Janna Iveth Mendoza Díaz

Expediente 700/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
700/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Janna Iveth Mendoza Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por +++, por propio derecho, contra actos de la 1. Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con residencia en la Ciudad de México. TRÁMITE. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 700/2022-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la Jurisprudencia, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable que en esta vía se combate es: La notificación del inicio del procedimiento para la perdida de nacionalidad mexicana por naturalización dentro del expediente TUG/521.5/COL1/0000012/11. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Expuesto lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que expondrán a continuación. Los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En el primero de los preceptos citados está prevista la improcedencia del juicio de amparo que resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. Del segundo de los numerales, se infiere la existencia de las hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que son: 1) En contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. 2) En contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa la parte quejosa, y trasciendan al resultado de la resolución. 3) Contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, los actos procesales anteriores a la resolución definitiva, así como las consecuencias jurídicas de ésta, pueden causar perjuicio a la parte quejosa durante el procedimiento o después de concluido éste; sin embargo, el amparo sólo procede cuando se dicta la definitiva, pues es cuando se advierte si tal acto causó un detrimento en los derechos sustantivos de la parte promovente, con la excepción de que aquellas actuaciones procedimentales previas causan una afectación que se estime de imposible reparación. Por actos de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos que afectan de manera cierta, material e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a favor de los sujetos gobernados y que en caso de ejecutarse, aun cuando se dictara sentencia favorable en el procedimiento, el perjuicio causado no sería subsanable a la parte quien lo sufrió; de ahí que por la urgencia de análisis de estas cuestiones, dada su irreparabilidad, procede la vía indirecta del amparo para estudiarlas. Atento lo anterior, las violaciones procesales, por regla general, no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y que no enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de meras infracciones dentro del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva. Establecido lo anterior, como ya se dijo en párrafos precedente, el acto reclamado por la parte recurrente esencialmente lo constituye la notificación del inicio del procedimiento para la perdida de nacionalidad mexicana por naturalización dentro del expediente TUG/521.5/COL1/0000012/11. Ahora bien, en el artículo 22 del reglamento de la Ley de Nacionalidad, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 22.- Cuando la Secretaría presuma que existen elementos que puedan configurar los supuestos de pérdida de nacionalidad mexicana por naturalización previstos en el artículo 37, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente: I.- Se notificará personalmente al interesado el inicio del procedimiento de pérdida de nacionalidad mexicana por naturalización otorgándole un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación, a efecto de que manifieste por escrito lo que a sus intereses convenga, pudiendo ofrecer pruebas, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por precluido su derecho; II.- En su escrito, el interesado deberá declarar, bajo protesta de decir verdad, los bienes inmuebles de su propiedad en el territorio nacional; III.- Del escrito señalado en la fracción anterior se dará vista a la Secretaría de Gobernación, para que emita la opinión correspondiente, en un término no mayor de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la recepción del oficio de petición, y IV.- Una vez que haya sido otorgada al interesado su garantía de audiencia; ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, si existieren, y recabada la opinión de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría dictará la resolución que corresponda, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba dicha opinión." Del numeral transcrito se advierte que para llevar a cabo el procedimiento de perdida de nacionalidad por naturalización, primeramente se tiene que notificar personalmente al interesado el inicio de dicho procedimiento, para que en un término de quince días contados a partir de la legal notificación manifieste lo que a su interés legal convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. Hecho lo anterior, con el contenido del escrito presentado por el interesado se dará vista a la Secretaría de Gobernación, para que emita la opinión correspondiente, en un término no mayor de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la recepción del oficio de petición; por lo que, una vez otorgado al interesado su garantía de audiencia; ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas si existieran y recabada la opinión de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría dictará la resolución que corresponda, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba dicha opinión. En esas condiciones, la autoridad administrativa puede resolver el procedimiento en mención con base en ciertas formalidades esenciales de un juicio como: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas; por ende, debe concluirse que es un procedimiento seguido en forma de juicio. De ahí que, a criterio de quien hoy resulve, el acto reclamado por la parte quejosa no es de aquellos cuya ejecución o sus consecuencias sean de imposible reparación, ya que no producen de manera inmediata y directa una afectación a los derechos fundamentales contenidos en los derechos humanos de la parte accionante, sino que son meros actos intraprocesales no susceptibles de combatirse en vía de amparo indirecto. Esto es así, porque como se dijo, la característica esencial de los actos de ejecución irreparable es que inciden de forma directa e inmediata en un derecho sustantivo de la parte quejosa, es decir, afectan alguno de sus derechos consagrados en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que México es parte, y sus efectos no son susceptibles de repararse con el dictado de una resolución o sentencia favorable En tal virtud, es un hecho que el acto reclamado, por sí mismo, no genera actos con consecuencias de tal gravedad, que impidieran el ejercicio de un derecho, pues, de ser el caso, podrían tratarse sólo de lesiones jurídicas que provengan exclusivamente de las leyes adjetivas sin que exista un detrimento material a sus derechos sustantivos. Además, las posibles afectaciones derivadas de esas actuaciones quedarían reparadas en el supuesto de que sustanciado dicho procedimiento y determinadas las probables consecuencias que pretende combatir el sujeto accionante, al momento de dictarse resolución definitiva en esa instancia, ésta le fuera favorable; supuesto en el que la posible afectación o perjuicio causado quedaría subsanada sin dejar huella en la esfera jurídica de aquél. Por esas razones, se considera que el acto reclamado, es meramente formal y sus consecuencias, en caso de culminar con una resolución desfavorable, podrán controvertirse sólo hasta que se emita la resolución definitiva de esa instancia y, en su caso, exponer las violaciones que advirtiera que sí trascendieron al resultado del procedimiento, como la aplicación de disposiciones inconstitucionales. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, número 56, agosto de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, son aquéllos que afectan de modo directo algunos de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sin que queden comprendidos en este concepto los derechos procesales o adjetivos, cuyos efectos quedan destruidos al obtener un fallo favorable que resuelva el procedimiento o juicio de que se trate. Lo anterior quedó establecido en los criterios jurisprudenciales P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, número 56, agosto de 1992, octava época, materia común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y 3a. 43, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, tomo IV, primera parte, julio-diciembre de 1989, materia común, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros y textos son del contenido literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ¨ejecución irreparable¨ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo analizada. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta. Asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, toda vez que así lo solicitó expresamente. En cuanto los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, dígasele que de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. SOLICITUD DE MEDIOS MAGNÉTICOS. Ahora bien, por cuanto a la solicitud del uso de cámaras digitales y escáner; atento a ello, se autoriza el uso de dichos medios para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos de la Legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis aislada I.3o.C.725 C, que a continuación se transcribe: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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