JAIME LEÓN FLORES y Otros.

Expediente 898/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
898/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • JAIME LEÓN FLORES y Otros.
  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.
  • Jaime León Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 33665/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; en atención a su contenido, hágasele de su conocimiento que mediante proveído de veintidós de octubre de la anualidad, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del sumario 44/2021 de su índice. Cúmplase.

  3. Principal

    ESTRADOS Vista la papeleta de turno 011985/2021, el oficio 19550/2021 de este juzgado y el juicio de amparo 830/2021 del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de esta Ciudad; regístrese en el libro de gobierno de este juzgado el juicio de amparo 898/2021 e intégrese los respectivos expedientes -físico y electrónico-. De las constancias que integran el citado juicio de amparo 830/2021, se advierte que la Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de esta Ciudad, ordenó su remisión a este juzgado en virtud de que la demanda que dio origen al sumario en cita, originalmente fue turnada a este órgano jurisdiccional. En atención a los motivos que razona, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento del asunto y convalida las actuaciones practicadas. PRECISIONES PREVIAS: De los autos del sumario, se obtiene que únicamente subsisten las autoridades responsables (1) Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, (2) Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, (3) Dirección de la Penitenciaria de la Ciudad de México y (4) Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Y los actos reclamados consistentes en afectación a la integridad y dignidad personal, y actos prohibidos por los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo -mismos que se entienden son consecuencia de la orden de traslado y su ejecución que previamente reclamaron-. DESECHAMIENTO: Respecto a los actos señalados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se explica: El juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que resiente la afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, salvo las excepciones enmarcadas en la propia ley de la materia. Es decir, sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, respecto de la demanda promovida por ..., a favor de x..., con fundamento, dice, en el artículo 15 y otros de la Ley de Amparo, por cuanto hace a los actos señalados en este apartado, porque no se actualiza el principio de "instancia de parte agraviada". Lo anterior es así, puesto que el promovente no tiene legitimación activa en términos de la Ley de Amparo para instar la acción constitucional en nombre de los directamente agraviados, cuya esfera jurídica es la que, en todo caso, resentiría una afectación en virtud de aquéllos. La norma es clara en los citados preceptos: la legitimación para promover el amparo está acotada a que sea directamente la persona física a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en su artículo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante legal o apoderado, lo que en el caso no se actualiza, pues no ocurren a esta instancia directamente .... Cierto, existe una excepción a todo lo anteriormente expuesto, ¿cuál?, la que se desprende de los artículos 3, último párrafo, y 109 de la Ley de Amparo, relativa a cuando se promueve el amparo en los términos del diverso 15 de esa Ley, supuesto en el que incluso no se requerirá de firma electrónica. Dicho numeral dispone que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, en cuyo caso el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, logrado esto, lo requerirá para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Precisado lo anterior, surge la siguiente interrogante: ¿se actualiza el supuesto de excepción a que se ha hecho referencia? La respuesta es No. Lo anterior es así, pues aun cuando pudiera estimarse que ..., se encuentran imposibilitados para promover el juicio de amparo, esto únicamente por su condición de internos, y que por esa razón ..., presentó la demanda electrónicamente y sin firma electrónica, los actos reclamados a las autoridades responsables, no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. Veamos: Respecto de los actos reclamados señalados, contrario a lo que se pretende establecer en la demanda, no son actos que afecten la libertad fuera de procedimiento, pues los emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal y con base en la atribuciones que le confiere. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1760, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)].". Así como la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de esa misma Primera Sala, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Sin que el hecho de que se aduzca en la demanda que son actos que ponen en riesgo grave sus vidas, salud, integridad y dignidad, los ubique como de los prohibidos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, pues deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que el demandante pudiera atribuirles. Y en cuanto a la discriminación por condición, nuevas reflexiones llevan a considerar que, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Lo anterior es así, pues la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas (por ejemplo, cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia), hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, lo somete a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean trasladados o cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Apoya lo anterior, por las razones de fondo que se sostienen, la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Por lo que, como se adelantó, los actos reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de "instancia de parte agraviada", ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, la cual resulta manifiesta e indudable atendiendo a las razones que anteceden, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la acción constitucional planteada en contra de los referidos actos de autoridad. Cabe precisar que respecto a las manifestaciones plasmadas por la parte quejosa como violación al principio pro persona, inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona y preceptos constitucionales que contienen los derechos humanos y las garantías que se estiman violadas, se estima que éstas se tratan únicamente de conceptos de violación y no de actos reclamados, por lo cual no ha lugar a tenerlos como tal en este asunto. DE LA PARTE PROMOVENTE: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano federal, ya que la parte quejosa fue omisa en indicarlo; no obstante se deja a salvo su derecho para señalar cualquier otro. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN: En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. Notifíquese y personalmente por lista a la parte promovente.

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