Jaime Martinez Coronado
Expediente 730/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jaime Martinez Coronado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Glósese a los autos el escrito de cuenta presentado por la parte quejosa; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos que refiere, previo desglose, cotejo y certificación que se realice, así como razón de recibo que se deje en autos, autorizando para tal efecto a las personas que refiere. En el entendido que se der posible, exhiba copia de dichos documentos, con motivo de que no se encuentra en servicio el centro de fotocopiado; y que para poder presentarse en este juzgado a recoger dichos documentos, el compareciente, deberá programar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta realizada por el quejoso Jesús Jaime Martínez Coronado, mediante la cual ratifica el contenido y firma de su ocurso presentado en este juzgado el veintitrés de octubre del presente año, en atención al requerimiento de veintisiete del citado mes y año; por tanto, se provee lo siguiente: Ahora bien, vista la demanda y su escrito aclaratorio, la suscrita estima que revela motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desecharla de plano, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual prevé lo que a continuación se transcribe. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de la demanda se advierte que el quejoso reclama de la Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado, en su carácter de ordenadora y como ejecutora a la apoderada legal de la Unidad Jurídica del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, los actos consistentes en: La resolución de veintinueve de septiembre del presente año, en la que se le impone una amonestación por escrito y con registro a su expediente, como trabajador del Colegio de Bachilleres Plantel 25, número de empleado 2277. Como se dijo, la suscrita estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo; en razón de que la Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado y la apoderada legal de la Unidad Jurídica del referido Colegio, no cuentan con el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo y en consecuencia, la constitucionalidad de los actos que les son reclamados no son dables de ser analizados en sede constitucional, por las razones que enseguida se precisarán. De las precitadas disposiciones se desprende que el juicio de amparo es un medio jurídico que preserva los derechos humanos reconocidos y las garantías que para su protección otorga la Constitución, y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; y es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que viola dichos derechos y garantías, así como por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, y por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal; en estos dos últimos supuestos, siempre que se violen los derechos humanos reconocidos y garantías otorgados por la constitución federal. De esta manera, el juicio de amparo es un medio de defensa que tiene el gobernado contra actos de autoridad de hecho y de derecho, surgida en una relación de supra a subordinación, cuando la llamada autoridad responsable vulnera o restringe los derechos humanos reconocidos o las garantías otorgadas para su protección. Aunado a lo anterior, debe decirse que por autoridad responsable debe entenderse aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue, situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sin pasar por alto que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la porción normativa que se analiza, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general; empero, su reconocimiento dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar, por el órgano de amparo, el acto lesivo de su esfera de derechos fundamentales. De tal modo que no es el tipo de organismo lo que determina si tiene o no el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, sino más bien, si el acto que realiza satisface los requisitos esenciales del acto autoritario en perjuicio de un particular. En este orden de ideas, el juicio de amparo solo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos precisados, y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Expuesto lo anterior, debe decirse que para definir el concepto de autoridad responsable se debe atender también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de la denominada de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. En esta vertiente, es posible afirmar que los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son solamente aquellos que implican la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, que esa relación tiene su nacimiento en una norma general, por lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de particular, y que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por consiguiente, conforme a las consideraciones que anteceden, resulta inconcuso que en relación con los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1º y 5°, ambos de la Ley de Amparo, ya que como quedó anotado el acto objeto de análisis, son de naturaleza eminentemente laboral y no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Jesús Jaime Martínez Coronado, contra actos de la Directora General del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. La consideración que antecede no significa denegar justicia, pues como se estableció, los actos reclamados pueden ser debatidos a través de la instancia laboral correspondiente, en el que de obtener una resolución que no sea favorable a sus intereses, ello no escapa al control de constitucionalidad, pues, en su caso, podrán combatirla a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta signado a nombre del quejoso Jesús Jaime Martínez Coronado y en virtud de que aparece una firma cuyos rasgos son diferentes con la signatura que obra en el escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, comparezca ante este juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que calza el ocurso de cuenta; en el entendido de que podrá hacerlo al momento de la notificación ante la presencia del actuario judicial, o bien, hacer el trámite necesario a fin de generar una solicitud de acceso físico al órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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