Jaime Leon Flores

Expediente 558/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
558/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Jaime Leon Flores
  • Carlos Alberto Angelino Barron

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio 6159/2021-I, remitido vía juicio en línea y firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Cancún, a través del cual informa que se avoca al conocimiento de la demanda que dio origen al juicio de amparo 558/2021-III-2, promovido por Yoanna Fonseca Valencia quien se ostenta como representante legítimo de Carlos Alberto Angelino Barrón, Jaime León Flores y Alejandro Díaz Madrid, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; en atención a ello, se ordena archivar el presente cuadernillo como asunto concluido. De conformidad con el artículo 21, fracción j, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este cuaderno de antecedentes es DESTRUIBLE.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 11319/2021, remitido vía juicio en línea por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado nuestro exhorto E-111/2021, orden 169/2021, en el que se le encomendó notificar al presente juicio a la parte quejosa Carlos Alberto Angelino Barrón, Jaime León Flores y Alejandro Díaz Madrid; comunicado que solo se ordena agregar en autos, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Téngase recibida la demanda de amparo sin firma promovida por********************quien se ostenta como representante legítimo de********************, en contra de actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades. REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 558/2021-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales; 1º, fracción I, 15, 20, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene presentada la demanda en sus términos. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos a uno diverso por represalias, así como la reubicación fuera de procedimiento del dormitorio a otro diverso módulo o área. INCOMPETENCIA. De la lectura de la demanda de amparo, en específico, del apartado de autoridades responsables, se obtiene que el quejoso señala como tales, entre otras, a los jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa, entre los cuales se encuentra este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. Ahora, a fin de motivar claramente esta determinación, conviene mencionar que la competencia es la suma de atribuciones de un órgano del Estado. En el ámbito jurisdiccional, se traduce en la facultad de un órgano para desempeñar su potestad en el conocimiento y la resolución de determinados asuntos sometidos a su decisión. En el juicio de amparo, la competencia se fija a través de diversos criterios, entre ellos, el sustentado con el axioma jurídico de "nadie pues ser juez y parte" y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este aserto se orienta con el criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Cuarta Parte, página 108, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez. Este supuesto de competencia, para el caso de los juzgados de Distrito que son los órganos competentes para conocer, entre otros asuntos, de los juicios de amparo indirecto, está previsto en el artículo 38 de la ley, que dice: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. De la interpretación del precepto se obtiene que cuando se promueva demanda de amparo indirecto y se designe como autoridad responsable a un juez de Distrito, es competente otro del mismo Distrito y especialización; y si no lo hay, entonces, será competente el más cercano, de ser posible, dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca. Pues bien, como se expuso con antelación, el quejoso designó como autoridades responsables, además de otros, al suscrito en su carácter de Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa [en virtud de haber señalado a todos los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa], por lo que en términos del artículo 38 de la ley, éste órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la ley, quien suscribe declara carecer de competencia para conocer de la demanda y ordena que se remita junto con sus copias al Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, que por turno corresponda, por resultar ser el más cercano a la Ciudad de México [lugar donde se ejecutan los actos reclamados], descartando a aquellos que fueron señalados como responsables [Jueces de Distrito en todos los estados de la república, con excepción de los que tienen residencia en Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo (únicamente excluyó a los de sede en Cancún)]. Por tanto, se solicita atentamente al Juez de Distrito en favor de quien se declina la competencia, informe si acepta o no. - Incompetencia sin proveer sobre la suspensión de plano en términos del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Ahora, analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que lo que el promovente atribuye a las autoridades responsables lo es el de trasladar a los directos quejosos de su actual centro de reclusión a uno diverso, así como la reubicación de dormitorio; ante tales reclamos debe decirse que su demanda de amparo no se encuentra en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48,fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por las consideraciones siguientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de los cual se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y sean efectivos. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, es posible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. En efecto, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; por que conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las cuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se encuentra con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal3, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la constitución federal, pues erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. De ahí que conforme a las explicaciones dadas al ser los actos reclamados la orden de traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a diverso centro de reclusión, así como el cambio de dormitorio a un distinto modulo o área, actos que se encuentran dentro de un procedimiento que revisa el juez de control o ejecución, estos no pueden ser considerados dentro de los actos prohibitivos previstos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, respecto de los cuales procede conceder la suspensión de plano al afectarse la libertad fuera de procedimiento, supuesto que en el caso no se actualiza. Consecuentemente, no procede proveer sobre la suspensión de plano por no actualizase el supuesto de excepción del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

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