Jaime Natanael Soria Alonso

Expediente 224/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
224/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Jaime Natanael Soria Alonso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el tres de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fue concedida la medida cautelar [provisional], se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción. Al resultar innecesaria la conservación del disco compacto remitido por la autoridad responsable, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    ELECTRÓNICA. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 224/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda presentada por ...; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Los actos reclamados lo constituyen el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictados el ocho de febrero del año que transcurre, dentro de la carpeta 009/186/2021; atribuidos al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número nueve; que aceptó su emisión y para acreditarlo anexó copias de diversas constancias del mencionado expediente, documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, por lo cual se tiene probado. TERCERO. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, al aquí quejoso le fue dictado auto de vinculación a proceso por su probable intervención como coautor de un hecho con apariencia del delito de robo, cometido con violencia para darse a la fuga y en pandilla, en agravio de .... La parte quejosa sostiene que con dicha resolución se vulneraron los derechos humanos y sus garantías previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los siguientes conceptos de violación. No se acredita la agravante de violencia para darse a la fuga, pues cuando el sujeto activo le echa encima la camioneta a la víctima no se había cometido el apoderamiento del vehículo, ya que éste ocurre posteriormente, esto es, cuando se desplaza del lugar donde estaba estacionado y no cuando se enciende, como lo señaló la responsable. Apoya su afirmación en la tesis de rubro "ROBO DE AUTOMOVILES (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA" No se acredita la agravante en pandilla, toda vez que los datos de prueba no son suficientes, pues la presencia de una tercera persona que conducía el taxi únicamente la refirió el ofendido, por lo que si el juez se hubiera ajustado a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, habría concluido que el sujeto que abordó el taxi por la puerta trasera lo hizo como cualquier pasajero, ya que si conociera al conductor lo hubiera realizado de lado del copiloto, además los taxis se encuentran estáticos en la vía pública en espera de pasajeros e inclusive frente a una taquería o en un semáforo. Fue incorrecta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ya que el vehículo es un medio de transporte y no puede considerarse un arma pues de entenderlo así se violentaría el principio pro persona. Para justificar su afirmación se apoya en el contenido de la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión 1389/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue indebido que se apoyara en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para ordenar la medida cautelar, pues el delito que se le imputa no se encuentra previsto en él. Son infundados los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, tal como se justificará. Cierto, los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas; y, de presunción de inocencia que implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito atribuido, ya que dicha carga le corresponde a quien acusa. De lo anterior, se tiene que la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, contrario a lo señalado por la parte quejosa, se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin advertirse violación a sus derechos fundamentales, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. En efecto, la autoridad judicial analizó lo establecido en los citados preceptos al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que la agente del Ministerio Público en presencia de la Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, formuló imputación contra el ahora quejoso, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia de delito de robo, previsto el artículo 220, fracción IV, 224 inciso b) (respecto de vehículo automotriz) 225, fracción I (cuando se utilice la violencia para darse a la fuga y 252 (pandilla), todos del Código Penal de la Ciudad de México. 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte de la autoridad ministerial, el Juez dio el uso de la voz al aquí amparista, quien se reservó su derecho. 3) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple en el presente asunto, puesto que el Juez de Control indicó dichas circunstancias, precisando que se desarrollaron aproximadamente a las dos horas del seis de febrero del presente año, afuera del domicilio ubicado en la colonia José María Pino Suárez, en la Alcaldía Álvaro Obregón, el aquí quejoso se apoderó de una camioneta propiedad de José Alfredo Narciso Félix, quien quiso evitar que se la llevara y se paró frente al vehículo que ya estaba encendido, sin embargo, tuvo que quitarse pues Jaime Natanael se la echó encima para darse a la fuga, siendo detenido posteriormente dentro del vehículo. Cabe precisar que junto con el aquí quejoso había otra persona haciendo labores de vigilancia, quien no alcanzó a subirse a la camioneta y salió corriendo para posteriormente abordar un taxi que se encontraba estacionado más adelante. Así, el juzgador después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que la llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia de delito, cuya clasificación jurídica preliminar, se encuentra prevista en el artículo 220, fracción IV, 224 inciso b) (respecto de vehículo automotriz) 225, fracción I (cuando se utilice la violencia para darse a la fuga y 252 (pandilla), 17, fracción I (delito instantáneo) y 22, fracción II (los que lo realicen por conjuntamente) del Código Penal de esta ciudad. 4) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. El Juez al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por el agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso al peticionario del amparo. 5. Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Juez, a partir de la relatoría de los hechos por parte de la agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin que hubiese realizado juicio de valor alguno en relación con los datos de prueba expresados por la representación social, siendo hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se llevara a cabo la producción probatoria de las partes y se demuestren los hechos objeto del proceso. De aquí que resulte incorrecto hablar de suficiencia probatoria, pues de hacerlo, se rebasarían las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, ya que, en esta estancia, se itera, sólo se cuenta con datos y no propiamente con pruebas, debiendo sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la autoridad ministerial y en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la carpeta de investigación, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por el órgano técnico de investigación y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor y el decantamiento por alguna de esas hipótesis, tal como ocurrió en el caso. Además, debe destacarse que el auto de vinculación a proceso se trata de una etapa preliminar de la investigación en la cual no se resuelve el fondo del asunto, sino que tiene como finalidad determinar si se justifica la continuación del proceso que se ha de llevar a una etapa posterior intermedia de depuración, por ello la autoridad constitucionalmente facultada para determinar si existen datos para continuar con el proceso, es el juez de Control; consecuentemente, en el amparo no se puede sustituir esa ponderación. Por último, respecto de la actualización de una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito, el juez no advirtió alguna. En lo que atañe al concepto de violación identificado con el número 1, consistente en que no se acredita la agravante de violencia para darse a la fuga, pues cuando el sujeto activo le echa encima la camioneta a la víctima, no se había desplazado, por lo que no se había cometido el apoderamiento del vehículo; resulta infundado, ya que el injusto de robo es de consumación instantánea, se configura en el momento en el que el sujeto activo lleva a cabo la acción de apoderamiento, con independencia de que obtenga o no el dominio final del bien o de la cosa, en el caso, ocurre desde que sube al vehículo y lo enciende, pues es ahí donde tiene el dominio del bien, por lo que, su desplazamiento no constituye parte del apoderamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.10o.P.29 P, publicada en la página 2381, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de 2008, de los Tribunales Colegiados de Circuito, novena época, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ROBO DE VEHÍCULO. SU CONSUMACIÓN. Para considerar consumado el robo de vehículo, basta con que el sujeto activo haya logrado subir al mismo para conducirlo por sí, o bien, dar órdenes al conductor sometido para que lo conduzca, lo que acredita el dominio sobre la cosa de la que se apoderó desde el momento en que se ejerció sobre el pasivo violencia suficiente para vencer su resistencia. Por tanto, si el ofendido continuó manejando por órdenes del ahora quejoso, fue debido a la violencia moral a la que ya estaba sometido. No es requisito que haya tenido el uso del objeto, sólo se requiere el apoderamiento con ánimo de dominio; luego, el hecho de que el quejoso no haya logrado llevar el vehículo al lugar final deseado, no es obstáculo para la consumación del ilícito." Criterio que es acorde con la tesis de rubro "ROBO DE AUTOMOVILES (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA" que el propio amparista citó, ya que de su texto se desprende que el apoderamiento se da con el hecho de que el sujeto activo ponga a funcionar el automóvil y accione los mecanismos para ponerlo en marcha, situación que en el caso que nos ocupa había ocurrido. En cuanto al concepto de violación señalado con el número 2, atiente a que no se acreditó de manera suficiente la agravante en pandilla, ya que el taxista sólo fue mencionado por el denunciante, sin que de autos se advierta que se conociera con el otro inculpado que lo abordó por la puerta trasera, también resulta infundado, pues se encuentra ajustado a derecho el razonamiento realizado por el juzgador responsable en el sentido que de los datos de prueba había quedado establecido de manera probable la existencia de una pluralidad de sujetos: el aquí quejoso quien manipuló el vehículo, la persona que realizaba funciones de vigilancia, y quien esperaba en el taxi y que lo puso en marcha para retirarse de ese lugar. Sin que sea necesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, pues como ya se indicó, estamos ante una etapa preliminar que sólo justifica la continuación del proceso. Son infundados los conceptos de violación identificados con los números 3 y 4, toda vez que la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, se advierte ajustada a derecho. En términos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares sólo pueden imponerse por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, para garantizar la seguridad de la víctima y evitar la obstaculización del procedimiento; tratándose de la prisión preventiva, únicamente el agente del Ministerio Público puede solicitarla, en audiencia y una vez formulada la imputación. El diverso 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juez la ordenará oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. De lo anterior, se obtiene que, para el dictado de la referida medida cautelar, deben cumplirse las exigencias que señala el señalado artículo 19 constitucional y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además, aquellas que se derivan de otros preceptos de la referida ley fundamental y que repercuten en la naturaleza de dicha resolución como acto de autoridad, entre ellas, la garantía de fundamentación y motivación; por tanto, como mínimo, debe justificarse su imposición, los lineamientos para su aplicación y su vigencia. Bajo esas condiciones, se advierte que el juez responsable, en la audiencia inicial de ocho de febrero de dos mil veintiuno, en atención al contexto de la información debatida, así como a la clasificación jurídica preliminar que realizó el representante social, la imputación que realizó en contra del quejoso, sobre la comisión del delito de robo cometido por medio de la violencia física para darse a la fuga al aventarle la camioneta, decretó la prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 19 constitucional. Esto es, dicho acto reclamado se encuentra adecuada y suficientemente fundado y motivado, puesto que fue decretada por autoridad competente, quien apoyó su decisión en preceptos que resultan aplicables, así como en la referencia de los datos que hizo el Ministerio Público y en estricta observancia al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión de que era procedente la prisión preventiva oficiosa, al encuadrar las hipótesis establecidas por el representante social en los supuestos previstos en el artículo 19 constitucional, que establece que procede dicha medida en los casos de los delitos cometidos con medios violentos como arma, por el cual se realizó la imputación al aquí quejoso. Argumentación que no violenta derecho alguno en perjuicio del quejoso en tanto que el delito imputado sí está contemplado como de prisión preventiva oficiosa por los artículos 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever tal medida para los ilícitos cometidos por medios violentos. Así, del hecho imputado relativo a que el aquí quejoso probablemente le aventó la camioneta Narciso Félix, se advierte que aquella fue utilizada como un arma con la que a la postre consiguió su finalidad que era lograr huir con dicho automotor, sin que sea obstáculo para arribar a lo anterior la función para lo cual fue creado dicho vehículo, pues lo que se valora en estos casos es la forma en que lo utilicen y no el uso para lo cual fue destinado. Sin que en el caso aplique el precedente dictado en el amparo directo en revisión 1389/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invocó la parte quejosa, pues en dicha resolución no se analizó el caso sometido a consideración en razón que se estimó que el asunto planteado no actualizaba la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad correspondiente, de modo que no era procedente el recurso intentado. Finalmente, debe decirse que no se advierte violación al artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que en la especie acontece, pues como se ha visto, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado cumple con la regularidad constitucional que exigen los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. CUARTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jaime Natanael Soria Alonso, por las razones precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    Agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese y electrónicamente al quejoso.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda presentado por ..., por propio derecho, contra actos del Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, Irving Michel Fernández García, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Nueve del Tribunal Superior de justicia de la ciudad de México: regístrese en el libro de gobierno con el número 224/2021. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales de cuenta respecto a los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso de ocho de febrero de dos mil veintiuno y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictados en su contra. Como lo solicita el quejoso, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión. Se señalan las TRECE HORAS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. De la autoridad responsable: Con fundamento en los artículos 64 y 117 del cuerpo de ley citada, se solicita a la autoridad responsable: Rendir dentro del plazo de quince días, su informe justificado, en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, remita copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; en la inteligencia que en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán acompañar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de acuerdo al numeral 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, para lo cual deberá acompañar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Informar si contra los actos que se le reclaman ha sido promovido otro juicio de amparo, o bien, si en relación con el expediente del que emana, en caso de existir coimputados, éstos han instaurado otros juicios. Comunicar y acreditar ante este Juzgado Federal, cualquier causa de sobreseimiento, que en su caso, se suscite en este juicio, en caso de no acatarlo, de acuerdo al numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la ley de la materia, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. De la parte quejosa Respecto a la solicitud para consultar vía internet el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, dígase al peticionario de amparo que quedan a la vista los autos en el sistema correspondiente, al que podrá ingresar con el usuario que proporciona (la_gonzalez) y, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle todas las notificaciones del presente asunto de forma electrónica (salvo que por acuerdo expreso se indique lo contrario), por lo que el actuario judicial correspondiente deberá cumplir con lo establecido en la fracción III, del último numeral citado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el que se señala en la demanda de amparo, y como autorizados en los mismos términos a las personas que indica, esto hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, tal como lo prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo. De los terceros interesados En términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, ténganse como terceros interesados a: ... y a la agente del Ministerio Público, licenciada Marla Patricia Malagón, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación de Robo de Vehículos y Transportes. En esas condiciones, comisiónese al actuario judicial que corresponda para que se constituya en el domicilio ubicado en ..., en esta Ciudad de México y con copia de la demanda de amparo y este acuerdo, emplace a juicio a ...., haciendo de su conocimiento la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, las subsecuentes notificaciones se hará por medio de lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con copia de la demanda de amparo, emplácesele a juicio a la representante social de referencia mediante atento oficio, de conformidad con el ordinal 26, fracción II, inciso b) de la ley en cita. Intervención ministerial Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la adscripción; por tanto, se ordena la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes, por medio de la lista de publicación de este juzgado de Distrito. Se le autoriza la consulta por vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio, el cual queda a la vista en el sistema implementado para tales fines, al que podrá ingresar con el usuario correspondiente. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" y requerimiento de algún medio de comunicación En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Autorización de Medios Digitales. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Notificaciones El presente acuerdo, así como los que se dicten subsecuentemente, se publicarán en su totalidad -salvo datos sensibles o confidenciales- bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, electrónicamente al quejoso y personalmente al tercero interesado

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