Jaime Lopez Sanchez

Expediente 538/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
538/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
08/07/2019

Partes del expediente

  • Jaime Lopez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de junio de dos mil diecinueve (fojas 50 a 57), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar el toca de apelación 463/2018, que remitió la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, como justificación a su informe, devuélvansele el mismo, con el que se ordenó formar el anexo I. Sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Lo mismo ocurre con las pruebas documentales que remitió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por conducto del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por lo que, al resultar innecesarias, devuélvanse los anexos II y III, consistentes en dos tomos del original de la causa penal 126/2006 y sus acumulados 163/2006-II y 165/2006-II, de su índice; y requiérasele para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que el quejoso manifestó estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Tehuacán, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al promovente Jaime López Sánchez, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 538/2019-E; Notifique a la parte promovente el presente proveído; Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, Asiente razón en el sentido de si el promovente quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 2601-II, signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por la Segunda Sala en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remite el expedientillo de emplazamiento, ordenado en el Toca de Apelación 463/2018 del índice de la citada Sala. Lo anterior, sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, en atención a lo acordado el siete de junio de dos mil diecinueve, dentro de los autos del controvertido constitucional en que se actúa (fojas 50 a 57).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente a la autorizada de la parte quejosa el auto de siete de junio del año en curso, por los motivos que a continuación se exponen: El Fedatario Judicial refiere que al buscar el domicilio ubicado en Avenida 117 Poniente 906, interior 10 Unidad Habitacional Agua Santa de la ciudad de Puebla, se percató que existe un edificio indicado como 906-E que se encuentra sobre la avenida 117 Poniente, por lo que acudió en diversos días y horas, y al tocar en la puerta de acceso no recibió respuesta alguna, por lo que acudió nuevamente el día diecisiete de junio del año en curso, y tocar la puerta del interior 10, fue atendido por una persona del sexo femenino, quien no quiso identificarse, refirió que no conoce a la persona buscada y que el domicilio está incompleto, pues existen sobre la avenida 117 Poniente varios edificios indicados con el número 906 y los hace diferentes la letra que les precede, esto es, 906-A, 906-E, 906-D, por lo que resultan insuficientes los datos de localización. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese a la autorizada de la parte quejosa, el auto de siete de junio del presente año, el presente proveído, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal por medio de lista de acuerdos. AUTO DE 7 DE JUNIO DE 2019 QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES Y RADICACIÓN. Agréguese el oficio III-2306/2019 signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo directo D-89/2019 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Jaime López Sánchez, contra actos de la 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otras autoridades, así como el toca de apelación 463/2018, del índice de la Sala responsable (un tomo anexo). Fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 538/2019-E. En razón al cuantioso número de fojas que compone el toca de apelación 463/2018, del índice de la Sala responsable (un tomo anexo), y que se dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo I, respetando el folio original. Toda vez que de dichas constancias se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, con fundamento en el artículo 170, fracción I, en relación con los diversos numerales 34 y 45, todos de la Ley de Amparo, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno; en virtud de que el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva o resolución que ponga fin a un juicio o proceso, ya que no resuelve la cuestión principal del juicio ni lo da por concluido. Por tanto, el suscrito juez de Distrito se avoca al conocimiento de dicha demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo. Comuníquese lo anterior, a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO. En la especie, el suscrito Juzgador Federal advierte que respecto de los actos reclamados por el promovente Jaime López Sánchez, a la 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otras autoridades, consistentes en la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, por los Magistrados de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca penal 463/2018, en la que confirmaron la resolución interlocutoria emitida el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el incidente de traslación de tipo y reducción de la pena promovido por el sentenciado Jaime López Sánchez, en el proceso 126/2006-II y sus acumulados 163/2006-II y 165/2006-II, incoados en su contra por la comisión de los delitos de lesiones calificadas y homicidio simple intencional, en la que se declaró procedente en cuanto a su tramitación la incidencia de que se trata; pero se determinó que no ha lugar a disminuir la sanción privativa de libertad establecida; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la siguiente jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, por los Magistrados de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca penal 463/2018, en la que confirmaron la resolución interlocutoria emitida el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el incidente de traslación de tipo y reducción de la pena promovido por el sentenciado Jaime López Sánchez, en el proceso 126/2006-II y sus acumulados 163/2006-II y 165/2006-II, incoados en su contra por la comisión de los delitos de lesiones calificadas y homicidio simple intencional, en la que se declaró procedente en cuanto a su tramitación la incidencia de que se trata; pero se determinó que no ha lugar a disminuir la sanción privativa de libertad establecida; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Sala responsable, consistentes en el toca de apelación de origen 463/2018 (anexo I), se advierte lo siguiente: 1. Por resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 463/2018 del índice de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se confirmó la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de traslación de tipo y reducción de la pena, dictada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 126/2006-II y sus acumulados 163/2006-II y 165/2006-II del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, incoadas en contra del aquí quejoso, por su participación en la comisión de los delitos de lesiones calificadas y homicidio simple intencional, el primero en perjuicio de Salvador Solís Cabrera, Bernardino Martínez Mendarte, Silvia Cruz Aranda, y la menor A.S.S.O., y el segundo, de quien en vida respondió al nombre de Rogelio Porras Justo (fojas 11 a 17 del anexo I). 2. El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se notificó la mencionada resolución al aquí quejoso, por medio de instructivo que fue entregado personalmente a su defensora particular Hermelinda Mendez Ramos (foja 17 vuelta del anexo I); y, 3. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el secretario de acuerdos de la Segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, certificó que la demanda de amparo fue presentada ante esa instancia a las quince horas del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, y que la resolución generadora del presente juicio de amparo fue notificada al sentenciado (aquí quejoso) el veintinueve de abril de dos mil diecinueve (foja 39 vuelta). Por tanto, si la notificación de la resolución reclamada se realizó al aquí promovente, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve y, el plazo para promover el juicio de amparo comenzó a correr a partir del día siguiente al en que surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución combatida, en términos del artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, pues la notificación surtió sus efectos en la misma fecha en que se practicó. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyos texto y rubro son los siguientes: "NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla no es preciso en determinar cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo, señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, de donde se concluye que, por regla general, las notificaciones en materia penal surten efectos desde que se efectúan y, por ende, si la codificación que rige el acto concreto no señala, específicamente, cuándo surte efectos la notificación, los términos deben computarse a partir del día siguiente al en que ésta se realiza." En tales condiciones, los quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto transcurrieron del treinta de abril al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, sin contar los días uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de mayo, todos de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si el quejoso presentó la demanda de amparo ante la autoridad responsable, el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por considerar que la vía era la directa, su presentación debe tomarse en cuenta para interrumpir el término de los quince días, a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, en el caso a estudio, la sentencia reclamada se le notificó el veintinueve de abril de dos mil diecinueve (como se advierte de la certificación secretarial de la sala responsable foja 39 vuelta), y si el escrito de demanda fue presentado, como ya se dijo, ante la responsable, el veinticuatro de mayo del año en curso, entonces, se tiene que el término de los quince días ya había transcurrido en exceso, y no se tuvo plazo que interrumpir, pues corrió del treinta de abril al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve; por tanto, es claro que la demanda no resultó oportuna respecto del acto reclamado en estudio, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. Por analogía, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "AMPARO INDIRECTO QUE SE FORMULA COMO DIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SI PRODUCE EFECTOS JURÍDICOS. Si la demanda de amparo se presentó oportunamente ante la autoridad responsable, por estimar el quejoso que el acto reclamado es impugnable a través del juicio de amparo directo, aunque el Tribunal Colegiado haya remitido la demanda relativa al Juez de Distrito, por considerar que es éste el competente para conocer del asunto en amparo indirecto, su presentación interrumpe el término de los quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues no puede considerarse que una demanda de amparo indirecto ha sido presentada extemporáneamente cuando se entrega a la autoridad responsable, si la demanda se elabora como amparo directo." En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías que aquí se analiza fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, el suscrito Juez de Distrito no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Tampoco, lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a que para la satisfacción de un recurso efectivo, el mismo debe ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia sea oportuno. Por tanto, aun cuando el peticionario de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello, no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." DOMICILIO No obstante que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez que manifestó estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. En ese sentido, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Tehuacán, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al promovente Jaime López Sánchez, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 538/2019-E; Notifique a la parte promovente el presente proveído; Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, Asiente razón en el sentido de si el promovente quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. AUTORIZADOS Téngase en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, de la Ley de Amparo, como autorizado de la parte quejosa sólo para oír notificaciones e imponerse de autos a la persona que menciona, por así haberlo manifestado expresamente la parte quejosa. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio III-2493/2019, signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite en alcance el diverso 2379-II, signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Como lo solicita la superioridad, acúsese el recibo de estilo. En ese sentido, visto el oficio 2379-II, de la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a través del cual rinde informe justificado dentro del presente juicio de amparo, y como apoyo al mismo, remite en dos tomos el original del proceso 126/2006-II y sus acumulados 163/2006-II y 165/2006-II, de su índice. Lo anterior, sin que haya lugar a tener por rendido dicho informe justificado, en atención a lo acordado el siete de junio de dos mil diecinueve, dentro de los autos del controvertido constitucional en que se actúa (fojas 50 a 57). No obstante lo anterior, con dichas documentales, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmense los anexos II y III respetando el folio original.

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