Jaime Carrillo Orozco

Expediente 2376/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2376/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Jaime Carrillo Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia y, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 52-87), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Jaime Carrillo Orozco, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, así como al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; y, al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, respectivamente, todos con residencia en esta ciudad; para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, ambos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el respectivo ámbito de sus funciones, realicen las gestiones necesarias y devuelvan al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha de otorgamiento de su pensión (noviembre de dos mil dieciocho). Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los ordinales impugnados, consistente en los descuentos efectuados por el concepto 53 (fondo de pensiones), ya que resultan ilegales al ser consecuencia de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales e inconvencionales.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia y, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 52-87), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Jaime Carrillo Orozco, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, así como al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; y, al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, respectivamente, todos con residencia en esta ciudad; para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, ambos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el respectivo ámbito de sus funciones, realicen las gestiones necesarias y devuelvan al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha de otorgamiento de su pensión (noviembre de dos mil dieciocho). Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los ordinales impugnados, consistente en los descuentos efectuados por el concepto 53 (fondo de pensiones), ya que resultan ilegales al ser consecuencia de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales e inconvencionales. En ese contexto, la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables referidas, esencialmente, realizaran lo siguiente: 1. Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito; hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. 2. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan al quejoso las cantidades que le fueron descontadas con motivo de la aplicación de la deducción denominada "concepto 53", desde la fecha en que se le otorgó su dictamen de pensión. Así, el veintiuno de febrero del año en curso (fojas 104 a 105) se requirió a las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno y Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, ambas con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días acataran lo anterior. Asimismo, mediante el citado proveído de se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informando que por oficio FP/129/2019 de catorce de febrero del año en curso, notificó al quejoso, entre otras cosas, que se abstendría de aplicarle en su perjuicio, tanto en lo presente como en lo futuro, el contenido de los artículos tildados de inconstitucionales en la sentencia definitiva emitida en autos, hasta que éstos fueran modificados. Luego, a fin de acatar con lo ordenado en la ejecutoria de mérito, el seis de marzo de la presente anualidad (fojas 110 a 113), se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado, los oficios registrados con los números de folio 6879 y 6919 signados por el Director General Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, así como por el Director General del Fondo de Pensiones para los Ttrabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, a través de los cuales comunicaron que el cinco de marzo pasado, se realizó una transferencia bancaria a favor del quejoso, valiosa por la cantidad de $4,286.65 (cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 65/100 moneda nacional), cantidad que correspondía a la devolución de las deducciones realizadas con motivo de la aplicación del "concepto 53" relativas a la primera quincena de noviembre a la primera quincena de febrero y, para corroborar su dicho, remitieron copia de la constancias del movimiento bancario referido (foja 113), la cual se aprecia que es la misma que allegó la primera de las autoridades responsables (foja 111). Por otra parte, mediante oficio signado por el Director General Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con número de registro 8572, informó que a fin de acatar en su totalidad la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $1,224.72 (mil doscientos veinticuatro pesos 72/100 moneda nacional) correspondiente a las deducciones realizadas con motivo de la aplicación del "concepto 53" relativas a la segunda quincena de febrero y la primera quincena de marzo. Asimismo, por medio de los oficios de cuenta, signados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y por la Secretaria en Funciones de Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (la cual adjuntó el diverso suscrito por el Director General Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit), dichos entes reiteraron las gestiones realizadas en el párrafo que antecede. Así de las constancias que obran en autos se advierte que las aludidas autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa los normativos tildados de inconstitucionales, manifestando que se abstendrían de aplicárselos hasta en tanto éstos fueran reformados y, por otra, devolvieron al solicitante del amparo la cantidad total $5,511.37 (cinco mil quinientos once 37/100 moneda nacional), por concepto de la devolución del concepto materia del presente juicio correspondiente al periodo de la primera quincena de noviembre a la primera quincena de marzo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a través del cual informa que el diecinueve de marzo del año en curso devolvió a la parte quejosa la cantidad de $1,224.72, que corresponde a la devolución de dinero materia de a concesión de amparo, relativo a la segunda quincena de febrero y primera quincena de marzo del año en curso y, para corroborar su dicho, remite comprobante de la transferencia de mérito; por tanto, agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta sin mayor acuerdo, en la inteligencia de que este juzgado federal acordará lo conducente en torno a dicha devolución al momento de pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la sentencia de mérito. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a través del cual informa que el cinco de marzo del año en curso devolvió a la parte quejosa la cantidad de ********* que corresponde a la devolución de dinero materia de a concesión de amparo y, para corroborar su dicho, remite comprobante de la transferencia de mérito; sin embargo, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que en auto de siete de marzo pasado, se acordó lo conducente en torno a dicha devolución; no obstante, al momento de pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la sentencia de mérito, se tomará en consideración dichas manifestaciones.

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