Janet Adelaida Bacelis Salas

Expediente 1079/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 35 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1079/2018
Año
2018
Actuaciones
35
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • Janet Adelaida Bacelis Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    MESA V. Vistos los presentes autos y toda vez que de autos se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que la expresada resolución que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, atendiendo a que no obstante que se tramitó y substanció el incidente de suspensión solicitado en estos autos, se advierte que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto que reclamó la parte quejosa; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la diversa hipótesis a que se refiere la fracción III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN; por lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de amparo, ni el incidente de suspensión derivado del mismo. Finalmente, y toda vez que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos las copias simples que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, diversas documentales; esto es, ochenta y seis anexos, en consecuencia, de conformidad con el punto vigésimo del capítulo quinto del acuerdo general señalado en el párrafo que antecede, notifíquese a la parte quejosa que cuenta con el termino de noventa días para que comparezca a este juzgado a recoger los mismos, desde luego previa certificación y recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dichos documentos seguirán la suerte de este expediente principal.

  2. Principal

    MESA V. En Mérida, Yucatán, a las diez horas con trece minutos del tres de julio de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, asistido del Secretario de Juzgado con quien actúa, Pablo Pérez Pacheco, procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio V-1079/2018, promovido por JANET ADELAIDA BACELIS SALAS, LEONIDA DEL ROSARIO HUCHIN MAS, LUZ MARIA SALAZAR GÓMEZ, YOGNY ASTRUBAL CHAC PEREZ, MARCO ANTONIO CASANOVA MORENO, JOSÉ MATEO UC BALAN, VICTOR MANUEL POOL EUAN, MEDRADO ASTILLO VALLE, SELMY LORENA SUAREZ GONZALEZ, SILVIA YOLANDA BLANCO MANRIQUE, MARIA JOSÉ SALAS SALAZAR, NELLY GUADALUPE GONZALEZ CONRADO, LAURA GUADALUPE CETINA PEREZ, KARLA CECILIA TRUJILLO ALCOCER, LETICIA MARGARITA SOLIS LIRA, y ELENA PATRICIA PALOMO CERVERA, contra actos que reclaman del Titular de los Servicios Educativos Integrados al Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. El Secretario hace constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. A continuación, el Juez ordena al Secretario de Juzgado hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se da cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancias de notificación a las autoridades responsables; y d) Proveídos mediante los cuales se tuvo por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, el ciudadano Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de garantías, incluyendo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario de Juzgado procede a dar cuenta con la prueba documental que anexó la parte quejosa a su demanda, así como las documentales ofrecidas por las autoridades responsables. En ese orden de ideas, el Titular de este Juzgado acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten tales probanzas, las que se desahogan sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. Enseguida se abre el período de alegatos no se da cuenta con promoción alguna, y a continuación, el suscrito Juez procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos antes señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo V-1079/2018. A N T E C E D E N T E S ... ... C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra una Ley que tuvo aplicación en este territorio donde este Juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario exponer, de manera clara y precisa, los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: "LA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA SE LE IMPUTAN LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS SIGUIENTES AUTORIDADES RESPONSABLES. 6. DEL EJECUTIVO FEDERAL RECLAMAMOS LA OMISIÓN DE PRESENTAR LA INICIATIVA DE LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, DE MANERA EFICIENTE O COMPLETA EN CUANTO AL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DOCENTES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA PERMANENCIA, QUE CONSTITUYE EL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO DE EVALUACIÓN. 7. DE LAS DOS CÁMARAS DE SENADORES COMO LA DE DIPUTADOS, RECLAMAMOS LA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA, CONSISTENTE EN PRESENTAR, DISCUTIR, VOTAR Y APROBAR EL PROCESO O PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DOCENTES QUE PRESENTARAN LA EVALUACIÓN DE LA PERMANENCIA EN LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, LA CUAL SE LEGISLÓ DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, AL NO PREVER EL DERECHO HUMANO DE LA LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES QUE DEBEN PRESENTAR LA EVALUACIÓN DE LA PERMANENCIA.". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la ciudad de México, porque aun cuando lo negaron expresamente al rendir su correspondiente informe justificado, la existencia de la ley cuya omisión se alega no está sujeta a prueba. CUARTO. Improcedencia del juicio. Improcedencia del juicio. Conforme a la técnica reconocida en la resolución de los juicios de amparo, previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que aleguen las partes, o bien, que se adviertan de oficio, por tratarse de cuestiones de orden público y de estudio preferente al de fondo, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular se advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto materia del mismo;" En lo que interesa, la fracción de la norma transcrita prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surta efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De la lectura de dicho precepto legal se deduce que las condiciones para que opere la citada causa de improcedencia son: 1. Que el acto u omisión reclamada subsista. 2. Que no pueda surtir efecto legal o material alguno. 3. Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. De acuerdo con el primero de los elementos enunciados, para que se actualice el mencionado motivo de improcedencia es necesario que el acto u omisión reclamada sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo, esto es, que las autoridades señaladas como responsables en realidad hayan expedido el acto cuya inconstitucionalidad se propuso o hayan omitido realizar alguno. Por lo que respecta al segundo de los componentes, cabe señalar que se refiere a la irrealizabilidad de los efectos legales o materiales del acto u omisión reclamado a pesar de su subsistencia, es decir, el acto u omisión atacado por inconstitucional resulta inocuo en la esfera jurídica del gobernado, porque sus consecuencias materiales o jurídicas jamás podrán concretarse en perjuicio del quejoso. Aquí encontramos un matiz de otra causa de improcedencia, debido a que ante la situación de que el acto u omisión no puede surtir efecto legal o material alguno, se traduce en una falta de afectación al interés jurídico del gobernado. El tercero de los elementos referidos es el más importante de la causa de improcedencia que nos ocupa, en virtud de que constituye su parte esencial. Es importante destacar que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto u omisión reclamado y no en el juicio en sí, además de que surge con posterioridad a la emisión del acto o de la omisión, y por razones naturales o reflejos de otros actos jurídicos es imposible que surta efectos legales o materiales. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene, en cuanto a la hipótesis en estudio, lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese sentido, también se estima conveniente precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y convencional cuyo objeto constituye reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto u omisión de autoridad que genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin último de restituirlo en el pleno goce de tales derechos que le han sido violentados, pues el legislador ordinario ha establecido como principio que rige a su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a pronunciarse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya instado. La causa de improcedencia antes señalada, se encuentra orientada por la imposibilidad de realizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, a fin de que se le restituya al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, conforme a lo dispuesto en la señalada fracción XXII del invocado numeral 61, no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo, si no se puede alcanzar su objetivo protector, como acontece en el caso de la omisión reclamada por la parte quejosa, pues no puede surtir efecto legal o material alguno en su esfera jurídica, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; esto es, ha dejado de existir la Ley General del Servicio Profesional Docente cuya omisión de regular la forma eficiente y completa el proceso de selección de docentes para la presentación de la evaluación de su permanencia, omisión que le fue atribuida a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la ciudad de México. En efecto, se arriba a la convicción de que la invocada causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en que, subsistiendo la omisión legislativa reclamada, consistente en la omisión de presentar, discutir votar y aprobar el proceso o procedimiento de selección de docentes para la presentación de la evaluación de la permanencia en la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual se legisló de manera parcial o deficiente al no prever un mecanismo completo y eficiente del proceso evaluación de permanencia de selección de docentes que debe presentar la evaluación de permanencia, omisión que le fue atribuida a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la ciudad de México, no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, la cual se actualiza cuando el órgano jurisdiccional advierta que los efectos del acto u omisión de autoridad impugnada no se han concretado en la esfera jurídica de la parte amparista, ni podrán concretarse, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que fue emitido. Lo anterior es así, porque de concluirse que el acto u omisión reclamada es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo, pues aun cuando subsista la omisión reclamada, si se modifica la situación jurídica que surgió con motivo de él, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado susceptible de ser reparada, ello impide que el acto u omisión reclamada y sus efectos trasciendan a ésta última y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad específica. Los razonamientos expuestos encuentran punto de apoyo en la tesis número 2ª.XCIX/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Una vez precisado cómo opera la señalada causal de improcedencia en el juicio, a fin de demostrar su actualización en la especie, conviene señalar que en el presente juicio se reclama la omisión legislativa relativa, consistente en presentar, discutir, votar y aprobar el proceso o procedimiento de selección de docentes para la presentación de la evaluación de la permanencia en la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual se legisló de manera parcial o deficiente al no prever el derecho humano a la legalidad y debido proceso de evaluación, al no prever el proceso de selección de docentes que debe presentar la avaluación de permanencia, omisión que le fue atribuida a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la ciudad de México. Sin embargo, durante la tramitación del presente juicio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, de cuyos artículos transitorios se observa lo siguiente: "Segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en la leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto.... Tercero. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que afectaron la permanencia de los maestras y de los maestros en el servicios Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto.". Ahora bien, dichas disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el quince de mayo del año en curso, cuya entrada en vigor, se efectuó al día siguiente de su publicación; esto es, el dieciséis del propio mes y año, tal como lo ordenó el artículo 1° transitorio. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, pues durante el juicio de amparo, se derogo la ley cuya omisión legislativa se reclama, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por tanto, debe concluirse que en la especie sobrevino la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, este Juzgador: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JANET ADELAIDA BACELIS SALAS, LEONIDA DEL ROSARIO HUCHIN MAS, LUZ MARIA SALAZAR GÓMEZ, YOGNY ASTRUBAL CHAC PEREZ, MARCO ANTONIO CASANOVA MORENO, JOSÉ MATEO UC BALAN, VICTOR MANUEL POOL EUAN, MEDRADO ASTILLO VALLE, SELMY LORENA SUAREZ GONZALEZ, SILVIA YOLANDA BLANCO MANRIQUE, MARIA JOSÉ SALAS SALAZAR, NELLY GUADALUPE GONZALEZ CONRADO, LAURA GUADALUPE CETINA PEREZ, KARLA CECILIA TRUJILLO ALCOCER, LETICIA MARGARITA SOLIS LIRA, y ELENA PATRICIA PALOMO CERVERA, contra actos de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la ciudad de México, en términos de la consideración última de esta sentencia. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Agréguense a estos autos al oficio signado por el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos y en representación del Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública con sede en la ciudad de México y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Titular de la Unidad de asuntos Jurídicos y Transparencias de la Secretaría de Educación Pública en representación de la Secretaría de Educación Pública esta a su vez en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la ciudad de México, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación. Por otra parte, respecto a lo que solicita la autoridad responsable en su informe de Ley, en el sentido de reproducir constancia alguna que obran en autos del juicio de amparo en que se actúa a través de instrumentos electrónicos como cámara fotográfica y teléfono celular; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza a la citada autoridad responsable por conducto de sus delegados para que puedan hacer uso de los medios que alude en su oficio de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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