Jared Isbac Corvera Mayorquin

Expediente 393/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
393/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Jared Isbac Corvera Mayorquin
  • Departamento de Personal de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, de Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias. Salina Cruz, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Jared Isbac Corvera Mayorquin interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su numeral 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del plazo legal de cinco días que se le otorgó por acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, no desahogó la prevención que se le formuló, no obstante su legal notificación; en consecuencia, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, por lo que, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Jared Isbac Corvera Mayorquin, contra actos del Departamento de Personal de la Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, de Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias, con sede en esta Ciudad, que hace consistir literalmente en: ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 393 2022-II-A. PREVENCIÓN Sobre ese contexto, a fin de acordar lo procedente, con fundamento en los artículos 108, fracción I, así como 114, fracción I de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Primero. Manifieste si es su deseo señalar como autoridad al Juez que ordenó el descuento por pensión alimenticia y el acto que en su caso le atribuye. Ello, toda vez que de su demanda se desprende que señaló que "La empresa de Petróleos Mexicanos cada año me da un salario de rendimiento, lo cual recibimos el día 9 de junio del presente año, pero resulta que el Jefe de Departamento de Personal de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, antes citada, me descontó de mi salario de rendimiento, la pensión alimenticia". Sin embargo, cabe precisar que la autoridad responsable no actúa de manera autónoma, sino que lo hace en función de un mandato dictado por una autoridad ordenadora, como en el caso lo es el juez que ordenó el descuento de la pensión alimenticia, el cual no fue señalada como responsable, pese a tener injerencia en el acto reclamado. En consecuencia, deviene indispensable que manifieste de manera concreta si es su deseo señalar como responsable al juez que ordenó el descuento de la pensión alimenticia; esto, para un mejor proveer y, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión. En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar la prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1a./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, página 68 de rubro siguiente: Segundo. Precise si es su deseo se dé trámite a la suspensión del acto reclamado, ya que si bien no señaló expresamente su apertura, no menos resulta que en su segundo punto petitorio solicita se requiera a la autoridad responsable su informe previo. Tercero. Ahora bien, en caso de cumplimiento, se le requiere exhiba seis copias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, a saber: dos para cada una de las responsables, una para dar al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete; una para el tercero interesado, y dos para el incidente de suspensión. En el entendido de que si la parte quejosa no llegare a exhibir la copia solicitada para dar cauce al incidente de suspensión, dentro del plazo legal concedido, se tramitará, en su caso, la demanda, pero la apertura del incidente respectivo se postergará, como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 86/2002, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." Las copias del desahogo son con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la Litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer el contenido íntegro del escrito de la demanda, así como en el caso el diverso aclaratorio, y por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde a la propia parte quejosa. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la ley de la materia. APERCIBIMIENTO En el entendido que de no desahogar cabalmente la prevención formulada dentro del plazo legal concedido, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la ley de amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, tomando en consideración que ante dichas irregularidades no podría establecerse correctamente la Litis constitucional; y, por ende, se dejaría en estado de indefensión a algunas de las partes que integran el juicio de amparo (tercero interesado, autoridades responsables y agente del Ministerio Público). Asimismo, se advierte a la parte quejosa que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso. En otro aspecto, no se provee de conformidad la solicitud del promovente para tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se les llegaran a formular. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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