Jareny Melina Bueno Benitez
Expediente 493/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/04/2023
Partes del expediente
- Jareny Melina Bueno Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de once de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****, quien se ostentó como apoderado legal de ***. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto, el escrito de cuenta signado electrónicamente por ****, quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa ****, por medio del cual, pretende desahogar por segunda ocasión la prevención realizada en proveído de veintiocho de marzo del presente año, y exhibe carta poder expedida el tres de abril de esta anualidad. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. PRETENDIENDO DESAHOGAR LA PREVENCIÓN. En atención a su contenido, y previo a emitir pronunciamiento en torno a lo manifestado por el ocursante, con relación a la prevención formulada en auto de veintiocho de marzo de esta anualidad, resulta pertinente precisar los efectos de la prevención: "[.] ÚNICO. De conformidad con los artículos 6º, 10 y 11 de la Ley de Amparo3 , acredite con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta, toda vez que no exhibió documento o prueba fidedigna para acreditar la personalidad que aduce tener; esto es, como apoderado legal de ****.[.]" En ese sentido, de la lectura que se realiza al ocurso que se provee, se advierte que el promovente pretende desahogar la prevención realizada en los siguientes términos: "[.] Atendiendo a los requerimientos de este Tribunal en relación a la acreditación de la personalidad del suscrito, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en surta efectos la notificación del proveído de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado el día veintinueve del mes y año antes mencionado, y con apoyo en los numerales 10 y 11 de la Ley de Amparo, vengo a acreditar mi personalidad de apoderado legal de la persona trabajadora *** con la Carta Poder de fecha 03 de abril de 2023, dirigida a este órgano jurisdiccional de amparo, ante dos testigos, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, tomando en cuenta que se presenta este escrito en la plataforma de juicio en línea, bajo protesta de decir verdad señalo que la carta poder digitalizada, es copia íntegra e inalterada del documento original e impreso, y la cedula profesional del suscrito fue certificada ante Notario Público, y en caso de ser necesario serán exhibidos los documentos fuentes, a fin de verificar su coincidencia.." DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Ahora, analizada que fue la demanda de amparo, el escrito y anexos de cuenta, esta juzgadora estima que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; ." De las disposiciones transcritas se desprende que el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por conducto de su representante o por su defensor si se trata de un acto que corresponda a un procedimiento del orden penal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que le ley lo permita expresamente; lo cual refleja que la persona que ocurre al amparo debe tener legitimación. Asimismo, se advierte que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley. Ahora bien, dentro del concepto de legitimación de las partes, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera, es un presupuesto del procedimiento, se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. Ciertamente, la legitimación procesal es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, que tiene lugar cuando el derecho que se discutirá en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho o en su defecto, porque cuente con la representación legal de dicho titular. La segunda, implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, en tanto que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo, que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Por otra parte, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso; por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio, antes de efectuarse el estudio del fondo del asunto. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si quien promueve carece de capacidad para comparecer, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él; a diferencia de la legitimación en la causa, que al ser una cuestión sustancial, es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, por lo que sólo es dable analizar dicho presupuesto al momento de que ésta es emitida. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 45, Volumen 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra dice lo siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Ahora, por legitimación procesal, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es decir, la situación en que se encuentra una persona respecto de determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Lo anterior se puede advertir de la tesis aislada visible en la página 95, Volumen 97-102, cuarta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. SON CONCEPTOS DISTINTOS. Por interés jurídico debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identidad de quien actúa, con quien la ley le otorga ese derecho, o sea la condición de las personas que promueven la acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas". En el caso, la parte quejosa carece de legitimación jurídica; es así, porque la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio de amparo, fue promovida por ****, quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa ****. Lo anterior es así, toda vez que en el escrito que se provee, la parte promovente exhibe un tanto de la carta poder (de manera electrónica) expedida el tres de abril de dos mil veintitrés; esto es, la carta poder fue otorgada con posterioridad a la presentación de la demanda (veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés); en ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza la causal invocada, ya que, de acuerdo a la fecha de expedición de la carta poder referida, el promovente no contaba con legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de la directa quejosa. En consecuencia, ****, carece de legitimación para instar en el juicio de amparo, porque reclama la omisión de acordar el escrito de demanda y emplazar a las partes dentro del expediente********************, y en el caso, la conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y la persona que se encuentra como parte actora en el expediente laboral origen del acto de omisión reclamado. Viene al caso precisar que el artículo 108, fracción I, es claro en señalar que entre los requisitos de la demanda de amparo es el de expresar el nombre y domicilio del quejoso, y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación, por tanto, el promovente del amparo, debió acreditar con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta; es decir, con carta poder fechada con antelación a la presentación de la demanda, lo que no aconteció. De estimar lo contrario, se estaría contraviniendo los artículos 6 y 108 de la ley de la materia, dado que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. En consecuencia, si el promovente del amparo instó en su carácter de apoderado legal de la quejosa ****, con la finalidad de impugnar un acto de autoridad que afecta a diversa persona, como lo es la omisión de acordar el escrito de demanda y emplazar a las partes dentro del expediente********************, y el documento exhibido, no satisface los requisitos legales para tal efecto, resulta incuestionable que carece de legitimación. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso dependiente de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, con sede en esta ciudad; en representación del Titular de la citada Consejería, por medio del cual hace del conocimiento que se admitió a trámite la solicitud de emisión de dictamen de procedencia o improcedencia de pago realizada por la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado e Instituto de Salud y solicita prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable vinculada en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo decretada en autos. Por otra parte, dígase que por única ocasión se le otorga una prórroga de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su defecto, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Asimismo, se le informa que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de marzo del año en curso. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto, el escrito signado electrónicamente por ****, quien se ostenta como apoderado legal de la directa quejosa ****, por medio del cual pretende desahogar la prevención efectuada en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la que se le requirió para que, por escrito bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclarara su demanda en los siguientes términos: ÚNICO. De conformidad con los artículos 6º, 10 y 11 de la Ley de Amparo, acredite con documento idóneo la personalidad con la que se ostenta, toda vez que no exhibió documento o prueba fidedigna para acreditar la personalidad que aduce tener; esto es, como apoderado legal de ***. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. No ha lugar a tener por cumplimentada la prevención ordenada en auto de veintiocho de marzo del año actual; ello, toda vez que se le requirió para que acreditara con documento fehaciente la personalidad con la que se ostenta en este juicio de amparo. Sin embargo, del escrito y anexo de cuenta se advierte que **** pretende acreditar su calidad de apoderado legal de la directa agraviada ***, con la carta poder de once de diciembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo; la cual, no resulta ser la idónea para los fines pretendidos. Se considera lo anterior, porque tal y como se advierte de los hechos plasmados en la demanda, el referido ***, indicó que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en su calidad de apoderado legal de la quejosa promovió demanda laboral inicial ante la responsable, sin que la responsable se haya pronunciado en relación a dicha demanda; es decir, el acto que causa perjuicio a la directa quejosa es precisamente la omisión de darle el trámite correspondiente a la demanda laboral presentada ante la responsable. Por lo que, si la demanda laboral aún no ha sido admitida por la responsable, resulta evidente que la carta poder exhibida por ****, con la que comparece al juicio de amparo en su la calidad de apoderado legal de la directa agraviada ****, en el expediente laboral 1117/2022, no satisface el presupuesto previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues como quedó expuesto, esa calidad aún no se le reconoce en el juicio laboral de origen. Máxime, si se toma en consideración que la referida carta poder de once de diciembre de dos mil veintidós, con la que pretende acreditar la personalidad en el presente juicio, está dirigida al Juez Especializado en Materia Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y no a este órgano jurisdiccional; último supuesto, del que se pudiera advertir que ****, ostenta la calidad de apoderado legal, para los efectos de la tramitación del presente juicio biinstancial. Por lo expuesto, este órgano de control constitucional, estima que el documento con el que *****, pretende acreditar su personalidad en el presente juicio de amparo en su calidad de apoderado legal de la directa agraviada ****, no satisface el presupuesto previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues como quedó expuesto, esa calidad, a la fecha de la presentación de la demanda, no la tiene reconocida ante la responsable; y, como consecuencia, resulta insuficiente para tal efecto. Resulta aplicable, la tesis PC.IV.L. J/11 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en el Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, página 1862, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2012545, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA TENER POR ACREDITADA LA DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA COMO APODERADO DEL QUEJOSO, BASTA QUE JUSTIFIQUE QUE LA AUTORIDAD LABORAL LE RECONOCIÓ EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTÓ, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR SER ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO. De la interpretación sistemática de los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley de Amparo, se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. Por otra parte, del artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que las partes pueden comparecer al juicio laboral en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y que tratándose de personas morales, el compareciente (que actúa como apoderado) debe acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Además, en su fracción II, se establece que, por regla general, los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no sus apoderados, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Figuras de representación y asesoría jurídica que no deben ser confundidas, ya que la representación contractual o legal (prevista en la fracción III), a través de un mandato, se basa en la confianza que el mandante deposita en el mandatario, al contar éste con una serie de características que permiten confiarle la celebración de actos jurídicos en nombre del representado, razón por la cual no debe recaer necesariamente en profesionales del derecho; mientras que el asesor legal comparece al juicio, a fin de orientar y asesorar a los contendientes, así como a realizar los actos jurídico-procesales necesarios para la defensa del interés de las partes, lo que justifica la necesidad de que sea un profesional de la materia y, por ende, el requisito impuesto en el precepto legal citado. De ello se deduce que para tener por acreditada la personalidad de quien promueve una demanda de amparo en materia de trabajo como apoderado del quejoso, afirmando que su personalidad fue reconocida por la autoridad laboral, basta con que justifique que ésta le reconoció el carácter con el que se ostentó, sin que le sea exigible demostrar adicionalmente, que cuenta con cédula profesional o carta de pasante vigente". Por lo antes expuesto, no se tiene por cumplida la prevención de veintiocho de marzo del año que transcurre. En ese tenor, debido a que el término inicial para desahogar la prevención realizada en el proveído aludido (cinco días), transcurriría del treinta y uno de marzo al once de abril del año en curso, toda vez que la parte quejosa fue notificada de manera personal el veintinueve de marzo del año actual; en consecuencia, resulta evidente que aún transcurre el término para dar cumplimiento al requerimiento efectuado, el cual comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en el entendido que persiste apercibimiento consistente en que, de no desahogar el requerimiento en los términos apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 39/2012 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro VIII, Tomo 1, página 400, registro 2000702, de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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