Jaime Ramírez Arredondo
Expediente 951/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime Ramírez Arredondo
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio que signa la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, por el que informa que se avocó al conocimiento de la demanda presentada por **********, la que quedó radicada bajo el expediente de amparo indirecto 986/2015-I de su índice. Por ende, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *********, por su propio derecho, contra actos de la Policía Federal Preventiva del destacamento Norponiente de Irapuato, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 951/2015-1. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y documentos a la misma, se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en la detención por parte de los elementos de la Policía Federal Preventiva del destacamento del Libramiento Norponiente de Irapuato, Guanajuato, del vehículo marca Dodge, modelo Dakota, año 2000, que aduce es de su propiedad, y que aconteciera el trece de octubre del año en curso. Bajo ese contexto, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que la detención del vehículo propiedad del quejoso se ejecutó en Irapuato, Guanajuato, exactamente en el tramo Irapuato-Salamanca, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado, y por una autoridad de dicha localidad. Lo anterior denota de las propias manifestaciones que realizó el quejoso en su libelo, donde concretamente en el inciso segundo del apartado relativo a los hechos, precisó: "Es el caso, el martes pasado 13 de octubre del año en curso, tuve la necesidad de ir a la ciudad de Irapuato Guanajuato, por motivo de salud, solicitándole a un compadre de nombre **********que me llevara al Hospital General de Irapuato Guanajuato, y antes de llegar a dicho lugar, fuimos interceptados por una Patrulla de la Policía Federal Preventiva, la cual nos detuvo inmediatamente, manifestándonos los elementos policíacos que decomisarían la camioneta que tripulábamos porque era americana de procedencia americana, y sin más explicaciones nos condujo hasta el destacamento de la Policía Federal Preventiva que está por la salida de Salamanca, allí nos detuvieron como una hora, me hicieron firmar una hoja, y simplemente me dijeron que así quedaba todo, que la camioneta quedaba decomisada por esa autoridad y que hiciéramos el trámite correspondiente para recuperar la camioneta." Circunstancia que lleva a sostener la incompetencia legal a que se ha hecho referencia previamente, en atención a que, se insiste, los actos reclamados acontecieron fuera de la circunscripción territorial donde este Órgano Constitucional ejerce jurisdicción y fueron ejecutados por autoridad con sede en una localidad distinta a alguna que permita fincar competencia a este Juzgado Federal. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.107/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, Materia Administrativa, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA CIRCULARES U ÓRDENES GENERALES PARA DETENER, SECUESTRAR, EMBARGAR O DECOMISAR VEHÍCULOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE EJECUTEN O TRATEN DE EJECUTARSE. Conforme al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, si en la demanda respectiva la quejosa reclama de diversas autoridades administrativas la emisión de circulares u órdenes generales tendentes a detener, secuestrar, decomisar o embargar vehículos o transportes de carga, para constatar su origen, procedencia y estancia legal en el país, será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse la circular u orden general." Sin que en el caso resulte necesario prevenir al promovente para que aclare su demanda, puesto que no se advierte que el acto reclamado emane de alguna orden de autoridad hacendaria, administrativa o penal, sino que de la narrativa del libelo de derechos fundamentales, deriva que el acto fue ejecutado por la autoridad señalada como responsable y de lo que se duele es del mismo, por lo que no podría estimarse que la competencia se surta a favor de este juez a prevención, sino de aquel donde el acto se materializó. Conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en Irapuato, Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial en el distrito conformado, entre otros, por el de Irapuato. Por tales motivos, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda, pues los actos de que se duele se ejecutaron en la referida localidad, la que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente juicio, así como sus copias respectivas, al Juez de Distrito en turno en Irapuato, Guanajuato; b. Solicitar comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada; y, c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** de esta ciudad. Asimismo, se le tiene señalando como sus autorizados para oír y recibir notificaciones, con las facultades amplias del artículo 12 de la ley de materia, a *********, ya que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para recibir notificaciones a *********, por no encontrarse en ese supuesto. Finalmente, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos
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