Jaime Olaiz Abalos
Expediente 489/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jaime Olaiz Abalos
- Congreso del Estado de Sonora, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Audiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta minutos del ********************, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante ********************ioleta Ybarra Escalante, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe, celebran la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con copia del escrito inicial de demanda. Asimismo, la secretaria da cuenta con el escrito firmado por el autorizado legal de la parte quejosa y registrado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional con el folio 14781. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar, y en cuanto al escrito presentado en esta fecha, provéase lo conducente en la parte relativa de esta audiencia. Abierto el período de pruebas. La secretaria hace constar que la parte quejosa ofreció las documentales que anexó a su escrito de demanda, y los exhibidos en la propia data. El juez acuerda: con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa y, tómense en cuenta en la presente audiencia incidental. Finalmente, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer medios de prueba. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. La secretaria da cuenta con los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos por dicha parte con fundamento en el artículo 144 de la ley de la materia, y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. ********************istos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************; y, R e s u l t a n d o s : I. Antecedentes A petición de ********************, por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual dio inicio a las nueve horas con treinta minutos de hoy, y culmina con la resolución interlocutoria que se emite al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s : II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. III. Precisión de los actos reclamados En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, substancialmente se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hacen consistir en lo siguiente. - Del Congreso del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: a) La Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2022, publicada el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en específico, los artículos 11,12, 13, 14, 15 y 16. - Del Congreso del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: b) La emisión del decreto de los Planos y Tablas de ********************alores Unitarios de suelo y construcción del Ayuntamiento de Hermosillo, para el Ejercicio Fiscal del año 2022, publicada el treinta de diciembre de dos mil veintiuno. - Del Gobernador del Estado de Sonora: c) La sanción y orden de publicación del decreto de los Planos y Tablas de ********************alores Unitarios de suelo y construcción del Ayuntamiento de Hermosillo, para el Ejercicio Fiscal del año 2022, así como La Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2022, ambos ordenamientos publicados el treinta de diciembre de dos mil veintiuno. - Del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con sede en esta ciudad: c) La participación en el proceso legislativo que dio origen a las normas generales previamente aludidas (Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2022, así como los Planos y Tablas de ********************alores Unitarios de suelo y construcción del Ayuntamiento de Hermosillo, para el Ejercicio Fiscal 2022). - Del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con sede en esta ciudad: d) El cobro del impuesto predial que constituye el primer acto de aplicación de las normas jurídicas reclamadas, a saber: ? Recibo de pago 9246623, de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, expedido por la Tesorería Municipal de Hermosillo, Sonora, a nombre de ********************, bajo el concepto de impuesto predial del inmueble con clave catastral 51006088, ubicado en CALLE PORCIÓN S1, SIN NÚMERO, COLONIA EL LLANO, MUNICIPIO: HERMOSILLO, por un importe de $4,880.00 (cuatro mil ochocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional); y, ? Recibo de pago 9246640, de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, expedido por la Tesorería Municipal de Hermosillo, Sonora, a nombre de ********************, bajo el concepto de impuesto predial del inmueble con clave catastral 51006084, ubicado en CALLE POLÍGONO 1 JOSÉ MARÍA MENDOZA, NÚMERO 0, COLONIA EL LLANO, MUNICIPIO: HERMOSILLO, por un importe de $86,783.00 (ochenta y seis mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). - A todas las autoridades responsables: En general, el sistema normativo que regula la mecánica de la liquidación y pago del impuesto predial en el Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós. ********************. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado al coordinador general jurídico del Ayuntamiento, de esta ciudad, toda vez que así lo manifestó en su informe previo. De ahí que, sin prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, por lo que hace a la autoridad precisada. Es así, pues de las constancias ofertadas, no son aptas para desvirtuar la negativa expuesta por la responsable pues de los mismos no se evidencia la existencia del reclamo constitucional; de ahí que prevalezca la negativa de la responsable y deba negarse la suspensión definitiva. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME PRE********************IO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Asimismo, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INFORME PRE********************IO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DES********************IRTÚA LA NEGAT********************A DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza." ********************. Certeza del acto reclamado Resultan ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades, pues así lo manifestó al rendir informe previo. Presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y, Director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobierno, de esta localidad. Es cierto el acto reclamado a la directora jurídica de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo; pues si bien, al rendir su informe previo acepta parcialmente el reclamo, de sus propias manifestaciones se advierte la existencia del acto reclamado. Por otra parte, el gobernador del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, omitió rendir su informe previo, no obstante de habérsele solicitado oportunamente; por ende, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva en este incidente. ********************I. Estudio de la medida cautelar definitiva En principio, es necesario traer a colación el precepto constitucional en el que se establece la figura de la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo. Lo anterior se sustenta en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes. [.]" En la citada porción normativa se establece que para concederse la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver el juez de Distrito a sensibilidad, ante la realidad del acto reclamado. En segundo término, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para la procedencia de la medida suspensional: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." También, se dilucida que con la concesión de la suspensión provisional, no se causa perjuicio alguno al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, máxime que no se contravienen los supuestos previstos en el numeral 129 de la Ley de Amparo. De ahí que, los actos reclamados son susceptibles de ser paralizados; en el entendido de que, en el caso, resulta aplicable la suspensión solicitada, en términos del arábigo 148 de la citada ley, en cual reza: "Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación." En ese orden de ideas, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que no se ejecuten en perjuicio de la parte quejosa los efectos y consecuencias subsecuentes de la norma reclamada como inconstitucional, así como del acto de aplicación de ésta. Por otro lado, no pasa inadvertido para este juzgador los efectos peticionados por el quejoso y que fueron precisados en líneas anteriores, no obstante, no es factible conceder la suspensión para tales efectos. Ello en virtud de que la negativa de la constancia que solicita a la dependencia responsable no guarda relación alguna con los actos reclamados en el juicio principal del que deriva este incidente, los cuales fueron plasmados en párrafos anteriores. Ya que sólo pueden paralizarse las consecuencias de actos que hayan sido reclamados en el juicio de derechos en lo principal. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), que dispone: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." ********************II. Requisito de efectividad La anterior medida suspensional surte efectos sin necesidad de exhibir la garantía de interés fiscal que refiere el artículo 135, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque la parte quejosa asevera haber realizado el pago del impuesto predial, en relación con los inmuebles con claves catastrales (3600) 51006084 y (3600) 51006088. Por tanto, es inconcuso que no se encuentra obligado a garantizar el interés fiscal. Es ilustrativa al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo II, página 1591, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS QUE IN********************OLUCREN CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES, SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU CONTINUACIÓN ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS PRE********************ISTAS LEGALMENTE QUE LE SEÑALE EL JUEZ DE DISTRITO. La interpretación armónica y sistemática de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo vigente, lleva a concluir que cuando se solicita la suspensión -provisional o definitiva- en contra de los actos de determinación, liquidación, ejecución y cobro de contribuciones o créditos fiscales, surte efectos de inmediato, esto es, desde el momento en que se concede en el acuerdo relativo, aunque se recurra, pero su continuación está condicionada a que en el plazo de 5 días el quejoso exhiba la garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables en los términos que considere el Juez de amparo, incluso, para reducir su monto o a dispensar su otorgamiento en determinados supuestos. En caso contrario, es decir, de no exhibir en el plazo indicado la garantía, dejará de surtir efectos la suspensión, aunque si no se ejecuta el acto reclamado después de dicho lapso y se ofrece garantía, volverá a surtir efectos. Lo expuesto es así, porque no es factible realizar una interpretación literal y aislada de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo en vigor, cuando establece que la suspensión surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios previstos legalmente; pues ello implicaría que previamente a conceder la suspensión, indefectiblemente y en todos los casos, el interés fiscal ya estuviera garantizado o se tendría que garantizar, con lo que, por una razón práctica, carecería de sentido solicitar la medida cautelar respecto de actos que involucren contribuciones o créditos fiscales ante el Juez de Distrito, dado que sería la propia autoridad fiscal -señalada como responsable en el juicio de amparo- la que calificó o no la pertinencia de la garantía, haciendo nugatorio el ámbito protector del juicio de derechos fundamentales, ya que la medida cautelar es lo que permite conservar o preservar su materia, siendo el Juez de amparo el que podrá concederla discrecionalmente y atendiendo a las circunstancias de cada caso. Además, el numeral 136 de la Ley de Amparo vigente es explícito al señalar que la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento que se conceda en el acuerdo relativo. De ahí que si la ley no distingue, no debe hacerlo el juzgador, por lo cual, la medida cautelar surte sus efectos de inmediato contra actos que involucren contribuciones o créditos fiscales, pero está condicionada a que el peticionario de amparo exhiba la garantía que le fije el Juez de amparo en el plazo de 5 días, o con posterioridad si no se ha ejecutado el acto reclamado." Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra el acto que reclama a las autoridades que precisadas quedaron en el considerando ********************, por los motivos ahí expuestos. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra el acto que reclama a las autoridades que precisadas quedaron en el considerando ********************, por los motivos expuestos en el diverso apartado ********************I de esta interlocutoria. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante ********************ioleta Ybarra Escalante, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Informes previos. Conforme a lo establecido en el numeral 140 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes previos rendidos por la directora jurídica de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, y por el director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobierno, con residencia en esta ciudad, ambos con residencia en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Domicilio y delegados. En términos de los artículos 28 y 9, de la ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los indicados en las misivas que se atienden, y por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que aluden los oficiantes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Informes previos. Conforme a lo establecido en el numeral 140 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes previos rendidos por el coordinador general jurídico del Ayuntamiento, y por la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sonora, ambos con residencia en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Delegados. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tiene por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que aluden los oficiantes. Domicilio. En cuanto al domicilio que señala la autoridad precisada en párrafos anteriores en primer término, téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su misiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia incidental. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos se desprende que no fue posible celebrar la audiencia incidental, toda vez que no obra constancia de notificación, o bien, informe previo de la totalidad de las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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