Jaime Montellano Castrejon

Expediente 1041/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1041/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
16/02/2018

Partes del expediente

  • Jaime Montellano Castrejon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción III, párrafo segundo, del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *****, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria ***** que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1041/2017-VI; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este órgano en esa misma fecha siguiente, *******, en representación del directamente agraviado *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal de Distrito Zona Norte, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del asunto. Mediante auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó formar expediente y registrar el asunto con el número 1041/2017-VI; se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables; se emplazó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que el impetrante reclama al Fiscal de Distrito Zona Norte, Agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos Contra la Salud (C.O.E.), Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación, Titular de los Separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado Zona Norte, Titular del Centro de Detención Provisional de la Fiscal de Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, residentes en esta ciudad, lo siguiente: 1.- la ilegal orden de detención; 2.- incomunicación y malos tratos. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Coordinador Especial "B", adscrito a la Unidad del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios de la Agencia Estatal de Investigación, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinacion Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra Narcomenudeo, adscritos a la Fiscalía General del Estado, Distrito Zona Norte, residentes en esta ciudad, al rendir informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuyó, consistente en la incomunicación y malos tratos de *******. Por tanto, al no haber aportado la parte quejosa pruebas para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO.- Existencia del acto reclamado. El Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Coordinador Especial "B", adscrito a la Unidad del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios de la Agencia Estatal de Investigación, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinacion Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra Narcomenudeo, adscritos a la Fiscalía General del Estado, Distrito Zona Norte, residentes en esta ciudad, al rendir informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, refirieron que el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, realizaron la detención del directamente agraviado. Por tanto, de las manifestaciones vertidas por las referidas responsables, se desprende la certeza del acto que se les reclama, consistente en la detención de *******. Documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, respecto al acto reclamado al Fiscal de Distrito Zona Norte, Agente del Ministerio Público Especializado en Investigación de Delitos Contra la Salud (C.O.E.), Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación, Titular de los Separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado Zona Norte, Titular del Centro de Detención Provisional de la Fiscal de Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, residentes en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, el directamente agraviado reclama a las responsables, la ilegal detención efectuada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por el Coordinador Especial "B", adscrito a la Unidad del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios de la Agencia Estatal de Investigación y la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinacion Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra Narcomenudeo, adscritos a la Fiscalía General del Estado, Distrito Zona Norte, residentes en esta ciudad, se desprende que mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil diecisiete, la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Operaciones Estratégicas, dejó sin efectos la detención del directamente agraviado, ordenado su inmediata libertad. Documentos los anteriores, a los que se les reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que si *******, obtuvo su libertad; es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta de la libertad. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligar a las responsables a poner al quejoso a disposición del Ministerio Público o Juez, correspondiente, o en su caso, en inmediata libertad; lo que como se precisó, finalmente ocurrió debido a la actuación propia de las responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1041/2017-VI promovido por *******, contra actos del Fiscal de Distrito Zona Norte, residente en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de enero de dos mil dieciocho. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1041/2017-III, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en este juzgado, ******, en representación de **********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Fiscal de Distrito en la Zona Norte, residente en esta ciudad y otras autoridades, a quienes les reclamó la orden de detención así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veintinueve de diciembre pasado, se ordenó la apertura del incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Coordinador Especial "B", adscrito a la Unidad del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios de la Agencia Estatal de Investigación, Distrito Zona Norte, Titular de los Separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Distrito Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado, Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra el Narcomenudeo, todos de esta ciudad, al rendir sus informes previos manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman; argumentando que el directamente agraviado ***********, a las diecisiete horas del veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, fue puesto en libertad. Por lo que, resulta evidente que no existe materia sobre la cual decretar la suspensión solicitada, pues desde el momento en que el directamente agraviado fue puesto en libertad, las autoridades responsables dejaron de ejercer el acto de privación de la libertad por ellos reclamado, por lo que no existe materia sobre la cual decretar suspensión alguna Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, promovido por *******, en representación de *********, en contra de los actos y autoridades reseñadas en el resultando primero de esta interlocutoria. Notifíquese. Lo resolvió y firma la licenciada ********, Secretaria de Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de enero de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los informes justificados que rinden el Coordinador Especial "B", adscrito a la Unidad de Detención Provisional y Resguardo de Edificios de la Agencia Estatal de Investigación, Distrito Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Distrito Zona Norte, Adscrito a la Fiscalía General del Estado, Distrito Zona Norte, y Agente del Ministerio Público Regional en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra el Narcomenudeo, residentes en esta ciudad; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otra parte, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a la Agente del Ministerio Público Regional en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra el Narcomenudeo, designando como delegados a los profesionistas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. ****

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