Jaime García de Alba Cortés
Expediente 201/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaime García de Alba Cortés
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Informa trámites Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que instruyó a la Comisión Federal de Electricidad para que deje de aplicar a la parte quejosa los artículos impugnados en esta instancia constitucional. Asimismo, informa que esa dependencia emitió y pone a disposición de la quejosa, el pago por reintegro de los derechos de alumbrado público que pagó la quejosa por el periodo de febrero a octubre de dos mil veinte, bajo el cheque número 22447. Se requiere a la quejosa En mérito de lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, acredite ante este juzgado que compareció a recoger el cheque de que se trata, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se entenderá que recibió y cobró el mismo y se proveerá lo que conforme a derecho proceda en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Autoridad responsable pero no vinculada al cumplimiento informa imposibilidad legal. Por otra parte, visto el diverso oficio de cuenta que suscribe el delegado del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en relación al fallo protector manifiesta que dada la naturaleza de los actos reclamados a esa autoridad, estima que se encuentra imposibilitada jurídicamente para efectuar actos de cumplimiento de la ejecutoria, toda vez que la misma únicamente ejercitó facultades que forman parte del proceso legislativo; en esa virtud, se tiene por hechas tales manifestaciones, sin que haya lugar hacer un mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que de la ejecutoria de amparo, se advierte que el Congreso del Estado, no se encuentra vinculado al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jaime García de Alba Cortés; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que la concesión del amparo fue para lo siguiente: "En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto siguiente: 1. No se aplique a ********************en el presente y futuro el artículo 18, fracción I, inciso H, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, vigente a partir del uno de enero de dos mil veinte, que contiene el cobro del derecho de alumbrado público por el uso doméstico de energía eléctrica, en el nivel de consumo alto medio. 2. Con motivo de lo anterior, no le sean exigidos los pagos del denominado derecho por servicio de alumbrado público basado en tal supuesto normativo, mientras tenga vigencia el precepto declarado inconstitucional; en el entendido de que la concesión del amparo se hace en relación a la esfera jurídica del quejoso a quien se otorga la protección constitucional, con independencia del número de servicio que proporcionó y por el cual resultó procedente el presente asunto, esto es, la protección se otorga a favor del quejoso, con independencia de la cuenta de servicio en particular; sin embargo, dicha concesión no exime al peticionario de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago que se cobre por concepto del uso de energía eléctrica que le sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, con excepción del relativo al Derecho del Alumbrado Público aquí analizado. 3. La anterior concesión del amparo otorgada extiende sus efectos a los actos concretos de aplicación, a efecto de que la autoridad exactora que recibirá los montos respectivos, que al afecto es el titular de la Tesorería del Municipio de Morelia, Michoacán, restituya al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violentado, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de cometida la violación, y dado que en el presente caso la promoción del juicio relativo fue originada por la existencia del acto concreto de aplicación de la ley impugnada, y particularmente, con motivo del entero realizado por concepto del derecho declarado inconstitucional, los efectos de la concesión habrán de abarcar también, la restitución de las sumas que la promovente haya pagado por ese concepto, a partir del uno de enero de dos mil veinte, en el registro del usuario que constituyó el primer acto de aplicación de la ley cuestionada por la parte quejosa o cualquier otro que motivare la aplicación de la norma inconstitucional, con excepción del resto de los rubros a que se alude en las facturas expedidas por la Comisión Federal de Electricidad respecto del consumo de energía eléctrica prestado a la parte promovente que ahí se consignan. En el entendido que, a las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades que reciban los montos correspondientes, así como a las que auxilien en su recaudación, esto es, a la Tesorera del Municipio de Morelia, Michoacán y a la Comisión Federal de Electricidad." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Requiérase a las autoridades responsables, para que en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite tal cumplimiento. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con lo anterior en el plazo señalado, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia; y si aun así son omisas, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. AUTORIDAD INFORMA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos CFE Suministrador de Servicios Básicos, a través del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; con lo cual se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional, de oficio, analizará el cumplimiento dado al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
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Morelia, Michoacán, a veintiséis de octubre de dos mil veinte.... V I S T O S los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo IX-201/2020, promovido por Jaime García de Alba Cortés, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO...SEGUNDO.... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.... SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que los actos reclamados, son los siguientes: Del Congreso del Estado de Michoacán, la aprobación del decreto por el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente su artículo 18, fracción I, inciso H, que establecen el derecho de alumbrado público. Del Gobernador del Estado de Michoacán, la promulgación y expedición del decreto por el cual se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente su artículo 18, fracción I, inciso H, que establecen el derecho de alumbrado público. Del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, los actos tendentes al cumplimiento, aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, específicamente su artículo 18, fracción I, inciso H, que establecen el derecho de alumbrado público. De la Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, los actos tendentes al cumplimiento, aplicación y ejecución de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, específicamente su artículo 18, fracción I, inciso H, que establecen el derecho de alumbrado público. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por la Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, se obtiene que negó la existencia del acto que se le atribuye; por su parte, el Ayuntamiento de Morelia, manifestó que es cierto el acto reclamado, sin embargo, de las constancias que obran en autos, se obtiene que ninguna de las autoridades ejecutoras han desplegado conductas tendentes al cobro del derecho de alumbrado público. En ese tenor, cabe señalar que, si bien la autoaplicación de la ley (cubrir determinada contribución) debe entenderse como el primer acto de aplicación; lo cierto es, que de ninguna manera puede atribuirse dicha actuación a determinada autoridad, precisamente porque es el contribuyente -gobernado- quien se coloca en forma voluntaria en el supuesto establecido en la norma de que se trate; al margen de lo anterior, conviene aclarar que el acto de autoaplicación de la norma constituye la base para el cómputo del plazo de la promoción del juicio de amparo. Cimienta lo anterior, la tesis que se reproduce a continuación: "Época: Novena Época Registro: 171860 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Página: 367 AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Contradicción de tesis 91/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. Tesis de jurisprudencia 153/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete." Máxime, que al resolverse la contradicción de tesis 413/2008, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó toralmente que el pago de un tributo no constituye propiamente un acto de autoridad, aun cuando resulte apto para promover el juicio de amparo indirecto, puesto que el sistema fiscal mexicano es "autodeclarativo", de tal forma que corresponde a los contribuyentes liquidar y determinar los tributos a su cargo, con independencia de la mera propuesta que realicen las autoridades o los terceros auxiliares al expedir los documentos o recibos respectivos; tales argumentos dieron origen a la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Novena Época Registro: 168248 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 182/2008 Página: 294 TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Contradicción de tesis 143/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 182/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de 2008.". Conviene enfatizar, que la cuestión que nos ocupa, no se analiza respecto a la improcedencia del juicio de amparo ya que ésta presupone la existencia del acto reclamado; sin embargo, atento a las consideraciones contenidas en la jurisprudencia invocada, válidamente puede concluirse que no existen los actos atribuidos a la Tesorera responsable, en su calidad de ejecutora, puesto que la aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales en realidad provino de una autoaplicación de los propios gobernados. En mérito de lo anterior, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio, respecto de los actos atribuidos al Ayuntamiento de Morelia y a la Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, al rendir sus respectivos informes justificados, tanto el Congreso, como el Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, aceptaron los actos que les fueron atribuidos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Cabe reiterar que, en el caso, los actos reclamados consisten en porciones normativas de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán; entonces, no es el caso de que se requiera algún tipo de prueba para corroborar su existencia, precisamente porque existe el principio que reza: "la ley no es objeto de prueba". Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia de la literalidad siguiente: "Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.". QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos". En ese aspecto, al rendir su informe justificado, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, señaló que el presente juicio de garantías debe sobreseerse, pues en su decir, se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones VII y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, habida cuenta que del escrito inicial de demanda no se obtiene que el peticionario haya formulado algún concepto de violación dirigido a combatir los artículos tildados de inconstitucionales, lo cual, constituye un requisito indispensable para estar en condiciones de determinar la existencia o inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiera irrogarle a la parte quejosa, sustentando sus aseveraciones en las tesis de rubros: "AMPARO CONTRA LEYES, PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE ATENDERSE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO.". Antes de responder el argumento de la responsable, es de destacarse que atento a los motivos por los que estima que se actualiza la causal invocada, el sustento jurídico es diverso al señalado en su informe; esto es, la improcedencia cuya motivación realiza se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, del ordenamiento jurídico en consulta, por lo que se hace la corrección en la cita de los preceptos legales que señala la responsable. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 196233 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: P. XLVIII/98 Página: 69 ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1980/97. Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1931/97. Celular de Telefonía, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número XLVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.". Sentado lo anterior, debe decirse que contrario a lo argumentado por la responsable, en el caso, no se actualiza la hipótesis de improcedencia aludida, por las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la invocada Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación.". Luego, de la simple lectura de la demanda de amparo, para percatarse que al respecto, sí se hacen valer conceptos de violación en contra del acto reclamado, pues en esencia la parte quejosa, entre otras cosas, precisó que se transgreden en su perjuicio los artículo 31, fracción IV y 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución Federal, debido a que es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, de manera que el Poder Legislativo del Estado de Michoacán, no puede imponer contribuciones sobre esa materia, además que tal disposición resulta desproporcional e inequitativa, y para tal efecto citan diversas tesis en las que apoyan sus argumentos. Aunado a ello, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que cualquier razonamiento vertido en la demanda de amparo debe examinarse, siendo suficiente que en el mismo se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que se estime le causa el acto, resolución o ley combatidos, así como los motivos que originaron ese agravio. De ahí, que al haber expuesto la parte quejosa de manera expresa y en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 108 de la ley en la materia, los imperativos de la Constitución General de la República que contienen las garantías que en materia tributaria considera se conculcaron con la aprobación, expedición, promulgación, aplicación y ejecución de los artículos relativos a la regulación del cobro por derecho de alumbrado público de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte, dejó claro cuál es su causa de pedir, además de que expuso los razonamientos elementales por los cuales llegó a tal conclusión. Apoya lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 191384 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 68/2000 Página: 38 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. Amparo directo en revisión 3178/98. Jorge Spínola Flores Alatorre. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número 68/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil. Nota: La jurisprudencia citada en esta tesis aparece publicada con el número 172 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 116.". Por otra parte, la Tesorera Municipal en su informe arguye que debe decretarse el sobreseimiento del juicio, toda vez que el quejoso violó el principio de definitividad, al no recurrir el acto de autoridad mediante algún recurso ordinario ante el Tribunal de Justicia Admnistrativa. Tampoco asiste razón a la Tesorera Municipal cuando aduce que, previo a la promoción del amparo, era necesario que el ahora quejoso agotara el principio de definitividad respecto del primer acto de aplicación, que en la especie, sería el aviso recibo correspondiente. Sin embargo, los artículos 61, fracción XIV, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" (Énfasis añadido) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; [.]" De una interpretación sistemática de los numerales transcritos se obtiene que, tratándose de juicio de amparo contra leyes, la ley orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales prevé una excepción al principio de definitividad, la cual consiste en que si el juicio constitucional se promueve contra el primer acto de aplicación de una norma y existe un medio de impugnación ordinario mediante el cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse dicho acto, será opcional para el agraviado acudir a la instancia ordinaria o promover en forma directa el juicio de constitucionalidad. Sobre este tópico, son aplicables las tesis que se insertan en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2012970 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXLV/2016 (10a.) Página: 890 AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI CON POSTERIORIDAD A SU PROMOCIÓN SE INTERPONE UN RECURSO ORDINARIO CONTRA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA RECLAMADA. Conforme al artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, una norma general se entiende consentida tácitamente si no se promueve juicio de amparo en su contra en el momento de iniciación de su vigencia o con motivo del primer acto de aplicación; sin embargo, cuando contra éste proceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado interponerlo o impugnar la norma general vía juicio de amparo indirecto. Ahora bien, si el gobernado opta por el recurso o medio de defensa legal, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios, tendentes a revocar, modificar o nulificar el acto lesivo a sus intereses; es decir, en todo caso, debe presentar la demanda cuando el acto de aplicación sea definitivo, pues conforme a dicho principio es inadmisible la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y el medio de defensa ordinario. Derivado de ello, si el interesado promueve el juicio de amparo antes de interponer cualquier recurso ordinario, debe estimarse que escogió el primer supuesto; sin embargo, si posteriormente interpone el medio de defensa ordinario, esta circunstancia conlleva la improcedencia del juicio constitucional, pues en virtud de la secuela procesal que se origine a partir del recurso ordinario, puede obtener una resolución favorable que deje sin efectos el acto de aplicación recurrido. En ese sentido, dicho acto se encuentra sub júdice y sólo será definitivo, para efectos de su impugnación constitucional, hasta que se emita la última resolución recaída al medio ordinario o a su impugnación, contra la que proceda el juicio de amparo directo, en su caso, en el que podrá hacer valer todas las violaciones constitucionales que atribuya al acto de aplicación y a la ley, pues ésta no se entenderá consentida, ni siquiera tácitamente. Amparo en revisión 1449/2015. Benjamín Salvador Jiménez. 15 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación. "Época: Novena Época Registro: 170866 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Materia(s): Común Tesis: P./J. 78/2007 Página: 5 AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad. Contradicción de tesis 8/2006-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Décimo Primero, Octavo y Noveno, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de abril de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria. Mariana Mureddu Gilabert. El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 78/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete." Por ese motivo, contrario a lo sostenido por el Tesorero Municipal, no era innecesario que el peticionario del amparo, agotara algún medio de impugnación ordinario; se insiste, porque la propia ley prevé que es potestad del afectado elegir entre una y otra vía; de ahí que tampoco se actualice la causa de improcedencia relativa a la inobservancia del principio de definitividad. Luego, al no advertirse la actualización de alguna diversa hipótesis de las previstas en la Ley de Amparo, lo que corresponde es emprender el estudio del fondo del asunto, únicamente respecto de los actos y autoridades que resultó procedente el presente juicio de amparo. SEXTO. Aplicación de la norma general combatida. En el presente juicio se encuentran demostrados los actos de aplicación de la norma reclamada, ya que el promovente del amparo adjuntó a su demanda inicial el aviso-recibo así como el comprobante de pago expedido por la Comisión Federal de Electricidad, por el servicio de suministro de energía eléctrica que se le presta correspondiente al servicio 156890104860, el cual corresponde al periodo comprendido entre el tres de diciembre de dos mil diecinueve al cuatro de febrero de dos mil veinte, en el que se requiere el pago del derecho de alumbrado público por la cantidad de $54.00 (cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); lo que se relaciona con el recibo de pago expedido por la propia comisión, del cual se desprende que al realizar el pago del suministro de energía eléctrica del servicio anteriormente señalado, también se realizó el pago del derecho de alumbrado público por la cantidad mencionada. Documental a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "Época: Novena Época Registro: 174532 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Agosto de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 113/2006 Página: 294 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS. La Ley de Ingresos Municipal que establece como ingresos de la hacienda pública el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, cuyo monto se conoce hasta la notificación del recibo, es heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, sino que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible hasta que el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada periodicidad cuando la Comisión Federal de Electricidad, mediante el aviso-recibo que para ese efecto emita, realice su cobro; por tanto, dicho aviso constituye el acto concreto de aplicación de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado público, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los referidos derechos. Contradicción de tesis 92/2006-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 23 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. Tesis de jurisprudencia 113/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de agosto de dos mil seis.". Conforme a lo anterior se concluye que el quejoso Jaime García de Alba Cortés, se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso H, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. SÉPTIMO. Estudio de fondo. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". Luego, del análisis integral de la demanda se desprende que el peticionario de la protección constitucional aduce que el artículo 18, fracción I, inciso H, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que alude a la recaudación del derecho de alumbrado público en el municipio en cita, vulnera en su perjuicio lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución Federal, así como la garantía de legalidad prevista en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en realidad grava el servicio de energía eléctrica, lo cual es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que invade la esfera de competencia de la Federación. Al respecto, resulta necesario señalar que en los artículos 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), y 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución General de la República, se dispone lo siguiente: "Art. 73. El Congreso tiene facultad: [.] XXIX.- Para establecer contribuciones: [.] 5º.- Especiales sobre: a).- Energía eléctrica; [.]". "Art. 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: [.] III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: [.] b). Alumbrado público [.] IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: [.] c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. [.]". Del primer precepto transcrito, se desprende que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, por su parte, en el numeral 115, fracción III, inciso b), se prevé que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el alumbrado público y, en la fracción IV, inciso c), del mismo precepto, se establece que los Municipios tienen derecho a recibir, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura del "derecho" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno. De acuerdo con lo asentado supralíneas, el Congreso Federal tiene facultades para el establecimiento de las contribuciones sobre energía eléctrica, en tanto que corresponde a las legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, siendo de su competencia exclusiva el servicio de alumbrado público, éstos pueden, realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio, como consecuencia de esa atribución. En efecto, conforme a las fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), del artículo 115 de la Constitución Federal, la Hacienda Pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo, y como ya se dijo, el servicio público de alumbrado es uno de los servicios que prestan los Municipios. En ese tenor, al tener a su cargo el servicio público de alumbrado, indiscutiblemente pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para poder seguir prestando dicho servicio, sin embargo, deberán hacerlo como un derecho y no como impuesto. Por tanto, para determinar si la norma impugnada resulta constitucional o no, es necesario establecer claramente la naturaleza de la contribución reclamada, es decir, si se trata de una contribución de las previstas por el precitado artículo 73 de la Constitución Federal, o, si por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho. En primer término, debe señalarse que desde tiempos pretéritos, las Constituciones del mundo han puesto especial énfasis en establecer limitaciones al poder público, que se plasman en diversos principios que deben seguir las contribuciones, ante la necesidad de protección al derecho de propiedad privada de los gobernados. Estos principios no sólo actúan como límites, sino que también dan sus notas distintivas a las obligaciones públicas denominadas contribuciones o tributos. En nuestro país, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto en nivel federal como en el del Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ya que consagra los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad; los cuales además de ser garantías individuales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, las cuales se señalan a continuación: Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. Sólo se pueden crear mediante ley. Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De acuerdo con estas características previstas por la norma fundamental, se esboza un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público -normalmente pecuniario- destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza -Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios- titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribución o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en el sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa, y época de pago. Así, aun cuando el Código Fiscal de la Federación señala como elementos del tributo al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, debe entenderse que el término "objeto", se refiere a un aspecto más complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible y, en particular, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en ley. Dichos conceptos pueden explicarse de la manera siguiente: Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será lícita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal; y, Época de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas, y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como el Distrito Federal y cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que deben respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Una vez sentadas las bases anteriores, cabe señalar que en nivel federal el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación, establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de ese artículo. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, reconoce como contribuciones a los impuestos, contribuciones de mejoras y derechos (artículo 1°), definiendo al derecho de alumbrado público -artículo 98- como la contribución por el servicio que el Municipio presta a la comunidad en avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, semáforos, parques y jardines, así como el alumbrado ornamental de temporada, en lugares públicos del Municipio. De lo expuesto, se puede afirmar que en las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación o Estado, o bien, la prestación de servicios exclusivos del Estado; mientras que en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo. No está por demás agregar que si bien la exigencia de capacidad contributiva es nota de las contribuciones, en el caso de los impuestos, que es su especie más importante, este aspecto cobra mayor relevancia. Al respecto, cabe señalar que el hecho imponible de las contribuciones reviste un carácter especial entre los componentes que integran el tributo, toda vez que no sólo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además, sirve como elemento de identificación del tributo, pues en una situación de normalidad evidencia e identifica la categoría de la contribución a la que pertenece. Esta situación de normalidad, tiene como presupuesto la congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base imponible, ya que mientras el primero ubica la situación, hecho, acto, o actividad denotativa de capacidad contributiva, el segundo representa la magnitud cuantificable de dicha capacidad, erigiéndose en premisa para la determinación en cantidad líquida de la contribución. En este sentido, el hecho imponible otorga efectos jurídicos a la actualización de determinada hipótesis, debido a que la situación, hecho, acto, o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hipótesis, y no una consecuencia jurídica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria. Conforme a los anteriores razonamientos, resulta lógico concluir que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria, de manera tal que se respeta la garantía de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible. Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de los tributos, pues de lo contrario existirá imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula, lo que inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues ésta puede carecer de facultades constitucionales para gravar tal hecho o acto. En efecto, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base, normalmente nos llevará a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto; sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, pues siendo el tributo una prestación dineraria, debe tomarse en cuenta que la base es la que sirve para la determinación pecuniaria del tributo, pues es la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa, razón por la cual podrá revelarnos el verdadero aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador, que se encuentra oculto en la base y que, inclusive, no necesita de la realización del hecho imponible ficticio para materializar el surgimiento de la obligación, lo cual en algunas ocasiones podrá revelarnos que un impuesto grava un objeto diferente al que refiere su hecho imponible o que una contribución es un impuesto o una contribución de mejoras y no un derecho y viceversa. Ahora, debe analizarse la naturaleza de la contribución establecida en el artículo 18, fracción I, inciso H, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, aquí impugnado, que establece: "DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CAPÍTULO II POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO "Artículo 18. El servicio de alumbrado público que se preste por el Municipio, causará derecho de conformidad con lo establecido en el Título Cuarto, Capítulo II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, con las tarifas mensuales siguientes: [.] I. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias a uso domestico y que compren la energía eléctrica para uso domestico: [.] H) El nivel de consumo Alto Medio, desde 201 hasta 250 kwh. al mes. $54.00 [.]" Como se observa, en las porciones normativas transcritas, se establece que por el gasto por servicio de alumbrado público, se causará y pagará un derecho por alumbrado público, de acuerdo al consumo de energía eléctrica y atendiendo a las cuotas establecidas en las Leyes de Ingresos de los Municipios, en este caso, conforme a lo establecido en el capítulo II de la Ley de Ingresos de Morelia, Michoacán. De todo lo anterior, se puede señalar que el denominado "Derecho por Alumbrado Público" a que se hace mención en el artículo 18, fracción I, inciso H, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, sí viola el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que ese numeral señala de manera expresa las tarifas a pagar por derecho de alumbrado público, de acuerdo al consumo de energía eléctrica según el número de kwh utilizados en un mes y atendiendo a las cuotas establecidas en el artículo 18 de la Ley de Ingresos de Morelia, Michoacán, particularmente los supuestos previstos en la fracción I, inciso H, que previamente quedó transcrito. Así las cosas, no obstante que el artículo 18 combatido, denomina a la contribución de mérito "derecho", lo cierto es que materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica puesto que no atiende al costo que se genera para el municipio por la prestación del servicio de alumbrado público, sino que, como ya se indicó, se basa y se calcula conforme al consumo respectivo; tributo que como quedó previamente estudiado, es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A propósito del tópico aludido supralíneas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia temática que dice: "Época: Octava Época Registro: 900084 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN Materia(s): Constitucional Tesis: 84 Página: 115 ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. Octava Época: Amparo en revisión 3014/79.-Industrias Químicas de México, S.A.-28 de septiembre de 1982.-Unanimidad de dieciséis votos.-Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.-Secretario: José Pérez Troncoso. Amparo en revisión 703/79.-Inocencio Alejandro Ávalos.-27 de marzo de 1984.-Unanimidad de diecinueve votos.-Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.-Secretario: Arturo Iturbe Rivas. Amparo en revisión 5643/79.-Jesús Gomaba Grijalva y coag.-24 de abril de 1984.-Unanimidad de dieciséis votos.-Ponente: Raúl Cuevas Mantecón.-Secretario: José Pérez Troncoso. Amparo en revisión 4036/84.-Cementos Mexicanos, S.A.-3 de febrero de 1987.-Mayoría de quince votos.-Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano.-Secretario: Esteban Santos Velázquez. Amparo en revisión 7959/86.-Cementos Mexicanos, S.A.-19 de abril de 1988.-Mayoría de diecinueve votos.-Ponente: Victoria Adato Green.-Secretario: Benjamín Soto Cardona. Apéndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, página 87, Pleno, tesis 72.". A efecto de emitir dicha jurisprudencia, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que la reserva expresa de facultades en favor del Poder Legislativo Federal que señala el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que los Estados no pueden establecer ninguna carga tributaria, cualquiera que sea la denominación que le asignen, en materia de energía eléctrica, pues ello está reservado al Congreso de la Unión, ya que sólo el Congreso Federal puede gravar la energía eléctrica, según este precepto, ya sea su producción, distribución, venta o consumo, que los Estados sólo tendrán derecho a la participación que la ley federal determine, y los Municipios, a su vez, sólo tendrán derecho al porcentaje que de esa participación señale la ley local. Así, estimó que cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República. En tales condiciones, no cabe sino concluir que el numeral 18, fracción I, inciso H, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, invade la esfera de facultades exclusivas del Congreso de la Unión al establecer en realidad un gravamen sobre el consumo de energía eléctrica, en contravención a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece dicha facultad exclusiva para la Federación; y con lo que, además, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, toda vez que no existe congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, esto es, la base imponible, pues no existe relación entre el costo que representa la prestación del servicio de alumbrado público (hecho imponible), con el consumo de energía eléctrica del particular (base imponible). Lo antes considerado encuentra sustento, en lo conducente y por analogía en las jurisprudencias emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los números P./J. 73/2006, en la página 919, del Tomo XXIII, Junio de 2006, y P./J. 120/2007, en la página 985, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondientes a la Novena Época, de rubros: "CONTRIBUCIONES SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA. EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE INGRESOS DE SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, OAXACA, AL ESTABLECER MATERIALMENTE UN IMPUESTO DE DICHA NATURALEZA, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, QUE ESTABLECE LOS DERECHOS RELATIVOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto siguiente: No se aplique a Jaime García de Alba Cortés, en el presente y futuro el artículo 18, fracción I, inciso H, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, vigente a partir del uno de enero de dos mil veinte, que contiene el cobro del derecho de alumbrado público por el uso doméstico de energía eléctrica, en el nivel de consumo alto medio. Con motivo de lo anterior, no le sean exigidos los pagos del denominado derecho por servicio de alumbrado público basado en tal supuesto normativo, mientras tenga vigencia el precepto declarado inconstitucional; en el entendido de que la concesión del amparo se hace en relación a la esfera jurídica del quejoso a quien se otorga la protección constitucional, con independencia del número de servicio que proporcionó y por el cual resultó procedente el presente asunto, esto es, la protección se otorga a favor del quejoso, con independencia de la cuenta de servicio en particular; sin embargo, dicha concesión no exime al peticionario de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago que se cobre por concepto del uso de energía eléctrica que le sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, con excepción del relativo al Derecho del Alumbrado Público aquí analizado. La anterior concesión del amparo otorgada extiende sus efectos a los actos concretos de aplicación, a efecto de que la autoridad exactora que recibirá los montos respectivos, que al afecto es el titular de la Tesorería del Municipio de Morelia, Michoacán, restituya al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violentado, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de cometida la violación, y dado que en el presente caso la promoción del juicio relativo fue originada por la existencia del acto concreto de aplicación de la ley impugnada, y particularmente, con motivo del entero realizado por concepto del derecho declarado inconstitucional, los efectos de la concesión habrán de abarcar también, la restitución de las sumas que la promovente haya pagado por ese concepto, a partir del uno de enero de dos mil veinte, en el registro del usuario que constituyó el primer acto de aplicación de la ley cuestionada por la parte quejosa o cualquier otro que motivare la aplicación de la norma inconstitucional, con excepción del resto de los rubros a que se alude en las facturas expedidas por la Comisión Federal de Electricidad respecto del consumo de energía eléctrica prestado a la parte promovente que ahí se consignan. En el entendido que, a las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades que reciban los montos correspondientes, así como a las que auxilien en su recaudación, esto es, a la Tesorera del Municipio de Morelia, Michoacán y a la Comisión Federal de Electricidad. Lo considerado encuentra sustento en la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 197512 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Octubre de 1997 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXV/97 Página: 414 INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución 214/97. Comisariado Ejidal del Poblado "Centauro del Norte". 27 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos". Así como la jurisprudencia cuyo contenido es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 166796 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Julio de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: P./J. 73/2009 Página: 64 SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Toda aplicación de una ley declarada inconstitucional debe verse afectada con la protección constitucional otorgada al quejoso, de forma que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe obligar oficiosamente a la autoridad administrativa a declarar la insubsistencia tanto del primer acto de aplicación, como de los demás actos dictados hasta antes de ser pronunciada la sentencia definitiva. Lo anterior es así, porque una vez firme la sentencia protectora, sus efectos deben retrotraerse para dejar insubsistente la primera afectación reclamada e irradiar esa protección en favor del quejoso respecto de todo acto de fecha posterior a esa primera aplicación, suscitado durante el curso del juicio. Por tanto, si la quejosa plantea la insubsistencia de otros pagos fundados en la norma declarada inconstitucional, comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que causó estado la sentencia definitiva, el juzgador primario debe incluirlos dentro de sus gestiones para obtener el cumplimiento de la sentencia, e incluso, los que se hubiesen generado por una causa distinta de la que originó el primer acto de aplicación reclamado, tal como acontece, tratándose de impuestos reales, cuando se demuestra la propiedad de otros bienes sobre los cuales se ejerció la misma facultad impositiva estimada violatoria de garantías. Esta conclusión se obtiene porque el quejoso no está obligado a impugnar cada uno de los pagos de la contribución reclamada, en atención a que el juicio de amparo sólo procede contra el primer acto de aplicación, y en congruencia, al obtener la protección, tiene el correlativo derecho a exigir la devolución de lo que hubiera enterado por concepto de ese tributo durante el lapso en que transcurrió el juicio, trátese o no del mismo bien mueble o inmueble que generó el primer acto de aplicación, cuando el asunto verse sobre impuestos reales, ya que de lo contrario el contribuyente hubiera tenido que promover tantos juicios como bienes gravados tuviera en propiedad, lo cual desnaturalizaría el principio en materia de amparo contra leyes que sanciona, con la improcedencia del juicio, la impugnación de ulteriores actos de aplicación diversos al primero. Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal Pleno, el quince de junio en curso, aprobó, con el número 73/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil nueve". Asimismo, resulta aplicable, por identidad jurídica substancial, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "Época: Novena Época Registro: 179675 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Enero de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 188/2004 Página: 470 AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido. Incidente de inejecución 317/96. Cementos Tolteca, S.A. de C.V. 24 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 950/2003. American Airlines Incorporated y otras. 12 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Amparo en revisión 2541/2003. Aerovías de México, S.A. de C.V. 17 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Amparo en revisión 315/2004. Mario Arturo Moreno Ivanova y otro. 2 de julio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. Amparo en revisión 365/2004. Julio Ernesto Martínez Pantoja. 8 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Tesis de jurisprudencia 188/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro". Es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular la norma declarada inconstitucional, por lo cual el Congreso y el Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, sin embargo, dado que se acudió al presente juicio con motivo de un acto de su aplicación, y debido a que el entero del tributo reclamado se realizó a favor del Municipio de Morelia, Michoacán, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, deberá requerirse a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, así como a sus subalternos, para que devuelvan al quejoso las cantidades enteradas en aplicación de la norma declarada inconstitucional. Lo anterior, dado que a ellos corresponde la recaudación y erogación de los ingresos municipales pues son las autoridades competentes para devolver al quejoso tal cantidad al ser las encargadas de la administración de recursos municipales; además de que cualquier autoridad, incluso en el supuesto de que no haya sido señalada como responsable en este juicio, está obligada a acatar el presente fallo, tal es el caso de la Comisión Federal de Electricidad que deberá dejar de cobrar el derecho de alumbrado público a Jaime García de Alba Cortés, basado en la norma declarada inconstitucional, respecto al número de servicio registrado a su nombre. Al respecto encuentran aplicación, por identidad jurídica substancial, las tesis siguientes: "Época: Octava Época Registro: 206675 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Administrativa Tesis: 3a. LXX/93 Página: 353 ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991). Si en una ejecutoria de garantías se otorgó la protección constitucional al quejoso contra los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1991, que establecen el derecho de alumbrado público, corresponde al Ayuntamiento respectivo la devolución de las cantidades cubiertas por el quejoso por tal concepto, pues de conformidad con el artículo 8o. de la Ley citada la recaudación de todas las contribuciones en ella previstas debe hacerse, sin excepción alguna, a través de las oficinas exactoras de la Tesorería Municipal, sin que obste a lo anterior el hecho de que físicamente no hayan ingresado a la hacienda municipal, en virtud de la existencia de un convenio celebrado entre el Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, en representación de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado, y la Comisión Federal de Electricidad para que esta última recaudara el derecho de alumbrado público y aplicara tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energía eléctrica se adeudaban por los municipios, toda vez que ello no significa que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de ésta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como recaudadora de la contribución. Queja 6/93. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero. 18 de octubre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.". "Época: Novena Época Registro: 172605 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 57/2007 Página: 144 AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. Incidente de inejecución 410/98. 11 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno. Incidente de inejecución 489/2006. María Leonor Carter Arnabar. 13 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. Incidente de inejecución 494/2006. Patricia Capilla Sánchez y otro. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles. Incidente de inejecución 540/2006. Carlos López Martínez y otra. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. Incidente de inejecución 557/2006. Tereso Antonio Hernández García. 15 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Tesis de jurisprudencia 57/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticinco de abril de dos mil siete.". Finalmente, resulta innecesario abordar y estudiar el resto de los motivos de disenso que hace valer la parte promovente del amparo en su escrito de demanda, pues al resultar fundado el concepto de violación a que se hizo referencia en la presente consideración, es inútil decidir sobre los restantes, pues la acción constitucional que se intenta en relación a la violación del numeral constitucional referido, es suficiente para desincorporar de la esfera de obligaciones tributarias de la parte quejosa, la contribución combatida, y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal y sostenerla con independencia del resto de los conceptos de violación vertidos en su escrito de demanda. Por lo expuesto y con fundamento legal, además, en los artículos 74, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jaime García de Alba Cortés respecto de los actos reclamados al titular de la Tesorería del Municipio de Morelia, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Jaime García de Alba Cortés, en relación a los actos atribuidos a las autoridades que quedaron precisadas, para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
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