Jaime Miguel López Andrade
Expediente 56/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime Miguel López Andrade
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Jaime Miguel López Andrade; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Por recibido el escrito signado por el quejoso ************, por el cual cumple con el requerimiento que se le formuló el treinta de enero de dos mil diecinueve, pues al efecto narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado y el origen de éste; de igual forma, allegó copias suficientes tanto de su demanda de amparo como del escrito aclaratorio. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entiéndase por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En tales condiciones, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de siete de enero de dos mil diecinueve dictada por el magistrado de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca ***de su índice, en la que determinó que el juez competente para conocer el juicio sobre nulidad y otras prestaciones ***, lo es el Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato; así como su ejecución. Al respecto, del escrito de demanda y el escrito aclaratorio de evidencia que el quejoso narró, bajo protesta de decir verdad los siguientes antecedentes del acto reclamado: ***********, albacea de la sucesión a bienes de ***********, demandó en la vía ordinaria civil al quejoso la nulidad del contrato de donación celebrado entre el quejoso y el de cujus, juicio que fue registrado con el número 130/2003 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, el cual fue remitido por varias por excusas e impedimentos al Juzgado Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, en donde se registró con el número 386/2004 y en fecha veintidós de octubre de dos mil nueve, fue resuelto en definitiva, donde se determinó que la actora no acreditó la existencia y nulidad del documento contractual. En contra de esa determinación, la actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró con el número de toca ***, y por resolución dictada el veintisiete de enero de dos mil diez, revocó la sentencia combatida y declaró la nulidad del contrato de donación de referencia. Seguido el trámite del juicio de origen, el veinte de agosto de dos mil catorce, el juez Civil de Partido de Valle de Santiago, devolvió el juicio subyacente a su homólogo en Moroleón, Guanajuato, al argumentar que ya no existía el impedimento planteado. El juez Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, recibió el juicio de que se trata y se avocó a su conocimiento del expediente, dicho controvertido se encuentra en ejecución de sentencia y ahí se tramita un incidente de liquidación de gastos y costas en contra del quejoso. Asimismo, el citado juzgador planteó un nuevo impedimento por estimar que se encontraba impedido para conocer asuntos en los cuales participara el profesionista José Miguel Cortes Lara, como lo prevé el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato y por ende, remitió el expediente a su homólogo en Uriangato, Guanajuato, quien se avocó al conocimiento del asunto, el cual fue registrado con el número 50/2018. Seguidamente, el juez Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato estimó que al haber revocado el quejoso a su representante, ya no se actualizaba el impedimento planteado y por ende remitió los autos al Juzgado Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, para que continuara con la ejecución del asunto, Este último juzgador por auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, recibió el expediente y lo radicó con el número 424/2018; asimismo, el citado órgano jurisdiccional determinó que no existía motivo para la devolución de dicho juicio, por lo que lo remitió al Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, para que este determinara quien debía conocer el controvertido de origen,. Del citado conflicto conoció la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien radicó tal conflicto competencial con el número 680/2018. El siete de enero de dos mil diecinueve, dictó la resolución correspondiente y determinó que el juez competente para seguir conociendo del juicio C-424/2018, lo es el Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato (acto reclamado). Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De la interpretación de la fracción IV del citado ordenamiento se tiene que el amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido si se trata de actos de ejecución de sentencia únicamente se podrá promover el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, definida esta como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución, máxime que en el juicio se origen se tramita el incidente de liquidación de gastos y costas en contra del quejoso Así las cosas, es necesario para recurrir los actos emanados en ejecución de sentencia, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, y pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto se reitera, el acto reclamado consiste en la resolución de siete de enero de dos mil diecinueve dictada por el magistrado de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca 680/2018 de su índice, en la que determinó que el juez competente para conocer el juicio sobre nulidad y otras prestaciones ***, lo es el Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato. En ese orden, se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues en efecto se encuentra en ejecución de sentencia dicho controvertido, y pendiente de resolver el incidente de liquidación de gastos y costas promovido por la parte actora en contra del aquí quejoso Por tanto, al no ser la última resolución que en definitiva se dicte dentro de la fase de ejecución, solo resulta ser un acto intermedio en dicho procedimiento, y para la procedencia del juicio de amparo, debe estudiarse como parte integrante del procedimiento de ejecución. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aún al tratarse de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos, lo que en el caso no acontece. En la especie, se considera que la resolución reclamada no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el acto reclamado solo tiene como consecuencia que la etapa de ejecución en la que se encuentra el controvertido de origen siga su desarrollo; de ahí que no sea procedente el juicio de amparo en su contra de forma inmediata En esas condiciones, la resolución reclamada no es el último acto de ejecución en el procedimiento de origen; de modo que no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto y tampoco se está en presencia de un acto dictado en la etapa de ejecución que afecte derechos sustantivos, como pueden ser, entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es considerado como el último en etapa de ejecución, aunado a que no vulnera derechos sustantivos del peticionario del amparo, se actualiza en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia que previstas en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Al caso, en lo conducente, es aplicable la tesis aislada de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: EXCUSA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE LA CALIFICA COMO LEGAL. Si el acto reclamado en el amparo, se hace consistir en la resolución que no revocó el auto que calificó de legal una excusa, debe decirse que como dicho auto tiene el carácter de procesal, para que procediera el amparo en su contra, sería necesario que fuera de tal naturaleza, que produjera efectos de imposible reparación en perjuicio del quejoso, se afectaran las partes sustanciales del procedimiento o se dejara sin defensa al agraviado (artículo 107, fracciones II y IX, de la Constitución Federal); y como la resolución antes indicada, sólo tiene el efecto de que la controversia surgida entre las partes, sea resuelta por determinado funcionario judicial, ante quien pueden hacerse valer todos los derechos y los recursos procedentes, resulta evidente que el juicio de garantías es improcedente Sin que sea óbice para arribar a la presente determinación, la fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo, la cual establece que es procedente en contra de las resoluciones que determinen inhibir o declinar la competencia de un asunto, supuestos que no acontecen en la especie, dado que en la resolución reclamada únicamente se determinó que juzgador debe continuar conociendo del controvertido de origen, es decir, se concluyó que el juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, debe seguir conociendo del litigio, en razón de que a él le fueron remitidos los autos con motivo de la excusa calificada por la sala responsable; por lo anterior, es que no es procedente el juicio de amparo en términos de la fracción citada.
- Principal
Recepción de demanda. Visto el escrito signado por ******, en contra de actos del magistrado de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 56/2019-IV-A. Prevención. Previamente a acordar lo conducente, con fundamento en los artículos 108 fracción V, 114 fracciones I y II y 110 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, atienda los siguientes puntos: Amplíe los hechos o antecedentes del acto reclamado, narrándolos ordenada y cronológicamente, lo cual deberá realizar bajo protesta de decir verdad, en el entendido de que deberá precisar quiénes son las partes en el juicio de origen, cuales son las prestaciones reclamadas, el estado procesal que guarda y deberá precisar si el juzgado que tramita actualmente dicho controvertido ya aceptó la competencia ordenada por la sala responsable. Bajo protesta de decir verdad manifieste cuál es el origen del acto reclamado; lo anterior, en razón de que es necesario para proveer sobre la demanda de amparo conocer si la problemática de la resolución combatida radica en alguno de los impedimentos contemplados por el artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato, o bien, está vinculado con la incompetencia del juzgado de origen. De ser posible, allegue copia del acto reclamado. Exhiba una copia más de su escrito de demanda, pues son necesarias para el adecuado traslado a las partes en este asunto, tres para las autoridades responsables, cuatro para los terceros interesados, dos para el incidente de suspensión y una para la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Asimismo, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes en la cantidad señalada en el párrafo que antecede. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio promovente, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha propuesta pudiera derivarse. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de junio de dos mil once, página sesenta y ocho, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRÁMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGÚN DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA" Notificación personal a la parte quejosa. Por otra parte, se advierte que el quejoso señaló como su domicilio el despacho jurídico ubicado en la calle *** Por tanto, toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, gírese atento despacho al juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique a la parte quejosa el presente proveído. Se instruye al servidor público encargado de realizar la diligencia de notificación ordenada, para que se constituya en el domicilio mencionado y realice la notificación en los términos previstos en la Ley de Amparo, y requiera al quejoso para que al momento de la diligencia o dentro del término de tres días señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, apercibiéndole que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Por lo que, una vez que cuente con el resultado de la diligencia ordenada remita las constancias que así lo acrediten, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. Autorizados. Asimismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, por no proporcionar mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio de que en cualquier momento puedan acreditarlo. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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