JANE GLEICY DE SOUZA y Otros.
Expediente 1275/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/10/2023
Partes del expediente
- Titular de la Oficina de Representacion del Instituto Nacional de Migracion En el Estado de Baja California, Con Sede En Esta Ciudad
- JANE GLEICY DE SOUZA y Otros.
- Jane Gleicy de Souza
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el que comunica que permitió a este órgano el acceso al expediente electrónico de los autos del juicio de amparo 1003/2023-III de su índice. Asimismo, se le tiene remitiendo el escrito presentado por el promovente Josías Pérez Carrasco, mediante el cual informa que desconoce el paradero de los quejosos 1) Jane Gleicy de Souza, 2) el menor de edad de iniciales L.G. S. P. P., 3) Marco Antonio de Souza Pires Pereira, 4) Joao Vithor de Souza Spirito, 5) Jerrylandia Vieira Dos Santos, 6) Altemir Maia Costa, 7) Lays Dos Santos Vieira y 8) Angélica Pereira Andrade, toda vez que perdió toda comunicación con los antes citados, por lo que refiere que se desiste de la demanda de amparo promovida en su favor. En tal virtud, tomando en consideración que el escrito firmado electrónicamente por el promovente Josías Pérez Carrasco, cuenta con evidencia criptográfica en la que se aprecia el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, por lo que esta juzgadora tiene certeza de que no se suplantó al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial; por tanto, ante la voluntad expresa del promovente, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a/J. 31/2021 (11ª), de la Undécima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 8, diciembre 2021, tomo II, visible a página 1533, cuyo rubro se cita: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Asimismo, con apoyo en la tesis jurisprudencial 2a/J.33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página ciento cuarenta y siete, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los quejosos 1) Jane Gleicy de Souza, 2) el menor de edad de iniciales L.G. S. P. P., 3) Marco Antonio de Souza Pires Pereira, 4) Joao Vithor de Souza Spirito, 5) Jerrylandia Vieira Dos Santos, 6) Altemir Maia Costa, 7) Lays Dos Santos Vieira y 8) Angélica Pereira Andrade; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese vía electrónica al promovente del amparo.
- Principal
Tijuana, Baja California, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California de esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, informa que queda enterado de la suspensión de plano decretada respecto a los quejosos en el presente asunto; asimismo comunica que los directos agraviados no se encuentran alojados en ninguna de las estaciones migratorias, por lo que no se cuentan con registro de ningún procedimiento administrativo. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de las autoridades responsables a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Lo que se toma nota para los efectos legales conducentes, ya que por acuerdo de once de octubre del presente año, se requirió al Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México, información respecto a los agraviados. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción para notificar el auto de nueve de octubre del año en curso a los directos quejosos 1) Jane Gleicy de Souza, 2) el menor de edad de iniciales L.G. S. P. P., 3) Marco Antonio de Souza Pires Pereira, 4) Joao Vithor de Souza Spirito, 5) Jerrylandia Vieira Dos Santos, 6) Altemir Maia Costa, 7) Lays Dos Santos Vieira y 8) Angélica Pereira Andrade, en virtud de que al constituirse en las instalaciones de la estación migratoria de esta ciudad, fue atendida por un Agente Federal de Migración, quien le informó que los directos agraviados no se encuentran alojados en dicha estancia migratoria; asimismo, al tener acceso al área de alojamiento de dicha estación, y vocear su nombre, obtuvo resultado negativo. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales requiérase al Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México, en específico en el Área de archivo de esta Dirección, a fin de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, legalmente computadas, informen vía ordinaria o incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, respecto a los directos quejosos, lo siguiente: ( Si cuenta con registro de ingreso de los quejosos 1) Jane Gleicy de Souza, 2) el menor de edad de iniciales L.G. S. P. P., 3) Marco Antonio de Souza Pires Pereira, 4) Joao Vithor de Souza Spirito, 5) Jerrylandia Vieira Dos Santos, 6) Altemir Maia Costa, 7) Lays Dos Santos Vieira y 8) Angélica Pereira Andrade, en alguna estación migratoria dentro del país, debiendo indicar fecha de ingreso, así como condición migratoria por la cual permanecen detenidos; ( Si cuenta con registro de egreso de los quejosos de alguna estación migratoria en el país, debiendo indicar con precisión fecha y motivo de salida. En el entendido, que deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten su dicho; o bien, informar la imposibilidad jurídica que tengan para ello, (para lo cual se remite copia de la demanda de amparo y el auto en el que se decretó la suspensión de plano otorgada al directo quejoso). Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá al omiso una multa por la cantidad de $5,187 (Cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta, de conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción II, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
VISTOS los autos del expediente 226/2023-E, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Baja California y otras autoridades más; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El seis de marzo de dos mil veintitrés, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Baja California, con residencia en Tijuana, y turnada a este órgano jurisdiccional el siete siguiente, la demanda de amparo promovida por ********************, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades que a continuación se mencionan: - Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, por conducto de su presidente, Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California. - Gobernador Constitucional del Estado de Baja California. - Congreso Constitucional del Estado de Baja California. - Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California. - Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. - Director de Transporte y Control Vehicular del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. Enseguida, la parte quejosa mencionó como acto reclamado el siguiente: "De la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, por conducto de su presidente, reclamo lo siguiente: I. La declaración de saturación del servicio de transporte público en las modalidades de masivo, Taxis de Ruta, Taxis de Sitio, Taxis con Itinerario Fijo o taxis sin Itinerario Fijo, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar de los mismos que pertenecen al Subsistema Corredor Agua Caliente - Díaz Ordaz en la ciudad de Tijuana, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el día 24 de febrero de 2023. II. Vicios propios de la declaración de saturación del servicio de transporte público en las modalidades de masivo, Taxis de Ruta, Taxis de Sitio, Taxis con Itinerario Fijo o taxis sin Itinerario Fijo, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar de los mismos que pertenecen al Subsistema Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz en la ciudad de Tijuana, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el día 24 de febrero de 2023. III. Vicios propios del Estudio Técnico y análisis relativo a la consolidación y mejora del Sub sistema Corredor Agua Caliente Díaz Ordaz, en virtud del cual se apoyó la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable, para emitir la declaratoria saturación del servicio de transporte público en las modalidades de masivo, Taxis de Ruta, Taxis de Sitio, Taxis con Itinerario Fijo o taxis sin Itinerario Fijo, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar de los mismos que pertenecen al Subsistema Corredor Agua Caliente - Díaz Ordaz en la ciudad de Tijuana, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el día 24 de febrero de 2023. IV. Vicios propios de la Séptima Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Bajá California de fecha 29 de noviembre de 2022. Del Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, reclamo lo siguiente: I. La publicación y promulgación del artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California. Del Congreso Constitucional del Estado de Baja California, reclamo lo siguiente: I. La expedición del artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, reclamo lo siguiente: I. El refrendo del artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California. De las autoridades responsables ejecutoras, identificadas como DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DIRECTOR DE TRANSPORTE Y CONTROL VEHICULAR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE BAJA CALIFORNIA, reclamo lo siguiente: I. Los actos de aplicación en vía de consecuencia de la declaración de saturación del servicio de transporte público en las modalidades de masivo, Taxis de Ruta, Taxis de Sitio, Taxis con Itinerario Fijo o taxis Sin Itinerario Fijo; así como la infraestructura y equipamiento auxiliar de los mismos que pertenecen al Subsistema Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz en la ciudad de Tijuana, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el día 24 de febrero de 2023. II. Los actos de aplicación de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, de conformidad con la declaración de saturación del servicio de transporte público en las modalidades de masivo, Taxis de Ruta, Taxis de Sitio, Taxis con Itinerario Fijo o taxis sin Itinerario Fijo, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar de los mismos que pertenecen al Subsistema Corredor Agua Caliente-Diaz Ordaz en la ciudad de Tijuana, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el día 24 de febrero de 2023." Segundo. Admisión de demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo presentada por ********************; y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; además, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, sin que existiera tercero interesado, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; y en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado puede tener ejecución en territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: A la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California: a) La declaración de saturación del servicio de transporte público en las modalidades de masivo, Taxis de Ruta, Taxis de Sitio, Taxis Con Itinerario Fijo o taxis sin Itinerario Fijo, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar de los mismos que pertenecen al Subsistema Corredor Agua Caliente - Díaz Ordaz en la ciudad de Tijuana, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. b) Estudio Técnico y análisis a la consolidación y mejora del Sub sistema Corredor Agua Caliente -Díaz Ordaz, el que sirvió para la emisión de la declaratoria mencionada en el inciso anterior. c) Séptima sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós Al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California: - Publicación y promulgación del artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California Del Congreso Constitucional del Estado de Baja California: - La expedición del artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California. Al Secretario General de Gobierno: - El refrendo del artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte de Estado de Baja California. Al Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California y Director de Transporte y Control Vehicular del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California: a) Los actos de aplicación y consecuencias de la declaración de saturación del servicio de transporte publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. b) Los actos de aplicación de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, conforme a la declaración de saturación del servicio de transporte publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Y en vía de aclaración, precisó como acto reclamado al Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California: La omisión de respuesta a la solicitud de información pública respecto a: I. El contenido del acta de la Séptima Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, de fecha 29 de noviembre de 2022. II. EI contenido del Estudio Técnico y Análisis relativo a la consolidación y mejora del Sub sistema Corredor Agua Caliente- Díaz Ordaz, considerado por la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable, para emitir la Declaratoria de saturación referida, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el día 24 de febrero de 2023. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actor reclamados atribuidos al Director de Transporte y Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, consistentes en la ejecución de la declaración de saturación del servicio de transporte publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, así como la aplicación del precepto 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, conforme a la citada declaración de saturación. Ello se considera así, pues conforme a las manifestaciones de las citadas autoridades, se obtiene que al momento de presentación de la demanda de amparo no se habían aplicado las citadas normas a la parte quejosa. Sin que el solicitante del amparo hubiese acreditado con medio de prueba idóneo su aplicación, o en su caso, hubiese desvirtuado dichas negativas. De igual forma, tampoco es cierto el acto reclamado al Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, respecto de la omisión de dar respuesta a su solicitud de acceso a la información pública de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Lo anterior, aun cuando dicha autoridad responsable fue omisa en pronunciarse respecto de dicho acto reclamado, no es dable tenerlo por cierto, pues si bien de las constancias de autos se advierte que el quejoso, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, presentó su solicitud de acceso a la información pública ante el Instituto de Transparencia de Baja California, con la finalidad de que la mencionada autoridad responsable proporcionara la información ahí requerida, también lo es que su emisión se encuentra supeditada a diversos plazos; y en el particular, en la constancia exhibida por el quejoso en copia simple, obra la indicación de que el plazo para obtener su respuesta sería de diez días hábiles, el cual fenecería el quince de marzo de este año. Por lo que es claro que a la fecha en que presentó su demanda -seis de marzo de dos mil veintitrés-, la omisión que aduce era inexistente, pues aun no fenecía el lapso indicado para obtener su respuesta. Por consiguiente, lo conducente es sobreseer en el presente juicio respecto a los actos atribuidos a dichas autoridades, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables en su carácter de emisoras de las normas, Congreso, Gobernadora, y Secretario General, todos del Gobierno del Estado de Baja California, respecto de la publicación, promulgación, expedición y refrendo del artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California. Ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado y se corrobora con la publicación oficial de las citadas normas en el Periódico Oficial del Estado. De igual forma, también es cierto el acto atribuido a la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, consistente en la "Declaración de Saturación del Servicio de Transporte Público en las Modalidades de Masivo, Taxis de Ruta, Taxis de Sitio, Taxis Con Itinerario Fijo o taxis sin Itinerario Fijo, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar de los mismos que pertenecen al Subsistema Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz en la ciudad de Tijuana", publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado. También deben tenerse por cierto los actos reclamados consistentes en: 1) la Séptima sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, y 2) el estudio técnico y análisis relativo a la consolidación y mejora del subsistema corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, para la garantía al derecho humano a la movilidad Ello en virtud de que de la revisión al contenido de la declaración de saturación del servicio de transporte público en las modalidades de masivo referido, se advierte la existencia de tales determinaciones, las cuales se tomaron en cuenta para su emisión, razón por la cual queda demostrada su existencia. Quinto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión de fondo debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, en virtud de tratarse de un aspecto de orden público y de examen preferente en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Con relación al acto atribuido al Secretario General de Gobierno del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108 fracción III, de la Ley de Amparo, consistente en el refrendo del decreto que contiene el precepto reclamado; lo anterior ya que la parte quejosa no impugnó el referido acto legislativo por vicios propios, ni hace valer conceptos de violación inherentes a la actuación de esa autoridad en relación con su participación de dicha orden. Para evidenciar lo anterior, conviene citar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] VIII. Los conceptos de violación. (.)." De acuerdo con los numerales citados, cuando en el juicio de amparo, la parte quejosa impugna alguna ley o disposición de carácter general, sólo se podrán señalar como autoridades responsables a aquellas que hubieran intervenido en su publicación, cuando se reclame dicha actuación por vicios propios; es decir, que se formulen conceptos encaminados a alegar violaciones relativas al refrendo de la norma impugnada y no únicamente cuando se controvierta la inconstitucionalidad de ésta, lo que en la especie no aconteció ya que en la demanda de amparo no se esgrimió algún argumento sobre dicho tópico y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, aunado a que no se advierte que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio, respecto del acto reclamado consistente en el refrendo del artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte de Estado de Baja California, atribuido al Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, y 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 27/2014, visible en la página 2248, Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época, con registro 2010097, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." II. Improcedencia por Cesación de efectos de los actos atribuidos a la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados siguientes: 1) declaración de saturación del servicio de transporte público en las modalidades de masivo, Taxis de Ruta, Taxis de Sitio, Taxis Con Itinerario Fijo o taxis sin Itinerario Fijo, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar de los mismos que pertenecen al Subsistema Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz en la ciudad de Tijuana, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés; 2) Sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós; y 3) Estudio Técnico y análisis a la consolidación y mejor del Sub sistema Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, que sirvieron de sustento. En efecto, la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora se considera lo anterior, porque el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, se publicó el acuerdo de revocación del mencionado Acuerdo IMOS/60/SE/2022 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, que obra en el acta IMOS-SE-07/2022 emitida por la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California en la Séptima Sesión Extraordinaria celebrada en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, así como todos los efectos de la Declaratoria de Saturación del Servicio de Transporte Público en las modalidades de Masivo, Taxis de Ruta, Taxis de Sitio, Taxis con Itinerario Fijo o Taxis sin Itinerario Fijo, así como la infraestructura y equipamiento auxiliar que pertenecen al subsistema Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la Ciudad de Tijuana, Baja California (publicada el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés), por las razones debidamente fundadas y motivadas asentadas en el ACTA IMOS-SE- 07/2022, levantada con motivo de la tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. Acuerdo de revocación que entró en vigor el veinticinco de marzo de dos mil veintitrés, fecha en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, conforme su artículo Único Transitorio. Por lo tanto, al ser evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados descritos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. III. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la publicación, promulgación y expedición del artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California. Con relación al diverso acto reclamado consistente en la publicación, promulgación y expedición del artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, quien resuelve considera se actualiza el supuesto contenido en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;. [.]." De la interpretación de la porción normativa antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos que se establecen en el artículo 5º de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Del citado precepto se observa, en lo que interesa, que el "quejoso" es la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, en lo que al caso atañe, es pertinente destacar que el interés jurídico se encuentra en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. En ese sentido, el interés jurídico no es otra cosa que el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Por tanto, no existe derecho subjetivo ni, por ende, interés jurídico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya poder de exigencia imperativa; así, el derecho subjetivo consiste en la facultad de exigir a otro una determinada conducta, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer. En ese contexto, es obligación de la parte promovente del amparo acreditar plenamente que los actos que reclama afectan su interés jurídico, dado que éste no debe inferirse ni tenerse por cierto con base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda y la relación de hechos afirmados en ella genere una presunción legal. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sobre tal base, debe decirse que hay actos de autoridad de carácter general, abstracto e impersonal que crean hipótesis o supuestos jurídicos en los que puede o no adecuarse una conducta específica o determinada situación ya de hecho o de derecho. Dichos actos son hipótesis en las que las condiciones en que se encuentre el gobernado pueden o no ajustarse exactamente. Puede suceder, en consecuencia, que por el solo hecho de que una norma de conducta entre en vigor (sea tratado internacional, ley, reglamento o disposición de carácter general) agravie o perjudique a alguien por actualizar para éste determinadas obligaciones, de manera que su situación encaje exactamente en la hipótesis prevista de manera abstracta en dicha norma. Las normas de este tipo son las autoaplicativas y el afectado con ellas estará en aptitud, desde luego, de impugnarlas de inmediato o con motivo de su primer acto de aplicación; pero, por el contrario, puede acontecer que se trate de normas que delinean o estructuran simples abstracciones, hipótesis o supuestos en los que por el momento no encaja persona alguna, o cuando menos el quejoso, aunque es factible que éste quede comprendido en ellas posteriormente, normas que se identifican como heteroaplicativas. Entonces, para impugnar a través del juicio de amparo una norma de carácter general, implica necesariamente la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados. En la primera posibilidad (normas autoaplicativas), quien alegue que la sola entrada en vigor de la ley afecta su esfera jurídica, tiene la obligación de demostrar fehacientemente que se encuentra en el supuesto previsto por la hipótesis contenida en la norma reclamada, o bien, en el caso de que dicha afectación se haga derivar de su primer acto de aplicación, debe acreditar la existencia de dicho acto y que éste vulneró sus derechos fundamentales, aun cuando la norma tenga naturaleza autoaplicativa; pues sólo de esa manera creará plena convicción de que efectivamente la norma general impugnada le causa perjuicio, ya sea por su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación. En cambio, en el segundo supuesto (normas heteroaplicativas), el promovente del juicio tiene la carga de acreditar, también de manera fehaciente, el acto concreto de aplicación de la ley impugnada y que además esa aplicación le cause perjuicio, porque -como se dijo-, esto último constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa. De esta manera, para estar en posibilidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia en comento y, posteriormente, determinar si en el caso se actualiza o no dicha causa, es indispensable precisar los casos en los cuales se trata de una norma heteroaplicativa, o bien, de una norma autoaplicativa. Así, se tiene en cuenta que los artículos 17, 18, 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen implícitamente una clasificación dicotómica de las leyes que se impugnan en el juicio. De tal forma, que se distingue entre normas que con su sola entrada en vigor inciden en la esfera jurídica de los gobernados -autoaplicativas- y aquellas que requieren forzosamente de un acto de aplicación para hacerlo -heteroaplicativas-. La base de tal distinción, como se adelantó, consiste en atender al momento en que las disposiciones inciden en la esfera jurídica de los gobernados, lo que, por vía de consecuencia, lleva a determinar a partir de qué momento y en qué plazo se debe ejercer la acción constitucional en su contra. Aunque en principio parece sencilla la aplicación del criterio de distinción señalado, existen ciertos supuestos en que ese tema se puede complicar; es decir, casos en que la naturaleza de la norma no es, en un primer momento, asequible en forma nítida, sino requiere un estudio profundo para desentrañar cuál es su especie. Para facilitar ese estudio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un concepto que permite determinar en forma objetiva en qué casos una norma tiene naturaleza autoaplicativa y en qué supuestos heteroaplicativa. Dicho concepto es el de individualización incondicionada, el cual entraña el examen de la estructura de norma reclamada con el fin de verificar si la concretización de sus consecuencias jurídicas en los sujetos a que está dirigida, se encuentran sometidas a una condición, o bien, es incondicionada, es decir, para que individualice el mandato contenido en la disposición basta que ésta entre en vigor. Así, la aplicación de esa noción implica, básicamente, determinar en cada caso si conforme al contenido de la norma en cuestión, la actualización de los supuestos normativos o efectos jurídicos que contempla se encuentra vinculada a una condición -cualquiera que sea e independientemente quien la realice-, o bien, son incondicionados. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las consecuencias de la norma general tienen las características siguientes: a) Son inevitables desde que entra en vigor; b) Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho; y, c) Las consecuencias nacen con ella misma; y, por ende, no se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, revisten de las siguientes particularidades: a) Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular; y, b) No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Con base en esa distinción, las normas autoaplicativas son aquellas que, con su sola entrada en vigor, inciden en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que crean, transforman, modifican o extinguen situaciones jurídicas. En cambio, las heteroaplicativas son aquellas que requieren de la realización de una condición, con posterioridad a su entrada en vigor, para que incidan en la esfera jurídica del gobernado, de esa forma las obligaciones o derechos que establezcan serán exigibles hasta en tanto se realice tal jurídico, o bien, un hecho al que el derecho le fija consecuencias jurídicas, ya sea que se realice por una autoridad judicial, administrativa o legislativa, o bien, por un particular, el propio quejoso o un tercero. De esa forma, al aplicarse el criterio en comento se estará en aptitud de determinar la naturaleza de las normas reclamadas, es decir, si son autoaplicativas o heteroaplicativas, lo que servirá para determinar las reglas de procedencia del juicio de amparo en cada caso. Así, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 198200, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 5, Novena Época, con rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Establecido lo anterior, cabe indicar que el artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, es del contenido siguiente: "ARTÍCULO 255.- Contra cualquiera de los actos y resoluciones administrativas que emita el Instituto, incluyendo la imposición de cualquiera de las medidas de seguridad y sanciones, que se prevén en la presente Ley y su Reglamento, los afectados podrán interponer el recurso de inconformidad ante el mismo, cuyo efecto será revisar y en su caso confirmar, modificar o revocar los actos administrativos impugnados, cuyo procedimiento se sustanciara conforme al Reglamento de esta Ley." Precisado lo anterior, se estima que la porción normativa impugnada, no establece una materialización incondicionada, en virtud de que no produce sus efectos por su sola publicación, sino que requiere de un acto posterior que la concrete, es decir, que la individualice. En este sentido, resulta claro que para impugnar dicha norma, la parte quejosa debía demostrar la actualización de un perjuicio ocasionado por su aplicación, ya que basado en el concepto de individualización incondicionada, la norma que aquí se analiza y que la parte quejosa tilda de inconstitucional, es de naturaleza heteroaplicativa. Por tanto, al hacerse patente que de su contenido en sí, no se percibe afectación inmediata a dicho estado de derecho, resulta estrictamente necesario que la parte quejosa acredite el acto con el cual se le aplicó o materializó la norma y el daño que dicha aplicación le generó a su esfera de derechos, lo que en la especie no aconteció. Entonces, si la porción normativa controvertida no ha incidido en los intereses jurídicos ni legítimos de la parte quejosa, deviene la actualización de la causa de improcedencia, habida cuenta de que no existe acto concreto de aplicación en su perjuicio, el cual es necesario al tener el carácter de heteroaplicativo el cuerpo normativo impugnado, así como para cumplir con el principio de instancia de parte agraviada. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 191311, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, cuyo rubro y texto se transcribe: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXXI/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2006963, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 148, Décima Época, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico." En ese sentido, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar el artículo 255 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, en virtud de que esa disposición posee el carácter de norma heteroaplicativa que no ha surtido su efectos en su esfera jurídica. En consecuencia, al haberse actualizado las causas de imporcedncia invocadas, con fundamento en la fracción V, del precepto 63 de la legislación invocada, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sexto. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo en los términos establecidos en los considerandos tercero y quinto, de esta sentencia. Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el último punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe, hoy nueve de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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