Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva
Expediente 943/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL. 943/2022. MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 1. Ejecutoria de la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, advirtiéndose que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ************, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Requerimiento de cumplimiento de la sentencia. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, ***********, para que, dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación cumpla conforme a la sentencia concesoria de amparo. 3. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir o no informar el impedimento legal o material que tenga para cumplir con la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), relativa a cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en relación con lo dispuesto por los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis I.13º.T. 3 K (10ª), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1767, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEAMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADO DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). 4. Procedimiento de inejecución de sentencia. Y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. 5. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. 7. Vigencia de nuevo Acuerdo General. Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19 y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.943/2022.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 943/2022; y, R e s u l t a n d o : Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, remitido el nueve de agosto siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: * Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. * La omisión de pronunciarse respecto de la declinatoria de competencia planteada mediante acuerdo de fecha doce de enero de dos mil veintidós, en el expediente 03/2021, por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno y admisión. Por auto de diez de agosto de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 943/2022 y se previno a la parte quejosa en los siguientes términos: ". Único. Precise a qué autoridad señala como autoridad responsable, al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca o a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. .". Tercero. Cumplimiento de prevención y admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veintidós de agosto de este año, ante el cumplimiento de la prevención formulada, al señalar la quejosa que la responsable lo es la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, se admitió a trámite la promoción inicial constitucional, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado respectivo y se citó a las partes para la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y la omisión reclamada se atribuye a una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, es: - La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca en pronunciarse respecto a la declinatoria de competencia planteada mediante acuerdo de fecha doce de enero de dos mil veintidós en el expediente 03/2021, por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, no rindió su informe justificado, pese haber transcurrido el plazo de quince días para ello, al haber quedado notificada el veintiséis de septiembre del año en curso de la petición respectiva; por lo que, en términos del párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Cuarto. Análisis del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. La quejosa refiere que se vulnera en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado ha omitido pronunciarse respecto de la declinatoria de competencia que le formuló la Junta de Arbitraje Municipal para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, mediante oficio que recibió el dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Precepto constitucional vulnerado. Ahora, como lo alega la quejosa, se actualiza la vulneración del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Pues consagra el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, ese precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2015591 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 24 de noviembre de 2017 10:35 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.) DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". El derecho humano de tutela judicial en su vertiente de tutela jurisdiccional efectiva, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que quienes tengan necesidad de que se les administre justicia, la reciban por órganos jurisdiccionales, creados con antelación al conflicto, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución, atento a los plazos previstos en la ley. Ese derecho no se agota con la mera solicitud de acceso, sino que requiere una respuesta del órgano jurisdiccional y, cuando se omite esa respuesta, ello se traduce en un retardo en la intervención del tribunal, que implica una incertidumbre jurídica acerca de la pretensión del actor, debido a la negativa implícita de examinar un asunto que se ha sometido a su potestad. Ahora, de las constancias existentes en autos se advierte que mediante resolución de doce de enero de dos mil veintidós, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, se pronunció sobre la demanda laboral que Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva presentó el cinco de mayo de dos mil veintiuno, y consideró que a la fecha en que se promovió ese escrito, la competencia para conocerla correspondía a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, pues aún no entraba en vigor la reforma laboral en el Estado de Oaxaca, por lo que ordenó remitir los autos originales del expediente a esa Junta. Así, por oficio JAM/062/2022, de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dirigido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, se le remitieron esos autos para que se resolviera lo procedente; oficio que fue presentado el dieciséis de mayo siguiente. El artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, que regula las actuaciones de las Juntas Locales, señala: "Artículo 838.- El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". Entonces, si a la fecha en que la quejosa promovió demanda de amparo, ocho de agosto de dos mil veintidós, la responsable aún no se pronunciaba sobre la incompetencia planteada por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, pese haber transcurrido tres meses; es obvio que vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 constitucional. Ello, porque la responsable no se pronunció en el plazo que fija la ley, como un elemento de la prontitud, ni a la fecha en que se dicta esta sentencia y, por tanto, al no haber decidido si acepta o no la demanda laboral sometida a su jurisdicción, por cuestión de competencia, la quejosa queda en estado de indefensión, pues no ha iniciado el juicio laboral en la que ha reclamado la violación a diversos derechos del trabajo. De ahí lo fundado del concepto de violación que hizo valer al respecto. Es aplicable, por tratar sobre el tema, la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 190894 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a. CXLVI/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Noviembre de 2000, página 351 Tipo: Aislada COMPETENCIA LABORAL. CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DECLINA DE OFICIO SU COMPETENCIA EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE ESTIMA COMPETENTE Y ÉSTE A SU VEZ LA RECHAZA, EL MISMO DEBE REMITIR DE INMEDIATO EL EXPEDIENTE LABORAL AL ÓRGANO QUE DEBA DECIDIR EL CONFLICTO COMPETENCIAL. Tratándose de conflictos competenciales en materia laboral, cuando la autoridad involucrada declina de oficio su competencia en favor del órgano jurisdiccional que estima competente, debe remitir de inmediato el expediente a este último, el que al recibirlo, si así lo considera, se declarará a su vez incompetente, remitiendo de inmediato los autos a la autoridad que debe decidir la competencia, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 701, de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que no se justifique el retardo del envío del expediente laboral a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que de suyo importa una lamentable denegación de justicia en franca violación a la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, que consagra el llamado derecho a la jurisdicción y cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de intereses que se les presenten, de tal suerte que el requisito de prontitud en la impartición de justicia tiene como elemento esencial el que las resoluciones se dicten dentro de los plazos que fijan las leyes, por lo que es dable afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira a la celeridad, cuando las resoluciones judiciales, en general, se dictan dentro de los plazos legales, que son elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa a otra, al tiempo de brindar la seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda; carga que también le impone la ley al tribunal ante el que se somete un conflicto de intereses para que pronuncie y realice las actuaciones que la ley le impone dentro del espacio temporal respectivo". Quinto. Efectos de la concesión del amparo. Ante lo cual, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto omisivo, se concede a la quejosa Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, se pronuncie sobre la declinatoria de competencia planteada mediante acuerdo de fecha doce de enero de dos mil veintidós en el expediente 03/2021, por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, y que le fue remitida mediante oficio JAM/062/2022, de diecinueve de abril de dos mil veintidós, y recibida el dieciséis de mayo siguiente. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva contra la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de pronunciarse respecto de la declinatoria de competencia planteada mediante acuerdo de fecha doce de enero de dos mil veintidós, en el expediente 03/2021, por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez; en términos y para el efecto a que se refieren los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoy veinticuatro de octubre de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Conste.
- Principal
PRAL.943/2022.MESA-1 Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con treinta y un minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Beatriz Bernardita Martínez Martínez secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional en este juicio de amparo *******, como se ordenó en acuerdo de fecha veintidós de septiembre del año en curso, sin que las partes solicitaran asistir. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria: a) Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva y demás constancias que integran este juicio de amparo. b) Hace constar que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en el momento procesal, determínese lo conducente. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa aportó la documental consistente en copia simple del: 1. Acuerdo emitido el doce de enero de dos mil veintidós por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Ayuntamiento del municipio de Oaxaca de Juárez. 2. Oficio dirigido al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós. Enseguida, se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por admitida la prueba documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; por lo que se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los expresó; por lo que se cierra esta etapa y se concluye esta audiencia, firmando los que en ella intervinieron, para enseguida dictar la sentencia relativa. JUEZ PONCIANO VELASCO VELASCO, TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, BEATRIZ BERNARDITA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SECRETARIA DE JUZGADO.
- Principal
PRAL.943/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que la parte quejosa aclaró la demanda de amparo y señaló como autoridad responsable a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez y no al presidente de dicha Junta; no obstante ello, se giró el oficio relativo a esta última autoridad. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena enviar el oficio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con transcripción del acuerdo emitido el veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el que se admitió la demanda de amparo promovida por Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva, y se le requirió rindiera su informe justificado. Lo anterior, comuníquese al presidente de la referida Junta Local, a quien no le resulta el carácter de autoridad responsable, quedando sin efecto el oficio que se le envío para que rindiera el informe respectivo. Anotaciones sise. Se instruye a la oficial judicial "a" de este órgano jurisdiccional realice las anotaciones en el sistema integral de seguimiento de expedientes, para que la autoridad señalada como responsable aparezca en el apartado relativo. 2. Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se fijan las nueve horas con treinta y un minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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