Jaime René Guerra González

Expediente 648/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
648/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Jaime René Guerra González

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diez de julio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintidós de junio del año en curso por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I2 , y 20, fracción II,3 se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 154 del acuerdo general citado, por lo tanto se declara que: Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción IV5 , porque se desechó la demanda; por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, contados a partir del hoy y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20, párrafo antepenúltimo6 . Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, pues no los exhibió. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 347 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintitrés NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO Y LAS SUBSECUENTES Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de veintidós de junio del año en curso, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos de ********************, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con Sede en Tepeaca, Puebla y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 648/2023. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, la parte quejosa reclama los actos siguientes: "A).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA EL LICENCIADO JOSÉ LUIS CAMPILLO GONZÁLEZ JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE DISTRITAL EN ********************, PUEBLA, RECLAMO: 1.- LA OMISIÓN DE CONVOCAR AL IMPUTADO AQUÍ QUEJOSO, A LA AUDIENCIA DE CONTROL JUDICIAL PREVIO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023, CORRESPONDIENTE A LA CARPETA JUDICIAL ADMINISTRATIVA ********************/********************/********************, PORQUE ELLO VULNERA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CARACTERÍSTICO DEL ENJUICIAMIENTO PENAL. B).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA MARIO SOLIS CARRASCO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA., RECLAMO: TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS QUE EMITA COMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE FUE ORDENADO EN LA AUDIENCIA POR EL JUEZ DE CONTROL, POR DERIVAR DE UN ACTO QUE HABRA QUE SER DECLARADO SIN EFECTOS." En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama esto es la omisión del Juez de notificar al aquí quejoso la citación a la audiencia de control judicial previo ********************/********************/********************, misma que se llevó acabo en trece de junio de dos mil veintitrés, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. De igual manera, se precisa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus numerales 103 y 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Así, la Ley de Amparo define las características de los "actos de imposible reparación", a saber: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ..." El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación" podemos resumir en dos sus características, a saber: Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, Que esos derechos afectados tengan el carácter de derechos sustantivos, esto es antagónico a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Actos considerados como de "imposible reparación" Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 168/2016, resolvió que "la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable ...". Actos considerados como de "posible reparación" En cambio, respecto de los actos en juicio de ejecución reparable, es decir, de naturaleza formal o adjetiva, no procede el amparo indirecto, pues no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, ya que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo es improcedente. De igual forma, para ilustrar lo anterior se invoca lo resuelto por la Primera Sala del Supremo Tribunal Constitucional, estableció al resolver la contradicción de tesis 237/2019, un supuesto en contra del cual no es procedente el juicio de amparo indirecto, por considerar que sus efectos no son materializables de manera inmediata, pues éstos dependen de que lo resulto llegue a trascender al resultado del fallo. El acto del cual conoció fue del incidente de exclusión de pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura. Al respecto señaló que la improcedencia del amparo indirecto "adquiere dimensión si se considera que los efectos de esa resolución no son materializables inmediatamente, ya que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia del proceso penal. Así, podría darse el caso de que el Juez de la causa al valorar las pruebas con miras a emitir un fallo, excluyera por iniciativa propia los mismos elementos de prueba controvertidos por el quejoso mediante el incidente no especificado, o bien que los rechazara de valoración por considerarlos producto de vulneración a otros derechos, distintos a no ser torturado. Por el contrario, si en esa sentencia el juzgador llegase a considerar en contra del imputado pruebas materia del mencionado incidente, hasta ese momento tal situación habrá trascendido ..." En síntesis, para poder determinar si el acto que aquí se reclama constituye un "acto de imposible reparación", debemos establecer si comprende los siguientes requisitos: I. Que pueda implicar por sí mismo una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, II. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Ahora bien, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales constituye una prerrogativa de la víctima u ofendido contra determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, en el que se dispone que se celebrará una audiencia en la que citará a la víctima y al Ministerio Público, en su caso al ofendido y su defensor y para el caso que no comparezca a audiencia la primera de las partes citadas, se declarará sin materia la impugnación. En ese sentido, es indudable que la omisión del Juez responsable de notificar-citar- al impetrante de amparo ******************** a la audiencia de control judicial previo ********************/********************/******************** de trece de junio de dos mil veintitrés, (acto que se reclama) no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales reclamables en el juicio de amparo, pues por sí, tal omisión no genera una afectación material a derechos sustantivos, sino únicamente se genera una afectación jurídica de naturaleza formal, la cual puede o no trascender en la esfera jurídica del quejoso hasta en tanto se resuelva en definitiva el control judicial previo, esto, en la medida que la resolución que emita la responsable sea adverso a sus intereses. Máxime, que como lo dispone la ley adjetiva de la materia, el juez de control al dar trámite al medio de impugnación previsto en el artículo 258 de la citada norma, en su caso, determinará si es necesario citar al imputado y su defensor para el desahogo de la misma, pues acorde con el artículo invocado es indispensable la presencia de la víctima y el ofendido, no así de del imputado y su defensor, siendo facultad del juez establecer si es necesaria su comparecencia o no, pues incluso su inasistencia a la misma no genera una consecuencia jurídica, como en el caso de la víctima u ofendido cuya ausencia injustificada a la audiencia genera que quede sin materia. Entonces, la omisión del juez de control de citar a la parte quejosa al desahogo de la audiencia de control judicial previo no trasciende de forma directa e inminente en la esfera jurídica de este, pues será hasta el momento en que el juez resuelva en definitiva sobre el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se podrá establecer si la determinación pronunciada trasciende o no en su esfera jurídica. Resolución, que de resultar adversa a sus intereses podrá impugnar a través del medio de defensa correspondiente. No se emite mayor pronunciamiento respecto del acto de ejecución que reclama al agente del Ministerio Público, toda vez que los mismos, los hace depender de la omisión del juez de control de citarlo a audiencia de control judicial previo. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizada a la profesionista que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DISPONE LO SIGUIENTE: Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos de ********************, Juez de Control de la Región Judicial Centro, con Sede en Tepeaca, Puebla y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 648/2023. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, la parte quejosa reclama los actos siguientes: "A).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA EL LICENCIADO JOSÉ LUIS CAMPILLO GONZÁLEZ JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE DISTRITAL EN ********************, PUEBLA, RECLAMO: 1.- LA OMISIÓN DE CONVOCAR AL IMPUTADO AQUÍ QUEJOSO, A LA AUDIENCIA DE CONTROL JUDICIAL PREVIO DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023, CORRESPONDIENTE A LA CARPETA JUDICIAL ADMINISTRATIVA ********************/********************/********************, PORQUE ELLO VULNERA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CARACTERÍSTICO DEL ENJUICIAMIENTO PENAL. B).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA MARIO SOLIS CARRASCO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA., RECLAMO: TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS QUE EMITA COMO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE FUE ORDENADO EN LA AUDIENCIA POR EL JUEZ DE CONTROL, POR DERIVAR DE UN ACTO QUE HABRA QUE SER DECLARADO SIN EFECTOS." En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama esto es la omisión del Juez de notificar al aquí quejoso la citación a la audiencia de control judicial previo ********************/********************/********************, misma que se llevó acabo en trece de junio de dos mil veintitrés, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. De igual manera, se precisa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus numerales 103 y 107, fracción III, inciso b), señala que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Así, la Ley de Amparo define las características de los "actos de imposible reparación", a saber: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ..." El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación" podemos resumir en dos sus características, a saber: Que produzcan una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, Que esos derechos afectados tengan el carácter de derechos sustantivos, esto es antagónico a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Actos considerados como de "imposible reparación" Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 168/2016, resolvió que "la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable ...". Actos considerados como de "posible reparación" En cambio, respecto de los actos en juicio de ejecución reparable, es decir, de naturaleza formal o adjetiva, no procede el amparo indirecto, pues no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, ya que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo es improcedente. De igual forma, para ilustrar lo anterior se invoca lo resuelto por la Primera Sala del Supremo Tribunal Constitucional, estableció al resolver la contradicción de tesis 237/2019, un supuesto en contra del cual no es procedente el juicio de amparo indirecto, por considerar que sus efectos no son materializables de manera inmediata, pues éstos dependen de que lo resulto llegue a trascender al resultado del fallo. El acto del cual conoció fue del incidente de exclusión de pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura. Al respecto señaló que la improcedencia del amparo indirecto "adquiere dimensión si se considera que los efectos de esa resolución no son materializables inmediatamente, ya que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la sentencia del proceso penal. Así, podría darse el caso de que el Juez de la causa al valorar las pruebas con miras a emitir un fallo, excluyera por iniciativa propia los mismos elementos de prueba controvertidos por el quejoso mediante el incidente no especificado, o bien que los rechazara de valoración por considerarlos producto de vulneración a otros derechos, distintos a no ser torturado. Por el contrario, si en esa sentencia el juzgador llegase a considerar en contra del imputado pruebas materia del mencionado incidente, hasta ese momento tal situación habrá trascendido ..." En síntesis, para poder determinar si el acto que aquí se reclama constituye un "acto de imposible reparación", debemos establecer si comprende los siguientes requisitos: I. Que pueda implicar por sí mismo una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, II. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. Ahora bien, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales constituye una prerrogativa de la víctima u ofendido contra determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, en el que se dispone que se celebrará una audiencia en la que citará a la víctima y al Ministerio Público, en su caso al ofendido y su defensor y para el caso que no comparezca a audiencia la primera de las partes citadas, se declarará sin materia la impugnación. En ese sentido, es indudable que la omisión del Juez responsable de notificar-citar- al impetrante de amparo ******************** a la audiencia de control judicial previo ********************/********************/******************** de trece de junio de dos mil veintitrés, (acto que se reclama) no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales reclamables en el juicio de amparo, pues por sí, tal omisión no genera una afectación material a derechos sustantivos, sino únicamente se genera una afectación jurídica de naturaleza formal, la cual puede o no trascender en la esfera jurídica del quejoso hasta en tanto se resuelva en definitiva el control judicial previo, esto, en la medida que la resolución que emita la responsable sea adverso a sus intereses. Máxime, que como lo dispone la ley adjetiva de la materia, el juez de control al dar trámite al medio de impugnación previsto en el artículo 258 de la citada norma, en su caso, determinará si es necesario citar al imputado y su defensor para el desahogo de la misma, pues acorde con el artículo invocado es indispensable la presencia de la víctima y el ofendido, no así de del imputado y su defensor, siendo facultad del juez establecer si es necesaria su comparecencia o no, pues incluso su inasistencia a la misma no genera una consecuencia jurídica, como en el caso de la víctima u ofendido cuya ausencia injustificada a la audiencia genera que quede sin materia. Entonces, la omisión del juez de control de citar a la parte quejosa al desahogo de la audiencia de control judicial previo no trasciende de forma directa e inminente en la esfera jurídica de este, pues será hasta el momento en que el juez resuelva en definitiva sobre el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se podrá establecer si la determinación pronunciada trasciende o no en su esfera jurídica. Resolución, que de resultar adversa a sus intereses podrá impugnar a través del medio de defensa correspondiente. No se emite mayor pronunciamiento respecto del acto de ejecución que reclama al agente del Ministerio Público, toda vez que los mismos, los hace depender de la omisión del juez de control de citarlo a audiencia de control judicial previo. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizada a la profesionista que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.

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