Jairo Salinas Bojorquez

Expediente 854/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
854/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Jairo Salinas Bojorquez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintisiete de octubre del presente año, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado 12/08/23 17:13:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Jairo Salinas Bojórquez, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 854/2022-E. Desechamiento. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama al Juez Tercero de lo Familiar del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el Juicio Ordinario Civil de Perdida de Patria Potestad 3109/2021, en el cual dicha autoridad determinó no ha lugar a abrir el juicio a prueba después de celebrada la audiencia de conciliación y que se estuviera a lo acordado al auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El referido ordinal establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia: Como punto de partida es necesario tener presente el texto del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por ser el que prevé la causal de improcedencia que opera en el caso concreto. Dicho precepto legal, en lo que interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Como puede verse, en la reproducida fracción se establece la posibilidad de que se actualice la improcedencia del juicio de amparo, por una causa distinta a las descritas en las veintidós fracciones precedentes, como es la que puede derivar de alguna disposición de la carta magna o de la propia ley de la materia. Desde luego, esto implica que los supuestos legales previstos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos que dan pie a la improcedencia en el juicio de amparo, pues ante lo previsto en la última fracción del precepto legal de que se trata, sin duda existe la posibilidad de que la vía constitucional sea improcedente por la aplicación de alguna norma constitucional o de la ley de la materia. En esas condiciones, es claro que ese numeral no contiene, en sí, una hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, por ser una norma de eficacia operativa dependiente del contenido de otra de nuestra carta magna o de la ley de la materia. Nada más. De ahí, pues, que la configuración abierta de tal disposición permite identificar cualquier otro supuesto constitucional o legal que, dada su naturaleza jurídica, imposibilite la procedencia de la acción de amparo. Sin duda, esta configuración abierta del supuesto normativo que dé lugar a la improcedencia del juicio, dado que el legislador solamente previó la consecuencia -improcedencia de la acción-, debe interpretarse en función del principio de seguridad jurídica, de ahí la necesidad imperiosa de relacionarlo con presupuestos de los previstos exclusivamente en el Pacto Fundamental y en la Ley de Amparo. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la estructura de la norma legal como supuesto y consecuencia, conforme con la cual la improcedencia abierta del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, califica como una consecuencia y no como un supuesto jurídico, pues este último es precisamente el motivo expreso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Nada más. Luego, si la carta magna o la ley de la materia contienen una consecuencia específica para un supuesto normativo, no es dable atribuirle la consecuencia de improcedencia, de ahí que, se insiste, para la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es necesario la existencia de un motivo legal que no tenga una consecuencia expresa diversa a la improcedencia del juicio en sí. Por tanto, no cabe duda de que la improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, debe derivar necesariamente de cualquier disposición de nuestra carta magna o de la Ley de Amparo, lo que, sin duda, implica que las veintidós primeras fracciones de ese numeral sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del propio juicio, los cuales, desde luego, no son los únicos en que la vía constitucional resulta improcedente, pues existen otras hipótesis que originan la improcedencia de que se trata, como son aquellas que pueden derivar tanto de la Constitución General de la República como de la ley de la materia. Bajo la óptica de este juzgador, la improcedencia del juicio deriva de la aplicación de una disposición contenida en la propia Ley de Amparo, en particular, la de su artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, por carecer el acto reclamado de una ejecución irreparable para efecto de la presente vía. Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107 fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del País interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo, determinó que la tesis de jurisprudencia de rubro: Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia de rubro: Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente, ya que deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva que se pronuncie en el juicio, a través del amparo directo, como violación procesal. Ahora bien, como se dijo, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario civil 3109/2021, de su índice, en el que la autoridad responsable determinó no ha lugar a abrir el juicio a prueba después de celebrada la audiencia de conciliación y que se esté a lo acordado al auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós (en el cual se abrió el juicio a prueba por un término de diez días). En ese contexto, conforme a los antecedentes narrados por el quejoso Jairo Salinas Bojórquez, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, refirió que es la parte demandada en el juicio ordinario civil de perdida de patria potestad 3109/2021, en el que Cinthya Lizbeth Granados Murillo, demandó al ahora aquí promovente. Posteriormente, la parte demandada Jairo Salinas Bojórquez, contestó la demanda instaurada, opuso excepciones y defensas; por lo que, en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se determinó abrir el juicio a prueba por un término de diez días fatales a las partes. Después, por auto de ocho de agosto último, se señalaron las ocho horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación. Posterior a ello, en atención al escrito presentado por la parte demandada (aquí promovente), en veintiséis de septiembre del año en curso, la autoridad responsable determinó mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós- que se reclama en este amparo-, que no era procedente abrir el juicio a prueba y que debería estarse a lo acordado por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, -en el cual, se abrió el juicio a prueba-. Por tanto, que el acto que se reclama, constituye una actuación que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que tienen vinculación con la integración del proceso natural; por lo que, no se actualiza la afectación de los derechos sustantivos constitucionales de la accionante de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etcétera. De lo anterior, se obtiene que el acto reclamado fue emitido dentro de juicio; pero se considera que no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no afecta derecho sustantivo alguno del quejoso, consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Pues, tal actuación es un acto reparable que afecta derechos adjetivos o procesales y sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, el cual incide en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable, y una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, de marzo de 2001, página 1742, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto es: Por si fuera poco, debe tenerse presente que dicho acto no conlleva una situación relevante para efectos del juicio de origen, pues, además de que la parte quejosa está en aptitud de intervenir en el juicio con todas las oportunidades que la ley de la materia le otorga para la exposición y la prueba de sus propios derechos, lo cierto es que, como quiera, la propia autoridad está constreñida a examinar, oficiosamente, la procedencia de la acción y, con esto, si la parte demandante tiene derecho a las prestaciones relativas. En esas condiciones, más allá de que el acto reclamado se relacione con algún derecho sustantivo, en el mejor de los casos exclusivamente se involucra con derechos adjetivos que producen efectos intraprocesales, de ahí que, sin duda, tal acto no ocasiona a la parte quejosa un perjuicio actual o presente sobre un derecho cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, ni lesiona bienes jurídicos cuya fuente no deriva únicamente de las leyes adjetivas aplicables, lo que indudablemente no es más que un derecho meramente procesal. Ello es así, toda vez que la afectación que provocó el mencionado acto no es actual, sino que produjo solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, cuyo efecto se tradujo en que continuara la secuela del juicio de origen; sin que esa circunstancia, de modo alguno afectara algún derecho fundamental, ya que éste pudo concluir con resolución favorable a la promovente, caso en el cual, los efectos del acto aquí reclamado no se habrán materializado en su esfera jurídica. Sin embargo, en el supuesto de que la determinación que se dictó en el procedimiento respectivo sea desfavorable a los intereses del solicitante de amparo, podrá aducir violación a las leyes del procedimiento, mediante la promoción del amparo directo en contra de esa decisión, en que tendrán la posibilidad de alegar las violaciones que consideren se cometieron durante la substanciación del proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: Es aplicable sobre el particular, la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente: Debido a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracción V, este último aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Luego, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que, aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte quejosa; lo que además tiene el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo, y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el quejoso acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyos rubros y texto son: Así también es aplicable por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Patricia Bravo Vega, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona para tal efecto. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.), página 197, libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: Medios electrónicos Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente.

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