Jaime García de Alba Cortes
Expediente 538/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jaime García de Alba Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase a la Magistrada de la Segunda Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del oficio 22635, mediante el cual se le notificó el auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve y se le devolvieron las constancias que allegó al presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo 538/2019, así como testimonio de la resolución dictada en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que el tribunal en cita confirmó la resolución recurrida en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, ya que éste se formó con motivo de la remisión del juicio al Tribunal Colegiado en cita, salvo las constancias originales que obran en el mismo las cuales se ordena glosar al presente juicio, de ahí que con la llegada de los autos el referido cuaderno es susceptible de destrucción conforme al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General de Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la anotación de que es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse al magistrado responsable, las constancias que allegó al presente asunto, mismas que obran en un tomo de pruebas, sin que resulte necesario acuse recibo de éstas. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso Jaime García de Alba Cortés, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro del término de tres días el expediente original al tribunal colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia del escrito de agravios relativo. Notifíquese por lista, personalmente al tercero interesado y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 10-13), en la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Jaime García de Alba Cortés, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la mencionada Sala. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo directo e incompetencia. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito [lo registró como A.D.C. 368/2019]; órgano que por acuerdo de pleno de diez de mayo de dos mil diecinueve (fojas 15 y 16) declaró carecer de competencia legal para conocer de la misma y ordenó remitirla al juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, para los efectos legales conducentes. Tercero. Turno al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán y remite a su a vez a este órgano jurisdiccional por conocimiento previo. El trece de mayo de dos mil diecinueve (fojas 18-21), el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asumió el conocimiento del asunto, lo registró como 529/2017 y estimó que debía turnarse a este juzgado por conocimiento previo juzgado. Cuarto. Avocamiento y admisión. En proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 23-26), este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de referencia, la que registró bajo expediente 538/2018 y la admitió; dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la responsable; se reconoció el carácter de tercero interesado a Bernardo Pedro Cendejas Morales y se ordenó su emplazamiento; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, es: El auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, que declaró improcedente la recusación que con expresión de causa hizo valer Jaime García de Alba Cortés en escrito de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve en contra del Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, dentro del juicio sumario civil 50/2019 que sobre desocupación y entrega de inmueble, así como pago de rentas promovió Bernardo Pedro Cendejas Morales, frente a Jaime García de Alba Voirol y Jaime García de Alba Cortés. En dicho auto también se le impuso al quejoso una multa de veinticinco días de salario mínimo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. La Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al emitir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 9). Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe; consistente en copias certificadas del toca VII-1/2019 [constante de un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; de ahí que se tenga debidamente probado el mismo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia se estudiará preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que en el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando susbista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.". En relación a dicha causal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3044/1998, entre otras consideraciones, estableció: ".Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XVII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías.". De la citada ejecutoria, surgió la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Materia común, Novena Época, registro 173858, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Luego, si bien en dicha jurisprudencia se interpretó la fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; ello no es impedimento para que en el caso se invoque su contenido, ya que éste y el de la fracción XXII de la Ley de Amparo vigente, que se considera actualizada, es sustancialmente el mismo. En ese sentido, si de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva ley, la jurisprudencia integrada conforme a la Ley de Amparo anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente, y si el contenido de las citadas fracciones es sustancialmente igual, se puede concluir que la interpretación que se realizó en la ejecutoria de mérito, respecto de la aludida fracción XVII de la ley abrogada, no se contraponte al contenido de la causal que se estima actualizada en el caso. Precisado lo anterior, debe señalarse, en la ejecutoria que originó el referido criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que generalmente la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de derechos fundamentales. En esa línea argumentativa, la referida Sala señaló que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del quejoso que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. Asimismo, precisó que el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de biinstancial, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, apuntó que entre las causales de improcedencia del juicio de amparo se encuentra la que se considera actualizada, pues el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsiste el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia protectora, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporado temporalmente a la esfera jurídica del quejoso, porque la situación jurídica de la que emana dicho privilegio se hubiera modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impide que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. Señalado lo anterior, conviene precisar lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio sumario civil 50/2019, sobre desahucio de inmueble, promovido por Bernardo Pedro Cendejas Morales frente a Jaime García de Alba Voirol y a Jaime García de Alba Cortés, éste recusó con expresión de causa al Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Morelia [Javier Gil Oseguera](fojas 102-104, del tomo de pruebas). 2. En proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Morelia, tuvo a Jaime García de Alba Cortés recusándolo con expresión de causa y ordenó remitir a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el escrito original de recusación, el informe justificado sobre materia de la recusación y copia certificada de las constancias conducentes, para que fueran turnados a la Sala Civil correspondiente (foja 105, del tomo de pruebas). 3. El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se avocó al conocimiento del asunto y puso los autos a su vista para resolverlo (foja 118 del tomo de pruebas). 4. En proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, declaró improcedente la recusación planteada por Jaime García de Alba Cortés e impuso una multa de veinticinco días de salario mínimo (foja 121 del tomo de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. 5. Mediante escrito presentado el treinta de mayo dd dos mil diecinueve, en este juzgado, Reyna Alejandra Cortés Rodríguez, apoderada jurídica de Bernardo Pedro Cenejas Morales, manifestó lo siguiente: "[.] en atención al auto judicial de data 16 dieciséis de mayo del 2019 dos mil diecinueve, y de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, los actos reclamados por la parte quejosa cesaron, en atención a que el Juez Javier Gil Oseguera, que recusó con expresión de causa fue sustituido por el Juez Rafael Argueta Mora, y mediante auto de fecha 24 veinticuatro de mayo de esta anualidad, se le tuvo al demandado por recusando al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil Rafael Argueta Mora, dentro del juicio de origen, por ello, pido se sobresea el juicio de amparo fuera de audiencia, por hacer cesado la causa generadora del agravio" (foja 57, del presente juicio de amparo). 6. En atención a lo manifestado por la tercera interesada, este juzgador, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, requirió al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia para que remitiera copia certificada, íntegra y legible del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio sumario civil 50/2019 (foja 58, de este juicio). 7. Por oficio 1356 de cuatro de junio del año en curso, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, informó que el juicio sumario civil 50/2019, fue turnado por la Oficialía de Partes y Turno de Primera Instancia del Supremo Tribunal de Justicia al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, con motivo de la recusación sin expresión de causa hecha valer por Jaime García de Alba Cortés y adjuntó copia certificada del auto requerido, en el cual -en lo interés- se acordó lo siguiente: "[.] Dada cuenta con el escrito que suscribe el codemandado Jaime García de Alba Cortés, por su propio derecho y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que esta es la primera vez que el codemandado Jaime García de Alba Cortés, expresamente hace uso del derecho de recusación sin expresión de causa que le confiere el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, téngasele recusando sin expresión de causa al suscrito [.]" (fojas 61 y 62). De lo narrado se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se dijo, el quejoso reclamó la resolución mediante la cual la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, declaró improcedente la recusación que planteó frente al juicio sumario civil 50/2019, dentro del juicio sumario civil 50/2019. Ello, porque como se advierte de lo narrado, ocurrió una modificación en el entorno dentro del cual se realizaron dicho acto, lo que torna jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales vulnerados, de llegar a considerarse que la resolución reclamada a la autoridad responsable fue ilegal. Lo anterior, porque con posterioridad a la presentación de la demanda (veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve) el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, tuvo al aquí quejoso recusándolo sin expresión de causa. Por tanto, la resolución reclamada -que formalmente subsiste- no puede surtir efecto legal o material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que con el dictado del auto de veinticuatro de mayo del año en curso, se modificó el entorno de aquella, de modo que la protección que en su caso se concediera carecería de efectos restitutorios. Ello, porque no tendría ningún objeto -en su caso- ordenar realizar ciertos actos tendentes a cumplir la sentencia como pudiera ser que la Magistrada declarara procedente la recusación planteada por el quejoso frente al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, pues como se precisó, dicho juzgador, en auto de veinticuatro de mayo del año en curso, tuvo al aquí quejoso recusándolo sin expresión de causa, incluso, el expediente ya fue turnado al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia. Al respecto, se cita por analogía, la tesis 2a. XCVIII/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 358, tomo XII, materia común, agosto de dos mil, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse". Además, la tesis VI.2o.T.38 L, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la página 829, tomo XV, materia laboral, febrero de dos mil dos, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida". En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No se analizará la diversa causa de improcedencia hecha valer por la tercera interesada (cesación de efectos), ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarla, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 195744 de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". No pasa inadvertido para este juzgador que en la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve [acto reclamado] la Sala responsable le impuso al quejoso una multa de veinticinco días de salario mínimo; sin embargo, del estudio integral de la demanda no se advierte que hubiere hecho valer concepto de violación alguno tendente a reclamarla, esto es, no la reclamó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad la hace depender de la recusación, por lo que también debe sobreseerse respecto de la misma. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jaime García de Alba Cortés, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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