Jaime Nahara Gonzalez

Expediente 638/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
638/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Jaime Nahara Gonzalez
  • Juez de Ejecución de Sentencias Penales, Alberto Bagatela de la Fuente, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. II. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en los artículos 14, fracción III, y 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados, no es de relevancia documental ni conservable, pero susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos del artículo 9 del Acuerdo. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 638/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************, por propio derecho. R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este órgano jurisdiccional el veinte de junio siguiente, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de ********************, Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1°, 14, 20, Apartado B, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y parcial admisión. Por acuerdo dictado el veintiuno de junio del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 638/2023; asimismo, una vez impuesto de su contenido, acordó lo siguiente: ( Desechó la acción constitucional respecto al acto que se hizo consistir en el auto dictado el cinco de junio de dos mil veintitrés, dentro del incidente de ejecución ******************** de la estadística del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla -por el que se desechó la petición de cancelación de antecedentes penales-; lo anterior, al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (incumplimiento al principio de definitividad); y, ( Admitió a trámite el asunto respecto a la omisión reclamada -sin incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Tercero. Parte tercera interesada. En términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la ley de la materia, se tuvo y se emplazó con el carácter de autoridad tercera interesada al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla. Cuarto. Cita para audiencia. En acuerdo de seis de julio del actual, se fijaron las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues la omisión reclamada se atribuye a una autoridad jurisdiccional de esa materia (penal), con residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción; aunado a que dicho acto no tiene efectos ejecutivos, de ahí que surte la hipótesis de competencia prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso ******************** reclama: ( La omisión del juez responsable de dar cumplimiento al acuerdo dictado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dentro del incidente de ejecución ******************** de su índice; esto es, entregar de forma material al quejoso la copia certificada de "la sentencia definitiva de primera instancia", de la "sentencia definitiva de segunda instancia" y de la "sentencia de amparo vinculada a dichas resoluciones". Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 ********************, Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla. Acepta. 30 a 32. Tabla Única. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le imputa, consistente en la omisión de dar cumplimiento al acuerdo dictado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dentro del incidente de ejecución ******************** de su índice; esto es, entregar de forma material al quejoso la copia certificada de "la sentencia definitiva de primera instancia", de la "sentencia definitiva de segunda instancia" y de la "sentencia de amparo vinculada a dichas resoluciones". Sin embargo, dicha aseveración se desvirtúa, porque de las constancias de autos se puede dilucidar que no existe el referido acto. Se explica. La dinámica procesal del juicio de amparo indirecto, consiste en que admitida la demanda, la persona juzgadora de amparo solicita a la o las autoridades responsables el informe en el que justificará su actuar. En ese sentido, la autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe; sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. Por ejemplo: ( En el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó; o, ( En el caso de la omisión, no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: i) sí actuaron, o ii) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. En ese sentido, cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que la persona quejosa debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existen. En este último escenario, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 104/2018, determinó que a efecto de que la persona juzgadora adquiera convicción de que el acto omisivo no existe, es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), la persona juzgadora debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. Así, indicó que en la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen era el parámetro a través del cual la persona juzgadora obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Por tanto, concluyó que en el caso de que los actos reclamados sean omisiones, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues en ese tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que se debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. En ese orden de ideas, consideró que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; esto es, no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa. Ahora bien, de la copia certificada de las constancias derivadas del incidente de ejecución ******************** de la estadística del Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla, la cual, por tratarse de un documento público, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, en lo que interesa, la siguiente información: 1. Solicitud de remisión parcial de la pena. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil once, el quejoso ********************, en su carácter de sentenciado, promovió un incidente de remisión parcial de la pena, en términos de los artículos 517, 518, 518 bis, 531 y 533 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Puebla. 2. Radicación. El treinta de septiembre de dos mil once, el Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla radicó el incidente con el número de expediente de ejecución ********************; asimismo, a fin de determinar la procedencia de la solicitud planteada, ordenó recabar diversas documentales, como los estudios del Consejo Técnico Interdisciplinario, expedientes penitenciarios y partidas jurídicas de los centros penitenciarios donde el quejoso estuvo recluido. 3. Resolución. El veintidós de noviembre de dos mil trece, el juez de ejecución concedió al quejoso el beneficio de la libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial de la pena, por lo que ordenó su inmediata libertad. 4. Archivo. El ocho de mayo de dos mil catorce, se ordenó el archivo del incidente de ejecución, al encontrarse totalmente concluido. 5. Solicitud de copias. Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó la expedición de copia certificada de "la sentencia definitiva de primera instancia", de la "sentencia definitiva de segunda instancia" y de la "sentencia de amparo vinculada a dichas resoluciones". 6. Contestación. El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el juez de ejecución, en atención a la solicitud formulada, acordó favorable la expedición de copia certificada de las constancias solicitadas. 7. Comparecencia del quejoso. El treinta de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso acudió a las instalaciones del juzgado de ejecución con el fin de recoger las copias certificadas expedidas en su favor; sin embargo, el personal de actuaciones se percató que no obraban en el incidente de ejecución, al no haberse ofrecido por el propio quejoso ni haberse recabado por el propio órgano jurisdiccional, por lo que se le sugirió acudir con el juez del proceso para obtener la copia solicitada. En relación con lo reclamado en la presente contienda constitucional, la autoridad responsable agregó, en su informe justificado, que la expedición de las copias certificadas obedeció a un error al momento elaborar el acuerdo respectivo, derivado de una falta de estudio exhaustivo de las actuaciones del incidente, pues -dijo- el proceso de origen no se había ofrecido como prueba documental ni se había recabado por el juzgado de ejecución para resolver la solicitud de remisión parcial de la pena. Entonces, con base en las consideraciones plasmadas por la Segunda Sala del Alto Tribunal dentro de la indicada contradicción de tesis, si bien es cierto una autoridad debe cumplir y hacer cumplir sus propias determinaciones, en términos del artículo 17 Constitucional, lo que en el caso implicaría entregar a la parte solicitante las copias certificadas expedidas; también lo es que, en el particular, el juez no se encuentra obligado a entregar materialmente copia certificada de constancias que no obran en su poder dentro del expediente judicial de origen, a pesar de que en un proveído se haya ordenado esa expedición, pues como vimos, ello obedeció a un error derivado de la falta de un estudio exhaustivo de las constancias que obraban en el expediente. Dicho en otras palabras, el juez responsable materialmente se encuentra impedido para cumplir con su determinación; aunado a ello, en autos no se encuentra demostrado que en el aludido expediente de ejecución se hayan recabado las constancias solicitadas en copia certificada. De ahí que el juez responsable no fue omiso en cumplir con su determinación, pues no omitió entregar las copias sino que no se encuentra en condiciones para ello, por lo que al no existir la omisión, no existe el acto reclamado. En virtud de lo expuesto, ante la inexistencia de la omisión reclamada y la ausencia de prueba idónea para acreditar lo contrario, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de la autoridad y acto antes precisados; ello, aun cuando la autoridad haya aceptado la existencia del mismo. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Quinto. Integración al expediente físico. La presente resolución se integra al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues se trata de la sentencia definitiva, dictada en audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso ********************, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, y por los motivos allí expuestos. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de la sentencia. Notifíquese por lista al quejoso ********************; y, por oficio a la autoridad responsable, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable: Juez de Ejecución de Sentencias Penales de la ciudad de Puebla. Con el que se da vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA. De conformidad con el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tiene como prueba de su parte la documental que anexa al informe que se provee; sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. EMPLAZAMIENTO DE AUTORIDAD TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad tercera interesada al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales de la ciudad de Puebla; y, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena emplazarlo al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda y del auto admisorio. DIFERIMIENTO. Ahora bien, vista la certificación con la que se dio cuenta, se advierte que fueron señaladas las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diecisiete de julio del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a que transcurra el el plazo de ocho días a que se refiere el párrafo primero del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se puedan imponer del informe justificado de cuenta, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional, y se fijan las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veinticinco de julio de esta anualidad, para su celebración. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento del presente asunto. Notifíquese por lista a las partes y por oficio al fiscal tercero interesado -vía emplazamiento-.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Rafael Torres Campos, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. Marisol

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Intégrese a los autos la razón asentada por el actuario judicial de la adscripción, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente el proveído de veintiuno de junio del año en curso, a la parte quejosa, pues manifiesta que no encontró el número de inmueble en la avenida indicada. En consecuencia, en atención a la razón que se provee, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar mediante lista a la parte quejosa el referido acuerdo, el presente y los subsecuentes de carácter personal. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido, e impulsar el procedimiento. Notifíquese por lista el auto de veintiuno de junio y el presente a la parte quejosa; y, el presente auto a las demás partes. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veinte de junio de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida el día siguiente hábil por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 638/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. CUESTIONES PRELIMINARES. Cabe destacar, que del contexto integral de la parte promovente, reclama del Juez de Ejecución de Sentencias Penales, Alberto Bagatela de la Fuente, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dentro del expediente del incidente de ejecución 319/2011/JESI, lo siguiente: A) El acuerdo de cinco de junio de dos mil veintitrés, en donde se desechó la petición de cancelación de los antecedentes penales del sentenciado; y B) La omisión o negativa de dar cumplimiento al auto de diecisiete de mayo del año en curso, en el cual, se ordena la expedición de copias certificadas de las constancias que solicitó. Al respecto, se provee: DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO AL ACTO A). En la especie, el suscrito Juez Federal advierte, que respecto del acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en el presente asunto), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Entonces, si el acto reclamado consiste en la emisión del acuerdo dictado en cinco de junio de dos mil veintitrés, notificado a la parte procesal en mención en doce de los actuales, dentro del expediente del incidente de ejecución 319/2011/JESI, del índice del Juez de Ejecución de Sentencias Penales, Alberto Bagatela de la Fuente, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, es claro que la mencionada actuación constituye un proveído de trámite, pues no resuelve en definitiva el asunto, como lo señala el numeral 130, primer y último párrafos, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, los preceptos mencionados, son del siguiente tenor: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. [.] Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." De la interpretación de dichos artículos se advierte que el recurso de revocación procederá en contra de las determinaciones de mero trámite y también podrá hacerse valer contra las resoluciones dictadas fuera de audiencia en las que interviene la autoridad judicial. Bajo ese contexto, resulta evidente que si el acto reclamado por el promovente Jaime Nahara González, consiste en el pronunciamiento de una resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, por parte del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales, Alberto Bagatela de la Fuente, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dentro del expediente del incidente de ejecución 319/2011/JESI, dicho acto por ende, es revocable, conforme a lo establecido en párrafos anteriores. De esta manera, si el recurso de revocación que contempla la ley que rige el acto tildado de inconstitucional tiene por objeto que una de las partes legitimadas en la controversia pueda instarlo y con base en él se examine nuevamente el agravio, para que se modifique, revoque o nulifique el mismo, es claro que existe la obligación de promoverlo previamente a la solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal, a efecto de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b), c) y d) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado por la parte promovente no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (tal como lo aduce la parte promovente); ni se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia del juicio de amparo contenidas en las citadas fracciones XII y XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, por lo que, se desecha parcialmente la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. ADMISIÓN PARCIAL RESPECTO AL ACTO B). Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Jaime Nahara González, en contra del acto que reclama del 1. Juez de Ejecución de Sentencias Penales, Alberto Bagatela de la Fuente, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla ,dentro del expediente del incidente de ejecución 319/2011/JESI, por estimarlos violatorios de los artículos 1, en su último párrafo, 14, primer párrafo, 21, tercer párrafo, 20, apartado "B", fracción I, constitucionales. Asimismo, se hace la precisión que si bien la parte quejosa se duele de los actos contenidos en el artículo 22 constitucional, esta potestad federal, de un estudio de la demanda de amparo, no advierte que el quejoso se encuentre dentro de los supuestos del numeral en cita. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase y solicítese a las autoridades señaladas como responsables, su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; remitiéndole para tal efecto, copia de la demanda. En dicho informe justificado deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el acta mínima y el registro audiovisual de la audiencia en la que se hubiere dictado el acto reclamado. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jdo3mp6cto@correo.cjf.gob.mx (nueva dirección) confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que ante la falta del informe justificado, se presumirán ciertos los acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir su informe no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación de los actos reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlos, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagn sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de que se nieguen a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251 , en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. AUTORIZACIÓN DE PERSONA EMPLEADA. Se autoriza a la persona actuaria o diversa empleada adscrita, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable. OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS OFICIOS. Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que la persona actuaria o diversa empleada adscrita a este órgano jurisdiccional, le hace entrega, en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, con apercibimiento que de no hacerlo del diverso numeral 245, se le impondrá una multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional). INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a la apertura de dicha medida cautelar, ya que la parte quejosa no lo solicitó expresamente. PARTE TERCERA INTERESADA. Una vez se reciba el informe con justificación, se estará en aptitud de acordar lo conducente. PERSONA AUTORIZADA. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fabián Gómez y González, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. DOMICILIO. Téngase como tal, el que se señala en la demanda de amparo; y, sin que se tenga como tal el correo electrónico y número telefónico que proporciona, pues la Ley de Amparo no lo prevé y, únicamente se tendrán dichos medios para entablar comunicación no procesal y de manera excepcional, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por ese medio. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por oficio, a la autoridad responsable, así como a la representación social de la adscripción.

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