Jaime Prisciliano Contreras Valle
Expediente 163/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jaime Prisciliano Contreras Valle
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de trece de febrero de dos mil diecisiete, por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de trece de febrero de dos mil diecisiete, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto Y EN LO QUE INTERESA EL AUTO DE 13/02/2017 DICE: Vista la demanda de garantías promovida ** fórmese el amparo correspondiente, registrándose con el número 163/2017. IMPROCEDENCIA Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, atento a lo señalado en el libelo de amparo que se provee, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 173, fracción XXII y 174, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (. . .) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 173. En los juicios del orden penal se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a la defensa del quejoso, cuando: (.) XXII.- Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. (.) De los artículos anteriormente transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en lo casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Bajo ese contexto, es incuestionable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente de manera notoria, si se toma en consideración que el acto reclamado por el quejoso atribuido a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Diligenciario non adscrito al anterior, lo constituye en esencia el no haber sido notificado personalmente de la resolución definitiva pronunciada en el toca de apelación número 665/2016 del índice de la sala penal responsable, misma que confirmó la sentencia de primer grado condenatoria de veinte de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla En tal virtud debe decirse que dicho acto reclamado, no se trata de un acto de imposible reparación de los que alude la fracción V del numeral 107 anteriormente señalado, para que sea reclamable en el juicio de amparo indirecto, pues tal característica de ejecución irreparable sólo la tienen los actos dictados dentro de juicio que afecten un derecho sustantivo del gobernado, como los que quedaron especificados con anterioridad. En cambio los actos intraprocesales, como el que se reclama, es decir, el no haber sido notificado personalmente de la resolución definitiva pronunciada en el toca de apelación número 665/2016 del índice de la sala penal responsable, misma que confirmó la sentencia de primer grado condenatoria de veinte de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, pues con el dictado de la sentencia definitiva favorable a los intereses del gobernado en dicho procedimiento de apelación, desaparece la posible afectación en sus derechos adjetivos que hubiera ocasionado el acto reclamado, y en caso de que se obtenga un fallo desfavorable, la violación procesal de que se trata, deberá ser impugnada en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra la resolución definitiva pronunciada en el procedimiento de apelación, en términos de lo dispuesto por los artículos 173, y 174 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no hay que perder de vista que en atención a los criterios dominantes en la interpretación judicial federal, la nulidad de las actuaciones de primera instancia, podrán invocarse como agravios en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva y las de la segunda instancia, como conceptos de violación del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva, de ahí como ya se dijo con anterioridad, la nulidad de la notificación que refiere el impetrante de amparo, debe hacerla valer en vía de directo. Se cita para ilustrar lo anterior, la Tesis: I.4o.C.122 C, visible en el Tomo XXVI, del mes de Septiembre de 2007, página: 2537, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. MOMENTOS EN QUE OPERA LA PRECLUSIÓN PARA PROMOVERLO. De conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, especialmente el artículo 77 y los criterios dominantes en la interpretación judicial federal, el tiempo conferido a las partes para la promoción del incidente de nulidad de actuaciones se inicia el día de la emisión del acto procesal que constituye su objeto y concluye con cualquiera de los siguientes supuestos: a) La siguiente intervención de la parte afectada, dentro del procedimiento al que corresponda la providencia o diligencia impugnable, o b) el dictado de la resolución conclusiva de ese procedimiento, aunque enseguida se inicie otro procedimiento para continuar el mismo proceso jurisdiccional o llevar a cabo la ejecución del fallo. Así, las actuaciones del procedimiento de primera instancia se podrán impugnar en dicho incidente, hasta el momento de la siguiente intervención del afectado durante el desarrollo de la instrucción, pero el derecho a promoverlo se extinguirá si antes de esa participación subsecuente se dicta la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio sin decidir el fondo de la controversia, y en la misma forma ocurrirá con los actos procesales del recurso de apelación, los de la etapa de ejecutorización de sentencia, y los de los procedimientos de ejecución. Esto es, con la intervención inmediata posterior de la parte perjudicada con la actuación nula, sin haber promovido previa o simultáneamente, el incidente, o con la emisión de la actuación final del juzgador en el procedimiento correspondiente, opera la preclusión para promover la nulidad. De este modo, la nulidad de las actuaciones de primera instancia, que se encuentren en la situación indicada, podrán invocarse como agravios en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva; las de la segunda instancia, como conceptos de violación del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva; las de un procedimiento de ejecución, en la segunda instancia del mismo, si está contemplada, o en el juicio de garantías contra la última resolución, y así sucesivamente. Con base en el criterio interpretativo desarrollado, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria que concluyen con la práctica de la notificación solicitada, el incidente de nulidad promovido en contra de ésta resulta improcedente, por haberse cerrado esa etapa, aunado a que pueden controvertirse en el proceso contencioso que se ofrezcan como prueba." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en la Tesis IV.2º. J/13, Tomo III, visible en la página 538, Junio de 1996, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Por analogía se cita la tesis visible en la página 674 de del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, que a la letra dice: "NOTIFICACION INCORRECTA EN LA SEGUNDA INSTANCIA. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. En contra de la ilegal substanciación del procedimiento de segunda instancia, derivada de una aducida incorrecta notificación de la primera resolución dictada en el mismo, y subsecuentes, el amparo indirecto no es el idóneo para combatirlas ya que si bien en contra de las mismas no procede recurso ordinario para impugnarlas ante la propia autoridad responsable; sin embargo, también lo es que puede hacerse valer el incidente de nulidad de notificaciones que prevé el artículo 61, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en contra de la notificación relativa al fallo de segunda instancia y en su caso resultando procedente éste, ello deja expeditos los derechos del interesado para acudir a un juicio de garantías en la vía directa y reclamar en él, no sólo la resolución de segundo grado, sino inclusive la ilegalidad del procedimiento de apelación, al no habérsele notificado en él todos aquellos proveídos que pronunció el Tribunal de Alzada con anterioridad al fallo, haciéndolo valer como violación procesal en éste, en términos de lo previsto por el artículo 158 de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.C.171 K, sustentada los Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, consultable en la página 912, del Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "ACTOS REPARABLES EN SENTENCIA, PARA DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO TRATÁNDOSE DE, DEBE CONSIDERARSE SI HABRÁ DE DICTARSE EL FALLO. Para determinar si un acto tiene efectos meramente procesales, en tanto que la afectación a la esfera jurídica del gobernado podría desaparecer con el dictado de un fallo favorable a sus intereses, debe tomarse en consideración si efectivamente habrá de dictarse sentencia en el juicio, ya que si en el caso concreto, antes de que tuviera lugar el acto reclamado, se celebró un convenio de transacción entre las partes que dirimió la controversia y que impide el dictado de una sentencia definitiva que pueda ser reclamada en amparo directo, entonces se está frente a la hipótesis de procedencia del juicio de garantías por la vía indirecta, prevista en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto dictado después de concluido el juicio." En el contexto que antecede, es indudable que la demanda de garantías que se provee resulta improcedente al no haberse promovido en la vía correcta, dado que al reclamar una violación procesal de segunda instancia, la misma debe combatirse a través de amparo directo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, 173, fracción XXII y 174, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas que menciona en los términos precisados en el proemio de dicha demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de la parte quejosa que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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