Jaime Lizárraga Hernádez

Expediente 1047/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1047/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Jaime Lizárraga Hernádez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte quejosa recurriera el auto de seis de diciembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este sumario, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada siete de diciembre de dos mil veintidós, quedando comprendido dicho plazo del nueve al quince de diciembre del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es destruible por este órgano jurisdiccional una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Jaime Lizárraga Hernández, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente y radíquese con el número 1047/2022. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, a fin de no entorpecer la administración de justicia admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que por "manifiesto" se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por "indudable" se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/62 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: ACTOS RECLAMADOS: a. De las autoridades señaladas como responsables se reclama el ilegal corte y/o suspensión del suministro de energía eléctrica que realizó el personal de CFE en mi domicilio ubicado en Calle Niños Héroes s/n, Localidad El Pozole, Rosario, Sinaloa, con número de servicio 536820600191 a mi nombre Jaime Lizárraga Hernández, sin mandamiento judicial o justificación alguna, violentando el artículo 16 constitucional. b. A todas las autoridades, se les reclama la vivienda que ocupa el quejoso y esposa y cuyo medidor de la luz del domicilio que se mencionan, están a nombre del quejoso Jaime Lizárraga Hernández, sin ninguna orden judicial legal, trastocando así las garantías de audiencia y legalidad, así como derechos humanos a la salud y a la vida que nos asisten. c. Así mismo, se reclama la negativa de suscribir un convenio de reconexión del servicio de luz eléctrica en mi domicilio particular acorde a mis posibilidades económicas, como también condicionar tajantemente a reactivar los servicios si NO se paga un 25% de la deuda generada por los arrendatarios anteriores en mi domicilio sin importar ni mi condición física, económica y edad del quejoso. Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo establecido en los artículos 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, por las razones siguientes. Resulta oportuno acotar que, en relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones que afecten la esfera jurídica de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, el más Máximo Tribunal Constitucional del país, mediante el ejercicio de su labor interpretadora, acotó que la autoridad, tratándose del juicio de amparo, es la que ejerce las facultades decisorias que legalmente le han sido atribuidas y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; y abandonó el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Por tanto, con el propósito de dilucidar las consideraciones de tipo legal de tal afirmación, resulta menester precisar cuándo y en qué casos la Comisión Federal de Electricidad es considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, y así estar en aptitud de definir si los actos desplegados encuadran como actos de imperio -requisito básico para la procedencia del juicio constitucional, en términos del artículo 1°, fracción I, en relación con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo-. Para ello, es preciso establecer que ni el poder constituyente ni el legislador ordinario han definido legalmente lo que debe entenderse por autoridad, para tal efecto es menester tener en cuenta lo establecido por el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diverso numeral 107 de la Constitución Federal tampoco define el concepto de autoridad; ni menos aún su ley reglamentaria, pues en su precepto 5°, fracción II, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, empero, sin precisar las características que los mismos deben reunir para considerarse con tal calidad para efectos de dicho juicio. En esa tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, que en principio sostuvo que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por ende, están en posibilidad de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que solo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de la fuerza pública; no obstante, dicha postura se abandonó al sustentar con posterioridad la tesis P. XXVII/97 del rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." de la que, en síntesis, debe destacarse, según las consideraciones que la informan que, para los efectos del juicio de amparo, se estima autoridad aquélla que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: Que tenga particularidades de órgano público. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, y Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, a fin de poner en relieve las apuntadas notas distintivas, resulta necesario precisar que los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, obedecen a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En el mismo orden de ideas, para lo que aquí se provee, es importante tener en consideración lo que disponen los preceptos 25, 26 y 34, de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Luego, de la interpretación sistemática de los preceptos legales antes descritos, se infiere que al momento de celebrar la operación contractual, Comisión Federal de Electricidad revestía la calidad de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya actividad se encontraba sujeta a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y a través de los Acuerdos de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitidos por el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de los propios mes y año, se crearon CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, con el carácter de empresas productivas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad, encargadas de [1] proveer y [2] prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica. Por consiguiente, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establecía la forma y requisitos que debían cumplir los contratos de suministro celebrados con la ahora empresa productiva del Estado y, posteriormente, ejecutados por CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. Asimismo cabe destacar lo que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en sus artículos 1°, 2°, 3°, 45 y 46. Por su parte, los Acuerdos por los que se crean CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitidos por el Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de los propios mes y año, en sus artículos 1° y 2 , establecen que, CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, tienen el carácter de empresas productivas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad, que a su vez, resulta ser un organismo público descentralizado, pues así lo establece el numeral 8° de la mencionada abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Aunado a lo anterior, resulta menester precisar que de acuerdo con la doctrina, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones, y Las relaciones de supra a subordinación que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y, el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende únicamente de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aún contra la voluntad del gobernado, y son coercitivos ya que si no se acatan, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese sentido, para que un acto de autoridad pueda considerarse como tal, debe reunir los siguientes requisitos: Unilateral: Para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. Imperativo: Porque la voluntad del particular se encuentra supeditada, es decir sometida. Coercitivo: Puede constreñir y forzar al gobernado para hacerse respetar. De esta guisa, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos: los particulares por un lado y el Estado investido con su imperio, por el otro. Lo que es así, en tanto que el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien, por ambas. De lo antes razonado y fundado se obtiene que, cuando como en el caso, se reclama por una parte la actuación de la precitada empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, dichos actos no pueden considerarse de autoridad porque si bien unilateralmente cuantifica, impone tarifas y requiere por el pago de cierta cantidad por concepto del costo del servicio de energía eléctrica que durante determinado período suministró, su actividad está encaminada, por una parte, a cuantificar y recibir el reembolso por la prestación del servicio del que se disfruta, y por otro lado, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica en virtud de la celebración de un contrato, por lo que no se está frente a un acto autoritario, sino en una relación de coordinación emanada de un vínculo convencional cuyo origen es la celebración de un contrato de naturaleza mercantil, en el que los suscriptores, con previo conocimiento del negocio jurídico que están efectuando, consienten el celebrarlo; de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares como consecuencia de la aceptación de esa convención, en la que se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre los contratantes. Entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio y no como un ente jurídico investido de imperio, demuestra que no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de correspondencia entre el interés del prestador del servicio y un particular, porque el organismo no obra como autoridad, sino que actúa con base en la facultad derivada del incumplimiento del contrato. Sin que por otra parte sea dable considerar que en la especie Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos División Noroeste Zona Mazatlán, residente en esta ciudad, aun en su calidad de particular hubiese desplegado actos de imperio para los efectos del juicio de amparo, en los términos previstos en el artículo 5°, párrafo segundo, de la ley de la materia; ya que de la interpretación de dicho precepto legal, desde una perspectiva de evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal y, en atención al principio de progresividad que consagra el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que los actos equivalentes a los de autoridad, para la procedencia del juicio de amparo contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de tal manera que se asimile al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del Estado como tal. En otras palabras, el precepto legal del que recién se dio noticia establece que para que un particular pueda ser reconocido con la calidad de autoridad responsable dentro de un juicio de amparo es menester la actualización de dos supuestos legales, a saber: Que un particular realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten la esfera jurídica de un gobernado; y Que las funciones del particular se encuentren determinadas por una norma general. Requisitos que, en el caso, no se encuentran colmados, esencialmente, porque como se dijo, la actividad desplegada por Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos División Noroeste Zona Mazatlán, residente en esta ciudad, respecto de los actos específicos que aquí son cuestionados, no derivan de la observancia de una norma general; sino que tuvieron lugar con motivo del cumplimiento del contrato para el suministro de energía eléctrica celebrado respecto del domicilio donde se surte dicho servicio, en un plano de coordinación "entre iguales". Por consiguiente, si de los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad por la quejosa se advierte que la orden de corte y suspensión del suministro de energía eléctrica reclamados deriva del contrato celebrado entre la quejosa y la autoridad señalada como responsable para la obtención del servicio de suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Calle Niños Héroes s/n, Localidad El Pozole, Rosario, Sinaloa, inmueble respecto del cual aduce ser actualmente propietario, resulta palmario que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del pacto de voluntades de mérito y del que actualmente se beneficia la quejosa son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria u oral mercantil, según corresponda. Así lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 250/2017, entre las sustentadas por el Cuatro Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, de cuyas consideraciones medulares, para el caso que nos ocupa, destacan las siguientes: (.) Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio. El criterio derivado de la ejecutoria de la que recién se dio noticia es el 2a./J. 156/2017 (10a.), de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." Así como en el criterio deducido de la contradicción de tesis 198/2017, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia Administrativa y Segundo en Materia Civil, ambos del Tercer Circuito, y Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en el que, respecto al régimen especial de la Comisión Federal de Electricidad para actuar a través de empresas productivas subsidiarias, para realizar las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, sostuvo los argumentos torales siguientes: (.) Es así, en congruencia con la intención del Poder Reformador al transformar el régimen jurídico de Comisión Federal de Electricidad de una institución pública, al ser una empresa productiva del Estado con un régimen especial, alejándola en lo máximo posible del sector público y acercándola al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. En el contexto referido, esta superioridad concluye que con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Es así que lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis **********), ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. Que además se corrobora, en tanto no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado Mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. Lo cual explica que no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la Cenace cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la CRE, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. (.) El criterio de trato, constituye la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." Entonces, resulta válido concluir que cuando el Estado -por conducto de Comisión Federal de Electricidad, y en el caso a través de sus empresas subsidiarias CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución-, actúa como prestador del servicio, mediante la celebración de contratos para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, no obra como autoridad para efectos del amparo, sino en función de relaciones comerciales de coordinación entre particulares, incluso tratándose de actos como el corte del suministro en términos del contrato. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por notoriamente improcedente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que dé fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitas copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I, y 22, fracción II, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle********************número ******************** fraccionamiento********************Código Postal********************con sede en esta ciudad, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************, quienes tienen sus cédulas profesionales ******************** autorizadas en el Registro Único de Profesionales de Derecho. Asimismo, se le tiene señalando el correo electrónico licvictoriacampos@outlook.com, a fin de entablar comunicaciones no procesales.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano