Jair Emanuel Perez Chacon
Expediente 1169/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jair Emanuel Perez Chacon
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dos de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda promovida por Cecilia Elizabeth Chacon Pech, a favor de Jair Emanuel Pérez Chacon, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1208/2020-I, promovido por Juan Francisco Benítez Kin, contra actos que reclama del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán y otra autoridad, por estimarlos violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Juan Francisco Benítez Kin solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán y del Registrador de los Libros Primero, Segundo y Sexto del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento de la aclaración de los actos reclamados y tercero interesado, por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, el acto siguiente: El embargo del cincuenta por ciento del predio número ochocientos cuarenta y dos, de la calle treinta y siete letra "D", entre las calles ciento ocho y ciento diez, del fraccionamiento "Hacienda", de Ciudad Caucel, en Mérida, Yucatán, en el juicio ejecutivo mercantil número 170/2012-A, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. Tercero. Actos existentes. La Registradora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (denominación correcta) y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron la certeza del acto que se les atribuye, lo que se corrobora con las constancias remitidas por dichas autoridades, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por lo que los actos atribuidos se consideran existentes. Sin que se soslaye la manifestación del Juez responsable, en una parte de su informe justificado, de negar la existencia del acto reclamado como devolución del cincuenta por ciento del predio embargado que señala el quejoso; sin embargo, del análisis integral del acto verdaderamente reclamado y de las constancias adjuntas a su informe, se desvirtúa la negativa parcial y se corrobora su existencia. Cuarto. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advertirse alguna de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación, sin que sea necesaria su transcripción, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevarla a cabo. De la demanda y su aclaración se desprende que el quejoso se duele de que con motivo del acto que reclama se violan en su perjuicio los derechos fundamentales protegidos por los artículos 4, 8, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que señala que se encuentra en estado de indefensión, pues sin haberse seguido juicio en su contra ni ser parte del mismo, se le pretende privar de la parte proporcional del predio que defiende, que es el marcado con el número ochocientos cuarenta y dos, de la calle treinta y siete letra "D", entre las calles ciento ocho y ciento diez, del fraccionamiento "Hacienda", de Ciudad Caucel, en Mérida, Yucatán, del que le corresponde el cincuenta por ciento. Que es propietario en partes iguales con su esposa Laura Soledad Hau Cab, pues durante su matrimonio compraron mediante crédito el predio en cuestión, el nueve de enero de dos mil nueve, encontrándose casados bajo el régimen de sociedad legal, desde el año mil novecientos noventa y ocho, aunque en la escritura sólo aparece a nombre de su esposa. Además, el accionante de amparo argumentó que su cónyuge no pudo defenderse en el juicio de origen instaurado en su contra, ni fue avisada del remate en pública subasta del bien inmueble, pues ya le pertenece a otra persona y le requirieron que desalojara. Que es por ello, que resiente el gravamen o embargo del cincuenta por ciento del predio, pues adquirió la propiedad del mismo dentro del régimen matrimonial, de ahí que estima que debe devolverse el cincuenta por ciento que le corresponde al quejoso. Los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra. En principio se consideran inoperantes los motivos de disenso en los que el quejoso formula argumentos en defensa de su cónyuge Laura Soledad Hau Cab, respecto de actuaciones del juicio ejecutivo mercantil número 170/2012-A, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que aquella figura como parte demanda. De tal manera que si el quejoso promovió el presente juicio de amparo por su propio derecho, como persona ajena a las partes del citado juicio de origen, resultan ser inatendibles los conceptos de violación en los que argumenta sobre cuestiones que atañen a las partes del juicio de origen Por su parte, se consideran infundados los restantes argumentos del peticionario de amparo, en los que pretende se libere y restituya el cincuenta por ciento de la propiedad del predio defendido, que afirma fue adquirido durante el matrimonio civil entre la demandada del juicio de origen y el propio quejoso, bajo el régimen de sociedad legal. Para poner de manifiesto las razones de lo anterior, es necesario en principio, dilucidar si existen o no dos derechos reales de la misma naturaleza, que se encuentran en juego, pues de ello depende establecer sí debe concederse al quejoso la protección constitucional solicitada. En el caso, con la demanda de amparo fue exhibida copia certificada del acta de matrimonio de nueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, que el peticionario de amparo celebró con Laura Soledad Hau Cab, bajo el régimen de sociedad legal. Además, con su escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el quejoso exhibió en el presente juicio de amparo, el documento electrónico que consiste en la certificación expedida por el Registrador Inmobiliario de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, de la constancia de inscripción vigente del folio electrónico del predio 945371, número de inscripción 996585, relativa al predio de la calle treinta y siete letra "D", número ochocientos cuarenta y dos, fraccionamiento Ciudad Caucel, municipio de Mérida, del cual es propietaria Laura Soledad Hau Cab, soltera, con base en la escritura pública número 18, otorgada el nueve de enero de dos mil nueve. Las pruebas documentales relacionadas en los párrafos que anteceden, al ser de naturaleza pública tienen pleno valor probatorio, con apoyo en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por su parte, las copias certificadas que el juez responsable remitió con su informe justificado, valoradas positivamente en el considerando que antecede, informan de la existencia del juicio ejecutivo mercantil número 170/2012-A del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, promovido por Apoyo Económico Prestamigo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada o Apoyo Económico Prestamigo, S. A. de C. V., SOFOM, E. N. R. o Prestamigo y continuado por Julio Alberto Martínez Euán, en contra de Laura Soledad Hau Cab y otros. También se desprende de la documentación consultada, que en el juicio citado, al haber sido requerida de pago la demandada Laura Soledad Hau Cab, y no hacerlo, la actora solicitó se embargara el bien inmueble de su propiedad, que es el predio marcado con el número ochocientos cuarenta y dos, de la calle treinta y siete letra "D", del fraccionamiento Ciudad Caucel, localidad Caucel, municipio de Mérida, a lo que recayó acuerdo de quince de mayo de dos mil doce, que accedió a lo solicitado; además, que se dictó sentencia contra la demandada, quien no hizo pago de la condena, por lo que el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en diligencia de remate en pública subasta y segunda almoneda, se declaró fincado el remate del bien inmueble y adjudicado a favor de la parte actora; además, en diverso auto de diez de noviembre de dos mil veinte se ordenó ponerla en posesión del predio. De la información que precede, queda acreditado que desde el nueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, el quejoso y la demandada del juicio de origen celebraron matrimonio bajo el régimen de sociedad legal, y que encontrándose en ese tipo de unión, ella adquirió el bien inmueble que se encuentra comprometido en la controversia judicial en comento. Se afirma lo anterior, sin soslayar que de la inscripción ante la autoridad registral, exhibida por el quejoso, informa que el estado civil de la adquirente era soltera; sin embargo, de la certificación del acta de matrimonio y su fecha de celebración, se advierte lo contrario, como ha quedado expuesto, por lo que sin prejuzgar sobre el hecho de que esa información obedezca a una acción intencionada de la adquirente, con las consecuencias que de ello habrían deparado para su persona, o a un error en el procesamiento de la información que proporcionó, lo cierto es que para efectos de esta sentencia de amparo, debe prevalecer la determinación de que a la data de adquisición del bien inmueble, el estado civil de la adquirente era casada, bajo el régimen patrimonial de sociedad legal, y por tanto, el inmueble de mérito era propiedad del fondo relativo a esa sociedad. Al respecto, también es de considerar que el artículo 149, fracción I, del Código Civil del Estado de Yucatán, vigente en la fecha de la celebración del matrimonio (nueve de abril de mil novecientos noventa y ocho) y adquisición del inmueble (nueve de enero de dos mil nueve), establecía: "Artículo 138.- Forman el fondo de la sociedad legal: I.- Todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio de una profesión o actividad lícita, mercantil o industrial, o por cualquier trabajo. De lo que puede verse, la legislación vigente en la celebración del matrimonio, y en la adquisición del inmueble, son categóricas al establecer que forman parte de la sociedad legal los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges. Así, se evidencia que el bien inmueble de la atención fue adquirido por el matrimonio sujeto al régimen de sociedad legal; no obstante, es acertado destacar que el quejoso no acreditó en este juicio de amparo, con medio probatorio óptimo, haber registrado su régimen matrimonial en el Registro Público de la Propiedad, pues dicho inmueble sólo aparecía registrado a nombre del cónyuge enjuiciado. Ahora bien, del propio juicio natural se advierte que el bien inmueble cuestionado, ya fue adjudicado en remate a favor de un tercero considerado de buena fe, lo que genera un derecho real de propiedad a su favor. Tales aspectos son factores de gran importancia para el sentido de este fallo, y al respecto debe tenerse en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia 3ª. /J. 7/93 que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, si bien provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real sobre ese mismo bien; no impide que el derecho real del cónyuge que no aparece en la inscripción sí pueda oponerse frente un embargo trabado en el mismo con motivo de un juicio seguido por obligación de tipo personal. Sin que se omita señalar que ese criterio fue objeto de un análisis reciente por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ocuparse de la solicitud de modificación de jurisprudencia 7/2011, que fue resuelta en sesión de once de mayo de dos mil once por unanimidad de cinco votos, en el sentido de que resultó procedente pero infundada. Con base en ese contexto, debe tenerse en cuenta que el derecho real se define como la relación jurídica que se crea entre la persona titular de una cosa y cualquiera que pretenda hacer valer un interés contrapuesto al interés del titular de la cosa; que los derechos reales son ejercitables contra todo el mundo, pues imponen la obligación negativa de respetar su actividad; y que los derechos reales tienen las características de preferencia y persecución y generan la obligación de no hacer. Entonces, el hecho de que el quejoso argumente que es propietario alícuota del bien inmueble que defiende y que está sujeto al juicio ejecutivo mercantil de origen, no es razón suficiente para obtener la concesión del amparo, por la razón de que la sociedad conyugal en la que sustenta su derecho para acudir al juicio de amparo, no estaba inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado, pues dicho bien inmueble sólo aparecía registrado a nombre del cónyuge enjuiciado, esto es, de Laura Soledad Hau Cab. En el entendido que los derechos reales están previstos en la legislación civil, entre los cuales figura con innegable importancia el derecho de propiedad. Asimismo, es destacable tener en cuenta que el acto reclamado se hace derivar del juicio ejecutivo mercantil, que se rige en el Código de Comercio, en el que el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara haber lugar a la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará el remate de los mismos, y que una vez enajenado el bien por remate o adjudicación, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público tratándose de inmuebles. Por lo que lo anterior permite establecer que mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que hayan cubierto el precio fijado para la venta, adquieren un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquieran coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien raíz, en forma análoga a como sucedería en el caso de una compraventa privada. Esto es así, porque se considera que adquiere un derecho real quien cubre el precio fijado para la venta judicial del inmueble secuestrado en el juicio, por la razón de que la venta judicial constituye por sí misma un acto traslativo de dominio que importa necesariamente la concurrencia de un derecho real. Destacándose que el derecho de propiedad tiene un mismo valor y peso jurídico como derecho real, sin importar a través de cuál acto traslativo de dominio contemplado por la legislación aplicable se haya adquirido dicho derecho. Así, se estima que no existen categorías o clasificaciones del derecho de propiedad como derecho real, pues no se puede sostener válidamente que un derecho de propiedad tiene distinta jerarquía o valor jurídico de 'real' que otro. Por consecuencia de las consideraciones anteriores, si bien es verdad que el quejoso acreditó su interés jurídico para promover el juicio de amparo, al tener un derecho real sobre el bien inmueble rematado, por formar parte de la sociedad legal que celebró con su esposa, demandada en el juicio natural; sin embargo, ese hecho no es razón suficiente para obtener la concesión del amparo, porque la sociedad no estaba inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado, y el inmueble en cuestión sólo aparecía registrado a nombre del cónyuge enjuiciado. Derivado de lo anterior, se enfatiza, el derecho real en que se apoya el accionante de amparo no es oponible al tercero de buena fe -rematador en el juicio- que adquirió igual derecho sobre el propio bien, ya que se tuvo por cubierto el precio total fijado para la venta judicial, sin que pueda cuestionarse en el presente juicio de amparo, qué derecho era mejor, pues sólo corresponde determinar la violación al derecho de propiedad, lo que no sucede en el caso, porque el derecho personal derivado del documento basal se convirtió en derecho real, a favor del rematador por la venta judicial, la que se equiparaba para esos efectos a una venta normal. Lo que se concluye, debido a que por la etapa del procedimiento de ejecución del juicio natural, el derecho real de propiedad del quejoso derivado de la sociedad legal, ya no es oponible contra el embargo que surgió del derecho personal del pagaré basal, ya que por virtud de la venta judicial pasó a ser un derecho real a favor del adjudicatario de buena fe, contra el que su derecho no es oponible, por la falta de inscripción de la sociedad en el Registro Público de la Propiedad. Es aplicable a las consideraciones sustentadas, la jurisprudencia 18/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 644, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Civil, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y con registro digital 2004332, de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil." Énfasis añadido Por consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por el quejoso, y sin que se advierta queja alguna que sea susceptible de suplirse, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Francisco Benítez Kin, contra actos que reclama del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán y otra autoridad, por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Esta sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, hasta hoy seis de julio de dos mil veintiuno, que las labores lo permitieron.
- Principal
MESA VI. Mérida, Yucatán, dos de julio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la secretaria en la razón de cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los fines legales pertinentes la constancia actuarial de uno de junio del año en curso, practicada por el Fedatario Judicial Adscrito a éste Juzgado Federal, de la cual se advierte que el directo quejoso Jair Emmanuel Pérez Chacón, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Cecilia Elizabeth Chacón Pech; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de uno de los actuales y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo y por tanto, quedan sin efectos todas las providencias decretadas en el presente juicio de amparo. Asimismo, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y personalmente. (...)
- Principal
MESA VI. Mérida, Yucatán, uno de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Cecilia Elizabeth Chacon Pech a favor de Jair Emanuel Pérez Chacon, contra actos del Director de la Policía Municipal y Tránsito de Kanasín, Yucatán y otra autoridad, remitida vía electrónica; fórmese expediente y regístrese con el número 1169/2021-VI. Ahora bien, no pasa inadvertido que la demanda fue presentada sin la firma electrónica o autógrafa del promovente, sin embargo, en virtud de que se reclaman actos que se encuentran previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 3, párrafo final, ha lugar a su tramitación inmediata. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: la incomunicación y detención (privación ilegal de la libertad), que se aduce sufre el directo quejoso. Suspensión de oficio y de plano. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la incomunicación que se aduce sufre el directo quejoso, atribuido a todas las autoridades señaladas como responsables para el efecto de que cesen de inmediato esos actos. De igual forma se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la detención (privación ilegal de la libertad) que sufre el directo quejoso atribuido a las autoridades denominadas Director de la Policía Municipal y Tránsito y Comandante en turno de la Policía Municipal ambos de Kanasín, Yucatán, para el efecto de que si la detención del mismo fuera derivada de la comisión de un delito, sin demora cese la detención y sea puesto a disposición del Ministerio Público que corresponda; en caso contrario, sea puesto en inmediata libertad, de conformidad con el diverso numeral 164 del citado ordenamiento legal. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, que en el caso de que la detención del directo quejoso sea con motivo de alguna falta administrativa impuesta como sanción, la suspensión de plano otorgada tendrá el efecto de interrumpir su ejecución, mas no de extinguirla, por lo que podría reanudarse la misma, de negarse el amparo en el juicio que en su caso se tramite. Se ordena al Actuario adscrito a este juzgado, para que al momento de la notificación de este acuerdo a la autoridad responsable, se cerciore de su debido cumplimiento. En el entendido de que las autoridades responsables, deberán comunicar dentro del término de veinticuatro horas, el cumplimiento que den a la suspensión de plano concedida, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo; asimismo, se apercibe a las autoridades que de no acatar la suspensión de plano concedida, serán sancionada en términos de lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de la Materia. En atención a las medidas de contingencia, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que podrán hacer llegar a este Juzgado el informe requerido o cualquier otro documento relacionado con este juicio, enviándolo al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional que es el siguiente 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. En virtud de lo anterior, no ha lugar a ordenar se abra el incidente de suspensión de los actos reclamados, toda vez que ya se ha otorgado la suspensión de plano de los mismos. Ratificación de la demanda. Se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado para que se constituya en los separos de la Policía Municipal y Tránsito de Kanasín, Yucatán o bien, en cualquier otro lugar de reclusión en esta ciudad de Mérida, Yucatán, donde el directo agraviado Jair Emanuel Pérez Chacon, pudiera ser hallado y lo requiera para que en el acto de la notificación de este auto o a más tardar dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor por Cecilia Elizabeth Chacon Pech, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedarán sin efecto las providencias dictadas en este cuaderno de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de la Materia. En caso de que el actuario judicial tenga conocimiento que el directo quejoso se encuentra en algún lugar distinto a un centro de reclusión, se le autoriza para que se constituya al mismo, a fin de lograr la notificación del quejoso. Por otra parte, se comisiona al actuario adscrito para que al momento de realizar la notificación del presente proveído, de fe del estado físico del directo agraviado, esto es, si presenta alguna lesión, haciendo constar en su caso las manifestaciones que respecto de las mismas señale éste, de ser su deseo hacerlo. Para la efectividad de lo anterior, se conmina a las autoridades responsables, a fin de que bajo su estricta responsabilidad, giren las instrucciones correspondientes al personal bajo su mando, para que se otorguen las facilidades necesarias al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para el cumplimiento de lo ordenado en párrafos precedentes. Una vez hecho lo anterior, se acordará lo relativo a la admisión de la demanda de amparo. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, hasta en tanto, el directo quejoso proporcione uno diverso, de estimarlo pertinente. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso que nos ocupa mediante el esquema de "juicio en línea", sin que pase inadvertidas las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello; lo anterior, en términos del artículo 1, fracción I, del acuerdo 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Notifíquese personalmente al directo agraviado en el lugar en que se encuentre recluido. (...)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Jaime Sebastián Manrique Manzanero313/2021
- Jaime Sosa Ayala405/2019
- Jaime Vargas Chablé1557/2022
- Jair Antonio Benitez Rejón1501/2018
- Jair Antonio Benitez Rejón1502/2018
- Jair de Jesús Díaz Murrieta307/2019
- Jair Fernando Gómez Orilla2344/2022
- Jairo Abrissel Ruz Ruiz1262/2023
- Jairo Alberto Ceballos López2341/2021
- Jairo Gonzáles Guerrero1778/2022
- Jairo Israel Couoh Castro843/2021
- Jairo Nolberto Tacuri Tacuri2317/2022