Jaquín Hernández del Río

Expediente 284/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
284/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Jaquín Hernández del Río
  • Joaquín del Río Hernández
  • Juez de Control Y de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital
  • JAQUÍN HERNÁNDEZ DEL RÍO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, a veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ARCHIVO En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. ...

  2. Principal

    El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, certifica: Que el término de tres días concedido a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió del uno al tres de diciembre de dos mil veintiuno. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que en veinte de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional dentro del presente asunto y, en treinta de abril del mismo año, se dictó sentencia definitiva en la que por una parte se sobreseyó en el presente asunto y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la resolución emitida en la actuación celebrada el quince de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 194/2020, en lo relativo al libramiento de la orden de aprehensión, y en lo que concierne única y exclusivamente al ahora quejoso Joaquín Del Río Hernández; y 2. En su lugar, señale nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia privada en la cual, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, de manera fundada y motivada dicte una nueva resolución en la que deberá purgar el vicio de legalidad apuntado, es decir deberá abstenerse de ponderar para efectos de justificar la necesidad de cautela el solo hecho de que la persona esté siendo investigada por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sin que lo anterior imposibilite ponderar diversos aspectos al ya destacado (como lo es la información que se derive de testimonios de víctimas, o bien diversos datos que hayan sido expuestos por la fiscalía al momento de solicitar la orden de captura), pues la motivación de la necesidad de cautela no guarda relación con que el delito investigado amerite o no prisión preventiva oficiosa, porque la orden de aprehensión no es una medida cautelar sino una forma de conducción al proceso penal, cuya finalidad es diferente a la citada medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cabe acotar que la audiencia en la que se dicte una nueva determinación en cumplimiento al fallo protector, deberá ser presidida por el mismo juez de control que actúo en la audiencia de quince de febrero de dos mil veinte, en la que se conoció de los argumentos expuestos por la representación social para el libramiento de la orden de aprehensión dentro de la causa penal 194/2020; lo anterior, en aras de privilegiar el principio de inmediación que rige al sistema oral acusatorio, pues es la precisada juez de control quien conoció de viva voz los argumentos puestos a su consideración. (.). Finalmente se precisa que la protección constitucional debe hacerse extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, al no reclamarse por vicios propios y ser consecuencia directa del acto emitido por la ordenadora". La sentencia causó ejecutoria por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Es así que, por oficios con registros 17547 y 17684, allegados por el director general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y Juez de Control del distrito judicial de la Capital, respectivamente, acordados en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, y en cumplimiento a la sentencia de amparo, el primero informó que se abstendría de ejecutar la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la causa penal de origen y el segundo, remitió copia certificada del registro y audio y video de la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, así como copia certificada de los puntos resolutivos de la nueva orden de aprehensión girada contra el quejoso, con lo que se dio vista a las partes sin que hayan hecho manifestación alguna. Luego, una vez analizado dicho disco compacto, se puede advertir que el juez responsable José de Jesús Castañón Araujo (quien fue el mismo que estuvo presidiendo la audiencia privada de autorización de orden de aprehensión y orden de cateo de quince de febrero de dos mil veinte, según los registros que obran en el presente asunto), dejó insubsistente la resolución antes citada celebrada dentro de la causa penal 194/2020, en lo relativo al libramiento de la orden de aprehensión, y en lo que concierne única y exclusivamente al ahora quejoso Joaquín Del Río Hernández. En el entendido de que en dicha audiencia privada celebrada en veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución en los términos solicitados por este Juzgado, es decir, del minuto 00:15:00 al 00:26:47, justificó la necesidad de cautela aducida por el fiscal del Ministerio Público, con apoyo en los artículos 259 y 265, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello, en razón de que acredita que el quejoso puede sustraerse de la acción de la justicia, ello, partiendo de las premisas contenidas en el diverso numeral 168 de la legislación en cita, la primera en relación con el arraigo que no tiene el mismo en el lugar donde debe ser Juzgado, es decir, se supone que podía ser localizado en las comunidades de Muleros y San Antonio del Ciprés, ambas del Municipio de Panuco, Zacatecas, en el entendido de que se llevó a cabo una orden de cateo en el segundo de los domicilios en cita sin encontrar resultados positivos, aunado a que el testimonio de testigos no fue viable, ya que manifestaron que el recurrente no ha sido visto en la comunidad de Muleros, y no se encontró registro en las dependencias públicas y paraestatales, a fin de ubicar al mismo, según informaron sus titulares, por lo que el juez responsable deduce que se oculta en algún lugar. Asimismo, el juez tomó en consideración el tópico máximo de la pena al quejoso prevista en el 293, 301 y 295, en relación con el 10, todos del Código Penal en Vigor, lo que puede deducir que el quejoso tiene miedo a ser aprendido por la pena que será en su caso impuesta. Por otra parte, tomó en consideración la conducta del quejoso en relación a que se está ocultando y en la falta de disposición y voluntad al procedimiento que le pudiera ser instruido. Con lo anterior, justifica la cautela e insiste que un citatorio sería insuficiente para hacer que el quejoso comparezca ante dicha autoridad, con lo que deduce que se satisfacen la totalidad de los requisitos establecidos por el artículo 16, constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el libramiento de la orden de aprehensión que se solicitó. Aunado a que al haber sido celebrada dicha audiencia por el mismo juez, se privilegió el principio de inmediación que rige al sistema oral acusatorio, pues es él quien conoció de viva voz los argumentos puestos a su consideración. Asimismo, se precisa que el director general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó ante este Tribunal como antes se dijo, que se abstendría de ejecutar la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la causa penal de origen. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas declara cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firmó Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. Luis.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL LIC. URIEL JIMENEZ DUEÑAS, REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR DE INICIALES L.A.F.L. DE CONFORMIDAD CON LO DISOUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "veinticinco de marzo de dos mil veintidós, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, certifica: Que el término de tres días concedido a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió del uno al tres de diciembre de dos mil veintiuno. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que en veinte de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional dentro del presente asunto y, en treinta de abril del mismo año, se dictó sentencia definitiva en la que por una parte se sobreseyó en el presente asunto y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la resolución emitida en la actuación celebrada el quince de febrero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 194/2020, en lo relativo al libramiento de la orden de aprehensión, y en lo que concierne única y exclusivamente al ahora quejoso Joaquín Del Río Hernández; y 2. En su lugar, señale nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia privada en la cual, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, de manera fundada y motivada dicte una nueva resolución en la que deberá purgar el vicio de legalidad apuntado, es decir deberá abstenerse de ponderar para efectos de justificar la necesidad de cautela el solo hecho de que la persona esté siendo investigada por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sin que lo anterior imposibilite ponderar diversos aspectos al ya destacado (como lo es la información que se derive de testimonios de víctimas, o bien diversos datos que hayan sido expuestos por la fiscalía al momento de solicitar la orden de captura), pues la motivación de la necesidad de cautela no guarda relación con que el delito investigado amerite o no prisión preventiva oficiosa, porque la orden de aprehensión no es una medida cautelar sino una forma de conducción al proceso penal, cuya finalidad es diferente a la citada medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cabe acotar que la audiencia en la que se dicte una nueva determinación en cumplimiento al fallo protector, deberá ser presidida por el mismo juez de control que actúo en la audiencia de quince de febrero de dos mil veinte, en la que se conoció de los argumentos expuestos por la representación social para el libramiento de la orden de aprehensión dentro de la causa penal 194/2020; lo anterior, en aras de privilegiar el principio de inmediación que rige al sistema oral acusatorio, pues es la precisada juez de control quien conoció de viva voz los argumentos puestos a su consideración. (.). Finalmente se precisa que la protección constitucional debe hacerse extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, al no reclamarse por vicios propios y ser consecuencia directa del acto emitido por la ordenadora". La sentencia causó ejecutoria por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Es así que, por oficios con registros 17547 y 17684, allegados por el director general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y Juez de Control del distrito judicial de la Capital, respectivamente, acordados en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, y en cumplimiento a la sentencia de amparo, el primero informó que se abstendría de ejecutar la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la causa penal de origen y el segundo, remitió copia certificada del registro y audio y video de la audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, así como copia certificada de los puntos resolutivos de la nueva orden de aprehensión girada contra el quejoso, con lo que se dio vista a las partes sin que hayan hecho manifestación alguna. Luego, una vez analizado dicho disco compacto, se puede advertir que el juez responsable José de Jesús Castañón Araujo (quien fue el mismo que estuvo presidiendo la audiencia privada de autorización de orden de aprehensión y orden de cateo de quince de febrero de dos mil veinte, según los registros que obran en el presente asunto), dejó insubsistente la resolución antes citada celebrada dentro de la causa penal 194/2020, en lo relativo al libramiento de la orden de aprehensión, y en lo que concierne única y exclusivamente al ahora quejoso Joaquín Del Río Hernández. En el entendido de que en dicha audiencia privada celebrada en veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución en los términos solicitados por este Juzgado, es decir, del minuto 00:15:00 al 00:26:47, justificó la necesidad de cautela aducida por el fiscal del Ministerio Público, con apoyo en los artículos 259 y 265, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello, en razón de que acredita que el quejoso puede sustraerse de la acción de la justicia, ello, partiendo de las premisas contenidas en el diverso numeral 168 de la legislación en cita, la primera en relación con el arraigo que no tiene el mismo en el lugar donde debe ser Juzgado, es decir, se supone que podía ser localizado en las comunidades de Muleros y San Antonio del Ciprés, ambas del Municipio de Panuco, Zacatecas, en el entendido de que se llevó a cabo una orden de cateo en el segundo de los domicilios en cita sin encontrar resultados positivos, aunado a que el testimonio de testigos no fue viable, ya que manifestaron que el recurrente no ha sido visto en la comunidad de Muleros, y no se encontró registro en las dependencias públicas y paraestatales, a fin de ubicar al mismo, según informaron sus titulares, por lo que el juez responsable deduce que se oculta en algún lugar. Asimismo, el juez tomó en consideración el tópico máximo de la pena al quejoso prevista en el 293, 301 y 295, en relación con el 10, todos del Código Penal en Vigor, lo que puede deducir que el quejoso tiene miedo a ser aprendido por la pena que será en su caso impuesta. Por otra parte, tomó en consideración la conducta del quejoso en relación a que se está ocultando y en la falta de disposición y voluntad al procedimiento que le pudiera ser instruido. Con lo anterior, justifica la cautela e insiste que un citatorio sería insuficiente para hacer que el quejoso comparezca ante dicha autoridad, con lo que deduce que se satisfacen la totalidad de los requisitos establecidos por el artículo 16, constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el libramiento de la orden de aprehensión que se solicitó. Aunado a que al haber sido celebrada dicha audiencia por el mismo juez, se privilegió el principio de inmediación que rige al sistema oral acusatorio, pues es él quien conoció de viva voz los argumentos puestos a su consideración. Asimismo, se precisa que el director general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó ante este Tribunal como antes se dijo, que se abstendría de ejecutar la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la causa penal de origen. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas declara cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firmó Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. Luis.

  4. Principal

    El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con las promociones con folios 17547 y 17684, con anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por las autoridades responsables director general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y Juez de Control del distrito judicial de la Capital, mediante las cuales, en cumplimiento a la sentencia de amparo, la primera informa que se abstendrá de ejecutar la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la causa penal 284/2020 y la segunda, remite copia certificada del registro y audio y video de la audiencia, así como copia certificada de los puntos resolutivos de la nueva orden de aprehensión girada contra el quejoso; por tanto, dese vista a las partes con la promoción de cuenta por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable al fallo constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.

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