Jaime Vicente Gárate Ureña y Otros.

Expediente 528/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 81 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
528/2019
Año
2019
Actuaciones
81
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Jaime Vicente Gárate Ureña y Otros.
  • Jaime Vicente Gárate Ureña
  • Guadalupe Gárate Ureña
  • Jorge Alberto Gárate Ureña
  • Guadalupe Gárate Ureña y Otros.
  • Jorge Alberto Gárate Ureña y Otros.
  • Abogado General de la Comisión Federal de Electrícidad, con sede en la Ciudad de México y Otros.
  • Bufete Álvarez y Asociados Sociedad Civil y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 81.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de julio de dos mil veintidós. Solicita copias certificadas. Se tiene por recibido el escrito del jefe del Departamento Jurídico de la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste de la Comisión Federal de Electricidad Transmisión, atento a su solicitud de copias; con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las solicitadas. Hágase de su conocimiento que la expedición será de manera física en el horario de nueve a doce horas, de lunes a viernes, previa razón de recibo para constancias que se deje en autos. Por ello, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, lo que se justifica en razón de que prevalecen las medidas emergentes por contingencia sanitaria. Hágase del conocimiento que la cita tiene una duración de hasta veinticinco minutos; además, que la reproducción de las copias quedará sujeta a que se pueda contar con los medios necesarios para llevarse a cabo, es decir, su entrega dependerá del volumen de estas, por lo que en caso de no ser suficiente el tiempo indicado, deberá agendar nueva cita a fin de recibir las constancias solicitadas. Adicionalmente, deberá de enviar un correo electrónico a la cuenta: jdodecimocopias@gmail.com, en el que informará que ha generado una cita con el objeto de recibir copias, además indicará número de expediente, cantidad de copias, si son simples o certificadas, proporcionará un número de teléfono, e indicará fecha y hora de la cita; lo anterior a fin de eficientar los tiempos de expedición y entrega. Notifíquese. (...)

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, quince de febrero de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Visto el expediente, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, con el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, se emite pronunciamiento con base en las documentales existentes en el presente sumario. II. Efectos del fallo protector. En sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo, determinación que fue modificada en ejecutoria de quince de febrero de dos mil veintiuno, emitida en la revisión 111/2020, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad. En ese tenor, los efectos de la concesión fueron: (...) III. Actos realizados por las autoridades. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, en lo atinente, lo siguiente: (...) IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De lo anterior, se aprecia que las autoridades responsables obligadas atendieron a los efectos de la sentencia de amparo. Esto en razón a que la responsable ***, realizó el pago de la totalidad de la indemnización a la que fue condenada la responsable -lo hizo en dos parcialidades-; asimismo, por cuanto al pago de intereses, la autoridad responsable constituyó en favor de la parte quejosa una cantidad, y posterior a la cuantificación realizada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con residencia en esta ciudad, consignó el restante. Sin que sobre el cálculo de intereses se haya inconformado la parte quejosa, ni respecto a la entrega de los billetes de depósito. En consecuencia, debe decirse que sí fueron acatados los efectos amparadores; por tanto, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. V. Vista a la parte quejosa. Dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, para los efectos que establece el artículo 201 fracciones I y II de la Ley de Amparo. VI. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. (...) Notifíquese personalmente; por oficio a las autoridades responsables. (...)

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, ocho de febrero de dos mil veintidós. Autoridad solicita cancelación de multa. Se tiene por recibido el escrito remitido por el representante legal de Comisión Federal de Electricidad Transmisión, en esta ciudad, mediante el cual solicita se deje sin efectos la multa decretada en auto de cinco de enero del año en curso, por estimarla innecesaria dado que ya se dio vista a las partes para calificar el cumplimiento. No ha lugar. En efecto, la doctrina legal y jurisprudencial es basta en el sentido de que para hacer cumplir sus determinaciones el juzgador tiene la posibilidad de implementar medidas de apremio, entre ellas, la multa. En materia de cumplimientos, son los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 258 del citado ordenamiento, los que contemplan, entre otra sanción, la multa de cien a mil días, para el caso de que las autoridades no cumplan con la ejecutoria de amparo, dentro del plazo que se les otorgó. En el intelecto que el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, también se considerará incumplimiento. Como se anticipó, es nutrida la doctrina que establece que nuestro sistema de derecho prevé, entre otras medidas, las de carácter personal o de apremio, las cuales se definen como aquellas que constituyen los instrumentos jurídicos mediante los cuales el órgano jurisdiccional puede hacer cumplir sus determinaciones de carácter procedimental. La imposición de este tipo de medidas surge de la necesidad de contar con alguna herramienta para que los titulares de los órganos jurisdiccionales estén en aptitud de hacer cumplir sus determinaciones, es decir, que sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con que aquéllos se encuentran investidos. Entonces, sólo pueden ser aplicadas cuando exista un desacato a un mandato judicial que tenga relación directamente con el proceso; por tanto, se excluye su implementación tratándose de alguna decisión judicial que tenga que ver con lo que se resolverá respecto al fondo de un asunto. Lo anterior es congruente con el hecho de que la ejecutoria de amparo constituye una parte toral del juicio constitucional, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado; por ello, se debe lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva a asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25 numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Incluso, el artículo 25 numeral 2 inciso c), de la referida Convención, establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Con todo ello, en el caso, no ha lugar a dejar sin efectos la determinación de cinco de enero del año en curso, ni aun bajo los argumentos esbozados por la autoridad, puesto que en el caso, fue notorio el retraso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en detrimento de la tutela efectiva del derecho de acceso a la justicia. Así, no es justificante el hecho de que la autoridad refiera un tema presupuestal, porque para acatar la sentencia contó con por lo menos nueve meses, en los que estuvo informando de una o de otra forma, cuestiones dilatorias; máxime que como empresa productiva del Estado de la que se presume la suficiencia de fondos. En esa lógica debe interpretarse el artículo 4° de Código Federal de Procedimientos Civiles, pues parte de un principio de buena fe, pero no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia, o el cumplimiento a su voluntad. De ahí que, con independencia del estadio procesal, no existe causa que justifique el evidente retraso, solo imputable a la autoridad, por ende, no existe motivo legal para dejar insubsistente la determinación de cinco de enero del año en curso. Notifíquese. (...)

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el expediente, se advierte que en diecinueve de enero de dos mil veintidós, se tuvo al ***, exhibiendo billete de depósito N ***, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $238,781.47 (doscientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y un pesos 47/100 moneda nacional), para el pago de intereses que fueron objeto de condena por parte del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, con sede en esta ciudad, en el expediente 462/2008 de su índice. Mismo que se puso a disposición de la parte quejosa y le fue entregado, conforme a la diligencia de veintiuno de enero de dos mil veintidós. II. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con el comunicado de cuenta y anexo para que, dentro del plazo de tres días contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga. Bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal. (...)

Quedan 77 actuaciones en este expediente

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