Jaqueline Villanueva Mijares

Expediente 1287/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1287/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
20/04/2017

Partes del expediente

  • Jaqueline Villanueva Mijares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    El veinte de abril de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del treinta de marzo al diecisiete de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintidós de marzo pasado, dentro del juicio de amparo número 1287/2016-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que si existen constancias que devolver a la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Conste. En la misma fecha se da cuenta a la juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado el veintidós de marzo pasado, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase las copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral número 177/2012, que la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas remitió con su informe justificado. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1287/2016-1; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jaqueline Villanueva Mijarez, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan. Autoridad Responsable - Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado - Secretaría de Finanzas del Estado. Ambos con residencia en esta Ciudad de Zacatecas. Actos Reclamados En cuanto a la primera: ".reclamo de la autoridad señlada como responsable ordenadora el auto mediante el cual ordena se gire oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba cheque a nombre de la suscrita mediante el cual se me paguen las cantidades líquidas a que fue condenado el Ayuntamiento de Fresnillo conforme al artículo 285 de la Ley de Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, ello dentro del juicio laboral ordinario 177/2012 y de la responsable ejecutora, reclamo la omisión y/o abstención de dar cumplimiento a dicho auto, esto es, cubrir el pago de las prestaciones contenidas en dicho auto". Respecto a la segunda: ".la omisión y/o abstención de dar cumplimiento a dicho laudo laboral, auto y oficio respectivo de 24 de noviembre de 2016, esto es, que pague el importe de la condena hecha al Ayuntamiento". Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos violados, los contemplados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su titular emitió acuerdo aclaratorio de nueve de diciembre del año próximo pasado, en que ordenó su registro con el número 1287/2016-1; luego, una vez cumplida la prevención, por acuerdo de dieciséis de diciembre citado, desechó la demanda al considerar que se actualizaban las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ambas en relación con el numeral 5 de la propia ley. Sin embargo, inconforme la quejosa con el acuerdo anterior, interpuso recurso de queja, el que fue resuelto por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, declarando fundado dicho recurso, por considerar que no se actualizaron las aludidas causales de improcedencia, determinando como consecuencia, que de no advertirse alguna otra, debería admitirse a trámite la demanda de amparo. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, el nueve de febrero del año en curso, se admitió la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se mandó emplazar al tercero interesado; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad jurisdiccional residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de derechos, consiste en: Del Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: El auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 177/II/2012, mediante el cual ordena se gire oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado, para que exhiba cheque por las cantidades líquidas a que fue condenado el demandado en favor de la quejosa. De la Secretaría de Finanzas del Estado: La omisión de dar cumplimiento al oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que le fue girado a efecto de que exhiba el cheque correspondiente al pago de las cantidades líquidas a que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el laudo dictado en el juicio laboral 177/2012. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y Secretario de Finanzas, ambos del Estado, toda vez que aun cuando la primera admite el que se le atribuye solamente parcialmente y la segunda lo niega, de contenido de sus respectivos informes se desprende su existencia. (f. 60-62). CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, las autoridades responsables hacen valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias que remitieron con sus respectivos informes, se desprende que cesaron los efectos de los actos reclamados. El artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El motivo de improcedencia planteado es fundado. La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este juicio de amparo, la quejosa reclama esencialmente la omisión de la Secretaría de Finanzas de dar cumplimiento al oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que le fue girado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que exhibiera el cheque correspondiente al pago de las cantidades líquidas a que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el laudo dictado en el juicio laboral 177/2012. Sin embargo, de las constancias que el Procurador Fiscal de la mencionada Secretaría remitió en copia certificada, con el informe justificado que al efecto rindió (f. 65-66), consistentes en oficio de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dirigido a la Presidenta del Tribunal responsable y cheque expedido a nombre de la impetrante del amparo Jaqueline Villanueva Mijares, por la cantidad de novecientos veintiún mil novecientos veinte pesos con un centavo; y principalmente, de las remitidas por la mencionada Presidenta, consistentes en legajo de copias certificadas del expediente laboral 177/2012, se desprende lo siguiente: a) En relación con el oficio y cheque que el Procurador Fiscal remitió a la Presidenta del Tribunal laboral responsable, esta autoridad emitió acuerdo de veintidós de diciembre pasado, por el que tuvo por recibidos el oficio y cheque antes mencionados, con los que ordenó dar vista a la aquí quejosa. b) Respecto a dicha vista, la impetrante del amparo solicitó se le hiciera entrega del mencionado cheque. c) Luego, en diverso acuerdo del veintidós de diciembre citado, se puso a disposición de la quejosa el documento mercantil de mérito, el que fue recibido por la misma en la propia fecha, como se aprecia de la comparecencia de la propia amparista, en la que obra su firma. Constancias, las anteriores, con las que se ordenó dar vista a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que hubiera hecho manifestación alguna. Las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas exhibió el cheque cuya omisión constituyó el acto reclamado; y, por ende, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Finalmente, el sobreseimiento indicado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 74, 76, y 124 de la Ley de Ampao, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 1287/2016, promovido por Jaqueline Villanueva Mijares contra los actos reclamados de las autoridades responsables, por las razones asentadas en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la Secretaria con quien actúa, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy veintidós de marzo de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE 22 D EMARZO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. " I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1287/2016-1; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jaqueline Villanueva Mijarez, por su propio derecho, formuló demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan. Autoridad Responsable - Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado - Secretaría de Finanzas del Estado. Ambos con residencia en esta Ciudad de Zacatecas. Actos Reclamados En cuanto a la primera: ".reclamo de la autoridad señlada como responsable ordenadora el auto mediante el cual ordena se gire oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba cheque a nombre de la suscrita mediante el cual se me paguen las cantidades líquidas a que fue condenado el Ayuntamiento de Fresnillo conforme al artículo 285 de la Ley de Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, ello dentro del juicio laboral ordinario 177/2012 y de la responsable ejecutora, reclamo la omisión y/o abstención de dar cumplimiento a dicho auto, esto es, cubrir el pago de las prestaciones contenidas en dicho auto". Respecto a la segunda: ".la omisión y/o abstención de dar cumplimiento a dicho laudo laboral, auto y oficio respectivo de 24 de noviembre de 2016, esto es, que pague el importe de la condena hecha al Ayuntamiento". Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos violados, los contemplados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que, su titular emitió acuerdo aclaratorio de nueve de diciembre del año próximo pasado, en que ordenó su registro con el número 1287/2016-1; luego, una vez cumplida la prevención, por acuerdo de dieciséis de diciembre citado, desechó la demanda al considerar que se actualizaban las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ambas en relación con el numeral 5 de la propia ley. Sin embargo, inconforme la quejosa con el acuerdo anterior, interpuso recurso de queja, el que fue resuelto por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, declarando fundado dicho recurso, por considerar que no se actualizaron las aludidas causales de improcedencia, determinando como consecuencia, que de no advertirse alguna otra, debería admitirse a trámite la demanda de amparo. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, el nueve de febrero del año en curso, se admitió la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se mandó emplazar al tercero interesado; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una omisión de una autoridad jurisdiccional residente dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de derechos, consiste en: Del Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: El auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 177/II/2012, mediante el cual ordena se gire oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado, para que exhiba cheque por las cantidades líquidas a que fue condenado el demandado en favor de la quejosa. De la Secretaría de Finanzas del Estado: La omisión de dar cumplimiento al oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que le fue girado a efecto de que exhiba el cheque correspondiente al pago de las cantidades líquidas a que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el laudo dictado en el juicio laboral 177/2012. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y Secretario de Finanzas, ambos del Estado, toda vez que aun cuando la primera admite el que se le atribuye solamente parcialmente y la segunda lo niega, de contenido de sus respectivos informes se desprende su existencia. (f. 60-62). CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, las autoridades responsables hacen valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias que remitieron con sus respectivos informes, se desprende que cesaron los efectos de los actos reclamados. El artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El motivo de improcedencia planteado es fundado. La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este juicio de amparo, la quejosa reclama esencialmente la omisión de la Secretaría de Finanzas de dar cumplimiento al oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que le fue girado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que exhibiera el cheque correspondiente al pago de las cantidades líquidas a que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el laudo dictado en el juicio laboral 177/2012. Sin embargo, de las constancias que el Procurador Fiscal de la mencionada Secretaría remitió en copia certificada, con el informe justificado que al efecto rindió (f. 65-66), consistentes en oficio de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dirigido a la Presidenta del Tribunal responsable y cheque expedido a nombre de la impetrante del amparo Jaqueline Villanueva Mijares, por la cantidad de novecientos veintiún mil novecientos veinte pesos con un centavo; y principalmente, de las remitidas por la mencionada Presidenta, consistentes en legajo de copias certificadas del expediente laboral 177/2012, se desprende lo siguiente: a) En relación con el oficio y cheque que el Procurador Fiscal remitió a la Presidenta del Tribunal laboral responsable, esta autoridad emitió acuerdo de veintidós de diciembre pasado, por el que tuvo por recibidos el oficio y cheque antes mencionados, con los que ordenó dar vista a la aquí quejosa. b) Respecto a dicha vista, la impetrante del amparo solicitó se le hiciera entrega del mencionado cheque. c) Luego, en diverso acuerdo del veintidós de diciembre citado, se puso a disposición de la quejosa el documento mercantil de mérito, el que fue recibido por la misma en la propia fecha, como se aprecia de la comparecencia de la propia amparista, en la que obra su firma. Constancias, las anteriores, con las que se ordenó dar vista a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que hubiera hecho manifestación alguna. Las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas exhibió el cheque cuya omisión constituyó el acto reclamado; y, por ende, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Finalmente, el sobreseimiento indicado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 74, 76, y 124 de la Ley de Ampao, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 1287/2016, promovido por Jaqueline Villanueva Mijares contra los actos reclamados de las autoridades responsables, por las razones asentadas en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la Secretaria con quien actúa, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy veintidós de marzo de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE.

  4. Principal

    En veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 2581 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas; con su contenido dese vista a la parte quejosa para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 9º de la Ley de la materia invocada, ténganse como delegados de la citada autoridad a los profesionistas que menciona en su comunicado. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, téngase como pruebas de la referida autoridad las constancias que adjunta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Bjm

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