Jaime Nicolas Lopez
Expediente 834/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jaime Nicolas Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, que causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que en el presente asunto, se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la medida cautelar solicitada, respecto de todos los actos reclamados, por tanto, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de destrucción, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre en los referidos expedientes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Glósese copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del citado cuaderno incidental, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de dicha autoridad, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 834/2020-VI. Es cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional, toda vez que así lo reconoció expresamente la autoridad responsable al rendir su informe justificado. No obstante lo anterior, previamente al estudio del fondo del asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, la suscrita juzgadora considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso, es el oficio UAI/59/2020 del expediente INV-01/2020, por el que se le citó para entrevistarlo, a efecto de continuar con la investigación dentro del propio expediente de posible constitución de faltas administrativas, apercibiéndolo que de no comparecer sería acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización (UMAS); circunstancia que evidencia que el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo, motivo por el que se actualiza el primero de los supuestos apuntados. Ahora bien, para un mejor entendimiento del presente asunto y para acreditar el segundo, tercero y cuarto de los extremos señalados con antelación, se destaca lo siguiente: Que a la fecha el quejoso ha comparecido en la hora y fecha señaladas dentro del oficio del que se adolecía. (Situación posterior a la presentación de la demanda de amparo). De lo anterior, es dable destacar que se tienen por acreditados el segundo, tercero y cuarto de los extremos señalados con antelación; en tal virtud; es válido es concluir que hubo un cambio de situación jurídica, por lo que no puede entrarse al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del oficio que se duele sin afectar la nueva situación jurídica. De ahí que, al actualizarse en su esencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad; por medio del cual informa que recibió siete tomos y el original del expediente 1437/2017, relativo al Juicio de Controversia Familiar por Guardia y Custodia, promovido por el aquí quejoso, mismos que le fueron remitidos por la Coordinadora de la Oficialía de Partes Común a los Juzgado Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado, con motivo de la excusa planteada por la aquí autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar en esta ciudad. Asimismo, se le tiene por informado la inconformidad que plantea ante la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado y la devolución de los tomos y expediente original que dio origen al presente juicio; lo anterior, a fin de que resuelva lo conducente. Notifíquese.
- Incidental
V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 834/2020-VI. No obstante la certeza del acto reclamado, con fundamento en los artículos 128 y 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva contra todo acto derivado de la determinación contenida en el oficio que reclama, en atención a las siguientes razones. Primeramente, conviene destacar el contenido de algunas disposiciones de los ordenamientos en que se sustenta el procedimiento de investigación, contenido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, conforme a los cuales fue citado para entrevista el quejoso. En las apuntadas condiciones, la concesión de la medida cautelar solicitada por el peticionario, para que no se produzca ningún efecto o consecuencia de la determinación contenida en el oficio que reclama, significa que no se le apliquen las disposiciones en que se apoya el oficio reclamado, petición que de otorgarse en los términos propuestos implicaría dejar de aplicar las disposiciones jurídicas en materia de investigación de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia, lo que se estima contravendría al orden público y al interés social. En efecto, de conceder la suspensión definitiva en los términos que solicita la parte quejosa, implicaría una obstaculización en la actividad de investigación de la autoridad responsable para verificar y calificar las faltas en materia administrativa. Por lo que, el otorgamiento de la suspensión en esas condiciones impediría que las autoridades competentes ejercitaran sus facultades que les concede la ley, con la finalidad de salvaguardar el orden público y el interés social, haciéndolas nugatorias. Aunado a lo anterior, cabe precisar que no se puede tener la certeza de que la responsable impondrá la multa con la cual apercibe a la parte quejosa, en caso de incumplimiento, ya que dependerá de la actividad previa del quejoso, lo que se encuentra condicionado en el actuar o no de impetrante del amparo, por lo que en ese sentido, tampoco resulta procedente conceder la medida solicitada. En consecuencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada. Notifíquese.
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