Jaqueline Asunción Méndez Castro

Expediente 1142/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 32 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1142/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Jaqueline Asunción Méndez Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    PRAL 1142/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables y agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 20 y 23 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción I, y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional, una vez al año, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que en el expediente electrónico fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es DESTRUIBLE. 9. Incidente de suspensión. Como este asunto se tramitó con incidente de suspensión, en razón de la firmeza de la sentencia de amparo, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    INC 1142/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha, en el juicio de amparo principal del que deriva este incidente, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo y se ordenó su archivo; de modo que es procedente ordenar lo relativo al archivo de este incidente de suspensión. 2. Archivo del expediente. Como en este incidente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido 3. Destino del expediente incidental (destruible). Se comunica a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el único cuaderno de este expediente incidental será DESTRUIBLE una vez que transcurran tres años, contado a partir de la fecha de este acuerdo, una vez destruido, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula del expediente incidental obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y b) que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 9, párrafo segundo, del acuerdo general citado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO.P 1142/2022, mesa 4 S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1142/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, recepcionada al día siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Registro y desechamiento de la demanda de amparo. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós se ordenó registrar la demanda de amparo con el registro 1142/2022 y se determinó desecharla. TERCERO. Interposición de recurso de queja. En proveído de trece de octubre de dos mil veintidós se tuvo a la parte quejosa interponiendo el recurso de queja contra la resolución de desechamiento. CUARTO. Queja fundada y admisión de demanda. Mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés se tuvo por recibida la ejecutoria dictada en sesión ordinaria de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ***, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por la cual se declaró fundado. Así, en cumplimiento a lo ordenado por el órgano revisor, en ese mismo acuerdo se previno a la parte quejosa, quien cumplió la prevención y el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se pidió informe justificado a las autoridades responsables, señalándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Audiencia constitucional. Previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto reclamado materia de la litis, atendiendo la integridad de la demanda para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que *** reclama: la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y su ejecución, por el que se ordena la creación del Organismo Público Descentralizado, denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), a partir de su entrada en vigor un día después de su publicación. Acto que atribuye a las autoridades siguientes: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Bienestar. Secretario de la Función Pública. Secretario de Salud. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Director del Diario Oficial de la Federación; y, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Todas con residencia en la Ciudad de México. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la jefa de la División de Amparos Fiscales de dicho Instituto, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye; sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa, no obstante su conocimiento. Al respecto, indicó que en las facultades previstas en el artículo 268 de la Ley del Seguro Social y en el diverso numeral 66 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se encuentra la de realizar los actos reclamados. Sin que la prueba documental exhibida por la quejosa, consistente en la impresión del comprobante de percepciones y descuentos con folio ***, expedido por el Instituto de Salud para el Bienestar de la Secretaría de Salud, correspondiente a la primera quincena de septiembre de dos mil veintidós, desvirtúe la negativa de la responsable, dado que esa constancia sólo es útil para demostrar que es empleada del referido instituto, pero no demuestra que el decreto reclamado haya sido aplicado en su perjuicio por la referida autoridad responsable. En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la jefa de la División de Amparos Fiscales de dicho Instituto, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a dicha autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las diversas autoridades responsables: 1º Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar. 2° Secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto del director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos. 3° Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación. 4° Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Salud. 5° Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por conducto del director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 6° Secretaría de Salud. 7° Secretario de la Función Pública, a través del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Todas con residencia en la ciudad de México. Al rendir su respectivo informe justificado, convinieron en la existencia del acto que se les atribuye, en el ámbito de sus respectivas competencias. Al efecto, señalaron que participaron en el proceso legislativo del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que reclama la parte quejosa. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades. Máxime que la existencia del acto no es objeto de prueba, atento a que se trata del proceso de creación de una norma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación; como así lo ilustra la tesis siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". QUINTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". En relación con lo anterior, los artículos 107, fracción I, 6, 5 y 17 de la ley invocada establecen: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio, análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agravios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días (.)". De la interpretación de dichos preceptos se obtiene que el juicio de amparo procede contra normas generales que, por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación, causen un agravio a la parte quejosa; además, se establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Así, todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar ordenamientos generales, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición, le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo. En la segunda hipótesis, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada. Ante lo cual, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afecten la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De ahí que, tratándose de normas generales, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de la ley, por su sola entrada en vigor o por el acto de aplicación. La noción perjuicio, para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés legítimo que se toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, esto es, que el acto reclamado viola los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, con lo que se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Así, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés jurídico o legítimo que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico a demostrar son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En tanto que, para probar el interés legítimo, deberá justificarse que: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el gobernado pertenezca a esa colectividad. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para reclamar una vulneración a un derecho, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no como una simple posibilidad. Y que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ello, protegidos. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), por su sola entrada en vigor que, dice, trae como consecuencia un despido masivo y forzoso de todo trabajador perteneciente a los servicios de salud de todas las entidades federativas, lo que, afirma, le causa una afectación en su esfera jurídica, debido a que presta sus servicios, desde el uno de junio de dos mil veintiuno, para los Servicios de Salud de Oaxaca. En ese sentido, los artículos segundo, cuarto y sexto transitorios del referido decreto señalan: "SEGUNDO. La Junta de Gobierno del IMSS-BIENESTAR se instalará en un periodo no mayor a los treinta días naturales siguientes a la publicación del presente decreto. La Junta de Gobierno del IMSS-BIENESTAR expedirá su Estatuto Orgánico en un plazo que no excederá de sesenta días naturales a partir de su instalación. CUARTO. Los derechos laborales individuales de las personas trabajadoras de los servicios de salud estatales, que se pudieran haber generado hasta antes de su transferencia al IMSS-BIENESTAR, con motivo de los convenios de coordinación que se celebren con las entidades federativas para la prestación de los servicios a la población objetivo, serán respetados en sus términos, sin perjuicio de que se puedan establecer esquemas de remuneraciones para las personas trabajadoras antes referidas, con sujeción a las disponibilidades presupuestarias del IMSS-BIENESTAR. El otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, incluido el servicio médico, quedará a cargo de la institución pública que los brinda actualmente, por lo que el IMSS-BIENESTAR debe realizar las gestiones correspondientes para cubrir las cuotas a que haya lugar, con cargo a los recursos que le transfieran las entidades federativas, de conformidad con el artículo 3 del presente decreto. Las personas que, a la entrada en vigor del presente decreto, cuenten con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales, pueden ser sujetos de reclutamiento por parte del IMSS-BIENESTAR, siempre que cumplan con los requisitos que éste establezca para su contratación. SEXTO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto y en términos de los convenios de coordinación que, en su caso, el IMSS-BIENESTAR suscriba con las entidades federativas, en términos del artículo 2 de este decreto, aquel será responsable del cumplimiento de las obligaciones que deriven de las condiciones generales de trabajo, que en su momento apruebe la Junta de Gobierno. El IMSS-BIENESTAR no será responsable de las obligaciones pensionarias, ni de otras obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridades en cualquier materia en juicios o procedimientos, ambas generadas previo a la entrada en vigor del presente decreto". Como se aprecia, el organismo público descentralizado denominado IMSS-BIENESTAR tiene por objeto brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados, bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna, ya sea mediante el Modelo de Atención Integral a la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social o, en su caso, el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, mismo que debe considerar la atención integral que vincule los servicios de salud y la acción comunitaria, según lo determine su Junta de Gobierno. Asimismo, las disposiciones transcritas prevén que los servicios de salud se brindarán en aquellas entidades federativas con las que el IMSS-BIENESTAR celebre convenios de coordinación para la transferencia de dichos servicios. Además, que a partir de la entrada en vigor del decreto y en términos de los convenios de coordinación que, en su caso, el IMSS-BIENESTAR suscriba con las entidades federativas, aquel será responsable del cumplimiento de las obligaciones que deriven de las condiciones generales de trabajo que, en su momento, apruebe la Junta de Gobierno. De lo anterior, se advierte que la operación en el Estado de Oaxaca del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) que, a decir de la parte quejosa, tiene como consecuencia su despido forzoso como trabajador de los Servicios de Salud de Oaxaca, se encuentra condicionada a que, en su caso, se celebre el convenio de coordinación a que se refiere el decreto de referencia que tenga relación precisamente con el despido del personal de servicios de salud, como lo refiere la quejosa. Es decir, el reclamo de la parte quejosa constituye un acto futuro e, incluso, de realización incierta que de ninguna manera afecta su esfera jurídica, en la medida en que no reviste las características que materializan un agravio personal, real, directo y actual. Además, el artículo cuarto transitorio del decreto establece que serán respetados en sus términos los derechos laborales individuales de las personas trabajadoras de los servicios de salud estatales, que se pudieran haber generado hasta antes de su transferencia al IMSS-BIENESTAR, con motivo de los convenios de coordinación que se celebren con las entidades federativas para la prestación de los servicios a la población objetivo. En esas condiciones, como el decreto que tilda de inconstitucional no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, relacionados con los diversos artículos 107, fracción I, 6, 5 y 17 del mismo ordenamiento, se sobresee en el juicio de amparo. Se precisa que el anterior criterio fue sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja ***, en ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58, aplicable en términos del numeral sexto transitorio de la Ley de Amparo, y que fue publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el considerando segundo, y con base en los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

  4. Principal

    P 1142/2022, mesa 4 S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1142/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, recepcionada al día siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Registro y desechamiento de la demanda de amparo. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós se ordenó registrar la demanda de amparo con el registro 1142/2022 y se determinó desecharla. TERCERO. Interposición de recurso de queja. En proveído de trece de octubre de dos mil veintidós se tuvo a la parte quejosa interponiendo el recurso de queja contra la resolución de desechamiento. CUARTO. Queja fundada y admisión de demanda. Mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés se tuvo por recibida la ejecutoria dictada en sesión ordinaria de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ***, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por la cual se declaró fundado. Así, en cumplimiento a lo ordenado por el órgano revisor, en ese mismo acuerdo se previno a la parte quejosa, quien cumplió la prevención y el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se pidió informe justificado a las autoridades responsables, señalándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Audiencia constitucional. Previo trámite del procedimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y, en el caso, se trata de asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto reclamado materia de la litis, atendiendo la integridad de la demanda para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que *** reclama: la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y su ejecución, por el que se ordena la creación del Organismo Público Descentralizado, denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), a partir de su entrada en vigor un día después de su publicación. Acto que atribuye a las autoridades siguientes: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Bienestar. Secretario de la Función Pública. Secretario de Salud. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Director del Diario Oficial de la Federación; y, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Todas con residencia en la Ciudad de México. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la jefa de la División de Amparos Fiscales de dicho Instituto, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye; sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa, no obstante su conocimiento. Al respecto, indicó que en las facultades previstas en el artículo 268 de la Ley del Seguro Social y en el diverso numeral 66 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se encuentra la de realizar los actos reclamados. Sin que la prueba documental exhibida por la quejosa, consistente en la impresión del comprobante de percepciones y descuentos con folio ***, expedido por el Instituto de Salud para el Bienestar de la Secretaría de Salud, correspondiente a la primera quincena de septiembre de dos mil veintidós, desvirtúe la negativa de la responsable, dado que esa constancia sólo es útil para demostrar que es empleada del referido instituto, pero no demuestra que el decreto reclamado haya sido aplicado en su perjuicio por la referida autoridad responsable. En esas condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la jefa de la División de Amparos Fiscales de dicho Instituto, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a dicha autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las diversas autoridades responsables: 1º Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar. 2° Secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto del director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos. 3° Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación. 4° Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Salud. 5° Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por conducto del director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 6° Secretaría de Salud. 7° Secretario de la Función Pública, a través del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Todas con residencia en la ciudad de México. Al rendir su respectivo informe justificado, convinieron en la existencia del acto que se les atribuye, en el ámbito de sus respectivas competencias. Al efecto, señalaron que participaron en el proceso legislativo del Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que reclama la parte quejosa. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades. Máxime que la existencia del acto no es objeto de prueba, atento a que se trata del proceso de creación de una norma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación; como así lo ilustra la tesis siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". QUINTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". En relación con lo anterior, los artículos 107, fracción I, 6, 5 y 17 de la ley invocada establecen: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio, análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agravios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días (.)". De la interpretación de dichos preceptos se obtiene que el juicio de amparo procede contra normas generales que, por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación, causen un agravio a la parte quejosa; además, se establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Así, todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar ordenamientos generales, con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que, por su sola expedición, le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo. En la segunda hipótesis, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada. Ante lo cual, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afecten la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De ahí que, tratándose de normas generales, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de la ley, por su sola entrada en vigor o por el acto de aplicación. La noción perjuicio, para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés legítimo que se toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, esto es, que el acto reclamado viola los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, con lo que se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Así, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés jurídico o legítimo que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico a demostrar son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En tanto que, para probar el interés legítimo, deberá justificarse que: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el gobernado pertenezca a esa colectividad. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para reclamar una vulneración a un derecho, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no como una simple posibilidad. Y que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ello, protegidos. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), por su sola entrada en vigor que, dice, trae como consecuencia un despido masivo y forzoso de todo trabajador perteneciente a los servicios de salud de todas las entidades federativas, lo que, afirma, le causa una afectación en su esfera jurídica, debido a que presta sus servicios, desde el uno de junio de dos mil veintiuno, para los Servicios de Salud de Oaxaca. En ese sentido, los artículos segundo, cuarto y sexto transitorios del referido decreto señalan: "SEGUNDO. La Junta de Gobierno del IMSS-BIENESTAR se instalará en un periodo no mayor a los treinta días naturales siguientes a la publicación del presente decreto. La Junta de Gobierno del IMSS-BIENESTAR expedirá su Estatuto Orgánico en un plazo que no excederá de sesenta días naturales a partir de su instalación. CUARTO. Los derechos laborales individuales de las personas trabajadoras de los servicios de salud estatales, que se pudieran haber generado hasta antes de su transferencia al IMSS-BIENESTAR, con motivo de los convenios de coordinación que se celebren con las entidades federativas para la prestación de los servicios a la población objetivo, serán respetados en sus términos, sin perjuicio de que se puedan establecer esquemas de remuneraciones para las personas trabajadoras antes referidas, con sujeción a las disponibilidades presupuestarias del IMSS-BIENESTAR. El otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, incluido el servicio médico, quedará a cargo de la institución pública que los brinda actualmente, por lo que el IMSS-BIENESTAR debe realizar las gestiones correspondientes para cubrir las cuotas a que haya lugar, con cargo a los recursos que le transfieran las entidades federativas, de conformidad con el artículo 3 del presente decreto. Las personas que, a la entrada en vigor del presente decreto, cuenten con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales, pueden ser sujetos de reclutamiento por parte del IMSS-BIENESTAR, siempre que cumplan con los requisitos que éste establezca para su contratación. SEXTO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto y en términos de los convenios de coordinación que, en su caso, el IMSS-BIENESTAR suscriba con las entidades federativas, en términos del artículo 2 de este decreto, aquel será responsable del cumplimiento de las obligaciones que deriven de las condiciones generales de trabajo, que en su momento apruebe la Junta de Gobierno. El IMSS-BIENESTAR no será responsable de las obligaciones pensionarias, ni de otras obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridades en cualquier materia en juicios o procedimientos, ambas generadas previo a la entrada en vigor del presente decreto". Como se aprecia, el organismo público descentralizado denominado IMSS-BIENESTAR tiene por objeto brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados, bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna, ya sea mediante el Modelo de Atención Integral a la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social o, en su caso, el Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, mismo que debe considerar la atención integral que vincule los servicios de salud y la acción comunitaria, según lo determine su Junta de Gobierno. Asimismo, las disposiciones transcritas prevén que los servicios de salud se brindarán en aquellas entidades federativas con las que el IMSS-BIENESTAR celebre convenios de coordinación para la transferencia de dichos servicios. Además, que a partir de la entrada en vigor del decreto y en términos de los convenios de coordinación que, en su caso, el IMSS-BIENESTAR suscriba con las entidades federativas, aquel será responsable del cumplimiento de las obligaciones que deriven de las condiciones generales de trabajo que, en su momento, apruebe la Junta de Gobierno. De lo anterior, se advierte que la operación en el Estado de Oaxaca del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) que, a decir de la parte quejosa, tiene como consecuencia su despido forzoso como trabajador de los Servicios de Salud de Oaxaca, se encuentra condicionada a que, en su caso, se celebre el convenio de coordinación a que se refiere el decreto de referencia que tenga relación precisamente con el despido del personal de servicios de salud, como lo refiere la quejosa. Es decir, el reclamo de la parte quejosa constituye un acto futuro e, incluso, de realización incierta que de ninguna manera afecta su esfera jurídica, en la medida en que no reviste las características que materializan un agravio personal, real, directo y actual. Además, el artículo cuarto transitorio del decreto establece que serán respetados en sus términos los derechos laborales individuales de las personas trabajadoras de los servicios de salud estatales, que se pudieran haber generado hasta antes de su transferencia al IMSS-BIENESTAR, con motivo de los convenios de coordinación que se celebren con las entidades federativas para la prestación de los servicios a la población objetivo. En esas condiciones, como el decreto que tilda de inconstitucional no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, relacionados con los diversos artículos 107, fracción I, 6, 5 y 17 del mismo ordenamiento, se sobresee en el juicio de amparo. Se precisa que el anterior criterio fue sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja ***, en ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58, aplicable en términos del numeral sexto transitorio de la Ley de Amparo, y que fue publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el considerando segundo, y con base en los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

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