Jaime Roberto Rivera Loaiza

Expediente 301/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
301/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
31/07/2015

Partes del expediente

  • Jaime Roberto Rivera Loaiza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de julio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de trece de julio de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con cincuenta y un minutos del trece de julio de dos mil quince, estando en audiencia pública Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante la licenciada Sonia Jumilla Zamudio Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria del juzgado hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y con las demás constancias de autos. Abierto el período probatorio, la secretaria hace constar y certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que el Juez acuerda: vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral antes invocado, y en vista de que las partes no ofrecieron pruebas, se cierra dicho período. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar y certifica que ninguna de las partes formuló alegatos; asimismo, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, no efectuó pedimento. A lo que el juez, acuerda: vista la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en el numeral inicialmente invocado, y toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social realizó pedimento, se cierra dicho período. En razón de lo anterior, se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 301/2015 promovido por Jaime Roberto Rivera Loaiza, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, y R E S U L T A N D O: I. Presentación de demanda y contenido. El veintisiete de abril del año en curso, JAIME ROBERTO RIVERA LOAIZA,¬¬¬ en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, presentó demanda de amparo solicitando la protección de la Justicia Federal, por violación a las garantías que otorgan los artículos 14 y 16, Constitucionales, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Juez Primero de Primer Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad. 2. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, de esta ciudad. 3. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en esta ciudad. 4. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. 5. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad. 6. Comandante de la Policía Ministerial del Estado de esta ciudad. 7. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (cuya denominación correcta es Secretario de Seguridad Pública Municipal) con sede en esta ciudad. 8. Procurador General de Justicia en el Estado, residente en Culiacán, Sinaloa. 9. Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa; y, ACTO RECLAMADO "De los jueces señalados como responsables, reclamo las órdenes de aprehensión, reaprehensión ó detención que se hubieren dictado en mi contra, y a las restantes autoridades la ejecución del mandamiento de captura mencionado." II. Admisión y trámite. Mediante auto de veintiocho de abril de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, dar la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. III. Audiencia constitucional, La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49, en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mismo año, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto reclamado pudiera tener ejecución dentro del ámbito territorial de competencia que corresponde a este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 76, de la Ley de Amparo, vigente, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de la promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, robustece a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 55/98, correspondiente a la Novena Época aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998 página 227, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También, es de invocarse la Tesis aislada identificada con la clave P. VI/2004, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Abril de 2004, página 255, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por ello, después del minucioso y exhaustivo examen a la demanda de amparo, este juzgado fija como acto reclamado, el siguiente: "la orden de aprehensión, reaprehensión o detención." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo vigente, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, este juzgador determina que no son ciertos los actos reclamados al 1) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, 2) Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, 3) Juez Tercero del Ramo Penal, 4) Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, 5) Juez Quinto Penal, 6) Comandante de la Policía Ministerial del Estado 7) Encargado de la Coordinación de Asuntos Jurídicos en ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, 8) Procurador General de Justicia en el Estado, y 9) Jefe del Departamento Legal de Policía Ministerial del Estado por el Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, consistente en la orden de aprehensión, reaprehensión o detención. Lo anterior es así, pues dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esos actos que se les atribuyen y, al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno, al ser emitidos por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, el quejoso no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dichas documentales; en consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, se sobresee el presente juicio de amparo, respecto a los actos reclamados por el quejoso JAIME ROBERTO RIVERA LOAIZA, a las autoridades 1) Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, 2) Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, 3) Juez Tercero del Ramo Penal, 4) Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal, 5) Juez Quinto Penal, 6) Comandante de la Policía Ministerial del Estado 7) Encargado de la Coordinación de Asuntos Jurídicos en ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, 8) Procurador General de Justicia en el Estado, y 9) Jefe del Departamento Legal de Policía Ministerial del Estado por el Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa. CUARTO. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época de inicio de la demanda, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; sin supresión de datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la ley en mención; asimismo, que en su caso se atenderá lo que específicamente señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley especial de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 63 fracción IV, 73 a 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por JAIME ROBERTO RIVERA LOAIZA, respecto de los actos de autoridades precisados en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos ahí asentados. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Sonia Jumilla Zamudio, secretaria del juzgado, con quien actúa y da fe. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de junio de dos mil quince. Vistos los autos, en virtud de que por oficio SEADS/561/2015, de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal determinó la adscripción del suscrito Juez Jesús Rodolfo Cristerna Iribe a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, a partir del dieciséis de junio del año en curso; en consecuencia, dese vista a las partes con tal circunstancia por el término de tres días a fin de que puedan hacer las manifestaciones que estimen pertinentes, para los efectos a que se refiere el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; vista que se ordena notificar por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Sonia Jumilla Zamudio, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Incidental

    se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA al quejoso Jaime Roberto Rivera Loaiza, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad responsable y por los motivos precisados en el considerando segundo. NOTIFÍQUESE.

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