Jairo Giovani Contreras Lomelí

Expediente 1103/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1103/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Jairo Giovani Contreras Lomelí
  • Juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y tres minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso y fiscal federal de la adscripción-, la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por el Jefe de Causas y Atención del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Genero de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargado de la Base Operativa Hermosillo, agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión y Comparecencias, y comisario General de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública, todos con residencia en esta ciudad. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados; de igual manera, que mediante proveídos de veintitrés y treinta de septiembre de dos mil veintidós, se declaró la inexistencia de las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables, "agentes del Ministerio Publico de la Dirección General de Atención Temprana y Justicia Alternativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora" y "jefe de Grupo Encargado de Citaciones y Ordenes de Aprehensión Base Operativa." El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que en el auto de radicación se reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en el presente asunto no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, con residencia en esta ciudad. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Jairo Giovani Contreras Lomelí, contra el acto atribuido al Juez Oral de lo Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente, por razón de turno, a este juzgado de distrito, Jairo Giovani Contreras Lomelí, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. Por acuerdo de veintitrés de agosto siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un cuya ejecución dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La orden de aprehensión, detención, localización, citación, entrevista, presentación o comparecencia, librada contra el quejoso, y su ejecución. Inexistencia de los actos combatidos No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron el al rendir su respectivo informe con justificación. Sin que en el caso la parte quejosa ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar tales manifestaciones. Lo anterior, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 284, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No se soslaya por parte de este juzgador, la circunstancia de que el Jefe de Causas y Atención del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, informó la existencia del cuaderno preliminar 1393/2022, relativa a la audiencia de ratificación de medidas de protección solicitada por la representación social, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en perjuicio de Jannette Otilia López Carrión, y que en dicho cuaderno se le citó para la citada audiencia. Sin embargo, la citación de la persona investigada a una audiencia ante el juez de control, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se debatirá la ratificación de las medidas de protección impuestas a favor de Jannette Otilia López Carrión, contra Jairo Giovani Contreras Lomelí, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. Es ilustrativa, por las consideraciones que la contiene, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Decisión En esa virtud, ante la negativa de los actos que reclama el peticionario del amparo, aunado a que no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto dichos actos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Jairo Giovani Contreras Lomelí, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando III de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable comisario General de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de mérito y dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Informes previos. Agréguense a los autos los oficios suscritos por las autoridades responsables agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión y Comparecencias; director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; y jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargado de la Base Operativa Hermosillo, todos con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rinden su respectivo informe previo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de mérito y dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Informes justificados. Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios y anexos suscritos por las autoridades responsables agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión y Comparecencias; director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Genero; y jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal encargado de la Base Operativa Hermosillo, todos con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rinden su respectivo informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de mérito y dese vista a las partes con su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en auto de veintiséis de septiembre del año actual, se señalaron las diez horas con treinta y tres minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional cuando lo correcto es las diez horas con treinta y tres minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, y se regulariza el procedimiento, para el único efecto de tener por señaladas las diez horas con treinta y tres minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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