partido Iglesias de esta ciudad, y autorizando para tales efectos en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a los licenciados Fernando Domínguez Lozano y Raúl Lorenzo Carrera. Ahora bien, este juzgado se reserva señalar terceros perjudicados en este juicio hasta en tanto se reciba el informe justificado de la autoridad responsable. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables que, en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, sólo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas que se prevé para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Sobre el particular, es oportuno citar, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, página 1253, intitulada: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que fue reformado mediante el diverso Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual entró en vigor el diecinueve de abril de dos mil veintidós, decreta que las jornadas presenciales serán de siete horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las ocho horas con treinta minutos hasta las quince horas con treinta minutos de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera a las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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