Jaime Fernandez Hernandez
Expediente 510/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime Fernandez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintiuno que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal establecido para ello; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que el juez responsable remitió como sustento de su informe justificado, un disco versátil digital (D.V.D), allegado por el juez responsable, se ordena la devolución de esa documental; en el entendido que es innecesario requerir el acuse de recibo respectivo al juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo El Grande.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 510/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte (foja 1) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Jaime Fernández Hernández solicitó la protección de la justicia federal en contra de los actos de las autoridades que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: --- La orden de aprensión (sic), reaprehensión, detención, presentación, comparecencia, citación y arraigo, dictados en mi contra, así como su posible ejecución, trayendo consigo la violación de mis garantías individuales y mis derechos humanos que consagra nuestra Carta Maga." "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Como autoridad ordenadora: JUEZ DE CONTROL EN MATERIA PENAL DE LA TERCERA REGIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO, con domicilio en (sic) base Apaseo el Grande, ubicado en calle Licenciado Héctor Manuel Ramírez Sánchez, número 117, colonia La Floresta, barrio La Villita, de Apaseo el Grande, Guanajuato. 2. Como autoridad ejecutora: JEFE DE CELULA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES CON SEDE EN APASEO EL GRANDE, con domicilio (sic) en base Apaseo el Grande, ubicado en la calle Licenciado Héctor Manuel Ramírez Sánchez, número 117, colonia La Floresta, barrio La Villita, de Apaseo el Grande, Guanajuato." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya; mediante proveído de ocho de octubre de dos mil veinte (fojas 9 a 11), esta potestad admitió la demanda y la registró bajo el número 510/2020; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló tanto fecha como hora para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó el emplazamiento del agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia de donde emana el acto reclamado, en su calidad de tercero interesado. Finalmente, al tenor del acta que antecede tuvo verificativo la audiencia constitucional; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal1. La competencia territorial se surte, pues el acto reclamado es la orden de captura librada en contra del agraviado, en un procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado del Control Penal de la Tercera Región, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, en donde ejerce jurisdicción este Tribunal. Es aplicable por analogía y en su parte conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro siguiente2: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) La orden de aprehensión girada en contra del quejoso Jaime Fernández Hernández, en data once de septiembre de dos mil veinte en la causa penal número 1P0419- 231, del índice del juzgado responsable, donde se le consideró sustraído a la acción de la justicia por omitir comparecer a la audiencia de revisión de medidas cautelares; ello con motivo de la causa penal que se le instruye por estimarse probable responsable en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de contra la salud, en su modalidad de posesión simple de narcótico, previsto y sancionado por el artículo 477, en relación con los numerales 473 fracciones V y VI, 479, tercera y octava línea horizontal, ambos de la Ley General de Salud, así como por los artículos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal vigente en el estado de Guanajuato, en agravio de la sociedad y/o de la salud pública; y de robo equiparado, previsto y sancionado conforme a lo establecido en el artículo 191-B, fracción III, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto, del código penal vigente en el estado de Guanajuato, en ofensa de la procuración y administración de justicia; y; ii) En vía de consecuencia, la ejecución de la resolución indicada en el inciso que precede. Las autoridades señaladas como responsables son: Como ordenadora 1. El juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede en Apaseo el Grande. Como ejecutora 2. El jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, y el jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, ambos con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, al rendir sus informes justificados (fojas 14, 17 y 18) aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen; en consecuencia, deben tenerse por ciertos tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con la documental consistente en el disco versátil digital con archivos en formato .PDF y videograbaciones encriptados electrónicamente con resumen de verificación MD5, emanado de la causa penal 1P0419-231 del índice del juzgado responsable, de donde se advierte la resolución reclamada; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), considerados como prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias procesales allegadas al sumario, son: 1. Dentro de la causa penal 1P0419-2031, de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la tercera región del estado de Guanajuato, sede Apaseo el Grande, se vinculó a proceso al aquí quejoso Jaime Fernández Hernández, por los hechos señalados por la ley como delitos de posesión simple de narcótico y robo equiparado. Asimismo, se le impuso como medida cautelar la de prisión preventiva justificada, al señalarse que el imputado contaba con un antecedente penal de condena en el expediente 50/2015 de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, por el delito de robo calificado. 2. En audiencia de revisión de medidas cautelares, verificada el veintiocho de mayo de dos mil veinte, el juez del procedimiento determinó que, tras la documental exhibida por la defensa, consistentes en: - El oficio DGSP/CEPS/C/J/0426-2020, signada por el director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, donde se informa la cancelación del registro de antecedentes penales del imputado; y, - El diverso 1306/UAC/2020 emitido por la Dirección de Asesoría y Consulta Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, en el que se puntualizó la misma situación. Habían variado las condiciones que justificaron la prisión preventiva justificada; por tanto, decretó como nuevas medidas cautelares para el imputado, las previstas en las fracciones I y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ordenó la libertad de Jaime Fernández Hernández. 3. Inconforme con esa determinación, la fiscalía interpuso recurso de apelación; medio de impugnación que por turno correspondió conocer al magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, bajo el número de toca 35/2020-O, quien por resolución de trece de agosto de dos mil veinte, revocó el fallo sujeto a su escrutinio. 4. En contra de la determinación indicada en el punto que precede, la parte quejosa promovió el juicio de amparo 401/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. Por resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veinte fue negada la protección constitucional solicitada. 5. Mediante oficio con data treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la fiscal solicitó al juez de la causa que señalara fecha y hora para el verificativo de la audiencia sobre revisión de medidas cautelares; ello con la finalidad de que se dé cumplimiento a lo resuelto en determinación de trece de agosto de dos mil veinte por el magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en el toca 35/2020-O. 6. En audiencia de dos de septiembre de dos mil veinte, ante el juez de origen, se hizo constar la imposibilidad para comparecer a ese acto por parte del imputado hoy quejoso Jaime Fernández Hernández, por cuestiones de salud, pues así lo expresó su defensora particular quien exhibió una receta médica para justificar su dicho. Por tanto, se reprogramó la audiencia sobre revisión de medidas cautelares y lo referente a la audiencia intermedia y/o procedimiento abreviado para las doce horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil veinte. En ese acto se determinó que quedaron notificadas las partes -dada su asistencia a dicho acto-, salvo el imputado, por lo que se ordenó la notificación personal respectiva, la cual se realizó, mediante llamada telefónica, a las diecisiete horas del tres de septiembre de la referida anualidad, con quien indicó llamarse Juventino Fernández Guiza y ser papá del destinatario de la notificación. 7. El ocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar la incomparecencia tanto del imputado Jaime Fernández Hernández, como de la de su defensora particular; que por ello existe impedimento para desahogar la diligencia programada -revisión de medidas cautelares y lo referente a la audiencia intermedia y/o procedimiento abreviado-. A petición de la fiscal, se señalaron las doce horas con quince minutos del once de septiembre de dos mil veinte para celebrar audiencia relativa a la declaratoria de sustracción de la acción de la justicia, así como abandono de defensa. Esa determinación se notificó al hoy quejoso por vía telefónica el ocho de septiembre de dos mil veinte a las dieciocho horas, por conducto de quien dijo ser Juventino Fernández Guiza; de igual forma, dicha providencia también se notificó a la defensora particular. 8. En audiencia de once de septiembre de dos mil veinte se determinó que no ha lugar a declarar abandono de defensa; empero, sí se declaró la sustracción de la acción de la justicia del imputado Jaime Fernández Hernández por haber omitido comparecer a una diligencia sin causa justificada. 9. En audiencia privada de once de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable dictó la orden de aprehensión en contra del agraviado, toda vez respecto de este se declaró que está sustraído a la acción de la justicia. Esta determinación constituye el acto reclamado en forma destacada. QUINTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación. Previamente a su estudio, se formula una aclaración. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del quejoso, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que quien comparece a esta instancia es el imputado en la causa penal de origen. No obstante, no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera que la resolución reclamada se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo5, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del quejoso. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, al inadvertir violación a derechos humanos en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que se formulan. Es aplicable por las razones ahí invocadas, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes. También apoya, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)7, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Así como la tesis 8o.1P(10a.)8, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DERESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PERA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO." En el capítulo de conceptos de violación menciona la parte quejosa, en esencia y en atención a la causa de pedir, que la orden de captura librada en su contra violenta sus derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14, 16 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque está indebidamente fundada y motivada; que se le pretende privar de la libertad sin contar con los elementos esenciales del procedimiento. Invoca en sustento de su postura las tesis con rubros: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1º. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SOLO EN BENEFICIO DEL REO."; "REQUISITOS DE FORMA PARA EL DICTADO DE UN MANDATO DE CAPTURA."; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Es infundado el anterior planteamiento. Es así porque la orden de aprehensión reclamada no es trasgresora de los derechos fundamentales del agraviado, en tanto que su emisión cumplió con los requisitos constitucionales contemplados en los preceptos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según se verá a continuación. El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en la parte que ahora interesa: "Artículo 14 (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". Dicho precepto consagra el derecho de audiencia; es decir, que antes de emitirse un acto privativo se debe de llevar un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate. Asimismo, las formalidades esenciales del procedimiento consagradas por la Constitución Federal contemplan dos garantías, a saber: a) La de defensa y; b) La probatoria. La primera consiste en distintas formas procesales tales como las notificaciones, el emplazamiento, entre otras; mientras que la segunda se refiere a que en todas las reglas que conciernen al ofrecimiento, rendición o desahogo y valoración de pruebas ofrecidas por las partes; lo que se traduce en el derecho que tiene el quejoso de ser oído y vencido en juicio. Por tanto, el derecho de audiencia obliga a todas las autoridades del Estado a permitir la defensa de los particulares previamente a cualquier privación de sus derechos, por lo que, dicha prerrogativa es el acto, por parte de las autoridades, de oír a las personas que exponen, reclaman, demandan o solicitan alguna cosa. Por otro lado, el artículo 16 de la carga magna, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)". De conformidad con precepto constitucional en consulta, los actos de autoridades deben estar debidamente fundados y motivados; es decir, sustentarse en consideraciones en las que se citen los preceptos legales aplicables y se expongan los hechos, circunstancias inmediatas y razones particulares con las que se ponga en evidencia que en el caso en particular se actualizan las hipótesis legales invocadas. En términos del precepto constitucional en cita debe decirse que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis; es decir, En el estudio de las acciones y excepciones del debate, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Se considera de esta manera en virtud de que las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o Litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resuelve si se ha probado la acción, si ésta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones. Por tanto, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador consideró para resolver el debate, lo cual no requiere necesariamente de la cita del precepto, pues dentro del examen exhaustivo de la litis deben darse los razonamientos que involucran propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución. De igual modo, de dicho numeral se coligen los requisitos constitucionales para librar una orden de aprehensión, a saber: a) Que sea dictada por autoridad judicial competente; b) Le preceda una denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho; y, d) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, la orden de captura que se estudia en el presente caso no se encuentra sujeta a satisfacer los indicados requisitos para librar una orden de aprehensión, establecidos en el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, dado que no fue emitida con la finalidad de conducir al agraviado ante la presencia judicial para el desahogo de una audiencia inicial a fin de que sea formalizada la imputación en su contra por parte de la fiscalía; sino que fue dictada con motivo de que se declaró al quejoso Jaime Fernández Hernández, sustraído a la acción de la justicia, por lo que su objeto es hacerlo comparecer ante la presencia judicial para continuar con el procedimiento natural, en el cual previamente ya había sido sometido al imperio del juez de control. Para evidenciar lo afirmado, es conveniente hacer un análisis integral las formas de conducción del imputado a proceso conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, que se encuentran previstas en su numeral 141, el cual dispone: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." Del numeral transcrito, se colige la manera de lograr que el imputado se encuentre presente en todas las etapas del proceso, a través de: I. Citatorio para la audiencia inicial. II. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). III. Orden de aprehensión (cuando el ministerio público advierta que existe necesidad de cautela). El supuesto previsto en la fracción I, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación -y en caso de que el imputado no se encuentre retenido- solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo, del artículo 3109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del ministerio público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III, del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá cumplir, además de la necesidad de cautela que exige tal fracción, con los requisitos establecidos en ese numeral. Asimismo, como requisito para esas tres primeras formas de conducción al proceso, el numeral en análisis indica que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Destaca que el propio numeral prevé distintos supuestos para librar orden de aprehensión, distintos al contenido en la fracción III, a saber: i) Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial (entendiéndose la prevista en la fracción II del propio numeral) y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. ii) La derivada de la declaratoria de sustracción de la justicia. Ahora, la autoridad judicial declarará sustraído de la acción de la justicia al imputado que sin causa justificada: a) No comparezca a una citación judicial; b) Se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, c) Se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Respecto a la declaración del imputado como sustraído de la acción a la justicia, de la interpretación teleológica del párrafo cuarto del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que al prever como supuesto que el imputado no comparezca a una citación judicial, no debe interpretarse como el incumplimiento a la cita contenida en la fracción I del propio numeral (porque esa tiene como finalidad la comparecencia a la audiencia inicial), sino de cualquier otra citación posterior a la inicial; es decir, cuando el imputado ya tuvo contacto por lo menos, en una primera audiencia con el juez de Control. Se estima de esta manera porque los siguientes supuestos, esto es, b) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido, o c) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo, implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en determinado lugar o proporcionar su domicilio; se entiende que en ambos casos ya se sometió al imperio del órgano jurisdiccional y por eso cuenta con esas obligaciones. Entonces, es necesario aclarar que el desacato a un citatorio que tiene como finalidad conducir al imputado a la audiencia inicial (fracción I) traerá como consecuencia el dictado de una orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública (fracción II); empero, si el citatorio se gira a un imputado que ya tuvo contacto con el juez de Control con la finalidad de que comparezca a una diligencia distinta de aquella a la inicial (formulación de la imputación) y lo incumple, entonces se está en posibilidad de que la autoridad jurisdiccional lo declare sustraído de la acción de la justicia, con la consecuente orden de aprehensión (párrafo cuarto). Es aplicable, la tesis 125 P (10.)10, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA HIPÓTESIS PARA LIBRARLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE ACTUALIZA SI EL IMPUTADO ES DECLARADO SUSTRAÍDO DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, AL HABER OMITIDO ASISTIR A LA CITACIÓN QUE SE LE EFECTUÓ PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INTERMEDIA, A PESAR DE ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé dos hipótesis de procedencia para librar una orden de aprehensión para la etapa inicial, previstas en sus artículos 141 y 310, los cuales son que: 1. El indiciado, sin causa justificada, no atienda una citación u orden de comparecencia judicial; y, 2. La Representación Social lo considere necesario para lograr la comparecencia del imputado, a fin de que se le formule imputación. Así, se estima actualizada la primera hipótesis (conforme al párrafo cuarto del artículo 141 mencionado), cuando el Juez de Control declara sustraído de la acción de la justicia al imputado, al hacer caso omiso a la citación que se le efectuó, para que compareciera a la audiencia intermedia, a pesar de estar debidamente notificado; máxime que existe incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, en el caso, la relativa a su presentación semanal ante el Juez". Así las cosas, es conveniente distinguir entre la orden de aprehensión contemplada en la fracción III, del artículo 141, del código adjetivo penal invocado, y la prevista en el párrafo cuarto de dicho numeral. La primera debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente debe acreditar la necesidad de cautela, y conforme al precepto 16 de la constitución federal debe estar precedida de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad, obrar datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y existir la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, sus efectos son únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no implica necesariamente que el imputado guardará prisión preventiva. Así, la necesidad de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16, de la constitución federal deriva del hecho de que la forma en que se presenta al imputado ante el juez de control generará una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado. Por su parte, la orden de aprehensión prevista en el párrafo cuarto, del artículo 141, del código adjetivo invocado, debe entenderse como una forma de garantizar que el imputado comparezca a la continuación del proceso, por lo que solo le son exigibles los requisitos de fundamentación y motivación del artículo 16 Constitucional. Es decir, su efecto es lograr la presentación del imputado ante el juez para continuar con el proceso que ya estaba iniciado -como ejemplo, a la audiencia intermedia- cuando no cumplió con una cita debido a su intención manifiesta de sustraerse de la acción de la justicia. Se asume de esa manera, debido a que la declaratoria del imputado como sustraído a la acción de la justicia, supone que este ya había sido sometido al imperio del órgano jurisdiccional, pero por cierta circunstancia, se encontraba gozando del beneficio de la libertad; de ahí que, su efecto es lograr la presentación del imputado ante el juez para continuar con el proceso que ya estaba iniciado. Lo anterior pone de manifiesto que no pueda solicitarse un mandamiento de captura con base en el párrafo cuarto, para lograr los fines de la fracción I, del artículo 141, pues las órdenes de aprehensión contempladas en cada uno de dichos supuestos tienen naturaleza, requisitos de procedibilidad y efectos distintos. Tal interpretación se fija porque de estimar lo contrario, la fracción II y el párrafo cuarto, del numeral en estudio, contemplarían el mismo supuesto (incumplimiento de una citación) y quedaría al arbitrio del Ministerio Público decidir si solicita orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública, o bien, declaratoria de sustracción de la acción de la justicia y su consecuente orden de aprehensión. Del análisis que antecede, es dable concluir que la orden de aprehensión -como forma de conducción del imputado a proceso- tiene un carácter excepcional, porque su procedencia solo se actualiza por desacato del imputado o bien, porque el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela. Por lo que se determina que la orden de aprehensión reclamada no es violatoria de los derecho humanos del quejoso, pues se dictó conforme al supuesto establecido en el párrafo cuarto del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y además se encuentra debidamente fundada y motivada, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, se aprecia que el juez de Control responsable cumplió con el requisito constitucional al fijar su competencia, pues es legalmente competente para conocer y resolver sobre la solicitud planteada por cuestión de territorio, materia, cuantía y grado. Por otra parte, tomando en consideración la relatoría de los antecedentes expuestos, se estima acertado que el juzgador de la causa haya emitido la orden de aprehensión, pues tal y como lo indicó, de autos se aprecia que la fiscal solicitó el verificativo de una audiencia de revisión de medidas cautelares, la que se programó para el dos de septiembre de dos mil veinte, sin que se desahogara debido a la inasistencia del imputado por un problema de salud, como lo indicó su defensora particular quien exhibió una receta médica para acreditar tal situación. Por ese motivo se reprogramó la audiencia sobre revisión de medidas cautelares y lo referente a la audiencia intermedia y/o procedimiento abreviado, para las doce horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil veinte, sin que tal acto se pudiera llevar a cabo, ello ante la inasistencia del imputado y su defensora particular. Destaca que esta inasistencia no fue justificada. A petición de la fiscal, se señalaron las doce horas con quince minutos del once de septiembre de dos mil veinte para celebrar audiencia relativa a la declaratoria de sustracción de la acción de la justicia, así como abandono de defensa. Esta providencia fue notificada tanto al imputado como a su defensora. En audiencia de once de septiembre de dos mil veinte, a la que acudió la defensora particular del imputado mas no este, se determinó que no ha lugar a declarar abandono de defensa; empero, sí declaró la sustracción de la acción de la justicia del imputado Jaime Fernández Hernández por haber omitido comparecer a una diligencia sin causa justificada, en términos de lo establecido por el numeral 141, cuarto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acto seguido, en audiencia privada -sin presencia de la defensora particular-, el juez responsable dictó la orden de aprehensión en contra del agraviado, al ponderar que a este se le declaró sustraído a la acción de la justicia. En este sentido, tal como lo adujo la autoridad responsable, en la especie sí está acreditado el requisito exigido en el cuarto párrafo del artículo 141, del código en cita, para el libramiento del indicado mandato de captura, específicamente, que se advirtiera el desacato injustificado a una citación judicial por parte del imputado para comparecer al desahogo de una diligencia, y por lo que dicho mandamiento de captura pudiera emitirse como una forma de garantizar la continuación del proceso penal. En efecto, consta en el sumario que el ahora quejoso omitió comparecer, sin causa justificada, a una citación del juez natural, por lo cual se justifica que dicho operador jurídico, a solicitud del fiscal, lo declarara sustraído de la acción de la justicia y, por ende, posteriormente en la actuación que constituye el acto reclamado, girara orden de aprehensión en su contra en términos de los artículos 16 de la constitución federal, y cuarto párrafo del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, contrariamente a lo alegado por la parte solicitante del amparo, se estima que la orden de aprehensión se emitió conforme a las disposiciones legales aplicables, en razón de que no acató una disposición judicial consistente en asistir ante la presencia del juez el ocho de septiembre de dos mil veinte a las doce horas con cuarenta y cinco minutos, para la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares y lo referente a la audiencia intermedia y/o procedimiento abreviado; lo que ocasionó que, a la postres y a petición de la fiscalía se le declarara sustraído de la acción de la justicia y, por ende, que se ubicara en el supuesto previsto para emitir una orden de aprehensión en su contra a fin de garantizar su presencia en el juicio natural. De igual forma, se advierte que no existe transgresión al artículo 14 constitucional, pues en el particular se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento exigibles para el caso de la orden de aprehensión reclamada, consistentes en haber sido legalmente citado el quejoso para asistir a la audiencia de mérito y se le haya apercibido para el caso de incomparecencia sin causa justificada. Ciertamente, consta en el sumario, como se expuso en los antecedentes del acto reclamado, que el agraviado fue formalmente notificado para que acudiera a la audiencia de revisión de medidas cautelares; además, también consta que se le informó, por conducto de su defensora en audiencia de dos de septiembre de dos mil veinte -cuando se reprogramó la audiencia de revisión de medidas cautelares para el ocho de septiembre de esa anualidad-, el apercibimiento en el sentido de que en caso de incomparecencia, sin causa justificada, se podría emitir declaratoria de sustracción de la acción de la justicia y que con motivo ello existiera la petición del Ministerio Público de emitir la orden de aprehensión; lo que en la especie ocurrió. Asimismo, resulta oportuno señalar que adecuadamente se solicitó el libramiento de la orden de aprehensión exclusivamente para la continuación de la audiencia intermedia, como una de las excepciones al principio de contradicción previstas por el código adjetivo, pues la audiencia en que esta se libró se desarrolló de forma privada. De igual manera, el acto reclamado se emitió con fundamento en leyes expedidas con anterioridad al hecho y previa solicitud del Ministerio Público, en razón de que el solicitante del amparo al no acudir a la audiencia de revisión de medidas cautelares y lo referente a la audiencia intermedia y/o procedimiento abreviado, fue declarado como sustraído de la acción de la justicia, por lo que a fin de asegurar su presencia en el proceso, se hizo procedente la emisión de la referida orden de aprehensión. Además está presidida de una denuncia de hechos que la ley señala como delitos contra la salud, en su modalidad de posesión simple de narcótico, en agravio de la sociedad y/o de la salud pública; y de robo equiparado, en ofensa de la procuración y administración de justicia, y existen datos que establecen que se han cometido esos hechos y existe la probabilidad de que el quejoso los cometió o participó en su comisión; tan es así, que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por esos hechos con apariencia de delito; tal como se expuso en los antecedentes relevantes del caso. En la inteligencia de que la solicitud del representante social fue realizada correctamente, en términos del artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se formuló oralmente en audiencia privada con el juez de Control responsable. Aunado a que la determinación del juez de Control se realizó de forma certera, conforme lo señala el diverso numeral 143 del código instrumental de la materia, pues se resolvió en la misma audiencia privada en que la solicitó el representante social, con la debida secrecía. También debe destacarse que aun cuando por regla general todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los derechos humanos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; sin embargo, el derecho referido - previa audiencia-, no es observable cuando se trata de una orden de aprehensión como la que se reclama, en razón de que no es un acto privativo, sino de molestia. Máxime que, se reitera, el mandamiento de captura fue librado como un medio para lograr la continuación del proceso ante el incumplimiento del imputado para presentarse ante la autoridad jurisdiccional y por haber sido declarado como sustraído de la acción de la justicia; determinación que se considera razonable, dado el estado procesal que guarda la causa penal de origen, y que además es acorde con el marco normativo establecido en el artículo 141,párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual modo, conviene mencionar que constituye una obligación del imputado justificar su inasistencia, lo que pudo hacer hasta el momento de la audiencia, por lo que ante su inasistencia injustificada y en términos de lo dispuesto en el artículo 141, del párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le declaró sustraído de la acción a la justicia, y por consiguiente, en audiencia de once de septiembre de dos mil veinte, previa solicitud del Ministerio Público, de manera legal se ordenó su aprehensión. En las reseñadas condiciones, se llega al convencimiento de que la orden de aprehensión combatida reúne los requisitos que exigen tanto los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el diverso numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí también sobrevengan inaplicables los criterios de tesis que la quejosa invocó como apoyo a sus argumentos, ya que no desvirtúan el criterio adoptado por este Juzgado de Distrito, en el sentido de que el acto reclamado resulta apegado a Derecho. En esas condiciones, al resultar infundados los motivos de disentimiento, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama al jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo, por las razones que informa, la jurisprudencia 91, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11, cuyo texto es como sigue: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxx, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo.
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Agréguese a los autos el oficio que firma el encargado de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, Sede Celaya y base Apaseo El Grande, Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de ocho de enero de dos mil veintiuno, remite la documental que le fue requerida. Por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento inserto en el proveído en cita. Se tiene como prueba de la autoridad oficiante un disco versátil digital (D.V.D) que allegó en un tanto. Para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la responsable, en la especie, del contenido de las videograbaciones insertas en los discos de almacenamiento, dese vista a las partes, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga y puedan consultar dicha información en cualquier momento procesal, discos versátiles de los cual se ordena su resguardo en sobre cerrado y glosado a los presentes autos. Probanzas que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, agosto de 2013, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."
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Visto lo de cuenta; del estado de autos se advierte que los actos reclamados son la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Jaime Fernández Hernández el once de septiembre de dos mil veinte en la causa penal número 1P0419-231, del índice del juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, que se instruye al imputado por estimarse probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delitos contra la salud, en su modalidad de posesión simple de narcótico, previsto y sancionado por el artículo 477, en relación con los numerales 473 fracciones V y VI, 479, tercera y octava línea horizontal, ambos de la Ley General de Salud, así como por los artículos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal vigente en el Estado de Guanajuato; y de robo equiparado, previsto y sancionado conforme a lo establecido en el artículo 191-B, fracción III, en relación con los numerales 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto, del ordenamiento legal invocado en último término, en ofensa de la procuración y administración de justicia; y la inminente ejecución de dicha orden; lo anterior, por haberse emitido declaratoria de sustracción de la acción de la justicia, ante la incomparecencia del imputado hoy quejoso a la audiencia de revisión de medidas cautelares. Ahora bien, de la documental que la autoridad responsable remitió en disco versátil digital (DVD), tanto de la audiencia, como de las diversas que remitió en el expediente digital, no se advierte el proveído que recayó a la petición signada por la agente del Ministerio Público que participó en el acto reclamado, en data treinta y uno de agosto de dos mil veinte, donde solicitó se señalara fecha y hora para la audiencia de revisión de medidas cautelares; con motivo de la resolución emitida el trece de agosto de dos mil veinte, en el toca 35/2020- O del índice de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato. Documental que resulta necesaria para el estudio y decisión del presente asunto. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de la materia requiérase a la autoridad judicial responsable en cita, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba notificación del presente proveído, remita copia certificada de la determinación antealudida, así como de la constancia de notificación practicada al aquí quejoso Jaime Fernández Hernández. Con apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para esta fecha se difiere, y en su lugar se señalan las catorce horas con cincuenta minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno.
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