Jaime Covarubias García

Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
937/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Jaime Covarubias García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que se sobreseyó en el presente juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista el estado de autos, se advierte que los quejosos Jaime Covarrubias García, Huber Peñaloza Peñaloza y Karla Yuritzi Pérez García, por conducto de su apoderado jurídico Salvador Gregorio Tamayo Basurto, señalaron como acto reclamado el siguiente: El proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente ordinario 225/2022 [promovido por Jaime Covarrubias García, Huver Peñaloza Peñaloza y Karla Yuritzi Pérez García frente al Poder Ejecutivo del Estado y otros] en el que determinó carecer de competencia legal para resolverlo y ordenó remitirlo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, al estimar que la competencia se surtía a favor de éste. Acto que atribuyeron del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán Ahora bien, toda vez que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público, este juzgador examinará la procedencia del juicio constitucional. En el caso, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo y la interpretación que de esta última fracción realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10ª.). Los numerales antes citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.]." Conforme a la fracción XXIII del artículo transcrito en primer término se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente en supuestos diversos a los ahí enunciados, derivados de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su lado, el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, establece la procedencia del amparo contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. Respecto de dicha hipótesis, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que tales actos deben ser definitivos para que sean susceptibles de análisis en la vía indirecta, al estimar que sólo cuando revisten dicho carácter es cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos del promovente del amparo. Determinó que los actos de autoridad impugnables en términos de la referida fracción, son aquéllos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), dado que es hasta ese momento cuando se han generado todas las consecuencias de la determinación aludida. Para ello, precisó que la "competencia" se entendía como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido; esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional, a través de la declinatoria y la inhibitoria. Aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. Contradicción de tesis de la derivó la jurisprudencia P./J. 17/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil quince, materia común, décima época, registro 2009721, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Precisado lo anterior y como se estableció en párrafos anteriores, los quejosos reclaman en el presente juicio el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, determinó que no era competente para conocer del expediente ordinario 225/2022; y, ordenó enviarlo al Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, al considerar que era a éste a quien correspondía resolver y conocer de asuntos administrativos. Acto reclamado que acorde a lo expuesto al inicio de la presente consideración no tiene el carácter de definitivo, pues se trata simplemente de la determinación asumida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, respecto de la cual aún no se ha pronunciado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el sentido de aceptar o no tal competencia. Así las cosas, quien hoy resuelve estima que la resolución reclamada no produce una afectación personal y directa a los derechos de los quejosos, conforme a lo instituido en el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como apoyo a lo expuesto, nuevamente se invoca la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 239/2014 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito], visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, registro digital 2009721, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último conforme a la interpretación del Pleno del Máximo tribunal del País en la jurisprudencia antes transcrita, se sobresee en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 26/2002-PL [Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito], publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, registro digital: 184572, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 909 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, registro 2007621, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional [ONCE HORAS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS]. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, con el cual se ordena dar cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución, dígasele que una vez que sea pronunciada, le será expedida. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Por tanto, toda vez que aún no comienza a transcurrir el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del informe justificado referido en el párrafo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas del catorce de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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