Jair Antonio Benitez Rejón
Expediente 1501/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1501/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jair Antonio Benitez Rejón
- Jair Antonio Benitez Rejón y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, por lo que al no existir documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
V. (CITATORIO). Mérida, Yucatán, nueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el memorial suscrito por Jair Antonio Benítez Rejón, con el que da cumplimiento a los requerimientos que se le hicieron en autos de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y tres de enero del año en curso. Ahora bien, en el presente caso lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral del escrito de demanda y su escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento para la ejecución del convenio transaccional en el juicio de origen 957/2017, y como consecuencia, la orden desalojo del quejoso de tres locales marcados con las letras A, B y C del predio marcado con el número ciento cincuenta y uno letra B de la calle ochenta y uno de Progreso, Yucatán, ordenado por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Pues bien, a criterio de quien esto acuerda es improcedente el juicio de amparo respecto al acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, mismo que ha sido detallado en líneas que anteceden. En efecto, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, mismos que a continuación se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." En el caso a estudio, la parte quejosa reclama la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento para la ejecución del convenio transaccional en el juicio de origen 957/2017, y como consecuencia, la orden desalojo del quejoso de tres locales marcados con las letras A, B y C del predio marcado con el número ciento cincuenta y uno letra B de la calle ochenta y uno de Progreso, Yucatán, ordenado por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, a fin de establecer si por la naturaleza de los actos reclamados por el impetrante, se trata o no de los emitidos en el período de ejecución de sentencia, es pertinente señalar algunas precisiones en relación con la figura jurídica denominada "convenio transaccional": Así, es de señalar que el contrato de transacción tiene como características, la reciprocidad de concesiones que las partes se hagan para terminar una controversia presente o prevenir una futura, lo cual constituye un elemento esencial de dicho contrato, y tal reciprocidad de concesiones debe derivar del propio texto del acuerdo de voluntades de las partes. Luego, en la transacción, la reciprocidad de las concesiones es un atributo de existencia del contrato, en ausencia del cual, no es posible concebirlo o estructurarlo jurídicamente; en otros términos, el consentimiento, como elemento esencial de tales contratos, debe manifestarse para que exista transacción, en el sentido de que una parte haga determinada concesión a la otra, a cambio de la que esta última a su vez, le otorgue, estando animadas dichas manifestaciones del deseo de terminar una controversia presente o prevenir una futura. La transacción se identifica en algunos puntos con la sentencia ejecutoriada, y algunas veces las leyes conceden a la transacción la misma eficacia y autoridad que a la sentencia firme, como se advierte de los preceptos del Código Civil del Estado y del Código de Procedimientos en Materia Civil del Estado, que a continuación se transcriben: Del Código Civil del Estado de Yucatán. "Artículo 2111. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura." "Artículo 2112. Por la transacción no se transmiten, sino que se declaran o reconocen los derechos que son el objeto de las diferencias sobre lo que ella recae. La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que lo hace a garantizarlos, ni le impone responsabilidad alguna en caso de edicción (sic), ni importa un título propio en que fundar la prescripción." "Artículo 2114. La transacción que previene controversias futuras debe constar en escritura pública, ante escribano o notario públicos, según corresponda conforme a la ley del notariado, teniéndose en cuenta el interés de que se trate." "Artículo 2124. La transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada." Del Código de Procedimientos Civiles del Estado. "Artículo 393. Las transacciones y los convenios celebrados en juicio, serán ejecutados por el juez que conozca del negocio (...)" "Artículo 395. Todo lo que en este título se dispone respecto de la sentencia ejecutoriada, comprende las transacciones, los convenios y el juicio de contadores de que tratan los artículo 392 y 393." "Artículo 397. Cuando la ejecución se pida en virtud de sentencia que haya causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar ya otorgada la fianza correspondiente, el juez señalará al deudor el término de tres días para que cumpla la sentencia si en esta misma no se ha fijado algún término." Las disposiciones legales recién transcritas permiten concluir que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada, y cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen, están obligadas a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley, y su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de las partes. Sirve de fundamento a dicha consideración, por identidad jurídica, la jurisprudencia número 41/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Febrero de 2001, visible en la página 55, que dice lo siguiente: "TRANSACCIÓN, CONTRATO DE. TIENE CALIDAD DE COSA JUZGADA Y ES PROCEDENTE SU EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO. El artículo 2944 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que por transacción debe entenderse el contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura; por su parte, el diverso artículo 2953 del referido Código Civil previene que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Ahora bien, al ser esencial que este tipo de contrato sea bilateral, como consecuencia necesaria de la reciprocidad de concesiones que se hacen las partes, lo que supone la existencia o incertidumbre de un derecho dudoso, de un derecho discutido o susceptible de serlo, y que origine obligaciones de dar, hacer o no hacer que correlativamente se imponen los contratantes, pues precisamente su objeto es el de realizar un fin de comprobación jurídica, esto es, de establecer la certeza en el alcance, naturaleza, cuantía, validez y exigibilidad de derechos, cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen están obligadas a lo expresamente pactado. Es por lo anterior que lo establecido en los artículos 500 y 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando previenen, el primero, que la vía de apremio procede a instancia de parte cuando se trate de la ejecución de una sentencia y, el segundo, que todo lo dispuesto en relación con la sentencia comprende los convenios judiciales y las transacciones, las cuales deberán ser de aquellas que ponen fin a una controversia presente o previenen una futura, controversia que forzosa y necesariamente debe existir, es aplicable al contrato de transacción, pues reúne las condiciones apuntadas, y ante ello es claro que puede exigirse su cumplimiento en la vía de apremio." Entonces, el acto reclamado consistente en la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento para la ejecución del convenio transaccional en el juicio de origen 957/2017, y como consecuencia, la orden desalojo del quejoso de tres locales marcados con las letras A, B y C del predio marcado con el número ciento cincuenta y uno letra B de la calle ochenta y uno de Progreso, Yucatán, ordenado por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, es un acto que no tiene autonomía propia, y por tanto no procedería el juicio de amparo, aun considerando que el acto reclamado violaran derechos fundamentales del quejoso; en razón de que no son ajenos, sino que tienen íntima vinculación con la cosa juzgada, ya que su finalidad es ejecutar una de las bases condicionales del convenio transaccional de entrega y desocupación del inmueble antes descrito, a la que cada una de las partes se comprometió de manera voluntaria; por tanto, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio para reclamar una falta de emplazamiento al juicio de origen, pues él ya sabía de las consecuencias jurídicas del incumplimiento de dicho convenio transaccional desde el momento en que lo suscribió y con lo cual no se le estaría dejando en estado de indefensión, ni se coartaría su derecho de audiencia. En concordancia con lo expuesto, es evidente que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, es improcedente en términos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jair Antonio Benítez Rejón, contra actos del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, al actualizarse en presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el memorial suscrito por Jair Antonio Benítez Rejón, con el que pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se previno al quejoso para que bajo protesta de decir verdad señalara de manera clara, concreta y específica cuál es el acto que le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables, es que no se considera cumplida dicha prevención. Se afirma lo anterior, toda vez que el citado promovente fue omiso en realizar las manifestaciones que vierte respecto del acto que por esta vía reclama, bajo protesta de decir verdad, aunado a que no es claro concreto y específico en señalar cuál es el acto que le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables, máxime que refiere que el acto reclamado es la falta de emplazamiento al procedimiento para la ejecución del convenio transaccional, promovido por Consuelo Imelda Arroyo de Labra y María Eugenia Arroyo de Labra, que cursa ante el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con número de expediente 279/2018 y en su demanda de amparo manifiesta que es la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento para la ejecución del convenio transaccional, promovido por Consuelo Imelda Arroyo de Labra y María Eugenia Arroyo de Labra, que cursa ante el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con número de expediente 957/2017; esto es, ahora incluye datos que no expresó en su escrito inicial de demanda. Por lo tanto, considerando que aún no se ha agotado en su totalidad el término concedido a la parte quejosa para subsanar la prevención formulada, hágase de su conocimiento que subsiste el requerimiento y apercibimiento decretado en el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. En el entendido que el plazo de cinco días que se le concedió para que cumpla cabalmente con el requerimiento contenido en el acuerdo de mérito, quedó suspendido al momento de haber atendido la prevención formulada y se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VIII, mayo de 2012, tomo 1, materia común, página 400, localizable también con el número de registro 2000702 que señala: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En el entendido de que aun y cuando en la parte final del citado memorial el promovente asentó "protesto lo necesario", esto no se podría tomar como la protesta de ley que establece el artículo 108, fracción V, lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Jair Antonio Benítez Rejón, contra actos del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, presentada con once copias y sin anexos. A efecto de proveer lo conducente sobre la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III, IV y V y 114 fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad aclare lo siguiente: Señale de manera clara, concreta y específica cuál es el acto que le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables. Ello, toda vez que señala como autoridades responsables al Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, Yucatán, al Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán, a sus secretarios y al actuario del último juzgado señalado, sin precisar qué acto reclama a cada una de dichas autoridades, sobre todo, refiere que los actos que relaciona derivan del procedimiento 957/2017 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Informe la fecha en que tuvo conocimiento completo de los actos que en su caso señale como reclamados. En tal virtud, se apercibe al promovente que de no cumplir en sus términos y dentro del plazo señalado con las prevenciones antes precisadas, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Hágase saber al promovente que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda para cada una de las partes en este asunto en razón de que será parte integrante de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo aplicable y con apoyo en la tesis jurisprudencial número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo y texto y rubro, son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su demanda de amparo y por autorizados en los términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Andrés Medina Rejon y Jesús Alfonso Salas Villanueva, tal y como expresamente lo solicita la parte promovente. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento a la parte quejosa que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Por último, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
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