Jaime García Ángeles
Expediente 1234/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1234/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaime García Ángeles
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de amparo el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud a que por auto de dieciséis diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; sin que en el caso haya lugar a hacer del conocimiento de la parte promovente lo atinente a la devolución del documento exhibido, virtud a que la demanda se presentó electrónicamente y, por tanto, es inconcuso que tiene el original a su disposición. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el pedimento 457/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin que haya lugar a proveer respecto a su contenido, toda vez que mediante proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J-IV-3380/2022, signado por el Presidente y representante de los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copias certificadas de las principales constancias del juicio ordinario laboral 4C-1066/2022. Ahora, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que en auto de quince de septiembre de dos mil veintidós, tuvo por recibida y radicada la demanda presentada por el apoderado jurídico del trabajador Jaime García Ángeles, ordenó notificar y emplazar a juicio a las demandadas Nueva WalMart de México, S. de R.L. de C.V., quien resulte propietario o responsable de la Tienda Aurrera Mart, Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Michoacán e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación Michoacán; asimismo, señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del citado juicio laboral; además, que el veinticinco de octubre del año en curso, fueron emplazados los referidos demandados; de ahí que se estima que en el presente asunto se actualiza una causa de sobreseimiento en el juicio. A fin de demostrar lo anterior, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, además que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre que no existe el acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, junto con el informe justificado y constancias adjuntas al mismo, se obtiene con precisión que la parte quejosa reclamó como actos de omisión los siguientes: Del Presidente de la Junta responsable: a) De señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial. b) De turnar el expediente al actuario y verificar que realice el emplazamiento a las partes; y, Del Actuario de la Junta responsable: c) De realizar el emplazamiento a las partes para la celebración de la audiencia inicial dentro del término legal. Actos que derivan del juicio ordinario laboral 4C-1066/2022, de la estadística de la junta responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Luego, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, copia certificada del juicio ordinario laboral 4C-1066/2022, de la que se aprecia que el quince de septiembre de dos mil veintidós, tuvo por recibida y radicada la demanda presentada por el apoderado jurídico del trabajador Jaime García Ángeles, ordenó notificar y emplazar a juicio a las demandadas Nueva WalMart de México, S. de R.L. de C.V., quien resulte propietario o responsable de la Tienda Aurrera Mart, Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Michoacán e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación Michoacán; asimismo, señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del citado juicio laboral; además, que el veinticinco de octubre del año en curso, fueron emplazados los referidos demandados. Documentales que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De esta manera, es oportuno establecer que en este caso, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, de las documentales aportadas por la autoridad responsable, se desprende que el quince de septiembre de dos mil veintidós, tuvo por recibida y radicada la demanda presentada por el apoderado jurídico del trabajador Jaime García Ángeles, ordenó notificar y emplazar a juicio a las demandadas Nueva WalMart de México, S. de R.L. de C.V., quien resulte propietario o responsable de la Tienda Aurrera Mart, Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Michoacán e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Delegación Michoacán; asimismo, señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del citado juicio laboral; además, que el veinticinco de octubre del año en curso, fueron emplazados los referidos demandados. En tal virtud, si la demanda de amparo que originó el presente juicio se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el ocho de noviembre de dos mil veintidós, este hecho pone de manifiesto que, en esa data, no existían las omisiones reclamadas por la parte quejosa, pues la Junta responsable demostró que ya había radicado la demanda, señalando fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como que ordenó el emplazamiento de los demandados, mismo que ya se había llevado a cabo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." En consecuencia, es evidente que respecto de los actos que por esta vía se reclaman, se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existen los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa reclame también la fecha remota señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; sin embargo, tomando en consideración su planteamiento inicial, en el sentido de que no existía acuerdo en el que se señalara fecha respecto de dicha audiencia; es innegable, que no puede existir una fecha remota; aunado a que en esos casos el juicio de amparo es improcedente contra actos hipotéticos, futuros e inciertos; máxime que la parte actora aquí quejosa fue notificada el trece de octubre anterior, del acuerdo de radicación, como se advierte de la constancia de notificación que remite la responsable, por lo que estaba en aptitud de reclamar ese planteamiento dentro del término legal respectivo. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia PC.I.L. J/8 L (11a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia(s): Común, Laboral, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE SEÑALA UNA FECHA EXCESIVAMENTE LEJANA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES EN EL JUICIO LABORAL, EL PLAZO PARA PRESENTARLA ES EL DE 15 DÍAS QUE PREVÉ EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si se actualiza o no la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consiste en la actuación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que señala una fecha excesivamente lejana, a juicio de alguna de las partes, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito determina que la presentación de la demanda de amparo, cuando se reclama el proveído en el que la Junta de Conciliación y Arbitraje señala una fecha excesivamente lejana, a consideración de alguna de las partes, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, porque desde el momento en que la Junta de Conciliación y Arbitraje señala la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, asume una conducta positiva, un hacer frente al escrito de demanda, ya que materialmente emite un proveído en el que externa un criterio, una decisión jurisdiccional que comunica legalmente a las partes, quienes estarán en aptitud de controvertirla dentro del plazo de quince días, mismo que cumple con los requisitos de ser general, razonable y objetivo." En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica en el portal de servicios informáticos en línea del Consejo de la Judicatura Federal por ****** apoderada de ***********, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.09.00.00.00.00.02.8d.ba a nombre de la citada promovente, carácter que se le reconoce en términos de la carta poder que para tal efecto adjunta a su libelo de cuenta, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional reconoce dicha personalidad, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la citada demanda, por los actos que hace consistir en: ".actos reclamados: a).- La omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial y en forma inminente señalar una fecha remota; b).- Omitir turnar el expediente al actuario o si lo hizo, no verificar que realice el emplazamiento a las partes; y del actuario, c).- Omitir el emplazamiento a las partes para la celebración de la audiencia inicial dentro del término legal, actos derivados del expediente ordinario número 4C-1066/2022 o el que le corresponda a ambas partes.". Se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1234/2022. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127, del citado ordenamiento. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se les solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de amparo, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia Constitucional se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo haga. Por otra parte, RESÉRVESE acordar el emplazamiento a la parte tercera interesada, en tanto obre en autos el informe de las responsables. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que adjunta a su ocurso de cuenta, misma que dada su propia y especial naturaleza se tiene por admitida y desahogada, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Por otro lado, se tiene la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en *********** en el centro de esta ciudad y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a ********, toda vez que en esos términos fueron designados. Se tiene a la parte quejosa solicitando el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario ********** el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), toda vez que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado autorizado el acceso al expediente electrónico. Hágase del conocimiento del parte promovente , que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, al titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Del mismo modo, por lo que respecta al correo electrónico defensoriadeltrabajadormorelia@hotmail.com, se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales; sin embargo, queda expedito su derecho, para que, si así lo desea, solicite el acceso al expediente electrónico y la notificación electrónica, esto es, se pase al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, proporcionando para ello su nombre de usuario registrado con la firma FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación). Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso le revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Jaime Castro García1218/2023
- Jaime Contreras Martínez770/2019
- Jaime Daniel Sosa Padilla699/2021
- Jaime Daniel Sosa Padilla930/2018
- Jaime Fernández Alarcón786/2017
- Jaime Fernando Vázquez Ávalos851/2020
- Jaime García de Alba Cortés70/2018
- Jaime García de Alba Cortés487/2019
- Jaime García de Alba Cortés199/2018
- Jaime González González1086/2019
- Jaime Jesús Toscano Hernández719/2020
- Jaime Jesús Toscano Hernández600/2020