Jamez David Robert Wardrop
Expediente 1757/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 36 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1757/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jamez David Robert Wardrop
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de las que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia, en cuyo primer punto resolutivo sobreseyó en el presente asunto, y en el segundo negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, siempre y cuando obren en el expediente físico en que se actúa, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa; provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I, inciso b), del citado artículo 18, éste debe ser depurado, con los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, siempre y cuando obren en el expediente físico en que se actúa, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Pamela Medina Sánchez, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Tekax de Obregón, en el que acusa recibo del oficio 5186/2023, con que se le comunicó la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; sin necesidad de hacer pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de diez de marzo en curso, se agregó a estos autos un telegrama remitido por la autoridad en comento, en el que informó lo arriba indicado, y se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE
- Principal
MESA III. Agréguese a los autos el telegrama remitido por el Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Tekax, Yucatán, mediante el cual acusa recibo del oficio 5186/2023, con el que se le comunicó la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; de lo que se toma nota y se considera para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
eAUDIENCIA CONSTITUCIONAL****************************************En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo III-1757/2022, promovido por********************; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia.****************************************La Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por la Juez Segundo de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otras autoridades.****************************************Acto seguido, la Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda.****************************************Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que la autoridad responsable, Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió en apoyo a su informe justificado, así como el disco óptico del registro electrónico de la audiencia de tres de julio del presente año, la cual obra en formato DVD; en mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba antes citada, la cual se tiene por desahogada en virtud de su naturaleza jurídica; abierto el período de alegatos, se da cuenta con las manifestaciones vertidas por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en su pedimento número 336/2022.****************************************La Jueza acuerda: Se tienen por formuladas las manifestaciones de la representación social federal, que en su caso, serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de la Materia; por lo que se cierran dichas etapas. ********************A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución siguiente.****************************************VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************contra el acto que reclama de la Jueza del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. ****************************************R E S U L T A N D O:****************************************PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el dieciocho de julio de dos mil veintidós, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, recibido el seis de julio siguiente, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente:****************************************"AUTORIDADES RESPONSABLES.-********************1.- El Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Mérida, Yucatán;********************2.- El Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Mérida, Yucatán;********************3.- El Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Progreso, Yucatán;********************4.- El Juez Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Kanasín, Yucatán;********************5.- El Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Tekax, Yucatán;********************6.- El Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Umán, Yucatán;********************7.- El Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Valladolid, Yucatán;********************8.- C. Fiscal General del Estado de Yucatán.********************9.- C. Fiscal titular de la fiscalía Investigadora Especializada en Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. ********************10.- C. Director de Investigación y atención temprana Fiscalía General Del Estado de Yucatán.********************11.- El C. Director de la Policía Investigadora del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública. ****************************************ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN Y/O COMPARECENCIA ordenadas en mi contra, bajo la supuesta imputación de un delito que no he cometido. Acto al parecer ordenado por las nueve primeras autoridades que pretenden ejecutar las últimas."****************************************SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de veinte de julio de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el Libro de Gobierno bajo el expediente ********************, se admitió a trámite, se solicitaron informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete, y previos diferimientos, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio****************************************TERCERO. Emplazamiento de los terceros interesados. Por acuerdos de once de noviembre de dos mil veintidós y trece de enero del año en curso, se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados ********************,********************y ********************, y al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado.****************************************C O N S I D E R A N D O:****************************************PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es competente legalmente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por una autoridad con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tiene ejecución en dicha ciudad; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. ****************************************SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con las constancias del juicio.****************************************Se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: ****************************************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia reclama de las autoridades señaladas como responsables:****************************************La orden de aprehensión dictada en su contra, el tres de julio de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa ********************por su probable intervención en la comisión del delito de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y trabajos forzados, previsto y sancionado por al artículo 10, fracciones IV y V en relación con el artículo 21, fracciones I y II y artículo 22, fracción I, todos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, denunciado por ********************,********************y ********************.****************************************TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Mérida; el Juez adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado en funciones de Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso; la Juez adscrita al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín; el Juez de Control del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede Tekax; la Juez adscrita al Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, encargada del despacho del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Umán, Yucatán; la Juez del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid; el Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; al rendir sus correspondientes informes justificados, en relación a los actos reclamados, negaron la existencia de los mismos.****************************************En efecto, las citadas responsables negaron la existencia de la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, así como su ejecución; lo anterior, sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la certeza de tales actos y tampoco hay alguna presunción legal o humana que evidencie su certeza.****************************************Por tanto, procede sobreseer en este juicio, en relación a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.****************************************Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes: ****************************************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." ************************************************************CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Jueza del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado; el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado; y el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado, en tal virtud, se tiene por cierto el mismo.****************************************Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:****************************************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." ****************************************Lo que además se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta administrativa ********************, y un disco compacto en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el tres de julio del año inmediato anterior, que la Jueza responsable remitió con su informe justificado, de las que se advierte la existencia de la orden de aprehensión reclamada; instrumentos que tienen pleno valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del ordinal 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.****************************************Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:****************************************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".****************************************Así como la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes:****************************************"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."****************************************QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, debe, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos de la parte final del artículo 61 de la Ley de Amparo.****************************************Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala:****************************************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************En el caso, las partes no plantearon causal de improcedencia en este juicio, ni se advierte oficiosamente alguna otra que deba ser estudiada de oficio acorde a lo establecido por el artículo 63, último párrafo de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio del fondo de la litis constitucional, a través de los conceptos de violación planteados.****************************************SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, dado que ningún artículo de la Ley de Amparo lo exige. Resulta aplicable en la especie, la Jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes:****************************************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************SÉPTIMO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, se considera pertinente establecer los antecedentes del acto reclamado, datos que se obtienen de las actuaciones remitidas por la Jueza responsable en apoyo a su informe con justificación, a las que se confirió valor probatorio pleno en párrafos que anteceden, de las que destacan por su relevancia, las siguientes.****************************************El veintiocho de junio de dos mil veintidós se recibieron denuncias interpuestas por ********************, ******************** e ********************, en las que refirieron, en síntesis, que desde el día veinticinco de junio de dos mil veintidós hasta las diez horas con diez minutos aproximadamente del día veintiocho de junio de la referida anualidad, ********************,******************** y ********************, en compañía de otras personas, retenían, alojaban y propiciaban malos tratos a determinadas personas en el interior de un ********************, el cual se encontraba ubicado en el predio número ******************** de la calle ********************por ********************y siete y ********************y nueve del ********************de esta ciduad, en contra de su voluntad; entre estas personas se encontraban ******************** quien estaba retenido en dicho lugar desde el día veinticinco de junio de dos mil veintidós, e ******************** quien estaba retenido desde el veintisiete de junio del año en cita, los cuales laboraban en ese lugar, que éstas personas se encontraban retenidas y alojadas con la finalidad de ser explotadas tanto laboralmente como en realizar trabajos y/o servicios forzados, ya que eran obligados a trabajar durante varias horas sin oportunidad de retirarse del lugar, así como tampoco recibían el pago que deberían de recibir y eran sometidos a agresiones físicas así como amenazas en sus personas; ******************** llevaba trabajando en dicho lugar desde hace seis meses y ******************** desde hace tres años, que desde que laboraban en dicho lugar han sido víctimas de las referidas conductas. ****************************************Una vez realizadas las diligencias pertinentes, por escrito de dos de julio de dos mil veintidós, la fiscal adscrita a los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, solicitó una orden de aprehensión en contra de ********************,******************** y ********************, por hechos posiblemente constitutivos del delito de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y trabajos forzados, previsto y sancionado por al artículo 10, fracciones IV y V, en relación con los numerales 21, fracciones I y II, y 22, fracción I, todos relativos a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. ****************************************En audiencia de tres de julio de dos mil veintidós, la Jueza del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, resolvió lo conducente en relación con la orden de aprehensión solicitada por la fiscal de su adscripción, cuyos puntos resolutivos fueron:****************************************"RESUELVE****************************************PRIMERO. Se accede a la petición efectuada por la fiscal de la adscripción, licenciada ******************** mediante memorial presentado vía electrónica, el día de ayer, 2 dos de julio de 2022 dos mil veintidós, a las 20:27 horas, consistente en decretar ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de ********************, ********************y ********************, por su probable intervención en la comisión del delito de TRATA DE PERSONAS EN SUS MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y TRABAJOS FORZADOS, previsto y sancionado por al artículo 10 diez fracciones IV cuarta y V quinta en relación con los numerales 21 veintiuno fracciones I primera y II segunda, y 22 veintidós fracción I primera, todos relativos a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, denunciado por los ciudadanos ********************, ******************** e ********************.********************SEGUNDO. Como corolario de lo anterior, siendo las 18:48 dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos del día de hoy 3 tres de julio de 2022 dos mil veintidós, se dicta orden de aprehensión en contra de ********************, ********************y ********************, por su probable intervención en la comisión del DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN SUS MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y TRABAJOS FORZADOS, previsto y sancionado por al artículo 10 diez fracciones IV cuarta y V quinta en relación con los numerales 21 veintiuno fracciones I primera y II segunda, y 22 veintidós fracción I primera, todos relativos a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, denunciado por los ciudadanos ********************, ******************** e ********************.********************TERCERO. Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, deberá presentarse de manera inmediata a los investigados ante esta autoridad, para que se lleve a cabo la audiencia relativa a la formulación de imputación instada por el órgano técnico de la acusación, a que se refiere los artículos que van del 309 trescientos nueve al 311 trescientos once del Código Nacional de Procedimientos Penales, en vigor.********************CUARTO. Al cumplimentarse la orden de aprehensión, con fundamento en el artículo 16 dieciséis, párrafo cuarto de la Constitución Federal, en relación con el 145 ciento cuarenta y cinco del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad ejecutora observará los siguientes protocolos: 1. La inmediatez en la puesta a disposición de la persona detenida ante esta autoridad; 2. El registro de la detención del mismo; 3. La lectura de derechos al detenido; 4. Anexar un certificado médico del estado de salud en que se encontrare, y en caso de que necesite atención médica o se refiera a personas de un grupo vulnerable, actuar conforme a los protocolos correspondientes y brindarle la asistencia necesaria para preservación de su salud, y respeto a sus derechos fundamentales; y, 5. Si el imputado se encuentra acompañado de menores de edad o de alguna persona perteneciente a un grupo vulnerable, al momento de la detención, se deberá actuar conforme e a los protocolos establecidos, a fin de respetar en todo momento los derechos de los menores o de esas personas pertenecientes a grupos vulnerables.********************Dada la Pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2 (coronavirus) que se encuentra atravesando nuestro Estado Mexicano, al momento de cumplimentarse la orden de aprehensión y en caso de que los citados investigados presenten alguna sintomatología relativa a dicho virus, es decir, que presenten gripe, tos, fiebre o cualquier otro síntoma, deberán trasladar a dichos investigados de manera inmediata al nosocomio que las autoridades sanitarias han habilitado para ello, con la debida guarda y custodia para evitar su fuga, debiendo informar a esta autoridad todo lo acontecido de manera detallada y cualquier circunstancia relevante, todo lo anterior, a fin de salvaguardar la salud de todas y cada una de las partes intervinientes.********************QUINTO. Entréguesele a los citados ********************, ********************y ********************, al momento de su detención, copia debidamente autorizada de la presente resolución; asimismo, la puesta a disposición deberá ser preferentemente en este Centro de Justicia Oral de Mérida, y solo por excepción de la hora en que se cumplimente la orden de aprehensión emitida, podrán ser puestos a disposición, de esta autoridad judicial en el Centro de Reinserción Social de Mérida, lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 145 ciento cuarenta y cinco del Código Nacional de Procedimientos Penales, debiéndose informar de inmediato a esta autoridad.********************SEXTO. Expídase copia certificada por triplicado de la presente resolución, al fiscal de la adscripción, para el debido cumplimiento, por medio de la Policía Estatal de Investigación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, o bien, de quien estime pertinente. ******************** NOTIFÍQUESE únicamente a la Representación Social y CÚMPLASE." ****************************************Esta resolución constituye el acto impugnado en esta instancia constitucional. ****************************************OCTAVO. ESTUDIO DEL ASUNTO. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el que deberá negársele el amparo y protección que solicita; sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.****************************************En principio, es necesario precisar que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Jueza de Control responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, de tal manera que a efecto de examinar el acto reclamado, se tomará en consideración el relato efectuado por los fiscales respecto de la solicitud de la orden de aprehensión, y las cuestiones en la que, con motivo de ello, la responsable se haya apoyado para dictar la resolución que aquí se combate.****************************************De esta manera, el análisis sobre la constitucionalidad del acto reclamado deberá estudiarse sólo con base en las cuestiones relatadas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión, ni tomar en consideración la carpeta de investigación.****************************************Dado que, la responsable, por regla general, no puede revisar su contenido, debiendo resolver conforme a lo que expongan las partes en la audiencia respectiva; y sólo en el caso de que la responsable hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que este órgano jurisdiccional podría imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquélla haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia, lo que en la especie no acontece.****************************************Al caso, es orientadora la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:**************************************** "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda."****************************************Por tanto, la orden de aprehensión reclamada será analizada en esta sentencia únicamente con base en las cuestiones expuestas por los fiscales al solicitar tal medida y ponderadas por la Jueza de Control responsable, sin que haya lugar a introducir nuevos temas al respecto.****************************************Precisado lo anterior, se procede al análisis de los argumentos propuestos por el quejoso conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo.****************************************Así, con la intención de controvertir el actuar de las autoridades responsables, como motivos de inconformidad, el peticionario del amparo aduce violación a sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Sostiene, medularmente, que se le pretende privar de su libertad por un acto que no está fundado ni motivado, y sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y se le haya dado la oportunidad de defenderse.******************** ********************Son infundados tales motivos de inconformidad, por las consideraciones siguientes:****************************************Al respecto cabe señalar que la medida restrictiva de libertad que nos ocupa, derivó de la petición formulada por escrito del Agente del Ministerio Público, al considerar la actualización de la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, necesidad de cautela.****************************************En este sentido, la orden de aprehensión como la que ahora se analiza, es considerada dentro del sistema de justicia penal acusatorio como uno de los medios previstos para hacer comparecer a los imputados ante la presencia del juez, siendo su única finalidad la de conducir a los imputados a la audiencia inicial para realizar la formulación de la imputación, pues la situación en la que habrá de permanecer durante la tramitación del proceso seguido en su contra, será definida, en su caso, al momento de discutir en audiencia sobre la medida cautelar a imponer, de las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ****************************************Resulta dable citar al caso, la tesis XV.3o.2 P (10a.), de rubro y texto:****************************************"ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. La orden de aprehensión es una medida efímera, al cobrar vigencia únicamente desde el momento en el que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a ésta a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que aquélla es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, un auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada, en la medida en que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre en el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; de ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso."******************** ********************Es oportuno establecer, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la orden de aprehensión no es la única forma de conducir al imputado a proceso. El legislador estableció dos hipótesis más que resultan menos lesivas al derecho de libertad consagrado a favor de las personas, como son: la citación y la orden de comparecencia. ****************************************Luego, si el nuevo paradigma de justicia penal de corte acusatorio implica un sistema garantista de mínima intervención, en el cual la afectación a la libertad personal invariablemente constituye la última razón de aplicación para determinar la incoación del procedimiento penal, para el caso que el Ministerio Público solicite y el juez decida librar una orden de aprehensión como la reclamada, a través de la presente vía constitucional, indefectiblemente deben quedar colmados a cabalidad todos y cada uno de los requisitos legales exigibles para su emisión, pues de lo contrario, se vulneraría el derecho a la libertad en perjuicio del gobernado.****************************************Resulta aplicable la tesis 1a. CXCIX/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:****************************************"LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional."****************************************Precisado lo anterior, esta juzgadora federal verificará si la orden reclamada satisface las exigencias a que alude el dispositivo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, en lo conducente, respectivamente, señalan:****************************************"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ********************(.) ********************No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión."****************************************"Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión ********************Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: ********************I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; ********************II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y ********************III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. ********************En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. ********************También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. ********************La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. ********************El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. ********************El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario."****************************************"Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión ********************En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. ********************Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control."********************"Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia ********************El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud.********************En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público.********************En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud.********************En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. ********************Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público."****************************************De acuerdo con los artículos transcritos, para el libramiento de una orden de aprehensión deben satisfacerse ciertos requisitos procesales, formales y materiales, que se enlistan a continuación:****************************************I. Requisitos procedimentales ****************************************La fiscal adscrita a los Juzgados de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, el dos de julio de dos mil veintidós, por escrito, solicitó orden de aprehensión contra el quejoso, destacó los registros en que sustentó su petición y las razones por las que estimó que se cumplían los requisitos para librar la orden de captura.****************************************Ante tal petición, la jueza responsable convocó a una audiencia en la que se escucharía en la misma la solicitud del Ministerio Público.****************************************Al efecto, en audiencia de tres de julio del año dos mil veintidós, la jueza responsable resolvió acerca de la solicitud efectuada por los agentes del ministerio público, en la que hicieron una relación de los hechos atribuidos al imputado y de los registros correspondientes; asimismo, expusieron las razones por las que consideraron que se actualizaron las exigencias señaladas para su emisión; con lo que se cumplieron los artículos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ****************************************En este aspecto, cabe precisar que no es un requisito para el dictado de una orden de aprehensión conceder audiencia previa a la persona contra la que se dirige ni darle intervención en la actuación en la que se solicita el mandato de captura.****************************************II. Requisitos formales ****************************************a) Que sea dictada por una autoridad judicial.****************************************Se encuentra satisfecha la primera de las exigencias formales señaladas, consistente en que la orden de aprehensión sea dictada por autoridad judicial, toda vez que en el caso la orden de captura fue librada por la Jueza del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, como consta en la copia certificada del audio y video que remitió la citada autoridad.****************************************Además -como lo precisó la jueza-, era competente para librar la orden de captura, ya que los hechos por los que se dictó se realizaron en la Ciudad de Mérida, Yucatán; ámbito territorial de competencia establecida para los jueces de control del Poder Judicial del Estado de Yucatán, como lo es la Jueza de control responsable.****************************************Misma que tiene el carácter de autoridad judicial y ser la competente para ello, en términos de los numerales 16 Constitucional, párrafos primero, tercero y décimo cuarto; artículos 20, fracción I, y 133 fracción I, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como los Acuerdos Generales EX-16-120815-02 y EX-06-140428-01 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán.****************************************b) La existencia de una denuncia o querella.****************************************El segundo de los requisitos formales también se encuentra satisfecho, pues en la solicitud de orden de aprehensión, la fiscal -y así lo avaló la jueza de control- hizo relación que el hecho delictuoso por el cual la representación social solicita la orden de captura, precedió la denuncia interpuesta por ********************, ******************** e ********************, el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en las cuales se hizo referencia a que desde el día veinticinco de junio de dicha anualidad hasta las diez horas con diez minutos aproximadamente del día veintiocho de junio referido, ********************,******************** y ********************, en compañía de otras personas, retenían, alojaban y propiciaban malos tratos a determinadas personas en el interior de un ********************, el cual se encontraba ubicado en el predio número ******************** de la calle ********************por ********************y siete y ********************y nueve del ********************de esta ciudad, en contra de su voluntad; entre estas personas se encontraban ******************** quien estaba retenido en dicho lugar desde el día veinticinco de junio de dos mil veintidós e ******************** quien estaba retenido desde el veintisiete de junio de la anualidad en comento, los cuales laboraban en ese lugar, que éstas personas se encontraban retenidas y alojadas con la finalidad de ser explotadas tanto laboralmente como en realizar trabajos y/o servicios forzados, ya que eran obligados a trabajar durante varias horas sin oportunidad de retirarse del lugar, así como tampoco recibían el pago que deberían de recibir y eran sometidos a agresiones físicas así como amenazas en sus personas; ******************** llevaba trabajando en dicho lugar desde hace seis meses y ******************** desde hace tres años, que desde que laboraban en dicho lugar han sido víctimas de las referidas conductas; hechos que se encuentran relacionados con la carpeta de investigación ********************.****************************************c) Que el hecho denunciado esté considerado por la ley como delito y sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad.****************************************El hecho que la ley señala como delito por el cual se dictó la orden de captura es el de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y trabajos forzados, ilícito que se encuentra previsto y sancionado por al artículo 10 fracciones IV y V en relación con los numerales 21, fracciones I y II, y 22, fracción I, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que tiene como punibilidad la prevista en los numerales 10, 21 y 22 de la citada Ley, es decir, de cinco a quince años de prisión; de tres a diez años de prisión y de diez a veinte años de prisión; por tanto, se cumple este requisito para emitir la orden de aprehensión.****************************************d) Que el acto esté fundado y motivado.****************************************También se considera cumplido el último requisito formal para el dictado de una orden de aprehensión, consistente en que se encuentre fundada y motivada.****************************************En efecto, para el dictado de la orden de aprehensión, es un requisito que de la carpeta de investigación y sus antecedentes expuestos por la autoridad ministerial se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que el imputado haya participado en el mismo.****************************************Así, es necesario que al momento en que emita una orden de aprehensión, la autoridad judicial exponga las razones por las que estima que sí se colmaron los requisitos mencionados y los datos de prueba relatados por la representación social que tomó en consideración para arribar a dicha determinación.****************************************Se dice lo anterior, pues el artículo 16 constitucional establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto.****************************************En este caso, tales requisitos están cumplidos porque la jueza responsable explicó las razones por las que estimó que sí estaban cumplidas las exigencias para librar una orden de captura, ya que:****************************************La autoridad precisó su competencia, la que fundó en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 5 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y artículo 1, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán.****************************************Luego precisó por qué estaba acreditada la existencia de las denuncias.****************************************Posteriormente explicó que, a su juicio, los datos de prueba que la fiscalía sometió a su consideración son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictuoso de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y trabajos forzados.****************************************Enlistó y consideró los datos de prueba que se sometieron a su consideración.****************************************Luego, la jueza responsable estimó que estos datos permitían justificar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución en que se desarrolló el evento que la ley contempla como delito; así como hay indicios que generan la probable convicción de que el imputado intervino en tal hecho.****************************************Por tanto, este requisito se encuentra puntualmente satisfecho, pues la responsable señaló con precisión las circunstancias especiales o causas inmediatas que tuvo en consideración para concluir que existió en el mundo fáctico la acción delictiva y que el aquí quejoso probablemente participó en su comisión.****************************************Además, citó correctamente los artículos donde se tipifica y sanciona el supuesto punitivo, como lo son, el artículo 10 fracciones IV y V en relación con los artículos 21, fracciones I y II, y 22, fracción I, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de ahí que, clasificó jurídicamente la conducta atribuida al inconforme y mencionó los ordinales del Código Nacional de Procedimientos Penales tomados en cuenta para la emisión de la resolución reclamada; precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y la probable participación del aquí quejoso en la comisión de ese hecho ilícito.****************************************De acuerdo con lo que se resume, esta Juzgadora Federal considera que se cumplió el requisito de fundamentación y motivación de la orden de aprehensión reclamada, ya que la jueza responsable no sólo relató los datos de prueba, sino que explicó el alcance valorativo de los datos de prueba referenciados para el dictado de la orden de aprehensión, las inferencias que podía realizar con éstos y las razones por las que, a su consideración, se establecía la probable existencia del hecho que la ley señala como delito y la posibilidad de que el quejoso hubiera participado en ese hecho.****************************************Además, los razonamientos de la jueza son suficientes para posibilitar la defensa del quejoso, esto es, para que éste conozca los motivos por los que se ordenó su aprehensión y, por ende, pueda controvertirlos. ****************************************III. Requisitos materiales ****************************************a) Necesidad de cautela.****************************************El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en qué casos no basta la emisión de citatorios u órdenes de comparecencia, y es necesaria la emisión de una orden de aprehensión: ****************************************Cuando el Ministerio Público considere que existe necesidad de cautela (artículo 141, párrafo primero, fracción III); ****************************************Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad (artículo 141, párrafo tercero). ****************************************Cuando se declare sustraído de la acción de la justicia al imputado, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, tendiendo la obligación de darlo (artículo 141, párrafo cuarto). ****************************************En el caso a estudio, los fiscales que solicitaron la orden de aprehensión consideraron que era necesaria una orden de captura, ante la posibilidad de que los investigados se sustraigan de la acción de la justicia, dado que la comparecencia de aquellos a la audiencia en la que se les hará la formulación de la imputación correspondiente, se vería dificultada, ya que en caso de ser citados en términos de los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al tener conocimiento de las consecuencias de tales actos y de que pueden ser objetos de una sanción privativa de libertad, pues el delito respecto del cual se solicitaba la orden de captura amerita prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19, parrado segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; existe la posibilidad de que se den a la fuga. ****************************************También, que existe el riesgo para la víctima, ofendido o testigo, de conformidad con el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acorde a las circunstancias del hecho, ya que los investigados conocen donde viven los agraviados y aspectos de su vida personal, y representan un peligro para ellos pues los agraviados refirieron ser golpeados por los investigados porque sabían información del negocio y por ello se había ordenado ejecutarlos.****************************************Aunado, que los investigados no tienen un domicilio fijo por cuanto de la información de los denunciantes y testigos, se advirtió que aquellos tenían doble nacionalidad, por lo que existe la posibilidad de que se sustraigan de la justicia. ****************************************Por su parte, la jueza responsable señaló que resultaban procedentes los argumentos del Ministerio Público y estimó que se justificaba la necesidad de cautela, dado que, con base a los datos aportados por la fiscalía y lo relatado en la audiencia, se advirtió que las características de la pena y el tiempo de duración previsto, pudiera influir en los investigados para evadirse de la acción de la justicia y que no comparezcan a la audiencia de formulación de imputación; así como que el delito atribuido amerita medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; que el quejoso no tenga arraigo domiciliario en el lugar donde deben ser juzgado, ya que su residencia era el lugar donde acontecieron los hechos el que actualmente se encuentra asegurado, que constantemente se cambiaban de sitio del lugar donde desempeñaban sus actividades, por lo que se infiere el riesgo fundado de fuga.****************************************Así como la existencia del riesgo para las víctimas y testigos, ya que los investigados conocen el lugar en el que habitaban las víctimas, que las amenazas y golpes que le fueron propiciados fue porque conocen las actividades que se realizan en ese ********************, y estas personas han utilizado armas para intimidar a las víctimas y testigos.****************************************En mérito de todo lo anterior, la Jueza de Control consideró que dichos datos justificaban la necesidad de cautela, lo que a criterio de quien esto resuelve, en parte, considera acertado.****************************************Lo anterior es así, pues la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial; por ende, conforme al nuevo sistema de justicia penal, existe la posibilidad legal de que se emita una orden de aprehensión, sin que medie citatorio, siempre y cuando se advierta que exista necesidad de cautela, que se traduce en una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa.****************************************En el particular, la necesidad de cautela se satisfizo pues existen circunstancias que el investigado se sustraiga de la acción de la justicia, además evidencian la posibilidad de que se ponga en riesgo la integridad de la víctima, y el desarrollo de la investigación; por ende, resultó legal que la Jueza responsable ordenara la aprehensión del investigado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, pues en el caso, existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia.****************************************Así, en concepto de esta resolutora, se estima que la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso está apegada a derecho, pues con lo expuesto y valorado, resulta necesario atraer al aquí quejoso a proceso, mediante la ejecución de la citada orden de aprehensión.****************************************Encuentra apoyo, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de literalidad siguiente:****************************************"ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia."****************************************Sin que esta Juzgadora federal comparta el argumento de la responsable en el sentido de que se encuentra justificada la necesidad de cautela por la circunstancia de que el ilícito por el que se solicita la orden de captura amerita previsión preventiva oficiosa.****************************************Ello se sostiene, ya que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa; pues se reitera, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 constitucional y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. Así, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. ****************************************Por tanto, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerite prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo.****************************************Apoya lo determinado la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido:****************************************"ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo."****************************************b) Que se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito.****************************************Para estudiar este requisito debe tenerse presente que la orden de aprehensión no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que para tal efecto debe justificarse únicamente la probable existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo".****************************************Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que lo anterior marcó la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito"; las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. ****************************************En ese tenor, el estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad como el que ahora se reclama, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos. ****************************************Como se precisó con anterioridad, para librar una orden de aprehensión no es un requisito otorgar derecho de audiencia al inculpado, debido a que lo que se pretende es que se emita un mandamiento con secrecía suficiente, que impida que una persona evada la acción de la justicia y se logre la comparecencia a la audiencia inicial de una persona, a efecto de que se le formule imputación. ****************************************Por esta razón, a diferencia de la mayoría de actos procesales, para emitir una orden de captura, el juez no tiene el deber de ponderar dos hipótesis distintas alegadas por las partes, es decir, una versión de la fiscalía y otra de la defensa, y verificar si están soportadas en datos de prueba suficientes; esto porque en este acto procesal no existen dos versiones, sino una sola: la que hace valer el agente ministerial. ****************************************Por eso, para el efecto de la emisión de una orden de aprehensión basta con que se compruebe como "factible" "razonable" o "probable" la hipótesis de la fiscalía respecto a la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado, sin que pueda exigirse la comprobación total de ambos extremos.****************************************En este caso, los agentes ministeriales que solicitaron la captura del quejoso consideraron que era probable la existencia de hechos que la ley contempla como el delito de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y trabajos forzados y enunció los datos de prueba con los que se contaba en la carpeta de investigación.****************************************Por su parte, la jueza de control responsable mencionó a detalle los datos de prueba que estimó idóneos y pertinentes para justificar la existencia del hecho que la ley señala como delito de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y trabajos forzados.******************** ********************Dichos datos de prueba, esencialmente, son los siguientes:****************************************- Denuncia interpuesta por ********************, de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, en la que refirió laborar en el ******************** en el cual se maneja la venta de vacaciones de tiempo compartido, que los dueños son ******************** y ********************, que lleva laborando en ese lugar desde hace tres meses, que tiene conocimiento que en el lugar también laboran otros compañeros de nombre ********************, ********************, ********************, ********************, siendo que este lugar se ubica en el ya referido, él refiere que desde el día veintisiete de junio recibe un mensaje para que vaya a trabajar, alrededor de las once de la mañana llega a este lugar, se da cuenta que ******************** ya estaba en el lugar, que en un cuarto lo tenían, y tenía golpes y este ******************** le dijo que desde el sábado veinticinco de junio estaba encerrado, que lo culpaban de haber supuestamente violado a una conocida de ******************** pero que eso no había pasado, que ignoraba todo eso, que en otro cuarto se encontraba ******************** que también estaba siendo golpeado, y dijo que éste ******************** que él desde el veintisiete de junio alrededor de las dos de la mañana lo tenían en ese lugar, que en otro cuarto estaba un tal ******************** y un tal ********************, y aclara que también estaban amarrados con cintas transparentes y cinta gris y con una extensión; que por todo lo que estaba observando, a él le daba miedo todo lo que pasaba, y que un señor de nombre ******************** ******************** Robert le dijo que cortara a ******************** para demostrar que estaba de su lado, que tanto ******************** como ******************** al parecer estaban drogados, fue hasta donde estaba ******************** y cómo vio que tenía una herida sangrante, le dijo que iba a fingir que lo iba a cortar con una navaja pero que sólo iba a manchar la navaja con la sangre que ya tenía, y le dijo a ******************** que gritara para hacerles creer que lo había cortado y no tuvieran problemas, lo que hicieron de esa manera, que el denunciante refiere que estaba viendo la manera de escaparse del lugar, que lo logró conseguir aproximadamente a las veintitrés horas de ese día veintisiete, que decide denunciar, ya que advirtió que las personas que había mencionado los tienen privados de su libertad y los están torturando para que aparentemente confiesen en algo; que aclara que en dicho lugar hay entre ocho a diez personas, refiere que conoce a los que laboran únicamente con sus nombres no con sus apellidos, que en el lugar se encontraban ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, que este último era de seguridad, que todas esas personas se encontraban en este lugar desde que el denunciante logró escapar, que en el lugar hay personas armadas, el cuarto donde estaba ******************** habían cartuchos.********************- Denuncia de ******************** interpuesta veintiocho de junio del año inmediato anterior, en la cual refirió que desde hace tres años llegó a esta ciudad, proveniente de ********************, que está trabajando en un ********************, que un amigo le enseñó el anuncio por redes sociales, que se puso de acuerdo con una persona de nombre ********************, que le ofreció el trabajo, le dijeron que iba a ganar un sueldo de dos mil quinientos semanal, que además iba a tener comisiones del cinco por ciento y diez por ciento, además de que le pagaran su hospedaje, que por tal motivo le interesó, es que viene a trabajar en este lugar ********************, el trabajo consistía en la venta por teléfono, la persona en nombre de ******************** lo llevó a las oficinas, lo empezaron a capacitar, aclaró que ese ******************** no tenía nombre ni razón social y durante su capacitación le pagaba dos mil quinientos semanales, le pagaban el hospedaje, después que ya empezó a trabajar es que únicamente le empezaron a pagar mil ochocientos ya no los dos mil quinientos, que ya le dejaron de pagar las comisiones por venta y el hospedaje tampoco se lo pagaban y tuvo que compartir un cuarto con tres compañeros de nombre ******************** Ulises Puente Castro, ********************y su hermano ******************** ********************, este cuarto en el ********************, refiere que pasa un tiempo y un día conoce al dueño que era ******************** Serralta Courney quien le comentó que su sueldo no era lo que habían acordado y que sin motivo alguno le dejaron de pagar lo que le habían prometido, que no le alcanzaba con la cantidad que le entregaban, le exigía que haga todas las mismas labores por el suelo reducido, que no le disminuyeron trabajo ni las horas que laboraba pero le pagaban menos, qué el citado ******************** le dijo que lo que había se tenía que pagar, que se tenía que aguantar, que se tenía que quedar el tiempo que él decida, que porque el denunciante ya conocía muchos secretos de la empresa y no iba a dejar que vaya a otro lugar y se lo cuente a otras personas lo que se hacía en el ********************; refirió que el ******************** se ubica en el lugar ya citado, que tenía un horario de nueve a veinte horas de lunes a viernes, que fines de semana siempre quedaba a disposición, en cualquier momento lo hablaban para presentarse a trabajar, que cuando llegaba los fines de semana ingresaba a trabajar, lo retenían todo el fin de semana; refirió que el veinticinco de junio del año próximo pasado, en contra de su voluntad lo tenían trabajando en dicho ******************** por órdenes de ********************, que además se encontraba sometido a malos tratos, que se encontraba bajo amenazas, que si decía algo del trabajo o contaba acerca de la manera de cómo operaban lo someterían a malos tratos, refirió que desde el veinticinco de junio, desde que llegó a dicho lugar, no ha podido salir del predio y del cuarto en donde lo tenían porque estaba custodiado por ********************, quien portaba arma de fuego, que también fue golpeado, amenazado con un arma de fuego por su patrón ********************, también fue golpeado por ******************** Campos, ******************** ******************** y ******************** Lambarri, que porque todos sospechaban que él estaba contando la forma en la que trabajaban en el ********************, mencionó que recibió golpes y amenazas con un arma de fuego también por ******************** Galván, refirió que todos estos sujetos que se encontraban en ese momento en el ******************** presenciaron todo lo ocurrido desde el veinticinco de junio, que vieron la manera en la que era golpeado, cómo era sometido y que le raparon su cabello, sus cejas, sobajándolo y ridiculizándolo ante todos los empleados que estaban en el lugar; que en cuanto a los hechos, el veintiocho de junio escuchó que sería trasladado al monte para que lo ejecuten sin saber a dónde lo llevarían, escuchó que se tenían que mover todos los demás empleados que se encontraban, que porque ya se habían su ubicación y a qué se dedicaban y de qué manera funcionaba el ********************, según esto lo ordenaba su patrón ********************, es por esto que ese día veintiocho de junio alrededor de las diez horas con diez minutos se presentaron ante él dos empleados que conoce como ******************** y ********************, qué le dijeron que ya le llevó la ********************, que lo iban a ejecutar, que los sujetaron de sus brazos, los comienzan a arrastrar hacia la puerta principal, donde al ver que ya estaban en la calle, es que él comienza a gritar pidiendo auxilio, forcejeando con estos sujetos que los tenían sujetados para poder soltarlo, siendo que en ese momento los sueltan, que caen en la acera de la puerta del predio, que estas personas corren, por lo que también puede percatarse que corrían debido a que habían varias unidades de la policía acercándose al lugar, que descienden policías, que esos lo logran en este caso darle alcance, que dichos policías regresan a donde él se encontraba sentado junto con otras personas que conoce como ********************como ********************, ******************** e ******************** Ulises, que esos policías se acercaron, que los entrevistaron, les dice este ******************** que ******************** ******************** y ******************** eran las personas que lo estaban arrastrando para sacarlo de esta casa ********************, eso lo había ordenado ********************, también indicó que reconoció a las demás personas, porque estas personas, las reconocía ********************, ********************, ********************, ******************** quien portaba arma.********************- Denuncia de ******************** interpuesta el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en la cual refirió que desde hace seis años radica en esta ciudad, que lleva laborando en el ******************** desde hace seis meses, porque conocía al señor ******************** con el que había trabajado en otro Estado, que lo estaba invitando para que trabajara en este lugar que estaba dedicado a la venta de tiempos compartidos, venta de vacaciones y que sus oficinas se encontraban en el lugar ya referido, que iba a tener un sueldo de dos mil quinientos más comisiones del cinco por ciento y diez por ciento y que además le pagarían su hospedaje, que la función que iba a tener era precisamente dedicarse a la venta de tiempos compartidos y venta de vacaciones, refirió que todo se desarrollaba normal, que le empezaron a pagar los dos mil quinientos, de la nada le empiezan a pagar mil ochocientos, que ya no le pagaban comisiones, que le dejaron de pagar el hospedaje, que eso ya corría por su cuenta, que tuvo que rentar con sus compañeros ********************, ******************** y ******************** ********************, para poder vivir en un domicilio de ********************, que ignora porque le dejaron de pagar la acordado, que él seguía trabajando en un horario, le pagaban menos, que no le parecía justo, siendo que se lo se externa a ********************, le dijo que no le podía pagar más, que no merecía más pagos, que se tenía que aguantar porque él ya conocía muchos de los secretos de la empresa, que no lo iban a dejar ir para que cuente todo lo que hacen en el ********************, y todo eso le extrañó ya que "******************** cuando lo conocí era otro tipo de persona", que a las dos de la mañana del veintisiete de junio de dos mil veintidós, lo fueron a buscar a su casa su jefe ******************** con otras dos personas y a la fuerza es que se lo llevaron al ******************** donde labora, que fue sometido a maltratos, que vivía bajo amenazas si decía algo de su trabajo o donde laboraba o la forma en que operaba dicho lugar, que lo golpeaban en varias partes de su cuerpo lo amenazaban con armas de fuego por ******************** Galván, ******************** Campos, ******************** ********************, ******************** Lambarri, su propio patrón ******************** lo golpeó inclusive con un tanque de oxígeno de nitrógeno que él inhalaba, que no podía salir del ******************** porque estaba custodiado por ******************** quien portaba arma de fuego, que fue tratado de la peor manera ya que le repararon cejas, todo su cabello, burlándose de él, poniéndole cintas transparentes y de color gris en su cuerpo y en su cara, los sujetos que se encontraban presenciaron todos esos actos, veían cómo lo golpeaban los demás que trabajaban allí, que lo obligaron a realizar trabajos forzosos; manifestó que la mañana del veintiocho sin recordar la hora aproximada pero que ya había amanecido, empieza a escuchas que sería trasladado a un monte para ejecutarlo, sin saber a dónde y que se tenían que mover todos los empleados porque ya sabían de las operaciones de ********************, que por eso su patrón ******************** decidió que todos los empleados los sacaran para llevarlo a tal lugar; refirió que la persona que conoce como ******************** y otra del sexo masculino que es ********************, se presentaron a su cuarto donde él estaba recuperándose de las golpizas que le habían dado y le dijeron que si se lo iban a llevar a otro lado, lo llevarían al monte para ejecutarlo, por lo que lo tomaban de sus brazos, lo comienzan a arrastrar para sacarlo de este ********************, junto con ******************** y les estaban diciendo que eran unos soplones; que lo estaba arrastrando ******************** y ********************, que en eso lo sueltan, arrancar a correr hacia la esquina, advierte la presencia de unidades policiales, descienden, que los interceptan, que estaba en compañía de ******************** y de los hermanos ******************** y ******************** ********************, que los empiecen a entrevistar, y refiere todo lo que básicamente se ha informado el día de hoy en esta audiencia, y también refiere que de estas ocho personas que todos eran empleados de ******************** que los identifica como ********************, ********************, ********************, ********************, que todas esas personas tenían conocimiento y sabían que llevaban días retenidos contra su voluntad, los golpeaban.********************- Examen de integridad física realizado a los citados ******************** y ******************** por el doctor ********************, adscrito al Servicio Médico Forense, de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós; en el que concluyó que aquellos presentan lesiones que tardan en sanar más de quince días.********************- Testimonio de ******************** Luis ******************** Quezada y ******************** Alejandro ******************** Quezada, ambas de veintiocho de junio de dos mil veintidós, quienes señalaron que llevan poco tiempo trabajando en este ********************, que tienen conocimiento que en primer lugar empiezan a pagar los dos mil quinientos y se los rebajan a mil ochocientos, que tuvieron conocimiento que el día veintiocho de junio cuando ellos fueron a trabajar, ese día en horas de la mañana, empezó a haber movimientos en el lugar, y que tanto ******************** como ******************** estaban siendo arrastrados y que se veían visiblemente golpeados, y arrastrados, que ******************** y ******************** arrastraban a ******************** y ******************** y ******************** arrastraban a ********************.********************- Testimonio de ********************, en la cual manifestó que el día veintisiete de junio de este año aproximadamente a las ocho de la mañana, vio en su teléfono celular un video grabado por ******************** donde se oye la voz de éste interrogando en inglés y español a ********************, que se le ve sentado en una silla y muy golpeado.********************- Informe policial homologado de fecha veintiocho de junio signado por el agente ********************. ********************- Informe de inspección en el lugar de hechos de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós a cargo del perito ********************del área de Criminalística de la Fiscalía General del Estado, quien asentó las características, señalamientos, sentidos de calle y nomenclaturas, así como la existencia física de este inmueble.********************- Dieciocho placas fotográficas.********************- Oficio signado por el Jefe del Departamento Analista de la Información adscrito a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, relativo al análisis de la información respecto a la extracción del teléfono de la marca ********************, que fuera puesto a disposición por la testigo ********************.****************************************Con estos datos, de una apreciación individual y en conjunto estimados al tenor del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juzgadora responsable concluyó que son aptos y bastantes para colegir que, a su juicio, era posible establecer un hecho que la ley señala como delito de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y trabajos forzados.****************************************Ello, porque, desde el día veinticinco de junio de dos mil veintidós hasta las diez horas con diez minutos aproximadamente del día veintiocho de junio de la referida anualidad, los investigados, en compañía de otras personas, retenían, alojaban y propiciaban malos tratos a determinadas personas en el interior de un ********************, el cual se encontraba ubicado en el predio número ******************** de la calle ********************por ********************y siete y ********************y nueve del ********************de esta ciduad, en contra de su voluntad; entre estas personas se encontraban ******************** quien estaba retenido en dicho lugar desde el día veinticinco de junio de dos mil veintidós, e ******************** quien estaba retenido desde el veintisiete de junio del año en comento, los cuales laboraban en ese lugar, que éstas personas se encontraban retenidas y alojadas con la finalidad de ser explotadas tanto laboralmente como en realizar trabajos y/o servicios forzados, ya que eran obligados a trabajar durante varias horas sin oportunidad de retirarse del lugar, así como tampoco recibían el pago que deberían de recibir y eran sometidos a agresiones físicas así como amenazas en sus personas; ******************** llevaba trabajando en dicho lugar desde hace seis meses y ******************** desde hace tres años, que desde que laboraban en dicho lugar han sido víctimas de las referidas conductas.****************************************Así, en el acto reclamado (emisión de la orden de captura) se actuó privilegiando el contenido de los datos de prueba enunciados, mediante los cuales se estableció el ilícito en comento. ****************************************Por ende, este órgano de control constitucional estima correcto que la Jueza de Control hubiera estimado demostrada esta hipótesis de la fiscalía de manera suficiente para librar una orden de captura, pues, considerando la naturaleza restrictiva de libertad que implica la orden de aprehensión, concedió un nivel aceptable de certeza jurídica para la emisión de la misma, sin llegar al punto de realizar un análisis exhaustivo de los datos de prueba incorporados a la carpeta. ****************************************c) Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. ****************************************Como se precisó en el apartado anterior de esta sentencia, en este momento procesal no es necesario que se acredite fehacientemente que una persona cometió el delito, basta con que esta realización sea probable.****************************************En este caso, los datos de prueba que consideró la jueza responsable también indican probablemente que el quejoso intervino en el hecho delictuoso.****************************************Por lo que, hasta este momento, bajo la premisa que la relación de los datos de prueba sólo es informativa más no demostrativa, se advierten razones suficientes para considerar que ese hecho fue cometido y la posibilidad que el quejoso intervino junto con otros sujetos, pues la representación social narró, y así lo avaló la autoridad responsable.****************************************En efecto, la jueza responsable correctamente pudo establecer esos aspectos (no probar ni acreditar, ya que estas figuras no son propias de esa etapa procesal), a partir de las denuncias de las víctimas ********************, ******************** e ******************** quienes narraron los hechos de acuerdo al cuadro fáctico expuesto, corroborada por las entrevistas de los testigos ******************** Luis ******************** Quezada, ******************** Alejandro ******************** Quezada y ******************** y con los informes de investigación relacionados.****************************************De ahí que, se pueda establecer la probable intervención del quejoso en el hecho con apariencia de delito, pues para esta etapa no es necesaria la exigencia de ubicación del acto delictivo en circunstancias de modo, tiempo y lugar, como lo prevé el artículo 19 constitucional.****************************************Esto es, la orden de aprehensión es una forma de conducción del imputado al proceso, que permite al Ministerio Público continuar la investigación formalizada del "hecho de vida" que permite individualizarse en ilícito, y así emprender la investigación con el fin de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos que se hicieron de su conocimiento. Y si bien la solicitud de la orden de captura se dirime escuchando sólo a una de las partes, una vez formulada la imputación, la segunda decisión del órgano jurisdiccional -vinculación o no al proceso-es el resultado de escuchar una audiencia bilateral regida por el principio de contradicción.****************************************Sobre esa base, fue legal que la autoridad responsable estableciera que se cometió el hecho que la ley señala como delito de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y trabajos forzados y que posiblemente el peticionario de amparo, entre otros, participó en su comisión, sin llegar al punto de realizar análisis exhaustivo de los datos de prueba incorporados a la carpeta, pues esto corresponde a la etapa siguiente.****************************************Ello es así pues, la significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura.****************************************Por las razones relatadas, se cumplen los requisitos para librar una orden de captura establecidos en el artículo 16 constitucional y, por ende, son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso.****************************************Así, es infundado el concepto de violación del quejoso en cuanto a que el mandamiento de captura transgrede en su perjuicio el derecho humano de audiencia contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que contrario a lo que refiere, para el dictado de la orden de aprehensión no se necesita de la garantía de previa audiencia.****************************************Se sostiene lo anterior, habida cuenta que la orden de aprehensión a que hace referencia el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un acto de molestia que restringe de manera provisional la libertad ambulatoria de la persona, ya que una vez cumplida, es decir, en el instante en que el Juez de Control desahoga la diligencia que motiva su presencia, esa restricción finaliza, pues si fuera el caso de que permaneciera privado de su libertad, ello sería con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión, pero no como efectos propios de la orden de aprehensión ejecutada en su perjuicio. ****************************************Por tanto, la autoridad responsable no está obligada a cumplir con ello como parte de las formalidades esenciales del procedimiento, dado que, la orden de aprehensión que se analiza, se erige como un acto de molestia porque sólo afecta en forma provisional su libertad, y por tanto, no requería que la autoridad que la emitió observara el derecho de audiencia previa a favor del ahora promovente del amparo, como integrante de las formalidades esenciales del procedimiento, cuyos elementos de notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas, así como de alegar, para luego tener una resolución que dirima las cuestiones debatidas, sólo son exigibles en el caso de un auto de vinculación a proceso, o bien, cuando se trate de la sentencia definitiva.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:****************************************"ORDEN DE APREHENSION, NO SE NECESITA DE LA GARANTIA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA. El artículo 16 de la Constitución Federal, no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión, sino sólo la acusación o querella, apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros actos que hagan probable la responsabilidad del acusado en el delito que se le impute; y si en el caso existió la querella y acusación del Ministerio Público, apoyadas con documentos, es claro que el Juez de primera instancia tuvo facultades y base suficiente para dictar esa orden; no siendo cierto que no se hubiera practicado una averiguación previa por el Ministerio Público, ya que ante él ocurrió el querellante y dicha institución consignó el caso al Juez, con solicitud de la orden de aprehensión, que fue dictada legalmente." ****************************************En ese tenor, como se expuso en esta sentencia, no es un requisito para el dictado de una orden de aprehensión conceder audiencia previa a la persona contra la que se dirige ni darle intervención en la actuación en la que se solicita el mandato de captura, pues justamente, la oportunidad para ser oído, es la audiencia inicial, sin que ello implique violación alguna a sus derechos fundamentales como el de presunción de inocencia, como trato procesal, como señala el quejoso dado que, como se dijo, el mandamiento de captura se ha solicitado como una vía de conducción para que pueda estar presente en la audiencia inicial, por tanto la restricción de la que será objeto es temporal y no definitiva.****************************************Por otro lado, es infundado el argumento del quejoso relativo a que se transgredió en su perjuicio el principio de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional, esto es que la orden de aprehensión no se encuentra fundada ni motivada.****************************************En efecto, adversamente a lo sostenido por el quejoso, la orden de captura se encuentra fundada y motivada; en primer lugar, el hecho con apariencia de delito que se le atribuye al quejoso, está previsto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, es decir, normativa formal donde se realizan las descripciones típicas reprochables; se analizó en su totalidad los datos de prueba vertidos en forma oral en la solicitud de orden de aprehensión y atendiendo a ello, al actualizarse el presupuesto normativo que contiene el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsable estimó procedente la petición del fiscal y se emitió la correspondiente orden de aprehensión contra el quejoso.****************************************Determinación que se reitera, se estima debidamente fundada y motivada, en virtud de que en la misma, se señalaron los preceptos constitucionales y legales aplicables al caso, se citaron con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión de la orden de aprehensión; y se advierte adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas.****************************************Aunado, que se advierten datos de prueba suficientes con base en los cuales se demuestra la existencia de un hecho que la ley señala como delito y que probablemente el quejoso participó en su comisión.****************************************Además, quedó justificada la necesidad de cautela la cual radica en que existe riesgo que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y que se ponga en riesgo la integridad de la víctima y los testigos, ya que el investigado conocen donde vivía aquellos así como otros aspectos de su vida personal; además, de que las víctimas fueron golpeadas y amenazadas por revelar información acerca de cómo labora el ******************** y se había ordenado ejecutarlos.****************************************En mérito de lo antes expuesto, se estima ajustada a derecho la orden de aprehensión dictada por la Jueza de Control responsable el tres de julio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa ********************, pues los datos de prueba expuestos por la fiscal se consideran suficientes para establecer, hasta este momento, la existencia del hecho señalado en la ley como delito de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y trabajos forzados, así como la probable participación del quejoso, entre otros, en su comisión y la necesidad de cautela; la cual se encuentra justificada acorde al contenido del tercer párrafo del artículo 16 Constitucional, así como el primer párrafo del precepto 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales. ****************************************Por lo que es concluirse que en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos que exigen los artículos 16 constitucional y el diverso 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de una orden de aprehensión como la que se reclama, ya que de los datos de prueba mencionados se advierten suficientes para el libramiento de la misma.****************************************Por lo anterior, se estima que no irroga agravio alguno en perjuicio del peticionario de amparo, que la Jueza de Control responsable haya librado orden de aprehensión en su contra; habida cuenta que, para librar una orden de aprehensión no se requiere de datos de prueba plenos sobre el denominado cuerpo del delito (entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente), dado que no es propio de esta etapa procesal; ni que se acredite la responsabilidad del inculpado, sino que sólo que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional y se desprendan datos que hagan posible su participación, requisitos satisfechos en la especie, en los términos precisados en líneas precedentes.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCLXIX/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:**************************************** "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SUS DIFERENCIAS CON EL PROCESO PENAL MIXTO EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN. Si bien el proceso penal mixto y el acusatorio y oral requieren para su articulación de la investigación preliminar del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley, en el proceso penal mixto, la averiguación previa es la fase en la que se recopilan los elementos de prueba que permiten sostener la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, por lo que la tarea investigadora debe ser más estricta. En cambio, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, la integración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, pues sólo debe contener elementos suficientes para justificar, racionalmente, que el imputado sea presentado ante el Juez de Garantía. Así, la diferencia sustancial en lo que respecta a los elementos que debe contener una averiguación previa, en relación con los datos de prueba contenidos en una carpeta de investigación, consistente en el nivel de reforzamiento de los elementos probatorios arrojados para establecer las razones que permiten presumir la existencia de un hecho delictivo, siendo que los datos derivados de la averiguación previa, por el especial reforzamiento que deben respetar, hacen altamente probable tanto la comisión del delito, como la participación del imputado."****************************************De igual forma, se trae a colación el criterio sustentado en la tesis XV.3o.3 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, del tenor siguiente:****************************************"ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva."****************************************En este sentido, al resultar infundados los conceptos de violación y, al no haber motivo para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional a ********************.****************************************Negativa que atendiendo a la técnica que rige el juicio de amparo indirecto, se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Fiscal General del Estado y el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, por no combatirse por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación mencionada en el párrafo anterior. ****************************************Tiene aplicación (en sentido contrario) la jurisprudencia mil trecientos veintiocho de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos noventa y dos, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décimo Primera Sección Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 al mes de septiembre de 2011, que es del tenor siguiente: ****************************************"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta."****************************************NOVENO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia, en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.****************************************Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, ****************************************RESUELVE:****************************************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Mérida; Juez del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso; Juez del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín; Juez del Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede Tekax; Juez del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Umán, Yucatán; Juez del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid; Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; consistentes en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia.****************************************SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************contra el acto que reclama de la Jueza del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, del Fiscal General del Estado y del Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, todos con residencia en esta ciudad, consistentes en la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia.****************************************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.********************Notifíquese.********************Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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