Jaime Fernández Hernández
Expediente 401/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jaime Fernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Oficio con registro 115. A sus autos el oficio por el que el magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, acusa recibo del diverso 11690/2020, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en este asunto el veintiocho de diciembre pasado. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo solicitado, no fue recurrida dentro del término legal de diez días que dispone el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso e) de la misma legislación; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a la totalidad de las partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia; lo anterior, porque no les irroga irriga perjuicio al haberse negado el amparo solicitado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como ISRAEL RODRÍGUEZ BARAJAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8d.2f 08/03/21 11:40:26 totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, inciso b), fracción I, del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de este auto- puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional. Igualmente, con apego en el artículo 21, inciso c), del precitado acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se concedió la suspensión provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias que la responsable ordenadora remitió como apoyo a su informe justificado, se ordena su devolución. Se solicita el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto de la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, cuyo punto resolutivo dice lo siguiente: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege al quejoso ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el quinto considerativo.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 401/2020; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, y por razón de turno asignado al día siguiente a este juzgado Octavo, ********************, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de autoridad que a continuación se cita: Autoridades responsables: " ordenadora: Magistrado propietario que integra la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato [.]. Ejecutora: [.] Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región Sede Celaya, en la base de Apaseo el Grande [.] Guanajuato [...]" Actos reclamados: "El Toca número 35/2020-O [.] resolución que Revoca la decisión combatida, misma que fuera asumida en fecha 28 de mayo del año en curso (2020) [.]" Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio. Previo cumplimiento de las prevenciones formuladas, mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 401/2020; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la representación social de la federación adscrita; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación -los que se recabaron-; ordenó el emplazamiento del tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 107, y relativos de la Ley de Amparo; 48 y concernientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado consiste en un fallo emitido por un tribunal de alzada que tiene efectos directamente en un proceso penal de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Apaseo el Grande, Guanajuato, esto es, dentro de la demarcación territorial en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias allegadas a este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: Al magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato: La resolución emitida el trece de agosto de dos mil veinte, dentro del toca 35/2020-O, a través de la cual revocó la decisión asumida en audiencia de veintiocho de mayo de la misma anualidad, dentro de la causa penal 1P0419-231 de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Apaseo el Grande, relativa a la revisión de las medidas cautelares impuestas al aquí quejoso ********************. Al juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Apaseo el Grande: La ejecución del fallo de alzada. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron en su informe justificado las autoridades responsables. Para apoyar lo anterior, se allegaron los medios de convicción consistentes en el disco versátil digital con archivos en formato .PDF y videograbaciones encriptados electrónicamente con resumen de verificación MD5, emanado de la causa penal 1P0419-231 del índice del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Apaseo el Grande, Guanajuato; y, copia certificada del toca penal 35/2020 de la estadística de la autoridad responsable Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato; probanzas a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Además, la información contenida en el disco versátil digital, tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido fue debida e íntegramente analizado por este juzgador. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Del análisis de las constancias allegadas al sumario (valoradas previamente), se desprenden como antecedentes relevantes de los actos reclamados los siguientes: Dentro de la causa penal 1P0419-2031, de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la tercera región del estado de Guanajuato, sede Apaseo el Grande, se vinculó a proceso al aquí quejoso ********************, por los hechos señalados por la ley como delitos de posesión simple de narcótico y robo equiparado. Asimismo, se le impuso como medida cautelar la de prisión preventiva justificada, al señalarse que el imputado contaba con un antecedente penal de condena en el expediente 50/2015 de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, por el delito de robo calificado. En audiencia de revisión de medidas cautelares, verificada el veintiocho de mayo de dos mil veinte, el juez del procedimiento determinó que, tras la documental exhibida por la defensa, consistentes en: El oficio DGSP/CEPS/C/J/0426-2020, signada por el director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, donde se informa la cancelación del registro de antecedentes penales del imputado; y, El diverso 1306/UAC/2020 emitido por la Dirección de Asesoría y Consulta Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, en el que se puntualizó la misma situación. Habían variado las condiciones que justificaron la prisión preventiva justificada; por tanto, decretó como nuevas medidas cautelares para el imputado, las previstas en las fracciones I y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ordenó la libertad de ********************. Inconforme con esa determinación, la fiscalía interpuso recurso de apelación. Medio de impugnación que por turno correspondió conocer al magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, bajo el número de toca 35/2020-O; quien, por resolución de trece de agosto de dos mil veinte, revocó el fallo sujeto a su escrutinio. Acto que constituye el acto reclamado, así como su ejecución. Quinto. Estudio de fondo. Son infundados por una parte e inatendibles por otra, los conceptos de violación; sin que este juzgador federal advierta deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como cuestión previa, es importante señalar que la resolución reclamada se analizará de conformidad con el sistema penal acusatorio instaurado con motivo de las reformas y adiciones publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación, de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal de origen, donde se dictaron los actos que reclama. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que las determinaciones asumidas por el magistrado responsable se encuentran ajustadas a derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiarán las determinaciones reclamadas a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resulta innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos del quejoso en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Sentado lo anterior, a efecto de demostrar el porqué se considera constitucional la resolución combatida, ha menester resaltar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado: En audiencia de veintiocho de mayo de dos mil veinte (iniciada a las 09:36 horas), celebrada dentro de la causa penal 1P0419-231, de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la tercera región del estado de Guanajuato, sede Apaseo el Grande, la juez de Control determinó que con la cancelación del antecedente penal del imputado ********************, sí existía variación en las condiciones que fueron factor para previamente imponerle la prisión preventiva justificada, al señalar esencialmente: Que la figura de cancelación de antecedentes penales tiene la finalidad de que se cancelen los registros de una sentencia; Que efectivamente existe una sentencia, pero al cancelarse el antecedente penal del imputado, sí han variado las condiciones por las se decretó previamente la prisión preventiva justificada; y, Que si bien no existe un reconocimiento penal de inocencia como lo señala el artículo 100 A del Código Penal para el estado de Guanajuato, sí existe una equiparación al anular los antecedentes penales; empero, que ese artículo se refiere a establecer sanciones en una sentencia condenatoria, no en una medida cautelar Al concluir los anteriores razonamientos (10:00 horas), la responsable ejecutora requirió a la Fiscalía para que se pronunciara en torno a nuevas medidas cautelares. A lo que la representación social procedió a solicitar las que señalan las fracciones I y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, tras escuchar a las partes, la juzgadora de primera instancia determinó procedente imponer las solicitadas, y ordenó la libertad del aquí quejoso. En tanto que, en la resolución de alzada, que constituye el acto reclamado, la Sala responsable al señalar que los agravios expuestos por la fiscalía eran parcialmente fundados, revocó la determinación de primer grado, al argumentar esencialmente: Que el problema jurídico a dilucidar, lo era si la figura de cancelación de antecedentes penales tiene el efecto de anular la sentencia condenatoria que dio origen precisamente al antecedente que cancela; Que el antecedente penal del imputado, es el emanado del proceso penal 50/2015, por el delito doloso de robo calificado; Que el primer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como supuesto para la prisión preventiva justificada, la existencia de una condena dictada en contra del imputado por la comisión de un delito doloso, concepto morfológica y formalmente diverso al de registro de un antecedente penal; Que la cancelación de antecedentes penales, no conlleva la anulación de una sentencia o a un reconocimiento judicial de inocencia, pues los antecedentes penales son de índole administrativo, distinto a las primeras figuras; Que la anulación de una sentencia únicamente procede, conforme a los numerales 117 y 118 del Código Penal para el estado de Guanajuato, con un reconocimiento de inocencia, cuando una persona es condenada dos veces por los mismos hechos, o cuando una ley posterior deje de contemplar como delito la figura que motivo la condena; supuestos previstos a su vez en los preceptos 486 y 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con los efectos previstos en el último párrafo del diverso artículo 489 del mismo ordenamiento legal; Que la cancelación del antecedente penal tiene el efecto de que se elimine del Sistema Único de Información Criminal definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el registro de la condena; así como la eliminación por parte de la autoridad penitenciaria de la base de datos que le corresponde, la información relativa al sentenciado; Que en el asunto, se advierte que esos fueron los únicos efectos que se obtuvieron con los oficios emitidos por el director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad y la Dirección de Asesoría y Consulta de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, de los que se desprende que a partir del diecinueve de febrero de dos mil veinte, dejó de constituir antecedente penal del imputado, la condena impuesta en el proceso criminal 50/2015; Que la cancelación de antecedentes penales, no anula la sentencia que dio origen al registro, sino solo la eliminación del registro mismo; Que la Ley Nacional de Ejecución Penal es la aplicable para determinar la naturaleza de la cancelación del antecedente penal, al encontrase vigente al momento de la petición; Que el origen de una sentencia de condena firme y el registro de una antecedente penal, es diverso, pues la primera tiene la finalidad de definir legalmente la existencia de un hecho de trascendencia jurídico penal que lleve a imponer una sanción penal, y por su parte, la segunda figura, es formar parte de la regulación, integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica; ello, conforme a los artículos primero y segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Que al no anularse la sentencia dictada en contra del quejoso en la causa penal 50/2015, procedía revocar la resolución de primer grado, dado que la cancelación del antecedente es de naturaleza meramente administrativa, pues la sentencia de condena sigue teniendo existencia jurídica; y, Que en razón de ello, no habían variado de manera objetiva las condiciones que prevalecieron al decretar la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del imputado; dejándose a cargo de la Fiscalía las gestiones conducentes para logar que el imputado se le sujetase a la medida cautelar impuesta originariamente. Por su parte, el quejoso esgrime a manera de conceptos de violación los siguientes: I. Que los antecedentes penales tienen una validez determinada, al no ser vitalicios; II. Que los antecedentes penales, al transcurrir un plazo y cumplir con una serie de requisitos, desaparecen, y por ende, las condenas canceladas no se reflejarán en el certificado de antecedentes penales; III. Que la Sala responsable incurrió en contradicciones al señalar por una parte, que la anulación de antecedentes prevista por el artículo 27, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, trae como consecuencia la cancelación del registro de datos; y referir en otra, que la cancelación de un antecedente penal no es la anulación de la sentencia que dio origen al registro, si no solo la eliminación del registro mismo; IV. Que la cancelación de antecedentes penales es equiparable a la anulación de sentencia; por lo que, al haberse cancelado el antecedente penal del imputado, no debe ser tomado en consideración para imponerle la medida cautelar de prisión preventiva conforme al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; V. Que los antecedentes solo duran un plazo determinado, para efecto de que con ellos se le puedan negar beneficios o se le considere como reincidente, a efecto de que le sea agravada la pena; pero, al cancelarse estos, no pueden ser utilizados para tales efectos de forma vitalicia; VI. Que la cancelación de antecedentes penales es lo mismo que anular la resolución que los originó; VII. Que tomar en consideración la sentencia de condena impuesta previamente al imputado no obstante que se cancelaron sus antecedentes, transgrede el principio de legalidad; VIII. Que la fiscalía en la audiencia de solicitud de medida cautelar no exhibió documento idóneo para acreditar la sentencia de condena previamente dictada en contra del aquí quejoso; IX. Que no debe ser aplicado en perjuicio del quejoso el artículo 100 A del Código Penal para el estado de Guanajuato, dado que no se encontraba vigente al momento de los hechos que se imputan al quejoso; y, X. Diversos tópicos únicamente descritos -sin argumentos de aplicación al asunto en análisis-, relativos a lo siguiente: Registro Central de Penados. Diferencia entre antecedentes penales y antecedentes policiales. Que una persona que cuente con antecedentes penales aun cuando cumplió su pena, es estigmatizada y discriminada, lo que ocasiona la reincidencia. Un antecedente penal no es determinante para que se demuestre la falta de probidad o de honestidad de una persona. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (límites del gobernado). Declaración Universal de Derechos Humanos (no discriminación). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (igualdad). Artículo 1 constitucional (interpretación pro persona y no discriminación). Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (discriminación porque un tercero conozca los antecedentes). Ley Nacional de Ejecución Penal. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (erradicar discriminación). Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (discriminación). Acuerdo General A/023/12 de la PGR (los antecedentes no deben afectar la esfera social y laboral). Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 27) Principio de no trascendencia de la pena. Argumentos que son, en una parte infundados y en otra inatendibles, con base en los siguientes razonamientos. Motivos de disconformidad señalados en los puntos IV, VI y VII. Los aludidos conceptos de violación son infundados, pues parten de una premisa inexacta, dado que la parte quejosa supone que con la cancelación de los antecedentes penales se nulifica la sentencia que los originó. A efecto de evidenciar el porqué se califican de ese modo los motivos de queja del accionante, se estima oportuno contestar la siguiente interrogante: ¿La cancelación del registro de antecedentes penales de un gobernado anula la sentencia condenatoria que los originó? Ese cuestionamiento tiene una respuesta en sentido negativo. Para sustentar lo anterior, ha menester primero definir los tópicos de sentencia condenatoria y antecedente penal. Así, la sentencia es definida como aquella resolución judicial que decide definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deba revestir esta forma. Por su parte, conforme el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es aquella resolución que decide en definitiva y pone termino al procedimiento penal. En tanto que, condena, el numeral 402 del mismo ordenamiento legal, en su párrafo tercero, señala que "[.] Nadie podrá ser condenado, sino cuando el Tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. [.]". De lo anterior, se concluye que una sentencia de condena es aquella resolución que define un proceso penal en definitiva, en la cual, se acreditó la responsabilidad penal del acusado en la comisión del hecho señalado como delito atribuido, y le es impuesta una o varias penas o medidas de seguridad como consecuencia. Ahora, por lo que ve al tópico de antecedente penal, acorde con el Diccionario Jurídico Mexicano, son considerados como los hechos o las circunstancias concernientes a una persona determinada, acontecidos con anterioridad a un momento dado; por lo general se trata de sanciones penales y consisten en los registros de las personas para saber si han comentó algún hecho ilícito y, de ser el caso, si los han condenado por ello. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro digital IUS 2005042, de rubro "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO QUE LLEVEN A CONSIDERARLO COMO REINCIDENTE, DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR LA PUNIBILIDAD.", señaló que: "los antecedentes penales son aquellos registros que efectúa la autoridad administrativa con el propósito de llevar un control de los procesos que se instruyen contra las personas, o bien, de las condenas recaídas a los sentenciados". Así, tratándose de los antecedentes penales, éstos tienen el carácter de informativos, en relación a los registros de las personas detenidas que se les ha instruido algún proceso penal e incluso que han sido sentenciados con motivo de dicho proceso. De lo anterior, se concluye que los antecedentes penales se constituyen cuando la autoridad judicial condena a una persona a sufrir una pena o medida de seguridad por la comisión de un hecho señalado por la ley como delito; de manera que para su establecimiento debió demostrarse la responsabilidad de la persona en la comisión de un delito y que con motivo de ésta se le condenó. Lo anterior hace patente que el motivo generador de un antecedente penal de una persona, lo es indiscutiblemente un juicio de reproche por la comisión de un delito, emitido por una autoridad jurisdiccional en materia penal. Por lo que, un antecedente penal no puede derivar de diversa situación, sino únicamente de una sentencia condenatoria firme. Sentado ello, procede ahora establecer las consecuencias de la cancelación de un antecedente penal. El artículo 27, en sus fracciones I y V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone: "[.] Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad La Autoridad Penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Autoridad Penitenciaria deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal para cada persona que ingrese al sistema penitenciario, de acuerdo con lo siguiente: I. La base de datos con registros de personas privadas de la libertad contendrá, al menos, la siguiente información y se repetirá para cada ingreso a un Centro Penitenciario: A. Clave de identificación biométrica; B. Tres identificadores biométricos; C. Nombre (s); D. Fotografía; E. Estado y municipio donde se encuentra el Centro Penitenciario; F. Características sociodemográficas tales como: sexo, fecha de nacimiento, estatura, peso, nacionalidad, estado de origen, municipio de origen, estado de residencia habitual, municipio de residencia habitual, condición de identificación indígena, condición de habla indígena, estado civil, escolaridad, condición de alfabetización, y ocupación; G. Los datos de niñas y niños que vivan con su madre en el Centro Penitenciario; H. Las variables del expediente de ejecución que se definen en la fracción III. Esta base de datos deberá servir a la Autoridad Penitenciaria para garantizar que la duración y condiciones de la privación de la libertad sean conforme a la ley. Existirá una versión pública de la base de datos para atender el Sistema de Información Estadística Penitenciaria; [.] V. Para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la fracción I del presente artículo, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cancelará cuando: A. Se resuelva la libertad del detenido; B. En la investigación no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercer la acción penal; C. Se haya determinado la inocencia de la persona imputada; sentencia D. El proceso penal haya concluido con una sentencia absolutoria que cause estado; E. En el caso de que el sobreseimiento recayera sobre la totalidad de los delitos a que se refiere la causa que se le sigue a la persona imputada; F. La persona sentenciada sea declarada inocente por resolución dictada en recurso de revisión correspondiente; G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, salvo en los casos de delitos graves previstos en la ley; H. Cuando la pena se haya declarado extinguida; I. La persona sentenciada lo haya sido bajo vigilancia de una ley derogada o por otra que suprima al hecho el carácter de delito; J. A la persona sentenciada se conceda la amnistía, el indulto o la conmutación, o K. Se emita cualquier otra resolución que implique la ausencia de responsabilidad penal. [.]" [Lo destacado es propio] Numeral del que se advierte que sólo debe cancelarse la información contenida en la base de datos de los registros, para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, no así de los antecedentes penales, pues estos constituyen un registro de identificación administrativa. Atento a ello, contario a lo argüido por la parte quejosa, la cancelación de antecedentes penales que como beneficio de cumplir la pena impuesta en sentencia ejecutoriada otorga el punto G, de la fracción V del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, únicamente tiene como efectos que, al momento de la emisión de la constancia de antecedentes penales no aparezca como tal, el relativo a la pena cumplida. Sin que esa cancelación tenga como efectos la anulación de la sentencia que originó dicho antecedente, dado que la figura anulación de sentencia es de naturaleza totalmente distinta. Al respecto, el Código de Penal para el estado de Guanajuato, dispone: "Artículo 117. Cualquiera que sea la sanción impuesta en sentencia ejecutoria, procede su anulación, cuando aparezca por prueba indubitable que el sentenciado es inocente del delito por el que se le juzgó." "Artículo 118. Cuando la persona inculpada fuere condenada por el mismo hecho en dos juicios distintos, se anulará la sentencia pronunciada en el segundo de ellos, extinguiéndose las sanciones impuestas en éste y todos sus efectos." En tanto que el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere: "Artículo 486. Reconocimiento de inocencia Procederá cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda, en forma plena, que no existió el delito por el que se dictó la condena o que, existiendo éste, el sentenciado no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en las que se fundó la condena." "Artículo 487. Anulación de la sentencia La anulación de la sentencia ejecutoria procederá en los casos siguientes: I. Cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia, y II. Cuando una ley se derogue, o se modifique el tipo penal o en su caso, la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado. La sola causación del resultado no podrá fundamentar, por sí sola, la responsabilidad penal. Por su parte los tipos penales estarán limitados a la exclusiva protección de los bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social." Numerales de los que se deduce que una sentencia condenatoria firme, únicamente se anulará al acreditarse las figuras de reconocimiento de inocencia, doble juzgamiento (en donde solo se anula la segunda) y cuando la ley derogue o modifique el tipo penal o pena por la que se condenó. Sin que de ellos se advierta que con la cancelación de un antecedente penal por cumplimiento de la pena, la sentencia que lo originó se anule. En conclusión a lo anterior, el único efecto que tiene la cancelación de un antecedente penal por haber cumplido la pena impuesta, es que en la emisión de la constancia de antecedentes penales no aparezca como tal el que lo originó. Máxime que la existencia de dicho registro administrativo para efecto de las autoridades, es tan relevante, incluso para el hoy quejoso, que la citada base de datos en la cual se contiene dicha información podría ser utilizada para su propia defensa en caso de que se ejerza en su contra acción penal por un delito por el que ya fue condenado; y considerar que con la cancelación de un antecedente se nulifica la sentencia que lo originó, podría llevar al escenario de poder ser juzgado por segunda ocasión al no existir (tras anularse) un juicio previo por los mismos hechos. Lo anterior, evidencia lo infundado de los conceptos de violación reseñados en los puntos IV y VII, dado que la cancelación de un antecedente penal no anula la sentencia condenatoria firme que lo originó, ni puede equipararse a tal figura, al constituir este únicamente un registro administrativo. Ahora, en íntima relación a lo anterior, es que el motivo de disconformidad señalado en el punto VII deviene infundado, dado que el artículo 19 del Pacto Federal y el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 19. [.] El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.]" [Lo destacado es propio] "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: [.]" [Lo destacado es propio] Preceptos de los que se desprende que el ministerio público solicitará la prisión preventiva justificada, cuando, entre otros supuestos, el imputado haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. Esto es, uno de los presupuestos para el dictado de la prisión preventiva justificada lo es, el que el imputado haya sido previamente sentenciado por la comisión de un delito doloso. Lo que en el caso acontece, pues contrario a lo argüido por la parte quejosa, la Sala responsable partió del hecho incontrovertido de que el aquí quejoso, previamente había sido sujeto de un juicio de reproche en el proceso penal 50/2015 de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, por el delito de robo calificado. Para evidenciar lo anterior, ha menester retomar los siguientes antecedentes del acto reclamado: I. Al aquí quejoso dentro de la causa penal 1P0419-2031, de la estadística del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la tercera región del estado de Guanajuato, sede Apaseo el Grande, se le vinculó a proceso por los hechos señalados por la ley como delitos de posesión simple de narcótico y robo equiparado. II. Se le impuso como medida cautelar la de prisión preventiva justificada, al señalarse que el imputado contaba con un antecedente penal de condena en el expediente 50/2015 de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, por el delito de robo calificado. III. La defensa, ante la cancelación de ese antecedente penal, solicitó audiencia para revisión de medidas cautelares, al considerar que habían variado objetivamente las condiciones que motivaron el dictado de la prisión preventiva justificada. IV. En audiencia de revisión de medidas cautelares, verificada el veintiocho de mayo de dos mil veinte, el juez del procedimiento determinó que, tras la documental exhibida por la defensa, consistentes en el oficio DGSP/CEPS/C/J/0426-2020, signada por el director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, donde se informa la cancelación del registro de antecedentes penales del imputado; y, el diverso 1306/UAC/2020 emitido por la Dirección de Asesoría y Consulta Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, en el que se puntualizó la misma situación; habían variado las condiciones que justificaron la prisión preventiva justificada; por tanto, decretó como nuevas medidas cautelares para el imputado, las previstas en las fracciones I y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ordenó la libertad de ********************. V. Inconforme con esa determinación, la fiscalía interpuso recurso de apelación, respecto del cual correspondió conocer al magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, bajo el número de toca 35/2020-O; quien, por resolución de trece de agosto de dos mil veinte, revocó el fallo sujeto a su escrutinio. Atento a lo anterior, se desprende que, contrario a lo señalado por el peticionario de la tutela federal, el magistrado responsable actuó apegado a derecho, pues acertadamente consideró que la cancelación del antecedente penal, no variaba las condiciones objetivas que se tomaron en cuenta para previamente dictarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y por tanto no procedía la modificación de la misma, pues, como se analizó con anterioridad, esa cancelación no tiene los efectos de anular la sentencia condenatoria emitida dentro de la 50/2015 de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, por el delito de robo calificado Por tanto, acertadamente consideró la responsable que subsisten las condiciones que generaron la medida cautelar de prisión preventiva justificada, puesto que los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hacen referencia a que, una de las hipótesis para dictar la medida de máxima intervención, es cuando el imputado haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, lo que en el caso acontece, dado que tuvo por acreditado el hecho incontrovertido de que al aquí quejoso le fue dictada con antelación una sentencia de condena por un delito doloso; por ello, es que se considera que no resulta arbitraria la determinación de la responsable de no considerar que con la cancelación del antecedente penal varíen objetivamente las condiciones que motivaron la imposición de dicha medida preventiva, pues así lo prevé los ordinales precitados. Y sin que, como ya se ha hecho mención, la cancelación de la antecedente penal anule esa condena, ya que el único beneficio que trae la cancelación del antecedente penal, es para que al momento de emitir la constancia de antecedentes penales relativa, no aparezca la información relativa a la causa penal en que se compurgó la pena; no así para diversa situación. Atento a ello, resulta inconcuso que el magistrado responsable al revocar la resolución apelada, atendió los requisitos que para tal efecto señala la ley, ya que cumplió estrictamente con la garantías de legalidad contenida en nuestra constitución, además de que fundó y motivó debidamente su determinación, ya que citó los preceptos legales que estimó aplicables y expuso con precisión los motivos jurídicos, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que le sirvieron de sustento para emitir su determinación. Por tanto, el tribunal responsable respetó la garantía de legalidad, relativa al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y la exacta aplicación de la ley que establece el artículo 14 constitucional, los cuales son apreciados de acuerdo a la etapa procesal que se analiza. Además, no existe violación al principio de aplicación retroactiva de la ley en su perjuicio y a las garantías de ser juzgado por un tribunal previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, ni a la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal. Motivo de disconformidad señalado en el punto VIII. Concepto de violación que se estima infundado, pues aun cuando en ninguna de las instancias ordinarias (Juzgado de Control y Sala Penal responsables), la Fiscalía exhibió documento idóneo para acreditar la sentencia de condena previamente dictada en contra del aquí quejoso, no fue materia de controversia en dichas instancias por parte del aquí quejoso (imputado en el juicio de origen) o su defensa, pues las partes partieron del hecho incontrovertido de que ******************** fue previamente condenado en el proceso penal 50/2015 de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, por el delito de robo calificado. Pues incluso, la audiencia de revisión de medidas cautelares de que deriva el acto reclamado, versó en torno a que las condiciones que generaron la prisión preventiva justificada decretada en contra del imputado, habían variado con motivo de la cancelación del antecedente penal de que se trata, ante la compurgación de la pena ahí decretada. Por lo que resulta infundado que la parte quejosa argumente que la fiscalía fue omisa en exhibir documento alguno que acreditara un hecho que no fue controvertido por ella ante la instancia ordinaria y que, como se dijo, se tuvo como existente con antelación. Aún más, las documentales con que la defensa sustentó su petición de revisión de medida cautelar, hacen referencia a que se canceló el antecedente penal derivado de la condena impuesta en el proceso penal 50/2015 de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, por el delito de robo calificado; lo que evidencia la existencia de esa sentencia. Se insiste, lo anterior trae como consecuencia la existencia incontrovertida de ese fallo de reproche dictado en contra del aquí quejoso. Máxime que en la etapa procesal en que se encuentra la causa penal de origen y la naturaleza del sistema penal acusatorio, no exige que la fiscalía exhiba ante el juez o magistrado responsable, la documental que señala el quejoso, dado que únicamente deben hacerse referencia a los datos de prueba relativos. De ahí que se considere infundado el motivo de reclamó que en este apartado se estudió. Motivos de disconformidad reseñados en los puntos I, II y V. Los argumentos resumidos en esos puntos, resultan inatendibles por inconducentes al partir de una premisa inexacta, dado que en la especie no se está analizando la temporalidad de los antecedentes penales, ni los requisitos para que se cancelen, o bien, si estos pueden ser utilizados para negar beneficios sustitutivos o suspensión de una pena de prisión, agravar la misma o considerar reincidente a una persona. Sino que la materia del presente asunto, constituye establecer si con la cancelación del antecedente penal derivado de la causa penal 50/2015 de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, por el delito de robo calificado, variaron objetivamente las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al aquí quejoso en el proceso penal de donde derivan los actos reclamados. Situación que, válidamente consideró el magistrado responsable no se actualizaba, dado que la cancelación del antecedente penal del imputado, no anulaba la sentencia condenatoria que le fue dictada, y por tanto subsiste esa condena; existencia del juicio de reproche que prevé el artículo 167 de Código Nacional de Procedimientos Penales, como uno de los supuestos para decretarse como medida cautelar la prisión preventiva justificada, lo que hace patente que, como acertadamente lo señaló la responsable ordenadora, la cancelación del antecedente penal no resulta suficiente para variar objetivamente las condiciones que prevalecieron para dictar en contra del accionante del amparo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues, se insiste, la sentencia condenatoria de que fue objeto, sigue existiendo. Razón por la cual, resultan inconducentes los conceptos de violación abordados en este apartado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1326, Libro XIII, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2012, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Motivo de disconformidad reseñado en el punto IX. El concepto de violación consistente en que no debe ser aplicado en perjuicio del quejoso el artículo 100 A del Código Penal para el estado de Guanajuato, dado que no se encontraba vigente al momento de los hechos que se imputan al quejoso; resulta infundado dado que emerge de una premisa inexacta, esto, en virtud de que del análisis de la resolución reclamada, se evidencia claramente que el magistrado responsable precisó que ese precepto era inaplicable al caso, como se advierte de las siguientes imágenes: Atento a ello, es que resulta infundada la inconformidad aquí abordada, al haber sido puntual el magistrado responsable en precisar que ese numeral no era aplicable al caso. Motivo de disconformidad reseñado en el punto III, consistente en que la Sala responsable incurrió en contradicciones al señalar por una parte, que la anulación de antecedentes prevista por el artículo 27, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, trae como consecuencia la cancelación del registro de datos; y referir en otra, que la cancelación de un antecedente penal no es la anulación de la sentencia que dio origen al registro, sino solo la eliminación del registro mismo. Argumento que se estima infundado, dado que la responsable no incurrió en contradicción interna al emitir el fallo reclamado, pues del análisis integral del fallo reclamado, se advierte que en todo momento la responsable actúo bajo una congruencia en cuanto a sus argumentos, pues siempre mantuvo la premisa de que la cancelación de un antecedente penal no tiene los efectos de anular la sentencia que lo originó, como se desprende de las siguientes imágenes: Ante ello es que resulta infundado el concepto aquí analizado. Motivo de disconformidad señalado en el punto X. El cual se encuentra integrado de diversos tópicos que la parte quejosa, sin aterrizarlos al presente caso, narró como parte de sus conceptos de violación, a saber: Registro Central de Penados. Diferencia entre antecedentes penales y antecedentes policiales. Que una persona que cuente con antecedentes penales aun cuando cumplió su pena, es estigmatizada y discriminada, lo que ocasiona la reincidencia. Un antecedente penal no es determinante para que se demuestre la falta de probidad o de honestidad de una persona. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (límites del gobernado). Declaración Universal de Derechos Humanos (no discriminación). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (igualdad). Artículo 1 constitucional (interpretación pro persona y no discriminación). Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (discriminación porque un tercero conozca los antecedentes). Ley Nacional de Ejecución Penal. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (erradicar discriminación). Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (discriminación). Acuerdo General A/023/12 de la PGR (los antecedentes no deben afectar la esfera social y laboral). Ley Nacional de Ejecución Penal (artículo 27) Principio de no trascendencia de la pena. Al respecto, resulta oportuno señalar que esos argumentos son una reproducción del pronunciamiento realizado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la figura de antecedentes penales, visible en la siguiente liga electrónica: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160828.pdf En donde tras abordar los anteriores tópicos, dicho organismo concluyó con lo siguiente: "PRIMERO.- Debe privilegiarse el derecho a la reinserción social efectiva como un derecho exigible que permita que las personas que han egresado de prisión tras haber cumplido su sentencia, no sean estigmatizadas y se les ofrezca la oportunidad de vivir en igualdad, como un miembro más de la comunidad, siendo uno de los elementos clave para ello, el que se protejan sus datos personales. SEGUNDO.- Deben cancelarse de oficio los antecedentes penales de todas las personas independientemente de la gravedad de delito por el que se les condenó. TERCERO.- Debe reformarse el artículo 27, fracción V, inciso G) de la Ley Nacional de Ejecución Penal a fin de que la cancelación de los antecedentes penales se lleve a cabo en todos los casos, sin excluir ningún tipo de delito, a efecto de que se garantice la reinserción social efectiva. CUARTO.- Debe modificarse el inciso B) de la fracción IV, del citado artículo, de tal forma que no se pueda extender a terceros la potestad de conocer o solicitar antecedentes penales, como condicionante para el acceso de algún derecho. QUINTO.- Debe generarse la armonización normativa que brinde protección a los datos personales sensibles de las personas, a fin de que pueda asegurarse su derecho a la no discriminación y el derecho a contar con un proyecto de vida, el cual no se vea limitado sólo por tener antecedentes penales. SEXTO.- El Estado mexicano debe generar el marco normativo para proteger y garantizar el principio de presunción de inocencia, elaborando los protocolos correspondientes para establecer restricciones a la difusión de datos e información de personas vinculadas con algún proceso penal que los estigmatice en menoscabo de su integridad, su derecho a la privacidad personal y familiar y, al ejercicio de su proyecto de vida. SÉPTIMO.- Se deben establecer protocolos para desindexar los datos sobre antecedentes penales de los motores de búsqueda públicos, a fin de limitar el acceso de éstos únicamente para fines estadísticos, de prevención e investigación de delitos, sin que puedan asociarse los datos personales o familiares con el individuo a quien se refieran. OCTAVO.- El Estado mexicano debe participar en el intercambio de buenas prácticas sobre protección del derecho a la privacidad en los medios electrónicos y digitales, tanto a nivel nacional como internacional, buscando privilegiar el derecho a la no estigmatización de las personas, así como su derecho a la reinserción social efectiva. NOVENO.- Es relevante sensibilizar a la sociedad con información difundida por instancias defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, sobre la importancia de la reinserción social efectiva para todas las personas con el fin de acceder a una nueva oportunidad de vida en libertad." Lo anterior hace patente que, aun cuando la parte quejosa los señale como conceptos de violación, resulta inatendibles por no atacar la materia de la litis, pues abordan las problemáticas y transgresión de derechos fundamentales que, esa comisión considera, sufre una persona que, aun cuando cumplió con la pena impuesta en una sentencia condenatoria, siga apareciendo como tal en la constancia respectiva ese antecedente. En tanto que, la materia del presente asunto, consiste en que, aun cuando el aquí quejoso se vio beneficiado con la cancelación del antecedente penal relativo a la sentencia condenatoria que le fue dictada con antelación, ello no resulta suficiente para variar objetivamente las condiciones que motivaron le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dado que aún prevalece incólume el juicio de reproche que por su comisión de un delito doloso le fue dictado; y por tanto, como acertadamente lo señaló la responsable ordenadora, se cumple con el requisito que dispone el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que en el caso, el quejoso ya no cuenta con el antecedente penal relativo a la causa penal 50/2015 de la estadística del Juzgado Segundo Penal de Partido de esta ciudad, por el delito de robo calificado, en la constancia y registro relativas, tal como se señaló al hacer referencia al oficio DGSP/CEPS/C/J/0426-2020, signada por el director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, donde se informa la cancelación del registro de antecedentes penales del imputado; y, al diverso 1306/UAC/2020 emitido por la Dirección de Asesoría y Consulta Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, en el que se puntualizó la misma situación. Aunado a lo anterior, el hecho de que la responsable considerara para efectos del fallo reclamado, la sentencia condenatoria que le fue impuesta con anterioridad, no contravienen los criterios de protección de derechos humanos aplicables en el país, pues si bien es cierto que de acuerdo con las reformas a este numeral (artículo 1º Constitucional), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, establecen que es obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, observar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales; y además velar porque no se den prácticas de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; sin embargo, esto no implica que los órganos jurisdiccionales desatiendan la correcta aplicación de leyes secundarias (Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional de Ejecución Penal, etcétera) o jurisprudencia aplicable, para resolver el problema jurídico que se plantea, ni que dejen de aplicar los demás principios de la función jurisdiccional, como son, el de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, pues ello provocaría un estado de inseguridad en la sociedad. Respalda lo anterior, el criterio jurisprudencial número 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 772, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de 2014, tomo II, registro: 2006485, Materia Constitucional, Décima Época, que a la letra indica: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Aún más, esta autoridad no vislumbra dato objetivo alguno que permita concluir que lo determinado por la autoridad responsable (fallo reclamado), impida la completa reinserción social del quejoso, ni en qué ha consistido la estigmatización en su persona, o sea, si en realidad fue ubicado en una categoría social, hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa, viéndoseles culturalmente inaceptables o inferiores; es decir, desaprobados socialmente, por causa de que previamente fue condenado por un delito doloso. Asimismo, de autos no se advierte que se haya llevado a cabo un acto concreto que implique un trato diferencial con lo determinado por la Sala responsable, para así estar en condiciones de estudiar una posible violación a sus derechos fundamentales; de igual modo, tampoco se advierte que el fallo reclamado, transgreda su derecho al honor (el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró como uno de los derechos derivados del reconocimiento de la dignidad humana, previsto en lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional y es posible definirlo como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social y, por ende, todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean), ya que el hecho de que se considerará que con la cancelación del antecedente penal no se nulificaba la sentencia que lo originó, y por ende, se mantenga en los supuestos que dispone el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la imposición de la medida cautelar de máxima intervención, no condiciona a la sociedad para que trate de forma distinta al accionante de la tutela federal, es decir, no se afecta su reputación, lo cual constituye el aspecto objetivo del honor, pues al existir un control respecto a la propagación de las audiencias y contenidos de los procesos penales, no toda o cualquier persona tiene acceso a esos datos. Conclusión. Se estima apegada a derecho la resolución de segunda instancia reclamada, dado que no se advierte transgresión de los derechos fundamentales de la parte quejosa. De ahí que al resultar infundados e inatendibles los conceptos de violación y, al no existir motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se reclama del juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Apaseo el Grande, pues al resultar legal el acto reclamado de la ordenadora, igualmente resultan legales los actos tendentes a su ejecución, al no ser reclamados por vicios propios, sino como una consecuencia de lo pronunciado por la ordenadora. Sexto. Notificación. En términos del artículo 11, fracción I del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, al clasificarse el presente asunto como urgente, notifíquese personalmente esta sentencia de inmediato. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege al quejoso ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el quinto considerativo.
- Principal
Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por el juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en Apaseo el Grande, Guanajuato, toda vez que el veintisiete de octubre pasado, se proveyó lo conducente a su contenido al recibirse vía electrónica. No obstante, dado que en esta ocasión sí se allegó la probanza que cita, téngasele como prueba de su parte el disco compacto que anexa a su misiva, mismo que contiene documentos en formato .PDF y videograbaciones; con vista a las partes, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se admite como documental pública y se tiene por desahogada dada su especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia en este juicio. Se ordena el resguardo del disco en sobre cerrado y glosado a los presentes autos. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial: 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Agosto de 2013, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."
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