Jaime Jesús Toscano Hernández

Expediente 600/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
600/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Jaime Jesús Toscano Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de catorce de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del veintiséis al treinta, ambos de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha concluido el término de cinco días de que disponía ********************, para desahogar la prevención formulada en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, sin que lo hiciera dentro de ese lapso, pues al revisar el libro de registro de las promociones en la oficialía de partes de este juzgado, no obra dato alguno que así lo indique; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, por consiguiente, se tiene por no presentada la demanda, aunque únicamente por lo que respecta a la moral quejosa ********************. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente en relación al quejoso ********************, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a su publicación, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para la afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En la especie la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: ".Constituye el acto reclamado el auto de fecha 24 de agosto del año actual, dictado por la responsable dentro delas Providencias Precautorias número ********************que promoviera la institución bancaria ********************, por conducto de sus apoderados legales SERGIO ANDRADE VILLASEÑOR Y/O ANGELICA MARÍA MERCADO MÉNDEZ, en contra del suscrito.". En ese orden de ideas, cabe destacar que los artículos 1168, 1334, 1336, 1337, 1338 y 1339 del Código de Comercio del Estado de Michoacán, señalan lo siguiente: "Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: [.] II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: [.] Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. [.] Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.] Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.". De los preceptos legales transcritos se colige que, en contra de los autos emitidos en los procedimientos del orden mercantil, que no admitan expresamente recurso de apelación, como acontece en el caso en particular, procede el recurso de revocación. En ese orden de ideas, si el peticionario del amparo señaló como acto reclamado el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitido dentro de las providencias precautorias número ********************promovidas por ********************, por conducto de sus apoderados legales, en contra del aquí quejoso, en el que el Juez responsable requirió a la institución bancaria en cita, para que en términos de los artículos 1181 y 1182 del Código de Comercio, dentro del término de tres días presentara la demanda correspondiente y dentro de los tres días posteriores a ello, acreditara a ese órgano jurisdiccional la presentación de la demanda en la temporalidad concedida para el efecto, con el apercibimiento que en caso de no cumplir con ello, se revocará de plano -en su perjuicio- la retención ordenada en dichas providencias precautorias, resulta indudable que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia que prevé la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, habida cuenta que de conformidad con el numeral 1334 del Código de Comercio, debió de impugnar dicho acto reclamado a través del recurso de revocación, a fin de colmar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, por lo que si no se agota ese medio de impugnación, el juicio de amparo que se promueva en contra del aludido proveído resulta improcedente, en términos del citado artículo. Por lo que al no haberlo hecho así, es de considerarse que en el particular se actualiza la causal de improcedencia de referencia; ya que a través del recurso de mérito bien pudo obtener la modificación, revocación o anulación del acto aquí reclamado. De donde se sigue, que si el inconforme dejó de agotar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, por ende, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el presente juicio constitucional deviene improcedente. Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia números VI. 2o.J/52, y 986, publicadas en las páginas 401 y 678, de los Tomos VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990 y, Tomo VI, Octava y Séptima Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y del Apéndice 1995, que a continuación por su orden se transcriben: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN INPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha catorce de octubre dos mil veinte, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha concluido el término de cinco días de que disponía ********************, para desahogar la prevención formulada en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, sin que lo hiciera dentro de ese lapso, pues al revisar el libro de registro de las promociones en la oficialía de partes de este juzgado, no obra dato alguno que así lo indique; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, por consiguiente, se tiene por no presentada la demanda, aunque únicamente por lo que respecta a la moral quejosa ********************. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente en relación al quejoso ********************, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a su publicación, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para la afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En la especie la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: ".Constituye el acto reclamado el auto de fecha 24 de agosto del año actual, dictado por la responsable dentro delas Providencias Precautorias número ********************que promoviera la institución bancaria ********************, por conducto de sus apoderados legales SERGIO ANDRADE VILLASEÑOR Y/O ANGELICA MARÍA MERCADO MÉNDEZ, en contra del suscrito.". En ese orden de ideas, cabe destacar que los artículos 1168, 1334, 1336, 1337, 1338 y 1339 del Código de Comercio del Estado de Michoacán, señalan lo siguiente: "Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: [.] II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: [.] Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. [.] Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.] Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.". De los preceptos legales transcritos se colige que, en contra de los autos emitidos en los procedimientos del orden mercantil, que no admitan expresamente recurso de apelación, como acontece en el caso en particular, procede el recurso de revocación. En ese orden de ideas, si el peticionario del amparo señaló como acto reclamado el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitido dentro de las providencias precautorias número ********************promovidas por ********************, por conducto de sus apoderados legales, en contra del aquí quejoso, en el que el Juez responsable requirió a la institución bancaria en cita, para que en términos de los artículos 1181 y 1182 del Código de Comercio, dentro del término de tres días presentara la demanda correspondiente y dentro de los tres días posteriores a ello, acreditara a ese órgano jurisdiccional la presentación de la demanda en la temporalidad concedida para el efecto, con el apercibimiento que en caso de no cumplir con ello, se revocará de plano -en su perjuicio- la retención ordenada en dichas providencias precautorias, resulta indudable que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia que prevé la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, habida cuenta que de conformidad con el numeral 1334 del Código de Comercio, debió de impugnar dicho acto reclamado a través del recurso de revocación, a fin de colmar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, por lo que si no se agota ese medio de impugnación, el juicio de amparo que se promueva en contra del aludido proveído resulta improcedente, en términos del citado artículo. Por lo que al no haberlo hecho así, es de considerarse que en el particular se actualiza la causal de improcedencia de referencia; ya que a través del recurso de mérito bien pudo obtener la modificación, revocación o anulación del acto aquí reclamado. De donde se sigue, que si el inconforme dejó de agotar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, por ende, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el presente juicio constitucional deviene improcedente. Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia números VI. 2o.J/52, y 986, publicadas en las páginas 401 y 678, de los Tomos VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990 y, Tomo VI, Octava y Séptima Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y del Apéndice 1995, que a continuación por su orden se transcriben: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN INPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintidós de septiembre dos mil veinte, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio y ostentándose representante legal de ********************, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que le consten, con apoyo en los artículos 108, fracción I y 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al citado promovente, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Acredite con las constancias conducentes, el carácter que de representante legal de ********************, dice tener, toda vez que al respecto no acompañó documento alguno que así lo acredite. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia número 336, consultable en las páginas 284 y 285 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DE JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". En la inteligencia que deberá exhibir cinco copias de las constancias con las que acrediten la personalidad con la promueve el presente juicio, para correr traslado a todas las partes, es así, toda vez que el documento con el que en todo caso demuestre la personalidad con la que promueven el presente juicio de amparo, es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las partes, de ahí que deberán exhibir las copias antes solicitadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J 124/2016 (10a), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa. Así como la tesis número P.VII/2001, consultable en la página 325, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.". Bajo apercibimiento que, en caso de no cumplir con el requerimiento antes formulado en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, aunque únicamente por lo que respecta a la moral quejosa ********************. En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para la autoridad señalada como responsable, una para el tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción y dos más para los cuadernos incidentales, las cuales dan un total de cinco copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Así como la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ********************, autorizando para tal efecto a ********************, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales ********************, que acreditan a los citados autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil, no así a ********************, ********************, el primero hasta en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la citada profesión y los restantes en virtud que el promovente del amparo refiere que son pasantes juristas. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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