Jaime López Tirado
Expediente 851/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaime López Tirado
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de garantías promovida por Jaime López Tirado, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO DEFINITIVO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede se advierte que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente expediente, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Jso
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Los artículos 61, fracción XX, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio; también se obtiene que, por regla general, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, con el propósito de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Sentado lo anterior, resulta indispensable precisar que, de la lectura íntegra de la demanda que dio génesis al expediente en que se actúa y de sus escritos aclaratorios con el que se da cuenta, se obtiene que el acto reclamado consiste en lo siguiente: El ilegal emplazamiento ordenado en el expediente 63/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y, como consecuencia, la sentencia dictada en dicho controvertido. Con base en lo expuesto, quien esto provee considera que el presente juicio resulta improcedente, debido a que, en la especie, el peticionario del amparo omitió agotar el principio de definitividad imbíbito en la porción normativa transcrita en primer término (artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo). Para evidenciar lo anterior, se hace necesario tener en cuenta que los artículos 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, son del tenor literal siguiente: "ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. (F. DE E., D.O.F. 13 DE MARZO DE 1943) Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. (F. DE E., D.O.F. 13 DE MARZO DE 1943) ARTICULO 320.- No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." Lo resaltado es propio. De los preceptos reproducidos a supralíneas se obtiene que contra las omisiones en las notificaciones realizadas en forma distinta a la prevenida en términos de ley, procede el incidente de nulidad de actuaciones, desde la notificación realizada indebidamente u omitida, lo cual revela la existencia de un medio ordinario de defensa previo a acudir a la instancia constitucional. En el caso, el quejoso narra en su libelo constitucional que, en atención a una notificación dejada en su domicilio, compareció el diecinueve de junio de dos mil diecinueve ante el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, con lo cual se percató que se promovió en su contra el juicio mercantil ejecutivo registrado con el número 63/2019, sin que haya sido legalmente llamado a juicio. Luego, el amparista precisa que el once de julio de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva que le condenó a pagar las prestaciones reclamadas, por lo cual estima que la demanda es oportuna. Ahora, no obstante esta última precisión, de manera relevante se toma en cuenta que el aquí promovente se ostentó sabedor del juicio entablado en su contra antes del dictado de la sentencia, con lo cual, se estima, estuvo en posibilidad de hacer valer sus derechos ante el juez civil, a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles; en consecuencia, previo a acudir a esta instancia constitucional debió agotar el medio ordinario de defensa descrito que encontraba a su disposición al haberse impuesto de los autos, tal como se aprecia de lo siguiente: "Al día siguiente Miércoles diecinueve de Junio de 2019 dos mil diecinueve acudí al Juzgado Primero de lo Civil acompañado de un abogado y grande fue mi sorpresa cuando al pedir el expediente 63/2019, me percate que la tercera interesada, había iniciado un juicio mercantil ejecutivo en mi contra, sin que el suscrito haya sido llamado a juicio." En este contexto, si bien en su ocurso el peticionario de amparo se ostenta tercero extraño por equiparación, lo cierto es que, en su momento, conoció de manera completa y exacta la existencia del juicio entablado en su contra, perdiendo con ello tal calidad para integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Es así porque señala que acudió al juzgado responsable a consultar el expediente en el que fue demandado, sin que importe el hecho de que haya promovido u obtenido copias del procedimiento, pues el conocimiento del número de expediente y el juzgado en que se lleva, es suficiente para considerar el conocimiento un cabal y completo, cuando lo que pretende es reclamar el emplazamiento al citado juicio. Además, cabe precisar que el suscrito no pierde de vista que el quejoso señala como acto reclamado la sentencia dictada el pasado once de julio del actual y que por ello, considera que este juicio es procedente; no obstante, bajo los términos en que plantea su demanda, dicho acto únicamente puede ser concebido como una consecuencia del ilegal emplazamiento que pretende combatir a través de su libelo constitucional, sin que su emisión posterior sea suficiente para admitir su acción bajo la figura del tercero extraño por equiparación, pues como queda demostrado, en realidad no le asiste tal carácter porque en su momento estuvo en aptitud de comparecer al juicio de origen en defensa de sus derechos. En su parte conducente, se cita la jurisprudencia del tenor siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004274 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.) Página: 729 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013. Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Tesis de jurisprudencia 67/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha doce de junio de dos mil trece. Nota: La presente tesis deriva de la resolución dictada en la solicitud de modificación de jurisprudencia relativa al expediente 4/2013, en la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos, determinó modificar el criterio contenido en la tesis 1a./J. 9/2012 (10a.), de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, página 681. Luego, si ya quedó precisado que, en el caso, el que reclama admite el incidente de nulidad de actuaciones; válidamente puede afirmarse que, antes de promover la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, era necesario que la parte quejosa interpusiera el incidente respecto de lo que aquí pretende combatir. Por ello, debe desecharse de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis con datos de identificación del tenor que se reproduce a continuación: "Tesis: VI.3o.C. J/62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 175964 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Febrero de 2006 Página 1665 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Queja 3/93. Moreno y Asociados, S.A. 11 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretaria: Luz del Carmen Herrera Calderón. Amparo en revisión (improcedencia) 21/2004. Llantera Contreras, S.A. de C.V. 6 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce. Amparo en revisión (improcedencia) 446/2004. Marco Antonio García Pumarino. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: María de los Ángeles López Rojas. Amparo en revisión (improcedencia) 168/2005. Sabina Rivera Colula y otra. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: María de los Ángeles López Rojas. Amparo en revisión (improcedencia) 411/2005. Cobranza Internacional de Carteras, S.A. de C.V. 12 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretario: José Luis Alberto Ramos Ponce". Al margen de la conclusión alcanzada, se toma en cuenta la confesión expresa del quejoso en torno a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, a partir de la cual -aun considerando hipotéticamente la procedencia de su demanda- sería extemporánea su acción, cuenta habida de que manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados el pasado diecinueve de junio del año en curso, mientras que su demanda fue presentada hasta el veintiséis de julio siguiente, esto es, fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jaime López Tirado, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán y otras autoridades. Cabe señalar que la presente determinación es notoria porque no se requiere un mayor estudio del fondo del asunto ni constancias que pudiera aportar la autoridad responsable, debido a que las jurisprudencias invocadas patentizan la improcedencia del juicio de amparo. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones personales en el domicilio que proporciona en su escrito aclaratorio, toda vez que el mismo no pertenece a esta ciudad, sino al municipio de Zitácuaro, Michoacán; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban hacerse a la parte quejosa, aún las de carácter personal, se les deberán practicar por lista, hasta en tanto haga la designación correspondiente. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, sin la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la ley de la materia, a José Eduardo Hernández Martínez. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Jaime García de Alba Cortés1047/2019
- Jaime García de Alba Cortés201/2020
- Jaime García González336/2023
- Jaime Gutiérrez Martínez80/2018
- Jaime Hernández Monreal312/2018
- Jaime Jhosimar Rodríguez Lemus350/2021
- Jaime Marín Espino463/2018
- Jaime Mejía Garduño210/2018
- Jaime Mendoza Guzmán575/2019
- Jaime Miguel Reyes88/2023
- Jaime Miguel Reyes1117/2023
- Jaime Nova Palma1333/2022