Jaime Jiménez Maldonado

Expediente 663/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
663/2017
Año
2017
Actuaciones
24
Última actuación
10/05/2018

Partes del expediente

  • Jaime Jiménez Maldonado
  • Jaime Jiménez Maldonado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por ende, con fundamento en el arábigo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así pues, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa, se negó el amparo y protección de la justicia federal, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, glósese el cuadernillo formado mientras se encontraba pendiente el dictado de la sentencia en este asunto, sin que se efectúe mayor acuerdo al respecto, toda vez que en el mismo se proveyó lo conducente de manera oportuna. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Incidental

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de trece de abril de dos mil dieciocho que a la letra dice: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 663/2017-IV, promovido por *****, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado el mismo día, *****, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: III).- AUTORIDADES RESPONSABLES.- COMO AUTORIDAD ORDENADORA SEÑALO A LA C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, *****, QUIEN ES LA AUTORIDAD ORDENADORA QUE DETERMINÓ DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO EN MI CONTRA EN FECHA MARTES 04 DE JULIO DEL 2017 EN LA CAUSA PENAL NO. 1457/17, POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 208, FRACCIÓN I Y 212 FRACCIONES II Y III DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO COMETIDO EN PERJUICIO DEL SR. *****. Y COMO IV).- AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALO A LAS SIGUIENTES: A).- AL C. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 3 EN ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE BARRANCO AZUL NO. 1650 DE LA COLONIA GENERAL TORIBIO ORTEGA Y QUIEN POR EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2017 ME MANTIENE INTERNADO EN EL MENCIONADO CENTRO CARCELARIO DERIVADO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DICTADA EN MI CONTRA EN LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DE LA CUAL SE FORMULÓ IMPUTACIÓN EN MI CONTRA Y SE ME IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA POR PARTE DE LA C. JUEZ DE CONTROL, LIC. *****. B).- A LA C. SUPERVISORA DE LA FISCALÍA DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ZONA NORTE, LIC. *****, CON DOMICILIO CONOCIDO EN EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AVENIDA SANDERS DE LA COLONIA MELCHOR OCAMPO DE ESTA CIUDAD Y QUIEN POR EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2017 ORDENÓ SE ME MANTENGA BAJO SUPERVISIÓN DENTRO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 3 EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DICTADA EN MI CONTRA EN LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DE LA CUAL SE FORMULÓ IMPUTACIÓN EN MI CONTRA Y SE ME IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA POR PARTE DE LA C. JUEZ DE CONTROL, LIC. BRISA MERAZ. IV).- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA QUE ES LA C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, LIC. *****, LE RECLAMO EL INFUNDADO, INMOTIVADO E INCORRECTO AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO EN MI CONTRA EN FECHA MARTES 06 DE JULIO DEL 2017 EN LA CAUSA PENAL No. 1457/17 EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 208 FRACCIÓN I Y 212 FRACCIONES II Y III DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO COMETIDO EN PERJUICIO DEL SR. ***** Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS LES RECLAMO LA EJECUCIÓN MATERIA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO *****. (sic) Segundo. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señaló como derechos humanos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración de la demanda. En auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (foja 6), se requirió al quejoso para que aclarara qué acto reclama de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, respecto de lo cual, mediante escrito presentado en este juzgado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete (foja 10), manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: (.) VENGO A PRECISAR DE MANERA CLARA Y CONCISA QUE EL ACTO RECLAMADO POR EL CUAL SOLICITO SE ME CONCEDA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL MEDIANTE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PENAL, ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO EN MI CONTRA EN FECHA MARTES 04 DE JULIO DEL 2017 EN LA CAUSA PENAL 1457/17, POR PATE DE LA C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, LIC. BRISA MERAZ POR EL DELITO DE ROBO AGRVADO DE VEHÍCULO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 208 FRACCIÓN I Y 212 FRACCIONES II Y III DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO COMETIDO EN PERJUICIO DEL SR. JORGE GÓMEZ VARGAS (.). (sic) Tramitación de la demanda. Por lo tanto, en auto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (foja 13), se admitió a trámite la demanda, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del ministerio público de la federación adscrito, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclama un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de la totalidad de constancias que integran este juicio, se colige que la parte quejosa reclama de las responsables, lo siguiente: De la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, en fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 1457/2017, por su probable participación en el delito de robo agravado de vehículo, previsto y sancionado por los artículos 208, fracción I y 212 fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y de la Directora de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, con residencia en esta ciudad: - la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva, Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, la Directora de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales y la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, todos residentes en esta ciudad, en sus informes justificados (fojas 21, 33 y 38, respectivamente), manifestaron que los actos que les fueron reclamados, son ciertos. La certeza de los actos reclamados a la Juez de Control responsable, se corrobora con la transcripción certificada del auto de vinculación a proceso reclamado, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictado en contra del quejoso, por su probable participación en la comisión del delito de robo agravado de vehículo, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por los artículos 208, fracción I y 212 fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, así como con los registros de audio y video certificados, de las audiencias relativas; pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por un funcionario dotado de fe pública, como lo es la propia Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones y está dotada de fe pública, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mientras que, la existencia de los actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y a la Directora de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, se encuentra demostrada, pues mediante los oficios JG 29875/2017 (foja 25) y JG 30659/2017 (foja 37) la Juez de Control responsable, les hizo saber que impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva, para cuya observancia, fue internado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Adultos número tres; oficios que también cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los citados numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues fueron certificados respecto de sus originales, precisamente por tales autoridades. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado y de la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia lo deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto, precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del imputado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos instintos a los consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez de Control responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó una Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializada en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción; esto, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público, además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular, a quien se dio la oportunidad de declarar respecto de los hechos ilícitos que se le imputaron, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercer este derecho. Precisado lo anterior, se tiene que la Juez de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, en este momento procesal configuran del delito de robo agravado de vehículo, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por los artículos 208, fracción I y 212 fracciones II y III, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el quejoso haya participado, en calidad de autor material, en la comisión del ilícito mencionado. Pues bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por la Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que, la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 208, fracción I y 212, fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente, se le impondrá: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien veces el valor de dicha Unidad. Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de dos a diez años de prisión, cuando el robo: II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. III. Recaiga sobre vehículos automotores. Conforme a tales normas, como acertadamente lo precisó la Juez de Control responsable, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo, con ánimo de dominio, esto es, de disponer materialmente del objeto del delito, se apodere de un bien mueble, el cual le es ajeno, ello, sin el consentimiento de quien legítimamente pueda otorgar tal disposición a algún tercero; además, es menester que el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; que, la conducta ilícita se haya realizado mediando violencia, en este caso, utilizando un arma punzo cortante o punzo penetrante; y, que el objeto del delito sea un vehículo automotor. Pues bien, la Juez de Control responsable, acertadamente estimó, en esta etapa procesal, configurado el delito materia de la formulación de imputación, tomando en cuenta los datos que se desprenden del acta de hechos probablemente delictuosos, practicado por la licenciada *****, adscrita a la Unidad de Robo de Vehículo, de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, mediante la cual informó que se detuvo al aquí quejoso y en la cual, los agentes de Seguridad Pública Municipal ***** y *****, narraron que el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, aproximadamente a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, sobre la calle *****, en circulación de *****, en esta ciudad, observaron una camioneta de la marca *****, con las características que les habían proporcionado al reportarla como robada, justo momentos antes, lo que ocurrió, según dicho reporte, en las calles *****, de la Colonia *****, en esta ciudad, razón por la cual, le marcaron el alto al conductor, quien una vez que se detuvo, salió corriendo, pero fue alcanzado por los agentes aprehensores, persona que vestía una camisa a rayas y pantalón de mezclilla, a quien le hicieron saber que respecto del vehículo que conducía, existía un reporte de robo, lo que corroboraron en la "base de datos de plataforma Juárez". Asimismo, indicaron que acudieron al lugar donde se había apoderado el imputado de dicha camioneta, pues otros agentes policiacos les informaron que ahí se encontraba un vehículo *****, también con reporte de robo de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, donde el afectado es *****, razón por la cual se realizó la detención del aquí quejoso, por el robo de ambos vehículos. Acta que, como lo apreció la Juez de Control responsable, tiene valor indiciario, pues fue elaborada por agentes policiacos en ejercicio de sus funciones, quienes ciertamente, conforme al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen la obligación de evitar que los hechos delictivos lleguen a ulteriores consecuencias y están facultados para detener a las personas que se encuentren delinquiendo en flagrancia, quienes dieron a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la detención, esto conforme al artículo 16 Constitucional. La cual, efectivamente se concatena con los datos que se desprenden de la denuncia presentada por *****, ante el agente del Ministerio Público, el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, quien manifestó ser el dueño del vehículo ********************, el cual le fue robado el día anterior, veintiséis de junio del mismo año, aproximadamente a las catorce horas, cuando se encontraba en su negocio denominado "*****", ubicado en calles *****, de la *****, en esta ciudad, a donde aproximadamente a las catorce horas, arribó una persona del sexo masculino, que manifestó querer probar un vehículo *****, pero después decidió probar uno de la marca *****, de manera que, al ser el propietario, comisionó a un empleado de nombre **, para que acompañara a dicha persona a probar el vehículo, quienes se retiraron del lugar, aproximadamente a las catorce horas con quince minutos. El denunciante continuó manifestando que después de cinco o diez minutos, su empleado de nombre ** le llamó y le dijo que la persona de referencia le sacó una navaja y le robó el vehículo, por lo cual en ese momento hizo el reporte de robo. Denunciante que describió al activo del delito, como una persona de treinta y cuatro a treinta y siete años de edad, de un metro con setenta centímetros de estatura, de complexión delgado, tez moreno claro, cabello oscuro y corto, con tatuajes en el pecho, un arete en cada oreja, quien vestía camisa azul de cuadros y pantalón de mezclilla. Por último, manifestó que el día veintiséis de junio de dos mil diecisiete, su hermano le llamó para comunicarle que se había recuperado el vehículo y que se dirigiera a la calle ******, en esa ciudad, afuera de un Smart, pues ahí se encontraba su vehículo, razón por la cual acudió a dicho lugar y reconoció el vehículo descrito. Ahora bien, como lo señaló la Juez de Control responsable, para acreditar la propiedad del automotor objeto del delito, el denunciante exhibió título expedido por el Estado de Texas, Estados Unidos, traducido al idioma español, con número ******, que corresponde a un vehículo de la marca ***********, de dos puertas, propiedad de ******. Así como la declaración testimonial de ******, quien relató que el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, arribó a su lugar de trabajo un sujeto de sexo masculino, de edad entre treinta y cuatro y treinta y seis años, de un metro con setenta y cinco centímetros de estatura, quien vestía gorra color negra, camisa de cuadros de manga larga y pantalón de mezclilla, sujeto que tiene un tatuaje en el pecho y la barba corta, quien en un principio pidió probar un vehículo de la marca **, pero que luego dijo que prefería probar el vehículo ***********, propiedad de ******, por lo que éste, quien es su patrón, le indicó que lo acompañara a probar dicho vehículo, que durante el trayecto, tal sujeto, quien conducía, pasó por una tienda y decidieron llegar a comprar comida, pero en el momento en que ambos ingresaron a la tienda, el sujeto salió corriendo hacia el carro, por lo que él lo siguió, pero aquél le sacó una navaja y se la colocó en el rostro, amedrentándolo y diciéndole que se fuera; que él se quedó en la tienda, que se sintió mal y mareado, mientras que el sujeto de referencia huyó en el vehículo descrito, con rumbo a la colonia Chaveña de esta ciudad, por lo que habló al 911 y regresó al yonke (sic) para dar aviso a su patrón; que aproximadamente a las quince horas, recibieron una llamada de la policía, informándoles que habían recuperado el vehículo, el cual fue localizado en la calle 16 de Septiembre, en un Smart, en esta ciudad, lugar al que arribaron él y su patrón, donde identificó a la persona detenida, como la que lo desapoderó del vehículo ******, persona que en ese momento vestía una camiseta distinta, tipo polo con rayas. Pues bien, a los datos de prueba que se desprenden de la denuncia de ******, la Juez de Control responsable, acertadamente les otorgó valor probatorio de indicio, de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues fue realizada ante la autoridad competente, a quien le refirió las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho delictivo, es quien sufrió directamente un quebranto patrimonial y si bien no fue testigo presencial, propiamente, del desapoderamiento del vehículo, sí presenció que el activo del delito, a quien describió físicamente, arribó a su negocio, ubicado en las calles 16 de Septiembre y Helio, en esta ciudad, para probar el vehículo objeto del delito, lo que efectivamente, es conteste con lo narrado por los agentes aprehensores y por el testigo ******. Continuando, la Juez de Control responsable, también estimó de forma acertada, como eficaces, los datos que se desprenden de la declaración de ******, respecto de quien no se advierte que haya sido inducido o coaccionado para declarar en determinado sentido, sino que declaró los hechos que percibió por medio de sus sentidos y su narrativa es coincidente con las diligencias hasta aquí descritas y valoradas. Así pues, como lo afirmó la Juez de Control responsable, existe la probabilidad de que, desde el momento en que, en la negociación ubicada en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Helio, aproximadamente a las catorce horas, el activo del delito se encontró en aptitud de disponer del vehículo descrito, bajo el pretexto de que deseaba realizarle una prueba de manejo, el delito de que se trata se consumó, pues no obstante que, como argumenta el defensor del imputado, al activo se le hayan entregado las llaves, que no exista violación del mecanismo de encendido del vehículo o algún otro indicio material sobre dicho vehículo, que permita concluir que fue robado, lo cierto es, tal como argumentó la Juez responsable, que en este momento procesal, con los datos de prueba ya descritos, se puede determinar que el activo del delito logró la disponibilidad del vehículo descrito, con el ánimo de apoderarse de él, lo que logró a la postre de la forma ya narrada por ******, aspecto que constituye el dolo específico que opera en este ilícito, esto es, el ánimo de dominio, de apoderamiento del objeto, para disponer del mismo, disposición que evidentemente ocurrió, pues el vehículo que nos ocupa fue localizado en diversa negociación ubicada en las calles Libertad y Municipio Libre, de esta ciudad, ello, sin el consentimiento de quien legítimamente podía disponer de él, es decir, de ****** o ******, pues el vehículo se encontraba en la negociación del primero y fue el segundo quien estaba encargado de acompañar al activo en la prueba de manejo. Al respecto, no se pierde de vista que la Juez de Control responsable, para determinar, al menos en esta etapa procesal, que el propietario del vehículo objeto del delito, es ******, tomó en cuenta el título de propiedad extranjero, traducido al español, ya mencionado, al cual asignó la calidad de documento público de conformidad con el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto, a pesar de que, de tal documento se desprende claramente, como la propia Juez responsable lo menciona, que la propietaria del vehículo es ******, sin que explique por qué razón, a pesar de éste dato, consideró que dicho documento es apto para demostrar que ******, es el propietario, como afirma, del automotor robado. Sin embargo, lo anterior no merma la configuración del ilícito en estudio, pues lo cierto es que en esta etapa procesal, lo que sí está demostrado, es que el vehículo no era propiedad del sujeto activo, esto es, le resultaba ajeno, tan es así que para apoderarse del mismo recurrió a la violencia y al uso de un arma punzo cortante y punzo penetrante. Por último, la Juez de Control responsable, refirió el dictamen pericial en materia avalúos, realizado por la perito oficial, quien determinó que el vehículo de que se trata, en el momento en que se emitió, tenía un valor de treinta y cinco mil pesos moneda nacional, por lo que ubica la conducta ilícita ejecutada por el activo, en la fracción I, del artículo 208, del Código Penal del Estado de Chihuahua, esto, en cuanto a la penalidad eventualmente aplicable. Por lo expuesto, la Juez de Control responsable, acertadamente concluyó, conforme al estándar que exige el artículo 19 Constitucional para dictar un auto de vinculación a proceso, que en este momento procesal y con los datos de prueba que arrojaron las diligencias desahogadas durante la integración de la carpeta de investigación, valoradas además en términos de los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí es posible concluir de que el día veintiocho de junio de dos mil diecisiete, aproximadamente a las catorce horas, una persona arribó al lugar denominado "******", ubicado en las calles ******, en esta ciudad, donde solicitó realizar una prueba de manejo al vehículo marca ***********, aparentemente propiedad de ******, pero ciertamente ajeno al activo del delito, quien durante la prueba de manejo, amagó con una navaja a ******, empleado de **, quien lo acompañaba por indicaciones de éste, para apoderarse del vehículo descrito y disponer del mismo, desde luego, sin el consentimiento de Jorge o Ramón, personas que, en todo caso y en ese momento, eran las que podían otorgar dicho consentimiento, todo lo cual, efectivamente, en esta etapa procesal, configura el delito de robo de vehículo previsto en el artículo 208, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, con penalidad agravada conforme al numeral 212, fracción II, del mismo ordenamiento adjetivo legal, pues para su comisión medio la violencia, específicamente el uso de un arma punzo cortante o punzo penetrante y el objeto del delito, es un vehículo automotor. Respecto al argumento que el defensor del imputado, esgrimió en la audiencia de vinculación a proceso, en el sentido de que los hechos materia de la formulación de imputación, no configuran el delito de robo, la Juez de Control responsable, acertadamente le indicó que en grado de probabilidad, sí es dicho delito el que se configura y le indicó que de la misma forma lo consideró otra Juez de Control, al dictar la orden de aprehensión que precedió la formulación de imputación. En otro aspecto, la Juez de Control responsable, acertadamente estimó que se puede concluir, al menos en grado de probabilidad, que ******, fue quien participó, como autor material, en el hecho delictivo que nos ocupa, esto con los mismos datos de prueba ya descritos y valorados, adminiculados a las diligencias de reconocimiento de persona, realizadas en la Fiscalía. En efecto, como refirió la Juez responsable, ******, quien presencio el hecho, propiamente, de apoderamiento del vehículo descrito y percibió por medio de sus sentidos las características físicas del sujeto activo, las cuales describió pormenorizadamente en su declaración ante el agente del Ministerio Público, posteriormente, también ante el Representante Social, así como del defensor del imputado, en diligencia de reconocimiento de personas a través de la cámara Gesel, tuvo a la vista a cuatro personas de características similares, identificando a la persona a quien se le asignó el número tres, quien era el imputado Jaime Jiménez Maldonado, como la persona que robó el vehículo de que se trata; de igual forma, ******, quien también tuvo a la vista al activo del delito y pudo apreciar sus características físicas, reconoció a dicha persona a través de la cámara Gesel, como la que acudió a su negociación con la supuesta intención de probar el vehículo objeto del delito, persona que corresponde a la del imputado; diligencias de reconocimiento a las cuales acertadamente la Juez responsable les otorgó valor probatorio pleno, pues se llevaron a cabo conforme al artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, salvaguardando las garantías previstas en el artículo 20 Constitucional, esto es, se realizaron en presencia del defensor del imputado. Así pues, como lo consideró la Juez de Control responsable, el argumento de la defensa en el sentido de que el testimonio presencial de ******, está aislado, no es acertado, pues tal declaración se concatena con la de ******, con las diligencias de reconocimiento de persona de *** y ****, así como con el acta de hechos realizada por los policías aprehensores, quienes asentaron, además de lo ya mencionado, que el imputado poseía un vehículo de la marca Venture en el momento de su detención y que el vehículo marca Mitsubishi, lo dejó en garantía, para probar el vehículo que conducía cuando fue aprehendido (el de marca Venture). Respecto del acta de hechos, el defensor del imputado, en la audiencia de vinculación a proceso, como refirió la Juez de Control responsable, adujo que no existe lógica en que una persona se apodere ilícitamente de un vehículo y vuelva al lugar donde realizó esa conducta; sin embargo, como lo aclaró la Juez responsable, el imputado no fue detenido en el lugar en el que se apoderó del vehículo marca ***********, en circulación de oriente a poniente, esto es, en las cercanías de aquél lugar, pero no en el mismo, y al tener conocimiento los captores de que el vehículo marca ** que conducía, tenía un reporte de robo, de las calles ***********, de esta ciudad, acudieron con el imputado a ésta ubicación, que es donde se encontraba el automotor objeto del delito que aquí nos ocupa, a donde arribaron ****** y ****** y lo reconocieron como la persona que, momentos antes, se apoderó del vehículo marca *****, en las circunstancias ya narradas. Por último, en relación al argumento que esgrimió la defensa del imputado, en la audiencia de vinculación a proceso, en relación a que al imputado se le privó de su libertad en virtud de una orden de aprehensión, sin que previamente se le hubiera avisado del tal situación, la Juez de Control responsable, acertadamente le indicó que al imputado no se le privó de la libertad por el delito del robo del vehículo de marca *****, el día veintiséis de junio de dos mil diecisiete, pues no estaba cometiendo dicho ilícito en flagrancia, razón por la cual posteriormente se giró la orden de aprehensión a la que se refiere y la cual no es materia de revisión por parte de ella. Por lo tanto, la Juez de Control responsable concluyó correctamente, que con los datos de prueba ya descritos y valorados, también se demuestra la probabilidad de que el imputado *****, haya participado en la comisión del delito de robo de vehículo con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por los artículos 208, fracción I y 212, fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, ocurrido el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Helio, justamente en la negociación denominada "******", en esta ciudad, en las circunstancias de modo ya descritas. Pues bien, una vez realizado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar los conceptos de violación que esgrimió el quejoso en su demanda de amparo y escrito aclaratorio de demanda, los que se resumen en lo siguiente: Argumenta que el auto de vinculación a proceso no está fundado, ni motivado, Que con los datos de prueba de los que tuvo conocimiento la Juez de Control responsable, no es posible concluir que se configura el delito de robo con penalidad agravada, previsto y sancionado por los artículos 208, fracción I y 212, fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, ni la probabilidad de que él haya participado en su comisión, Que se vulneró en su perjuicio, el principio de presunción de inocencia, pues la orden de aprehensión librada en su contra se ejecutó cuando se encontraba detenido por el mismo delito y los mismos hechos, orden de aprehensión que también está infundada y motivada. Los conceptos de violación descritos en los incisos a) y b), son infundados, pues como ya se expuso, el auto de vinculación a proceso reclamado, sí está fundamentado y motivado, pues la Juez de Control responsable expuso exhaustivamente las razones que la determinaron a emitir su determinación en el sentido en que lo hizo y citó los fundamentos legales que apoyaron su proceder, tal como se puede apreciar del estudio oficioso que recién se realizó del acto reclamado. Ahora bien, concepto de violación descrito en el inciso c), en parte, es inatendible, ya que en este juicio de amparo, no puede revisarse la orden de aprehensión que precedió la formulación de imputación, pues además de que no fue reclamada, desde el momento en que la imputación se formuló y se celebró la audiencia de vinculación a proceso, ocurrió un cambio de situación jurídica, que imposibilita el análisis violaciones procesales ocurridas con anterioridad a dicho cambio, debido a que las mismas quedaron irreparablemente consumadas, esto de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Luego, su argumento en el sentido de que dicha orden de aprehensión se dictó por los mismos hechos y mismo delito por el cual ya se encontraba detenido, es infundado, pues como se lo aclaró la Juez de Control responsable en la audiencia de vinculación a proceso, dicha orden de aprehensión se refiere al robo del vehículo de marca ******, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, aquí ya descritas, conducta de la cual, los elementos aprehensores tuvieron conocimiento, pero no en el momento en que se ejecutaba, esto es, no en flagrancia delictiva, es por ello que a la postre, el agente del Ministerio Público, luego de integrar la carpeta de investigación, solicitó se girara orden de aprehensión; mientras que, al quejoso se le detuvo por hechos diversos, relativos al robo de un vehículo marca ***, hechos de los cuales, los agentes captores sí tuvieron conocimiento cuando se estaba ejecutando la conducta ilícita en flagrancia, como también ya se explicó en esta sentencia. Por último, el argumento relativo a que se vulneró en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, es infundado, sencillamente porque en ningún momento y de forma alguna, se le está obligando a probar hecho alguno, por el contrario, precisamente en atención al principio de presunción de inocencia, en su vertiente de "trato procesal", es el Fiscal quien, durante la etapa de investigación del proceso penal que se le sigue, debe recabar las pruebas que, en su momento, sustenten su acusación para que entonces, en una etapa procesal diversa, el quejoso sea enjuiciado, esto es, sea considerado o no, penalmente responsable del delito que ahora, sólo se le imputa en grado de estricta probabilidad, esto, a fin de no anticipar culpabilidad, ni imposición de pena alguna. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 24/2014 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 497, del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2006092, que dice: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En consecuencia, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados e inatendibles los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ******, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la Juez de Control responsable, el día cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 1457/2017, por su probable participación en el delito de robo de vehículo con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 208, fracción I y 212, fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclamaron del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y de la Directora de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, con residencia en esta ciudad, pues no se le atribuyeron vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ******, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada ******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante el Secretario ******, hasta el día de hoy, trece de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de trece de abril de dos mil dieciocho que a la letra dice: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 663/2017-IV, promovido por *****, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado el mismo día, *****, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: III).- AUTORIDADES RESPONSABLES.- COMO AUTORIDAD ORDENADORA SEÑALO A LA C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, *****, QUIEN ES LA AUTORIDAD ORDENADORA QUE DETERMINÓ DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO EN MI CONTRA EN FECHA MARTES 04 DE JULIO DEL 2017 EN LA CAUSA PENAL NO. 1457/17, POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 208, FRACCIÓN I Y 212 FRACCIONES II Y III DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO COMETIDO EN PERJUICIO DEL SR. *****. Y COMO IV).- AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALO A LAS SIGUIENTES: A).- AL C. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 3 EN ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE BARRANCO AZUL NO. 1650 DE LA COLONIA GENERAL TORIBIO ORTEGA Y QUIEN POR EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2017 ME MANTIENE INTERNADO EN EL MENCIONADO CENTRO CARCELARIO DERIVADO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DICTADA EN MI CONTRA EN LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DE LA CUAL SE FORMULÓ IMPUTACIÓN EN MI CONTRA Y SE ME IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA POR PARTE DE LA C. JUEZ DE CONTROL, LIC. *****. B).- A LA C. SUPERVISORA DE LA FISCALÍA DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ZONA NORTE, LIC. *****, CON DOMICILIO CONOCIDO EN EJE VIAL JUAN GABRIEL Y AVENIDA SANDERS DE LA COLONIA MELCHOR OCAMPO DE ESTA CIUDAD Y QUIEN POR EL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2017 ORDENÓ SE ME MANTENGA BAJO SUPERVISIÓN DENTRO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 3 EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DICTADA EN MI CONTRA EN LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DE LA CUAL SE FORMULÓ IMPUTACIÓN EN MI CONTRA Y SE ME IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA POR PARTE DE LA C. JUEZ DE CONTROL, LIC. BRISA MERAZ. IV).- ACTO RECLAMADO.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA QUE ES LA C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, LIC. *****, LE RECLAMO EL INFUNDADO, INMOTIVADO E INCORRECTO AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO EN MI CONTRA EN FECHA MARTES 06 DE JULIO DEL 2017 EN LA CAUSA PENAL No. 1457/17 EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 208 FRACCIÓN I Y 212 FRACCIONES II Y III DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO COMETIDO EN PERJUICIO DEL SR. ***** Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS LES RECLAMO LA EJECUCIÓN MATERIA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO *****. (sic) Segundo. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señaló como derechos humanos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración de la demanda. En auto de veintisiete de julio de dos mil diecisiete (foja 6), se requirió al quejoso para que aclarara qué acto reclama de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, respecto de lo cual, mediante escrito presentado en este juzgado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete (foja 10), manifestó, en lo que interesa, lo siguiente: (.) VENGO A PRECISAR DE MANERA CLARA Y CONCISA QUE EL ACTO RECLAMADO POR EL CUAL SOLICITO SE ME CONCEDA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL MEDIANTE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PENAL, ES EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO EN MI CONTRA EN FECHA MARTES 04 DE JULIO DEL 2017 EN LA CAUSA PENAL 1457/17, POR PATE DE LA C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, LIC. BRISA MERAZ POR EL DELITO DE ROBO AGRVADO DE VEHÍCULO PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTÍCULOS 208 FRACCIÓN I Y 212 FRACCIONES II Y III DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO COMETIDO EN PERJUICIO DEL SR. JORGE GÓMEZ VARGAS (.). (sic) Tramitación de la demanda. Por lo tanto, en auto de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (foja 13), se admitió a trámite la demanda, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del ministerio público de la federación adscrito, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclama un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de la totalidad de constancias que integran este juicio, se colige que la parte quejosa reclama de las responsables, lo siguiente: De la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, en fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 1457/2017, por su probable participación en el delito de robo agravado de vehículo, previsto y sancionado por los artículos 208, fracción I y 212 fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y de la Directora de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, con residencia en esta ciudad: - la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva, Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, la Directora de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales y la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, todos residentes en esta ciudad, en sus informes justificados (fojas 21, 33 y 38, respectivamente), manifestaron que los actos que les fueron reclamados, son ciertos. La certeza de los actos reclamados a la Juez de Control responsable, se corrobora con la transcripción certificada del auto de vinculación a proceso reclamado, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictado en contra del quejoso, por su probable participación en la comisión del delito de robo agravado de vehículo, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por los artículos 208, fracción I y 212 fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, así como con los registros de audio y video certificados, de las audiencias relativas; pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por un funcionario dotado de fe pública, como lo es la propia Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones y está dotada de fe pública, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mientras que, la existencia de los actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y a la Directora de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, se encuentra demostrada, pues mediante los oficios JG 29875/2017 (foja 25) y JG 30659/2017 (foja 37) la Juez de Control responsable, les hizo saber que impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva, para cuya observancia, fue internado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Adultos número tres; oficios que también cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los citados numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues fueron certificados respecto de sus originales, precisamente por tales autoridades. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado y de la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia lo deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto, precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del imputado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos instintos a los consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez de Control responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó una Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializada en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción; esto, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público, además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular, a quien se dio la oportunidad de declarar respecto de los hechos ilícitos que se le imputaron, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercer este derecho. Precisado lo anterior, se tiene que la Juez de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, en este momento procesal configuran del delito de robo agravado de vehículo, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por los artículos 208, fracción I y 212 fracciones II y III, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el quejoso haya participado, en calidad de autor material, en la comisión del ilícito mencionado. Pues bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por la Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que, la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 208, fracción I y 212, fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente, se le impondrá: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien veces el valor de dicha Unidad. Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de dos a diez años de prisión, cuando el robo: II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. III. Recaiga sobre vehículos automotores. Conforme a tales normas, como acertadamente lo precisó la Juez de Control responsable, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo, con ánimo de dominio, esto es, de disponer materialmente del objeto del delito, se apodere de un bien mueble, el cual le es ajeno, ello, sin el consentimiento de quien legítimamente pueda otorgar tal disposición a algún tercero; además, es menester que el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; que, la conducta ilícita se haya realizado mediando violencia, en este caso, utilizando un arma punzo cortante o punzo penetrante; y, que el objeto del delito sea un vehículo automotor. Pues bien, la Juez de Control responsable, acertadamente estimó, en esta etapa procesal, configurado el delito materia de la formulación de imputación, tomando en cuenta los datos que se desprenden del acta de hechos probablemente delictuosos, practicado por la licenciada *****, adscrita a la Unidad de Robo de Vehículo, de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, mediante la cual informó que se detuvo al aquí quejoso y en la cual, los agentes de Seguridad Pública Municipal ***** y *****, narraron que el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, aproximadamente a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, sobre la calle *****, en circulación de *****, en esta ciudad, observaron una camioneta de la marca *****, con las características que les habían proporcionado al reportarla como robada, justo momentos antes, lo que ocurrió, según dicho reporte, en las calles *****, de la Colonia *****, en esta ciudad, razón por la cual, le marcaron el alto al conductor, quien una vez que se detuvo, salió corriendo, pero fue alcanzado por los agentes aprehensores, persona que vestía una camisa a rayas y pantalón de mezclilla, a quien le hicieron saber que respecto del vehículo que conducía, existía un reporte de robo, lo que corroboraron en la "base de datos de plataforma Juárez". Asimismo, indicaron que acudieron al lugar donde se había apoderado el imputado de dicha camioneta, pues otros agentes policiacos les informaron que ahí se encontraba un vehículo *****, también con reporte de robo de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, donde el afectado es *****, razón por la cual se realizó la detención del aquí quejoso, por el robo de ambos vehículos. Acta que, como lo apreció la Juez de Control responsable, tiene valor indiciario, pues fue elaborada por agentes policiacos en ejercicio de sus funciones, quienes ciertamente, conforme al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen la obligación de evitar que los hechos delictivos lleguen a ulteriores consecuencias y están facultados para detener a las personas que se encuentren delinquiendo en flagrancia, quienes dieron a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la detención, esto conforme al artículo 16 Constitucional. La cual, efectivamente se concatena con los datos que se desprenden de la denuncia presentada por *****, ante el agente del Ministerio Público, el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, quien manifestó ser el dueño del vehículo ********************, el cual le fue robado el día anterior, veintiséis de junio del mismo año, aproximadamente a las catorce horas, cuando se encontraba en su negocio denominado "*****", ubicado en calles *****, de la *****, en esta ciudad, a donde aproximadamente a las catorce horas, arribó una persona del sexo masculino, que manifestó querer probar un vehículo *****, pero después decidió probar uno de la marca *****, de manera que, al ser el propietario, comisionó a un empleado de nombre **, para que acompañara a dicha persona a probar el vehículo, quienes se retiraron del lugar, aproximadamente a las catorce horas con quince minutos. El denunciante continuó manifestando que después de cinco o diez minutos, su empleado de nombre ** le llamó y le dijo que la persona de referencia le sacó una navaja y le robó el vehículo, por lo cual en ese momento hizo el reporte de robo. Denunciante que describió al activo del delito, como una persona de treinta y cuatro a treinta y siete años de edad, de un metro con setenta centímetros de estatura, de complexión delgado, tez moreno claro, cabello oscuro y corto, con tatuajes en el pecho, un arete en cada oreja, quien vestía camisa azul de cuadros y pantalón de mezclilla. Por último, manifestó que el día veintiséis de junio de dos mil diecisiete, su hermano le llamó para comunicarle que se había recuperado el vehículo y que se dirigiera a la calle ******, en esa ciudad, afuera de un Smart, pues ahí se encontraba su vehículo, razón por la cual acudió a dicho lugar y reconoció el vehículo descrito. Ahora bien, como lo señaló la Juez de Control responsable, para acreditar la propiedad del automotor objeto del delito, el denunciante exhibió título expedido por el Estado de Texas, Estados Unidos, traducido al idioma español, con número ******, que corresponde a un vehículo de la marca ***********, de dos puertas, propiedad de ******. Así como la declaración testimonial de ******, quien relató que el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, arribó a su lugar de trabajo un sujeto de sexo masculino, de edad entre treinta y cuatro y treinta y seis años, de un metro con setenta y cinco centímetros de estatura, quien vestía gorra color negra, camisa de cuadros de manga larga y pantalón de mezclilla, sujeto que tiene un tatuaje en el pecho y la barba corta, quien en un principio pidió probar un vehículo de la marca **, pero que luego dijo que prefería probar el vehículo ***********, propiedad de ******, por lo que éste, quien es su patrón, le indicó que lo acompañara a probar dicho vehículo, que durante el trayecto, tal sujeto, quien conducía, pasó por una tienda y decidieron llegar a comprar comida, pero en el momento en que ambos ingresaron a la tienda, el sujeto salió corriendo hacia el carro, por lo que él lo siguió, pero aquél le sacó una navaja y se la colocó en el rostro, amedrentándolo y diciéndole que se fuera; que él se quedó en la tienda, que se sintió mal y mareado, mientras que el sujeto de referencia huyó en el vehículo descrito, con rumbo a la colonia Chaveña de esta ciudad, por lo que habló al 911 y regresó al yonke (sic) para dar aviso a su patrón; que aproximadamente a las quince horas, recibieron una llamada de la policía, informándoles que habían recuperado el vehículo, el cual fue localizado en la calle 16 de Septiembre, en un Smart, en esta ciudad, lugar al que arribaron él y su patrón, donde identificó a la persona detenida, como la que lo desapoderó del vehículo ******, persona que en ese momento vestía una camiseta distinta, tipo polo con rayas. Pues bien, a los datos de prueba que se desprenden de la denuncia de ******, la Juez de Control responsable, acertadamente les otorgó valor probatorio de indicio, de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues fue realizada ante la autoridad competente, a quien le refirió las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho delictivo, es quien sufrió directamente un quebranto patrimonial y si bien no fue testigo presencial, propiamente, del desapoderamiento del vehículo, sí presenció que el activo del delito, a quien describió físicamente, arribó a su negocio, ubicado en las calles 16 de Septiembre y Helio, en esta ciudad, para probar el vehículo objeto del delito, lo que efectivamente, es conteste con lo narrado por los agentes aprehensores y por el testigo ******. Continuando, la Juez de Control responsable, también estimó de forma acertada, como eficaces, los datos que se desprenden de la declaración de ******, respecto de quien no se advierte que haya sido inducido o coaccionado para declarar en determinado sentido, sino que declaró los hechos que percibió por medio de sus sentidos y su narrativa es coincidente con las diligencias hasta aquí descritas y valoradas. Así pues, como lo afirmó la Juez de Control responsable, existe la probabilidad de que, desde el momento en que, en la negociación ubicada en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Helio, aproximadamente a las catorce horas, el activo del delito se encontró en aptitud de disponer del vehículo descrito, bajo el pretexto de que deseaba realizarle una prueba de manejo, el delito de que se trata se consumó, pues no obstante que, como argumenta el defensor del imputado, al activo se le hayan entregado las llaves, que no exista violación del mecanismo de encendido del vehículo o algún otro indicio material sobre dicho vehículo, que permita concluir que fue robado, lo cierto es, tal como argumentó la Juez responsable, que en este momento procesal, con los datos de prueba ya descritos, se puede determinar que el activo del delito logró la disponibilidad del vehículo descrito, con el ánimo de apoderarse de él, lo que logró a la postre de la forma ya narrada por ******, aspecto que constituye el dolo específico que opera en este ilícito, esto es, el ánimo de dominio, de apoderamiento del objeto, para disponer del mismo, disposición que evidentemente ocurrió, pues el vehículo que nos ocupa fue localizado en diversa negociación ubicada en las calles Libertad y Municipio Libre, de esta ciudad, ello, sin el consentimiento de quien legítimamente podía disponer de él, es decir, de ****** o ******, pues el vehículo se encontraba en la negociación del primero y fue el segundo quien estaba encargado de acompañar al activo en la prueba de manejo. Al respecto, no se pierde de vista que la Juez de Control responsable, para determinar, al menos en esta etapa procesal, que el propietario del vehículo objeto del delito, es ******, tomó en cuenta el título de propiedad extranjero, traducido al español, ya mencionado, al cual asignó la calidad de documento público de conformidad con el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto, a pesar de que, de tal documento se desprende claramente, como la propia Juez responsable lo menciona, que la propietaria del vehículo es ******, sin que explique por qué razón, a pesar de éste dato, consideró que dicho documento es apto para demostrar que ******, es el propietario, como afirma, del automotor robado. Sin embargo, lo anterior no merma la configuración del ilícito en estudio, pues lo cierto es que en esta etapa procesal, lo que sí está demostrado, es que el vehículo no era propiedad del sujeto activo, esto es, le resultaba ajeno, tan es así que para apoderarse del mismo recurrió a la violencia y al uso de un arma punzo cortante y punzo penetrante. Por último, la Juez de Control responsable, refirió el dictamen pericial en materia avalúos, realizado por la perito oficial, quien determinó que el vehículo de que se trata, en el momento en que se emitió, tenía un valor de treinta y cinco mil pesos moneda nacional, por lo que ubica la conducta ilícita ejecutada por el activo, en la fracción I, del artículo 208, del Código Penal del Estado de Chihuahua, esto, en cuanto a la penalidad eventualmente aplicable. Por lo expuesto, la Juez de Control responsable, acertadamente concluyó, conforme al estándar que exige el artículo 19 Constitucional para dictar un auto de vinculación a proceso, que en este momento procesal y con los datos de prueba que arrojaron las diligencias desahogadas durante la integración de la carpeta de investigación, valoradas además en términos de los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí es posible concluir de que el día veintiocho de junio de dos mil diecisiete, aproximadamente a las catorce horas, una persona arribó al lugar denominado "******", ubicado en las calles ******, en esta ciudad, donde solicitó realizar una prueba de manejo al vehículo marca ***********, aparentemente propiedad de ******, pero ciertamente ajeno al activo del delito, quien durante la prueba de manejo, amagó con una navaja a ******, empleado de **, quien lo acompañaba por indicaciones de éste, para apoderarse del vehículo descrito y disponer del mismo, desde luego, sin el consentimiento de Jorge o Ramón, personas que, en todo caso y en ese momento, eran las que podían otorgar dicho consentimiento, todo lo cual, efectivamente, en esta etapa procesal, configura el delito de robo de vehículo previsto en el artículo 208, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, con penalidad agravada conforme al numeral 212, fracción II, del mismo ordenamiento adjetivo legal, pues para su comisión medio la violencia, específicamente el uso de un arma punzo cortante o punzo penetrante y el objeto del delito, es un vehículo automotor. Respecto al argumento que el defensor del imputado, esgrimió en la audiencia de vinculación a proceso, en el sentido de que los hechos materia de la formulación de imputación, no configuran el delito de robo, la Juez de Control responsable, acertadamente le indicó que en grado de probabilidad, sí es dicho delito el que se configura y le indicó que de la misma forma lo consideró otra Juez de Control, al dictar la orden de aprehensión que precedió la formulación de imputación. En otro aspecto, la Juez de Control responsable, acertadamente estimó que se puede concluir, al menos en grado de probabilidad, que ******, fue quien participó, como autor material, en el hecho delictivo que nos ocupa, esto con los mismos datos de prueba ya descritos y valorados, adminiculados a las diligencias de reconocimiento de persona, realizadas en la Fiscalía. En efecto, como refirió la Juez responsable, ******, quien presencio el hecho, propiamente, de apoderamiento del vehículo descrito y percibió por medio de sus sentidos las características físicas del sujeto activo, las cuales describió pormenorizadamente en su declaración ante el agente del Ministerio Público, posteriormente, también ante el Representante Social, así como del defensor del imputado, en diligencia de reconocimiento de personas a través de la cámara Gesel, tuvo a la vista a cuatro personas de características similares, identificando a la persona a quien se le asignó el número tres, quien era el imputado Jaime Jiménez Maldonado, como la persona que robó el vehículo de que se trata; de igual forma, ******, quien también tuvo a la vista al activo del delito y pudo apreciar sus características físicas, reconoció a dicha persona a través de la cámara Gesel, como la que acudió a su negociación con la supuesta intención de probar el vehículo objeto del delito, persona que corresponde a la del imputado; diligencias de reconocimiento a las cuales acertadamente la Juez responsable les otorgó valor probatorio pleno, pues se llevaron a cabo conforme al artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, salvaguardando las garantías previstas en el artículo 20 Constitucional, esto es, se realizaron en presencia del defensor del imputado. Así pues, como lo consideró la Juez de Control responsable, el argumento de la defensa en el sentido de que el testimonio presencial de ******, está aislado, no es acertado, pues tal declaración se concatena con la de ******, con las diligencias de reconocimiento de persona de *** y ****, así como con el acta de hechos realizada por los policías aprehensores, quienes asentaron, además de lo ya mencionado, que el imputado poseía un vehículo de la marca Venture en el momento de su detención y que el vehículo marca Mitsubishi, lo dejó en garantía, para probar el vehículo que conducía cuando fue aprehendido (el de marca Venture). Respecto del acta de hechos, el defensor del imputado, en la audiencia de vinculación a proceso, como refirió la Juez de Control responsable, adujo que no existe lógica en que una persona se apodere ilícitamente de un vehículo y vuelva al lugar donde realizó esa conducta; sin embargo, como lo aclaró la Juez responsable, el imputado no fue detenido en el lugar en el que se apoderó del vehículo marca ***********, en circulación de oriente a poniente, esto es, en las cercanías de aquél lugar, pero no en el mismo, y al tener conocimiento los captores de que el vehículo marca ** que conducía, tenía un reporte de robo, de las calles ***********, de esta ciudad, acudieron con el imputado a ésta ubicación, que es donde se encontraba el automotor objeto del delito que aquí nos ocupa, a donde arribaron ****** y ****** y lo reconocieron como la persona que, momentos antes, se apoderó del vehículo marca *****, en las circunstancias ya narradas. Por último, en relación al argumento que esgrimió la defensa del imputado, en la audiencia de vinculación a proceso, en relación a que al imputado se le privó de su libertad en virtud de una orden de aprehensión, sin que previamente se le hubiera avisado del tal situación, la Juez de Control responsable, acertadamente le indicó que al imputado no se le privó de la libertad por el delito del robo del vehículo de marca *****, el día veintiséis de junio de dos mil diecisiete, pues no estaba cometiendo dicho ilícito en flagrancia, razón por la cual posteriormente se giró la orden de aprehensión a la que se refiere y la cual no es materia de revisión por parte de ella. Por lo tanto, la Juez de Control responsable concluyó correctamente, que con los datos de prueba ya descritos y valorados, también se demuestra la probabilidad de que el imputado *****, haya participado en la comisión del delito de robo de vehículo con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por los artículos 208, fracción I y 212, fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, ocurrido el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Helio, justamente en la negociación denominada "******", en esta ciudad, en las circunstancias de modo ya descritas. Pues bien, una vez realizado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar los conceptos de violación que esgrimió el quejoso en su demanda de amparo y escrito aclaratorio de demanda, los que se resumen en lo siguiente: Argumenta que el auto de vinculación a proceso no está fundado, ni motivado, Que con los datos de prueba de los que tuvo conocimiento la Juez de Control responsable, no es posible concluir que se configura el delito de robo con penalidad agravada, previsto y sancionado por los artículos 208, fracción I y 212, fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, ni la probabilidad de que él haya participado en su comisión, Que se vulneró en su perjuicio, el principio de presunción de inocencia, pues la orden de aprehensión librada en su contra se ejecutó cuando se encontraba detenido por el mismo delito y los mismos hechos, orden de aprehensión que también está infundada y motivada. Los conceptos de violación descritos en los incisos a) y b), son infundados, pues como ya se expuso, el auto de vinculación a proceso reclamado, sí está fundamentado y motivado, pues la Juez de Control responsable expuso exhaustivamente las razones que la determinaron a emitir su determinación en el sentido en que lo hizo y citó los fundamentos legales que apoyaron su proceder, tal como se puede apreciar del estudio oficioso que recién se realizó del acto reclamado. Ahora bien, concepto de violación descrito en el inciso c), en parte, es inatendible, ya que en este juicio de amparo, no puede revisarse la orden de aprehensión que precedió la formulación de imputación, pues además de que no fue reclamada, desde el momento en que la imputación se formuló y se celebró la audiencia de vinculación a proceso, ocurrió un cambio de situación jurídica, que imposibilita el análisis violaciones procesales ocurridas con anterioridad a dicho cambio, debido a que las mismas quedaron irreparablemente consumadas, esto de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Luego, su argumento en el sentido de que dicha orden de aprehensión se dictó por los mismos hechos y mismo delito por el cual ya se encontraba detenido, es infundado, pues como se lo aclaró la Juez de Control responsable en la audiencia de vinculación a proceso, dicha orden de aprehensión se refiere al robo del vehículo de marca ******, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, aquí ya descritas, conducta de la cual, los elementos aprehensores tuvieron conocimiento, pero no en el momento en que se ejecutaba, esto es, no en flagrancia delictiva, es por ello que a la postre, el agente del Ministerio Público, luego de integrar la carpeta de investigación, solicitó se girara orden de aprehensión; mientras que, al quejoso se le detuvo por hechos diversos, relativos al robo de un vehículo marca ***, hechos de los cuales, los agentes captores sí tuvieron conocimiento cuando se estaba ejecutando la conducta ilícita en flagrancia, como también ya se explicó en esta sentencia. Por último, el argumento relativo a que se vulneró en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, es infundado, sencillamente porque en ningún momento y de forma alguna, se le está obligando a probar hecho alguno, por el contrario, precisamente en atención al principio de presunción de inocencia, en su vertiente de "trato procesal", es el Fiscal quien, durante la etapa de investigación del proceso penal que se le sigue, debe recabar las pruebas que, en su momento, sustenten su acusación para que entonces, en una etapa procesal diversa, el quejoso sea enjuiciado, esto es, sea considerado o no, penalmente responsable del delito que ahora, sólo se le imputa en grado de estricta probabilidad, esto, a fin de no anticipar culpabilidad, ni imposición de pena alguna. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 24/2014 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 497, del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2006092, que dice: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En consecuencia, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados e inatendibles los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ******, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la Juez de Control responsable, el día cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 1457/2017, por su probable participación en el delito de robo de vehículo con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 208, fracción I y 212, fracciones II y III, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclamaron del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y de la Directora de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, con residencia en esta ciudad, pues no se le atribuyeron vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ******, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada ******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante el Secretario ******, hasta el día de hoy, trece de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio SEADS/473/2018, recibido en este Juzgado Federal el cinco de los corrientes, téngase al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informando que en sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez David César Aranda González, como Titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, con efectos a partir del dieciséis de los corrientes. Hágase del conocimiento de las partes tal designación, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada *****, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante el Secretario *****, que autoriza y da fe. Doy Fe.RJVM

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