Jaime Cuautli Ramírez
Expediente 1603/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1603/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/08/2018
Partes del expediente
- Jaime Cuautli Ramírez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se desprende, que la notificación del proveído de veintitrés de julio del año en curso (fojas 15 a la 22), mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por ********************, fue practicada el veintisiete de julio de la anualidad en cita (foja 25), surtió sus efectos al siguiente día hábil, sin que se haya interpuesto recurso alguno contra el mismo, dentro del término que prevé el numeral 98 de la legislación de la materia; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los dispositivos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley referida en su precepto 2, se declara que el mismo ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el once de julio del año que transcurre (fojas 96 a 98), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación autoridad responsable, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho (foja 99), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 57 a 78), se determinó conceder a********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ". En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097003813A15800268, realizado el ocho de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente.". Sentencia que causó ejecutoria el veinte de junio de dos mil dieciocho (foja 93 y 94), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el once de julio del presente año (fojas 96 a 98), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó copia del cheque que le fue notificado a la quejosa (foja 97), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió la cantidad de ********************, que corresponde al monto erogado por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en ocho de marzo de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el veinticinco de junio dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 97), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a mayo de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de febrero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009 y para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.99821; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: ******************** se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio signado por el Presidente y Notificador, ambos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el doce de junio de la presente anualidad (fojas 133 y 134), así como por diverso el cuatro de julio actual, suscrito por el Presidente de la Junta Especial en cita (fojas 145 a 148), comunicó la forma en que dio cumplimiento de manera cabal a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Urbanización y Construcción Ixtlense, Sociedad Anónima de Capital Variable. Asimismo, que mediante proveído de seis de julio de esta anualidad (foja 148), se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, con los oficios y anexos signado por las autoridades responsable citadas, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su intereses legales convinieran, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó personalmente a la parte quejosa, terceros interesados Carlos Enrique Real Delgado, Víctor David Cambero Chávez y Efrén Real Álvarez, por conducto de su apoderado legal Marco Antonio Díaz Castañeda y diverso tercero Moisés Ibarra Ávila, el doce de julio actual (fojas 157, 151 y 154 respectivamente), sin que hubieran desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, terminada de engrosar el veintitrés de abril de dos mil dieciocho (fojas 96 a 105), por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de este órgano jurisdiccional, en el que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".a) Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral 74/2009 con posterioridad al auto de doce de marzo de dos mil nueve, en que se avocó al conocimiento del asunto, incluso el laudo y sus actos de ejecución. b) Además, la concesión del amparo debe hacerse extensiva a Leopoldo Miguel Preciado Ibarra y Pablo Menchaca Rodríguez, dado el carácter de codemandados de la quejosa Urbanización y Construcción Ixtlense, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud del litisconsorcio pasivo, pues, por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia valida." De lo transcrito, se colige que los actos que debían realizar el la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit y su notificador adscrito, ambos con sede en esta ciudad, era dejar insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento laboral 74/2009, con posterioridad al auto de admisión de doce de marzo de dos mil nueve, incluso el laudo y sus actos de ejecución; de igual manera, hacer extensiva la concesión del amparo a Leopoldo Miguel Preciado Ibarra y Pablo Menchaca Rodríguez, dado el carácter de codemandados de la quejosa Urbanización y Construcción Ixtlense, Sociedad Anónima de Capital Variable. Luego, a través del oficio número 443/2018, de doce de junio de la presente anualidad y anexo al mismo (fojas 133 y 134), recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en esa misma data, el Presidente y Notificador, ambos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informaron del cumplimiento dado al fallo protector emitido en autos y para ello adjuntaron en original un proveído de once de junio de dos mil dieciocho, emitido dentro de los autos del juicio laboral de origen 74/2009, por el que dejaron insubsistente todo lo actuado en el expediente de previa mención, con posterioridad al auto de doce de marzo de dos mil nueve, en el que se avocó al conocimiento del asunto, incluso el laudo y sus actos de ejecución. Asimismo, por proveído de catorce de junio actual (fojas 135 y 136), este órgano jurisdiccional consideró que no se tenía por acatado de manera cabal el fallo protector, en virtud de que no se había proveído en relación a hacer extensiva la concesión del amparo a los codemandados Leopoldo Miguel Preciado Ibarra y Pablo Menchaca Rodríguez; derivado de lo anterior, mediante el comunicado 515/2018, de cuatro de julio de dos mil dieciocho y anexos (fojas 145 a 147), suscrito por el Presidente de la Junta responsable, remitió la constancia de notificación practicada a los codemandados de previa mención, por el que se les hizo de su conocimiento lo determinado en proveído de once de junio actual, en el que se dejó insubsistente todo en el juicio laboral 74/2009. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora, al no resultar necesarias, devuélvanse a la responsable denominada Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en un legajo de copias certificadas del expediente laboral 74/2009 de su índice, remitidas al momento de rendir su respectivo informe con justificación (foja 47). En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Asimismo; con sustento en los artículo vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, deberá destruirse, debido a que la medida cautelar se negó respecto de los actos reclamados (fojas 39 a 43 y 51 a 55 respectivamente); y una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, procédase a la destrucción del mismo; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, deberá destruirse, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.
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