Janette Reyes Zamora y Otros.

Expediente 518/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
518/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
23/02/2018

Partes del expediente

  • Janette Reyes Zamora
  • Janette Reyes Zamora y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha dos de febrero del presente año, en la que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia (fojas 43 a 46); con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramito incidente de violación a la medida cautelar. LEY DE TRANSPARENCIA Por otra parte, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a dos de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Tehuantepec, Oaxaca, visto su contenido y anexos que remite, procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa substancialmente es la falta de judicialización de la carpeta de investigación 4303/TH/2017, instruida contra Felicita Reyes Zamora, por el hecho que la ley señala como el delito de sustracción de menores, cometido en agravio de la menor Jennifer Sugey Pérez Reyes. Ahora bien, analizadas las constancias que anexa a su informe justificado la autoridad responsable, relativas a la carpeta de investigación de numero 4303/TH/2017, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de los previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se estima, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Lo anterior es así, pues como ya se dijo, la impetrante del amparo señaló, de manera destacada, la negativa de la autoridad responsable de judicializar la carpeta de investigación 4303/TH/2017. No obstante lo anterior, la omisión reclamada, ha quedado satisfecha, al haberse presentado el treinta de enero de dos mil dieciocho, ante la autoridad competente, Juez de Control de Tehuantepec, Oaxaca, quedando registrada con el número 52/2018, lo que de suyo implica que dicha carpeta de investigación ha sido judicializada (foja 41 vuelta). De ahí que es de considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado y, por ende, se han extinguido las violaciones a las garantías de la impetrante del amparo que pudieron haberse cometido con la abstención que constituía el acto reclamado en este juicio. Se invocan en apoyo a lo anterior, la jurisprudencias 2a./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada con el número 103, página ochenta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917-2000, con registro 193758, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página treinta y ocho, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, cuyo tenor literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que dicho sobreseimiento dictado fuera de audiencia en este juicio, implique agravio o deje sin defensa a la amparista, pues la hipótesis de improcedencia en que se sustenta es notoria, manifiesta e indudable, además, es en estricto cumplimiento al principio de celeridad procesal contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues a nada practico conduciría, esperar a celebrar la audiencia constitucional, si el sentido de este fallo en nada variaría. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la quejosa. II-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Agente Estatal de Investigaciones, encargado del servicio, residente en Tehuantepec, Oaxaca, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Notifíquese. II-A

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, advirtiéndose que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a las responsable, a fin de que rindan su informe justificado (foja 30); en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese. II-A

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